El país que queremos.

El bloguero y artista español Pablo Peinado publicó recientemente en el periódico The Huffington Post, un artículo titulado “El país que quiero”, que aunque se refiere a España, nos parece oportuno parafrasear algunas de sus partes para referirnos al país que queremos en Honduras.

La Honduras que queremos debe ser el país en el que toda la ciudadanía tenga acceso a la justicia y a un sistema sanitario que se ocupe de nuestra salud con dignidad. El país que queremos debe garantizar una educación pública y de calidad en la que el alumnado aprenda los valores cívicos de una sociedad democrática y abierta.

Queremos un país en el que paguen más los que más tienen, sobre todo las enormes empresas que ganan cientos de millones, y en el que la defensa de los derechos humanos y la protección de aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, sean unas de sus prioridades.

Queremos un país ecológico y respetuoso con los animales, nuestros iguales, donde se los defienda de los maltratadores. Queremos un país en el que no impere la ley del más fuerte, del más violento, del más macho, sino una sociedad igualitaria sin estereotipos, sin príncipes ni princesas, y donde ser niña, mujer, negra, indígena, pobre, persona LGTBI o tener ciertos apellidos no te predestine a ser o a no ser.

El país que queremos es uno en el que el ejército y la policía estén al servicio de la ciudadanía, no al servicio de los grandes poderes fácticos; queremos un país en el que la religión sea algo privado y espiritual, no una multinacional ni una cuestión de Estado.

Queremos una Honduras en la que el dinero no ocupe el lugar de la ley ni el poder usurpe el lugar de la democracia. Queremos un país en el que todos y todas las ciudadanas sean escuchadas y sean realmente iguales ante la ley.

El país que queremos es aquel en el que la felicidad y el bienestar de todas las personas sea el principal objetivo y en el que quienes nos representan sean como el resto de la ciudadanía, y no unas nuevas personas ricas dispuestas a chuparnos la sangre para enriquecerse lo antes posible a nuestra costa, y a sacrificar los intereses generales ante los intereses de las grandes empresas y capitales.

Queremos un país en el que las personas, como lo señala la intelectual mexicana Denise Dresser, “nunca dejan de exigir, protestar, reclamar, contribuir, proponer, esperar más antes que conformarse con menos. Los que hacen suya la frase de Emily Dickinson: ‘Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie’”.

El país que queremos es aquel en el que la ciudadanía toma consciencia de que ya es hora de ponerse de pie.

La investigación criminal en harapos.

Una de los aspectos fundamentales que legitiman a un Estado es su capacidad de prevenir los delitos como reflejo de su obligación de garantizar el respeto y defensa de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad personales.

Sin embargo, no se puede ignorar que pese a los esfuerzos estatales es casi imposible prevenir todos los delitos que puedan ocurrir, por ello es que el Estado tiene una segunda oportunidad de demostrar su voluntad para cumplir con su obligación de proteger los derechos de las personas a través de la investigación y sanción de los responsables.

En este sentido, la falta de una investigación imparcial, efectiva, diligente y seria que permita el conocimiento de la verdad y la sanción de los autores intelectuales y materiales de un crimen, demuestra que el Estado tolera que los criminales actúen libre o impunemente.

Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que en Honduras solo el 4% de los homicidios se resuelve, es decir, 4 de cada 100.

De más de 72 mil denuncias recibidas en el Ministerio Público en 2011, 53 mil fueron remitidas a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y esta institución devolvió solo 11,400.

En 2012 hubo 85,770 denuncias en el Ministerio Público y 87,556 en la DNIC. De este total, esta fue capaz de investigar y devolver con informe al Ministerio Público solamente 12,000 denuncias, es decir, apenas un 13%.

No hay duda que el Estado de Honduras ha fallado rotundamente en cumplir con su obligación de investigar, y de esta manera se puede concluir que cuando los delitos no son investigados con seriedad como sucede actualmente, resultan, en cierto modo, auxiliados por el poder público, y comprometen directamente la responsabilidad de las autoridades.

La militarización a los ojos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Una de los aspectos que generó mayor preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a Honduras es que en los últimos años el país ha experimentado un proceso de reformas legales e institucionales a través de las cuales las Fuerzas Armadas han ido ganando participación en distintos ámbitos de la gestión pública.

Particularmente, a la CIDH le preocupa la participación de las Fuerzas Armadas en tareas regulares de seguridad ciudadana, mantenimiento y control de centros penales y centros de detención de alta seguridad, y la educación de niños, niñas y jóvenes.

