La
semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el
país durante 5 días con el objetivo de constatar la situación de los derechos
humanos. Para ello, estuvo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, La
Ceiba y Tocoa, y se reunió con todos los sectores posibles, tanto del Estado
como de la sociedad civil.
Al
final de su visita la CIDH publicó un comunicado y sus observaciones
preliminares que serán profundizadas en un informe especial de país que saldrá
a la luz el otro año.
¿Qué
fue lo que encontró la CIDH durante su visita? En primer lugar, constató, entre
otras situaciones, los alarmantes niveles de violencia que hacen de Honduras la
capital del crimen, la existencia de desapariciones forzadas, altos niveles de
violencia de género y graves conflictos agrarios.
En
segundo lugar, constató una situación de gran impunidad debido a la debilidad
institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. En
tercer lugar, constató una amplia gama de violaciones a los derechos humanos,
tal como la ocupación ilegal de tierras de comunidades indígenas, rurales y
afrodescendientes, la violación de los derechos laborales, y actos de
discriminación.
En
cuarto lugar, constató la falta de investigación y la impunidad en la que
permanece la enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos,
particularmente las amenazas y asesinatos contra aquellas personas que
denuncian e informan sobre las mismas, incluso en ocasiones también sus
familiares son amenazados, secuestrados, golpeados o asesinados.
En
quinto lugar, la CIDH constató que aún no se ha restablecido la
institucionalidad democrática tras el golpe de Estado de 2009 y que la
militarización traducida en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una
amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del
Estado de Derecho.
Sin
duda alguna, las observaciones preliminares de la CIDH son contundentes y si
existiera voluntad política, el gobierno actual aceptaría humildemente las
recomendaciones y medidas para atacar las causas estructurales de la violencia
y de la impunidad, y para proteger a la población ante esta situación.
A la sociedad nos corresponde divulgar y analizar ampliamente lo constatado por la CIDH para asumirlo como una herramienta más de incidencia y denuncia que permita cambios significativos y progresivos en Honduras.
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