Una de los aspectos que generó mayor preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a Honduras es que en los últimos años el país ha experimentado un proceso de reformas legales e institucionales a través de las cuales las Fuerzas Armadas han ido ganando participación en distintos ámbitos de la gestión pública.
Particularmente, a la CIDH le preocupa la participación de las Fuerzas Armadas en tareas regulares de seguridad ciudadana, mantenimiento y control de centros penales y centros de detención de alta seguridad, y la educación de niños, niñas y jóvenes.
En relación con la seguridad ciudadana, la CIDH señaló la amplitud y poco nivel de especificación legal de las funciones de la Policía Militar, especialmente el inciso 5 del artículo 7 de su ley de creación que establece que tendrá todas aquellas funciones y acciones que le ordene el Presidente de la República.
Evidentemente, esta disposición deja una absoluta facultad al Presidente para involucrar a la Policía Militar en tareas que pueden resultar en un peligro para ciertos sectores de la población pues se convierte en un brazo armado bajo el control directo y discrecional del Ejecutivo sin que exista un verdadero control judicial e institucional de la legalidad de sus actuaciones.
Con respecto a los centros penales, a la CIDH le preocupa que aún no haya avances concretos hacia un modelo de gestión penitenciaria de carácter especializada de naturaleza esencialmente civil, y no policial-militar como está ocurriendo.
Para este órgano interamericano, la adaptación de batallones y cuarteles militares como centros de detención con condiciones indignas, no solamente constituyen de por sí una forma de trato inhumano y degradante, sino también son otro reflejo del aumento progresivo del papel de las Fuerzas Armadas como entidad encargada de la administración de centros de detención de alta seguridad.
Finalmente, en relación con el programa “Guardianes de la Patria”, la CIDH señaló que su ejecución no es una función natural del ejército y que esta expansión del campo de acción de las Fuerzas Armadas al ámbito de la educación y adoctrinamiento de niños, niñas y adolescentes es otra manifestación de este fenómeno de la militarización de los espacios públicos.
Para la CIDH, la implementación de este programa, realizada en destacamentos militares, podría implicar riesgos particulares para las niñas y niños. La obligación del Estado es brindar oportunidades y formación para los niños y las niñas con más necesidades, a través de las entidades especializadas en los derechos y necesidades de la niñez.
La sociedad hondureña debemos hacer nuestras estas preocupaciones y convertirlas en exigencias permanentes para revertir la militarización del país que nos está llevando a más de 30 años de retroceso democrático.
No hay comentarios:
Publicar un comentario