En relación con la seguridad ciudadana, la CIDH señaló la amplitud y poco nivel de especificación legal de las funciones de la Policía Militar, especialmente el inciso 5 del artículo 7 de su ley de creación que establece que tendrá todas aquellas funciones y acciones que le ordene el Presidente de la República.

Evidentemente, esta disposición deja una absoluta facultad al Presidente para involucrar a la Policía Militar en tareas que pueden resultar en un peligro para ciertos sectores de la población pues se convierte en un brazo armado bajo el control directo y discrecional del Ejecutivo sin que exista un verdadero control judicial e institucional de la legalidad de sus actuaciones.

Con respecto a los centros penales, a la CIDH le preocupa que aún no haya avances concretos hacia un modelo de gestión penitenciaria de carácter especializada de naturaleza esencialmente civil, y no policial-militar como está ocurriendo.

Para este órgano interamericano, la adaptación de batallones y cuarteles militares como centros de detención con condiciones indignas, no solamente constituyen de por sí una forma de trato inhumano y degradante, sino también son otro reflejo del aumento progresivo del papel de las Fuerzas Armadas como entidad encargada de la administración de centros de detención de alta seguridad.

Finalmente, en relación con el programa “Guardianes de la Patria”, la CIDH señaló que su ejecución no es una función natural del ejército y que esta expansión del campo de acción de las Fuerzas Armadas al ámbito de la educación y adoctrinamiento de niños, niñas y adolescentes es otra manifestación de este fenómeno de la militarización de los espacios públicos.

Para la CIDH, la implementación de este programa, realizada en destacamentos militares, podría implicar riesgos particulares para las niñas y niños. La obligación del Estado es brindar oportunidades y formación para los niños y las niñas con más necesidades, a través de las entidades especializadas en los derechos y necesidades de la niñez.

La sociedad hondureña debemos hacer nuestras estas preocupaciones y convertirlas en exigencias permanentes para revertir la militarización del país que nos está llevando a más de 30 años de retroceso democrático.

