La crisis de impunidad que veníamos arrastrando desde la década de los
80 se profundizó de forma alarmante después del golpe de Estado de 2009. La
repetición de las violaciones a derechos humanos durante estos dos momentos
históricos es el reflejo de la falta de
investigación y condena de los responsables materiales e intelectuales de tales violaciones.
La impunidad que ha amparado a los victimarios les
ha permitido ocupar cargos importantes dentro de las fuerzas de seguridad y los
diferentes poderes del Estado y les ha dado la tranquilidad de que no hay
consecuencias por sus abusos, por lo que pueden cometerlos siempre que se
presente la oportunidad.
El poder judicial y las demás instituciones del
sector justicia han sido autoras y cómplices de la arbitrariedad; por ello, el
propio Estado hondureño ha reconocido la inoperancia de su sistema de justicia y ha propuesto dos mecanismos
para que la comunidad internacional le asista en la lucha contra el flagelo de
la impunidad.
En primer lugar, en el marco del Examen Periódico Universal ante el
Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Organización de Naciones Unidas la
creación de una comisión internacional contra la impunidad.
Y en segundo lugar, tanto el gobierno de Pepe Lobo como el de Juan
Orlando Hernández, solicitaron a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, el establecimiento de un mecanismo u oficina permanente
para dar seguimiento a los
compromisos internacionales en materia de derechos humanos por parte de Honduras.
La experiencia en otros países demuestra que
este tipo de mecanismos puede ayudar a dar pasos firmes en la lucha contra la
impunidad, por ello es fundamental que las organizaciones nacionales e
internacionales de derechos humanos le demos seguimiento a los mismos y tomemos
medidas para incidir e impulsar su establecimiento.
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