La semana pasada, un tribunal hondureño condenó
al primer militar por hechos relacionados con el golpe de Estado de junio de
2009.
Ha sido la Sala Quinta del Tribunal de
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia que por unanimidad de votos declaró culpable
al coronel de la Fuerzas Armadas de Honduras José Arnulfo Jiménez, por un
delito contra los medios de comunicación en perjuicio de Cholusat Sur o Canal
36.
La acusación fue presentada por la Fiscalía
Especial de Derechos Humanos contra el militar, quien el día del golpe de
Estado lidero un contingente de militares y ocupó las instalaciones de Canal 36,
impidiendo el acceso a los periodistas y trabajadores del canal con el objetivo
de evitar su transmisión.
Durante casi una semana, Canal 36 estuvo fuera
del aire y controlado por los militares. En su defensa, el teniente coronel
Jiménez argumentó que solo cumplía con una orden judicial, no obstante, dicha
orden solo establecía el decomiso del material relacionado con la cuarta urna y
no con los equipos de transmisión, los cuales, de acuerdo con la Constitución,
no pueden ser confiscados en ningún momento.
Según el artículo 271 del Código Penal, el
teniente coronel Jiménez podría ser condenado a una pena entre 3 y 6 años de
reclusión, y aunque el militar goza de medidas cautelares de arresto
domiciliario hasta el 5 de agosto en que se conocerá la pena exacta, esta
sentencia es un hito histórico en la lucha contra la impunidad.
Después de tantos ejemplos de arbitrariedad,
esta sentencia debe ser conocida y promocionada como un ejemplo de que la lucha
contra la impunidad puede tener logros positivos que deben irse acumulando
hasta lograr que algún día los impunes sean señalados y castigados, y las
víctimas sean reparadas. Sólo así podremos hablar de reconciliación nacional y
de construcción democrática.
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