La tragedia de los 11 mineros y la responsabilidad del Estado

Lo sucedido en la mina artesanal San Juan Arriba en El Corpus, Choluteca, es uno de tantos ejemplos que reflejan la incapacidad estatal y la falta de voluntad política para prevenir este tipo de tragedias, hacer que se cumpla la ley y garantizar que se respeten los derechos de quienes son empujados por la pobreza a realizar trabajos en condiciones altamente peligrosas.  

Desde hace dos años el Instituto Hondureño de Geología y Minería  (INGEOMIN), elaboró un estudio técnico sobre la magnitud del riesgo de esta mina en el que recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, a la Secretaría de Trabajo, a la Alcaldía de El Corpus y al Ministerio Público, adoptar las medidas necesarias pare prevenir este tipo de tragedias.

Entre otras cosas, el estudio recomendó la paralización inmediata de las labores en la mina porque las vidas de los trabajadores corrían grave peligro. No obstante, todos y todas conocemos el terrible final. 11 mineros quedaron atrapados después de un derrumbe, 3 de ellos fueron rescatados con vida y 8 aún se encuentran debajo de los escombros sin esperanzas de encontrarlos con vida.

¿Qué responsabilidad tiene el Estado hondureño en esta tragedia? Debemos recordar que el Estado tiene una triple obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población. La obligación de respetar implica que debe abstenerse de hacer cualquier cosa que viole la integridad de una persona o grupo, o que atente contra su libertad.

La obligación de proteger implica que el Estado debe tomar las medidas necesarias para prevenir que otros violen los derechos de una persona o grupo. Y la de garantizar que debe tomar las medidas necesarias para asegurar que cada persona tenga la oportunidad de satisfacer sus necesidades.

Sin ninguna duda, el Estado no cumplió con su deber de proteger los derechos de los mineros en tanto que permitió que la empresa artesanal minera continuara con sus operaciones pese a los riesgos que ello conllevaba para la vida e integridad de sus trabajadores.

Es cierto que lo sucedido es una tragedia pero sus responsables tienen nombre y  apellidos, comenzando con aquellas y aquellos funcionarios que debieron cumplir con su obligación de vigilar que este tipo de actividades garantizaran los derechos laborales y la seguridad para la vida e integridad de las personas, y cancelar las operaciones de la mina, tal y como lo establecía el estudio técnico.