El militarismo llegó al sistema penitenciario

Es necesario insistir en una de las recomendaciones más importantes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el sentido que se debe “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.

Pese a ello, el militarismo en Honduras ha logrado recuperar los espacios perdidos durante la década de los 90. No solamente se apoderaron de instituciones fundamentales como HONDUTEL, Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, entre otras, sino que también lograron la aprobación un decreto que les faculta a realizar funciones policiales y la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia como una estructura más parecida a un “Gran Hermano” que vigila y controla cada movimiento de la ciudadanía.

Pero además, lograron la creación de la Policía Militar de Orden Público y la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales que convierte en secreto de Estado muchos asuntos sensibles relacionados con las actividades relativas a la seguridad pública. Y para ponerle la cereza al pastel, recientemente se nombró a un triunvirato de coroneles para manejar los centros penales.

Con esta nueva decisión que militariza mucho más la vida pública, el Estado no solamente hace caso omiso a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación cuyas recomendaciones se comprometió a cumplir para avanzar con paso firme en el fortalecimiento democrático, sino también a las recomendaciones y resoluciones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Es urgente recordarle al gobierno de Juan Orlando Hernández que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras señaló que para superar las deficiencias del sistema penitenciario el Estado “debe garantizar que los centros penitenciarios sean administrados y custodiados por personal penitenciario especializado, de carácter civil y con carácter de funcionarios públicos”.

En otras palabras, tales “funciones deben ser encomendadas a un estamento de seguridad independiente de las fuerzas militares y policiales, y que reciba capacitación y entrenamiento especializado en materia penitenciaria”.