Lo que constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país durante 5 días con el objetivo de constatar la situación de los derechos humanos. Para ello, estuvo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Tocoa, y se reunió con todos los sectores posibles, tanto del Estado como de la sociedad civil.

Al final de su visita la CIDH publicó un comunicado y sus observaciones preliminares que serán profundizadas en un informe especial de país que saldrá a la luz el otro año.

¿Qué fue lo que encontró la CIDH durante su visita? En primer lugar, constató, entre otras situaciones, los alarmantes niveles de violencia que hacen de Honduras la capital del crimen, la existencia de desapariciones forzadas, altos niveles de violencia de género y graves conflictos agrarios.

En segundo lugar, constató una situación de gran impunidad debido a la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. En tercer lugar, constató una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, tal como la ocupación ilegal de tierras de comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes, la violación de los derechos laborales, y actos de discriminación.

En cuarto lugar, constató la falta de investigación y la impunidad en la que permanece la enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos, particularmente las amenazas y asesinatos contra aquellas personas que denuncian e informan sobre las mismas, incluso en ocasiones también sus familiares son amenazados, secuestrados, golpeados o asesinados.

En quinto lugar, la CIDH constató que aún no se ha restablecido la institucionalidad democrática tras el golpe de Estado de 2009 y que la militarización traducida en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho.

Sin duda alguna, las observaciones preliminares de la CIDH son contundentes y si existiera voluntad política, el gobierno actual aceptaría humildemente las recomendaciones y medidas para atacar las causas estructurales de la violencia y de la impunidad, y para proteger a la población ante esta situación.

A la sociedad nos corresponde divulgar y analizar ampliamente lo constatado por la CIDH para asumirlo como una herramienta más de incidencia y denuncia que permita cambios significativos y progresivos en Honduras.