Bien dicen que después de la tormenta viene la calma. Después de la cuestionada elección de Óscar Chinchilla como Fiscal General del Estado, pareciera que el silencio ha invadido tanto a quienes le dieron su voto en el Congreso Nacional, como a las funcionarias y funcionarios públicos señalados por corrupción por la UFECIC-MACCIH.
Pareciera que este silencio implica una tregua entre los diferentes sectores que tienen intereses en el Ministerio Público y que las negociaciones y movimientos alrededor de la reelección de Chinchilla todavía se desarrollan entre la clase política, ya que no hace falta ser un experto en política nacional para saber que quien lo seleccionó fue la embajada de Estados Unidos.
El abogado Chinchilla sabe perfectamente que en este segundo mandato tiene un déficit doble de legitimidad. Primero, porque constitucionalmente, al no estar incluido en la nómina de 5 candidatos y candidatas de la Junta Proponente, no podía ser elegido por el Congreso Nacional, pues para ello, tendría que haberse repetido todo el proceso y ser incluido en dicha nómina.
Segundo, porque hasta el momento su gestión ha dado como resultado una impunidad casi absoluta en los casos de graves violaciones a derechos humanos, como las ocurridas en el marco del golpe de Estado y la crisis post-electoral, y al mismo tiempo el Ministerio Público ha funcionado perfectamente como una herramienta de criminalización de los sectores sociales.
Lógicamente, la sociedad hondureña no puede esperar nada de un Fiscal General elegido ilegalmente y corresponsable de la impunidad que, como un cáncer, corroe la confianza ciudadana en la democracia y devora los valores esenciales de un Estado de derecho.
Sin embargo, si el abogado Chinchilla tiene la voluntad política de obtener un mínimo de legitimidad social, tiene en sus manos el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para que persiga penalmente a los altos mandos civiles y militares que dieron el golpe de Estado y cometieron las graves violaciones a derechos humanos.
También tiene en su poder el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los abusos a derechos humanos cometidos por la Policía Militar de Orden Público en el contexto de la crisis post-electoral. Además, puede solicitar la asistencia técnica de dicha oficina para impulsar investigaciones serias en contra de la impunidad de los victimarios.
En sus manos está señor Chinchilla. Pero como sociedad seguiremos señalando sus déficits y sus deudas con la dignidad de las víctimas.
