Una
de los aspectos fundamentales que legitiman a un Estado es su capacidad de
prevenir los delitos como reflejo de su obligación de garantizar el respeto y
defensa de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad
personales.
Sin embargo, no se puede ignorar que pese a los
esfuerzos estatales es casi imposible prevenir todos los delitos que puedan
ocurrir, por ello es que el Estado tiene una segunda oportunidad de demostrar
su voluntad para cumplir con su obligación de proteger los derechos de las
personas a través de la investigación y sanción de los responsables.
En este sentido, la falta de una investigación
imparcial, efectiva, diligente y seria que permita el conocimiento de la verdad
y la sanción de los autores intelectuales y materiales de un crimen, demuestra
que el Estado tolera que los criminales actúen libre o impunemente.
Un estudio reciente del Banco Interamericano de
Desarrollo reveló que en Honduras solo el 4% de los homicidios se resuelve, es decir, 4 de cada 100.
De más de 72 mil
denuncias recibidas en el Ministerio Público en 2011, 53 mil fueron remitidas a
la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y esta institución
devolvió solo 11,400.
En
2012 hubo 85,770 denuncias en el Ministerio Público y 87,556 en la DNIC. De
este total, esta fue capaz de investigar y devolver con informe al Ministerio
Público solamente 12,000 denuncias, es decir, apenas un 13%.
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