Derechos y apartheid social en Honduras

La desigualdad económica y social genera un círculo vicioso en el que los más pobres tienen pocas posibilidades de incidir en las decisiones políticas que les afectan, provocando su exclusión política, y por eso, en muchas ocasiones, los gobiernos no toman en cuenta sus intereses que les permita superar la situación de pobreza, manteniendo su exclusión social.

Por ello la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales relacionados con la salud, el empleo, la vivienda, la educación, etc., se constituyen en un medio para reducir las desigualdades, disfrutar de un nivel de vida digno y participar activamente en la vida comunitaria y en las decisiones políticas.

No obstante, estos derechos han sido marginados ya que tanto desde el Estado como desde la propia sociedad civil, se le ha dado mayor importancia a los derechos civiles y políticos, relativos a la libertad, a la seguridad, a elegir y ser electo, a la integridad, entre otros, y por esa razón, los recursos disponibles se han asignado tradicionalmente a la protección de estos derechos.

Nadie discute que los derechos civiles y políticos son fundamentales pero ¿de qué sirve la libertad que promueven si está limitada, y en ocasiones anulada, por el analfabetismo, el hambre, la enfermedad, la discriminación y la pobreza? Aunque estos derechos importan mucho, “las personas se verán restringidas en lo que pueden hacer con esa libertad si son pobres, están enfermas, son analfabetas o discriminadas”.

En Honduras, la gente muy pobre, generalmente paralizada mental y físicamente por la desnutrición en la infancia, la falta de escolarización y preocupada por la supervivencia de su familia, puede incidir poco o nada en las decisiones gubernamentales que afectan a toda la comunidad.

Si no se reducen los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad, no podemos decir que Honduras es un legítimo Estado de derecho pues hasta el momento, no sólo los derechos civiles y políticos están en grave y permanente riesgo, sino también los derechos económicos, sociales y culturales por la pasividad estatal ante el apartheid social en que viven millones de hondureños y hondureñas.

Solidaridad con Wilfredo Méndez y CIPRODEH

La Coalición contra la Impunidad ante las recientes amenazas en contra de Wilfredo Méndez, director de CIPRODEH y de miembros de su equipo de trabajo manifiesta:

1.  En una visita reciente a la zona del bajo aguán integrantes de CIPRODEH encabezados por su director, el compañero Wilfredo Méndez, fueron objeto de graves amenazas por individuos fuertemente armados, quienes los hostigaron cuando se encontraban en una gasolinera de la margen de derecha de esa región. Estas personas inmovilizaron el vehículo en que se transportaban los compañeros y con sus armas a punto de disparar les amenazaron a muerte.

2. Actos como el relatado son un fiel reflejo del contexto de inseguridad, represión y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos que  a diario se vive en esta región del país, hoy por hoy militarizada y prácticamente en una situación de estado de sitio.

3. Ante la gravedad de estas amenazas, la Coalición contra la Impunidad manifiesta su enérgica protesta por estos hechos, a la vez que demanda de las autoridades gubernamentales medidas de protección para Wilfredo Méndez y otros integrantes de CIPRODEH, asimismo, el cese inmediato de la campaña de criminalización y difamación contra defensores(as) de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, y periodistas en el Aguán y otras regiones de Honduras. 

4. Siendo oportuno el momento para exigir a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que se apruebe en el corto plazo la Ley de Protección de las y los  Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

26 de agosto de 2014

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) -  Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Unidad Color Rosa - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso - Feministas Universitarias - Foro de Mujeres por la Vida -  Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)  - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes de Cortés - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, Red de Organizaciones de Sociedad Civil de siguatepeque, Asociacion de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH)

Periodista que denunció corrupción por parte del Fiscal General Adjunto, teme por su vida