Hieren en Honduras a comunicador comunitario de Radio La Voz de Zacate Grande

Alerta 089   16 de diciembre, 2014 (Comité por la Libre Expresión, C-Libre).- Con una puñalada en el costado derecho, los sujetos Abelino Martínez y Mauricio Gómez hirieron al defensor de derechos humanos y comunicador social de la Radio Comunitaria La Voz de Zacate Grande, Miguel Ángel Vásquez. El hecho ocurrió el 14 de diciembre en Puerto Grande, comunidad de la Península de Zacate Grande, al sur de Honduras, en el trayecto de la casa del periodista a la radio, por una calle real (vía muy transitada) de la zona.   Una comunicadora de La Voz de Zacate Grande, que cuenta con Medidas Cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contó que el atacante esperaba a Vásquez dentro de una vivienda, habitada por un empleado del empresario Miguel Facussé.    Cuando el comunicador comunitario pasaba cerca de la casa, este hombre lo siguió y le metió un cuchillo en la axila derecha, la intención era metérselo en el pecho, pero él pudo dar la vuelta y le alcanzó a herir el sobaco derecho, contó la comunicadora.   Denunció que desde la noche anterior este hombre extraño  -y que tenía sólo un par de días de haber llegado a la comunidad- fingió un pleito con sus compañeros, Miguel intervino y les sugirió que no discutieran. Al parecer este hombre insistió en pelear con el comunicador para simular que lo hería en un pleito, pero el reportero evitó la pelea.   Redehsur identifica a los agresores De acuerdo con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (Redehsur),  después del ataque, "Vásquez fue llevado al hospital de la ciudad de San Lorenzo, a 30 kilómetros de distancia".  Según dicha organización, "los agresores -Abelino Martínez y Mauricio Gómez- son personas de la misma comunidad de Puerto Grande y habrían perseguido a Miguel Ángel Vásquez desde la noche anterior con la intención de asesinarlo", informó Defensores en Línea.   Redehsur explicó que se interpuso denuncia en la posta policial de la comunidad e instan a las autoridades a que investiguen los hechos ya que no es la primera vez que se agrede, intimida o persigue a los y las defensoras de Derechos Humanos y comunicadores sociales de la radio comunitaria cuya temática es la defensa de la tierra y la liberación de las playas de la península de Zacate Grande, amenazadas por proyectos turísticos y la creación de una Zona Especial de Desarrollo (ZEDE).    Este ataque contra Vásquez ocurrió tras una reunión de planificación de actividades de fortalecimiento del grupo, realizada en las instalaciones del Campamento de Observación y Defensa de los Derechos Humanos de Zacate Grande, ubicado a la par de la cabina de la radio comunitaria. Vásquez ha sido víctima de detención ilegal, además, los empleados del empresario Facussé han interpuesto falsas denuncias en su contra.   "Hay personas de la comunidad que están en contra de lo que hacemos en la radio porque tienen un empleo con Miguel Facussé", mencionó la comunicadora de la misma emisora, Roxana Vásquez.   Actualmente, 18 trabajadores de la radio Zacate Grande tienen medidas cautelares, otorgadas por la CIDH, de ese total, 12 son comunicadores sociales, describió Vásquez.   En sus cuentas de redes sociales, Miguel Vásquez en los últimos dos meses, posteó mensajes como los siguientes: "No a la entrega de nuestra dignidad, no a la industria extractiva, Zacate Grande en Lucha, no a la Zede, saqueo, militarización"; "Públicamente la ultra derecha reconoce que las ZEDE nos afecta..."   La radio Zacate Grande fue allanada y cerrada ilegalmente tras el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, posteriormente siguió operando y en este momento está fuera del aire por dificultades técnicas.   Constante intimidación Asimismo, el 3 de junio pasado, la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza) denunció que el día sábado 31 de mayo, a las 9:00 de la mañana, Miguel Ángel Vásquez, también secretario general de la empresa asociativa campesina de producción Puerto Grande, fue detenido por la policía de San Lorenzo con el argumento de que no permitió el registro cuando se realizaba un operativo en la parada de buses que de San Lorenzo van hacia Choluteca.   En la misma denuncia se revela que el Inspector Duarte estuvo acosando al detenido. Por su parte, el inspector Duarte dijo que el operativo en el que Miguel Vásquez fue detenido se hizo porque hubo una denuncia contra un joven armado, de zapatos amarillos, pantalón beis, camisa ocre y con fama de marero. Miguel daba con las características exactas de ese joven que se trasladaba en el bus que va de Coyolito a San Lorenzo.   "Lo interesante del caso es que el día jueves 29, a las 7:30 de la mañana, llegó a las instalaciones de la radio el sargento García, de la posta policial de Puerto Grande, invitando para una reunión que se tendría el día siguiente con al jefe policial y la encargada de derechos humanos, Ethel Corea". "Miguel Vásquez y los dos comunicadores beneficiarios de las medidas de protección les explicaron que no se podía organizar una reunión de un día para otro, sin antes avisar al apoderado legal y al Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras). El día viernes 30 de mayo, llegaron a la radio La Voz de Zacate Grande el inspector Duarte y el sargento García, acompañados por la encargada de derechos humanos de Nacaome. Entraron de forma arbitraria y sin permiso de los encargados del Campamento de Observación y Defensa de los Derechos Humanos a las instalaciones de la radio, exigiendo realizar una reunión con los beneficiarios de las medidas de protección cautelar", cita la publicación.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Lo que constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país durante 5 días con el objetivo de constatar la situación de los derechos humanos. Para ello, estuvo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Tocoa, y se reunió con todos los sectores posibles, tanto del Estado como de la sociedad civil.

Al final de su visita la CIDH publicó un comunicado y sus observaciones preliminares que serán profundizadas en un informe especial de país que saldrá a la luz el otro año.

¿Qué fue lo que encontró la CIDH durante su visita? En primer lugar, constató, entre otras situaciones, los alarmantes niveles de violencia que hacen de Honduras la capital del crimen, la existencia de desapariciones forzadas, altos niveles de violencia de género y graves conflictos agrarios.

En segundo lugar, constató una situación de gran impunidad debido a la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. En tercer lugar, constató una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, tal como la ocupación ilegal de tierras de comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes, la violación de los derechos laborales, y actos de discriminación.

En cuarto lugar, constató la falta de investigación y la impunidad en la que permanece la enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos, particularmente las amenazas y asesinatos contra aquellas personas que denuncian e informan sobre las mismas, incluso en ocasiones también sus familiares son amenazados, secuestrados, golpeados o asesinados.

En quinto lugar, la CIDH constató que aún no se ha restablecido la institucionalidad democrática tras el golpe de Estado de 2009 y que la militarización traducida en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho.