Alerta 045-14 20 de agosto de 2014. Comité por la Libre Expresión, C-Libre.- El periodista David Romero, Director de Radio Globo, responsabilizó, durante la transmisión del noticiero matutino del 20 de agosto de 2014, al Fiscal General Adjunto del Ministerio Publico (MP), Rigoberto Cuellar y su esposa Sonia Gálvez, de cualquier atentando en contra de su vida y la de su familia. Según el periodista, sus constantes denuncias sobre actos de corrupción del Fiscal General Adjunto y su esposa Sonia Gálvez a través de la "operatividad de un cartel disfrazado de bufete de nombre, Cuellar. Gálvez-López", es la causa que ha puesto en situación de riego su vida y la de su familia.  "Temo por mi vida, porque estoy enfrentado al poder institucionalizado desde el Ministerio Público, por las denuncias de cómo este bufete maneja los casos más grandes que llegan al Ministerio Público y además utiliza los bienes de la institución para trabajo privado del bufete, por esa razón la señora Sonia Gálvez, mujer de Rigoberto Cuellar ha instruido, sin ser funcionaria del Ministerio Público, una persecución en mi contra", agregó Romero. "El viernes anterior (15 de agosto), Sonia Gálvez, la esposa del Fiscal General Adjunto, que no es empleada del Ministerio Público, le preguntó a Claudia Díaz, asesora personal del Fiscal, que como iba el caso de Flores Lanza, ( exfuncionario del Gobierno de Zelaya). Le dijo textualmente, ¨hay que hundir a ese hijo de puta y hay que meter en el paquete a David Romero, hay que mandarle a investigar las cuentas y bienes desde el 2009, porque a ese hijo de puta también lo quiero ver preso¨, de eso tengo la grabación", aseguró el periodista.  "La asesora Claudia Mejía le contestó que iba a asignar, a esa tarea, a dos de los mejores analistas y que a cambio del trabajo de investigación los colocaría en la policía de investigación, sin que pasen la prueba de confianza", precisó Romero. Además, el periodista, afirmó que es de su entero conocimiento que desde el Ministerio Público se han investigado sus cuentas bancarias y registro de propiedades.  El periodista dijo que "en un afán por callarnos, este grupo de mafiosos encabezados por Rigoberto Cuellar y su esposa han iniciado una campaña de amenazas a muerte en contra de su servidor y desde la última semana una motocicleta color amarillo, marca zuzuki, conducida por una hombre chaparro, de bigotes, me ha estado persiguiendo". Ante la gravedad de las denuncias el periodista se apersonó al Ministerio Publico (MP), para interponer la formal denuncia, pero no fue atendido aduciendo falta de personal, por tal razón Romero acudió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) y al Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Alcalde municipal hostiga a comunicador social y sabotea su trabajo informativo

Alerta 044-14 18 de agosto de 2014. Comité por la Libre Expresión, C-Libre.- El comunicador Social, Miguel Dubón de la radio Estereo Castillas y corresponsal de Radio Globo en la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, denunció que el alcalde municipal, José Antonio Laínez en acuerdo con el titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en ese sector, Saúl Ártica, ha planificado cortes de energía en los horarios en que se trasmiten los noticieros estelares de varios medios de comunicación de la zona, principalmente de aquellos que cuestionan su gestión municipal. Dubón manifestó a C-Libre que los apagones ocurren a la misma hora; de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, "justamente en el horario de transmisión de mi noticiero y aunque parezca una locura, la finalidad del alcalde es evitar mi labor informativa, porque nunca me ha podido torcer ni comprar mi conciencia". "Hace unos días, el alcalde me dijo que me iba a querellar porque yo divulgue en  mi espacio informativo sobre un viaje de este señor a España por más de 10 días y en el cual se llevó un cheque por 149,640.40 lempiras, (unos 7,200 dólares)  para gastos de viáticos", aseguró Dubón. "Yo realice una investigación periodística en donde los miembros de la Corporación aseguran no haber autorizado el viaje e incluso denuncian que a su regreso el alcalde quiso obligarles a firmar un acta para avalar el enorme gasto", puntualizó el comunicador. Según Dubón, a las amenazas jurídicas se le suman otras agresiones directas por parte del alcalde, activistas y ciertos empleados de la Alcaldía, así como el envío de emisarios con el fin de chantajearlo, preguntándole que cuánto dinero desea para no seguir con sus críticas. C-Libre emitió una alerta el 15 de agosto del año 2012, titulada "Alcalde de Trujillo obstruye la labor periodística de reportero", en la que Dubón, denuncia ser objeto de agresiones, hostigamiento judicial y censura por parte del alcalde municipal, José Antonio Laínez. Finalmente el periodista aseguró que tanto el titular de la ENNE como el alcalde municipal de Trujillo, no permiten ser entrevistados por él y por tal razón, además de boicotear su programa, le restringen el derecho a la información pública.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

El militarismo llegó al sistema penitenciario

Es necesario insistir en una de las recomendaciones más importantes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el sentido que se debe “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.

Pese a ello, el militarismo en Honduras ha logrado recuperar los espacios perdidos durante la década de los 90. No solamente se apoderaron de instituciones fundamentales como HONDUTEL, Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, entre otras, sino que también lograron la aprobación un decreto que les faculta a realizar funciones policiales y la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia como una estructura más parecida a un “Gran Hermano” que vigila y controla cada movimiento de la ciudadanía.

Pero además, lograron la creación de la Policía Militar de Orden Público y la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales que convierte en secreto de Estado muchos asuntos sensibles relacionados con las actividades relativas a la seguridad pública. Y para ponerle la cereza al pastel, recientemente se nombró a un triunvirato de coroneles para manejar los centros penales.

Con esta nueva decisión que militariza mucho más la vida pública, el Estado no solamente hace caso omiso a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación cuyas recomendaciones se comprometió a cumplir para avanzar con paso firme en el fortalecimiento democrático, sino también a las recomendaciones y resoluciones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Es urgente recordarle al gobierno de Juan Orlando Hernández que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras señaló que para superar las deficiencias del sistema penitenciario el Estado “debe garantizar que los centros penitenciarios sean administrados y custodiados por personal penitenciario especializado, de carácter civil y con carácter de funcionarios públicos”.

En otras palabras, tales “funciones deben ser encomendadas a un estamento de seguridad independiente de las fuerzas militares y policiales, y que reciba capacitación y entrenamiento especializado en materia penitenciaria”.