Sin duda alguna, las observaciones preliminares de la CIDH son contundentes y si existiera voluntad política, el gobierno actual aceptaría humildemente las recomendaciones y medidas para atacar las causas estructurales de la violencia y de la impunidad, y para proteger a la población ante esta situación.

A la sociedad nos corresponde divulgar y analizar ampliamente lo constatado por la CIDH para asumirlo como una herramienta más de incidencia y denuncia que permita cambios significativos y progresivos en Honduras.

La marcha del fracaso

La semana antepasada, el gobierno de Juan Orlando Hernández convocó a una marcha por una navidad en paz con el objetivo de alzar la voz contra la violencia y la criminalidad.

Fue encabezada por el propio presidente Hernández y la primera dama, Ana García, a quienes se les sumaron sectores religiosos y empresariales, y un reducido número de funcionarios a quienes se ha conocido se les obligó a participar.

Pese a los llamados y coacciones a participar, y a gastarse 30 millones de lempiras en la organización de la misma, apenas participaron dos mil empleados públicos, lo cual puede considerarse un total fracaso aunque los grandes medios de comunicación han intentado maquillar y esconder esa realidad.

Lo que sí está claro es que cuando un presidente de un Estado decide salir a la calle para protestar contra la violencia, es la manifestación más evidente del fracaso de su gobierno para enfrentar la criminalidad.

La manifestación pública y pacífica es un derecho humano que la ciudadanía tiene cuando sus gobiernos son incapaces de dar respuestas institucionales a los problemas de la gente.

Por tanto, que el presidente Hernández haga uso de este derecho, ¿acaso está manifestando su descontento frente a sus propias políticas en materia de seguridad que no han logrado reducir drásticamente los índices delictivos?

Evidentemente detrás de esta marcha lo que hay es pura demagogia para hacerle creer a la población que su gobierno no es responsable, intentando ignorar que el principal garante de la seguridad de la población es el Estado que está bajo su gobierno.

Pero no cualquier seguridad ni a cualquier costo, sino aquella que sea respetuosa de los derechos humanos y que implique una mejora en la calidad de vida de la gente, particularmente de la más excluida.

Algo no cuadra

Uno de los grandes dogmas que han sostenido los diferentes gobiernos a partir de la década de 2000, es que el involucramiento de las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana reduce los altos índices de violencia e inseguridad.

Desde el gobierno de Ricardo Maduro se inició abiertamente una política encaminada a privatizar y militarizar la seguridad pública. De esta manera, según un informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios de la ONU, existen en el país 70 mil guardias de seguridad privada.

En este sentido, resulta preocupante que la proporción de policías estatales en relación con la población es de apenas 1 agente por cada 1,103 habitantes, mientras que la proporción de guardias privados de seguridad es de 1 por cada 113 habitantes.

Por otro lado, con el gobierno de Juan Orlando Hernández se ha profundizado el fortalecimiento del poder militar en todas las áreas de la sociedad, no obstante y pese al discurso oficial, las estadísticas revelan que la militarización no es sinónimo de reducción de la violencia.

De acuerdo con la información de los últimos ocho años (2005-2012) se han producido en el país 40 mil 668 asesinatos, cifra que se acerca al costo social de un país en guerra. Solo en el quinquenio 2008-2012 los homicidios aumentaron 52.67% y apenas se vio una reducción mínima de 0.58% durante el 2012.

Las estadísticas indican que entre 2008 y 2012, a la par del aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas, también aumentaron los índices de violencia. Así, en 2008 se aumentó el presupuesto militar en más de $121 millones y hubo 4473 homicidios.

En 2010 el presupuesto militar subió a más de $172 millones mientras que los homicidios subieron a 6239. En 2012 el presupuesto militar aumentó en más de $188 millones mientras que los homicidios alcanzaron la cifra de 7172. Para el 2014, el presupuesto de las Fuerzas Armadas subió en más de $252 millones mientras se redujeron las partidas en educación y salud.

¿Cómo es posible seguir creyendo el discurso oficial de que los militares son la solución si las estadísticas dicen todo lo contrario? ¿Por qué continuar con esa creencia si después de 10 años de militares en las calles la tasa de homicidios ha aumentado en más de un 50%?

Los militares en las calles solo trasladan o retrasan la comisión de delitos pero no atacan las raíces del problema de la violencia. Militarizar y privatizar son fuentes de violaciones a derechos humanos como lo muestran los recientes ejemplos de participación de militares y guardias privados en crímenes contra la ciudadanía.