GINEBRA (29 de julio de 2010) – Tres expertos independientes de Naciones Unidas* advirtieron que la reciente destitución de tres jueces y una magistrada en Honduras “puede tener el efecto de un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquéllas expresadas por las autoridades actuales”.
“Esto representaría un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”, señalaron los expertos, que siguen con atención el desarrollo de la situación judicial en Honduras.
El 18 de junio de 2010, los jueces Guillermo López Lone, Luis Chávez y Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza Flores fueron notificados de la decisión de destitución de la carrera judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia por ‘incumplimiento o violaciones graves de sus deberes’. La decisión fue emitida por la Sala Plena de la Corte el 5 de mayo de 2010 y ratificada en las sesiones de Sala Plena de 12 de mayo y 1 de junio de 2010.
“Ninguna de las resoluciones que motivaron la destitución de estos jueces y de la magistrada contiene los fundamentos jurídicos que justifiquen por qué las conductas objeto del procedimiento disciplinario fueron consideradas como graves”, destacaron los expertos de la ONU. “Las destituciones parecen estar relacionadas a la expresión pública del rechazo de estos profesionales de la judicatura a los acontecimientos ocurridos durante la crisis política de junio de 2009, así como a su participación en algunos actos de protesta contra los mismos”.
“Los jueces sólo pueden ser destituidos por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad”, indicaron los expertos en derechos humanos. “Aceptar una invitación a dictar una conferencia, escribir un artículo, presentar un recurso de hábeas corpus en favor del Presidente destituido o participar en manifestaciones públicas no parece responder a estos criterios”.
Se habría también violado el derecho de los jueces destituidos al debido proceso, al habérseles sancionado sin haber sido escuchados y al habérseles impedido participar en las sesiones plenarias en las cuales se acordó o ratificó su destitución.
Los tres jueces y la magistrada impugnaron la decisión de la Corte Suprema ante el Consejo de la Carrera Judicial de Honduras, que se espera se pronuncie en breve sobre las apelaciones.
“Esperamos que el Consejo otorgue a los funcionarios despedidos la posibilidad de ser escuchados y presentar pruebas en una nueva audiencia. Confiamos que este conflicto se pueda resolver de manera positiva y conforme a los estándares internacional en la materia”. “Resulta necesario avanzar en la consolidación de la independencia judicial en Honduras, garantía de la democracia y del Estado de Derecho”, concluyeron los expertos.
(*) Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul; Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue; y Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya.
Vea los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”: http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm
Fuente: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S
sábado, 31 de julio de 2010
Acción urgente. Abogada hondureña en peligro
Amnistía Internacional
El automóvil de una abogada hondureña de derechos humanos ha sido asaltado, y los asaltantes han registrado sus documentos y han robado un ordenador portátil.
Amnistía Internacional cree que este asalto se ha debido al trabajo de derechos humanos de la abogada, y teme que ésta pueda correr peligro.
El 21 de julio, Kenia Oliva Cardona, abogada de la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) vio que su automóvil había sido asaltado, y que los asaltantes habían registrado los documentos que había en él y se habían llevado algunos de ellos, y habían robado un ordenador portátil que estaba en el portaequipajes. Kenia Oliva había dejado su auto aparcado a unos 100 metros de las oficinas de la fiscalía en la capital, Tegucigalpa, mientras pasaba dos horas en el interior del edificio, examinando los progresos de varios casos de abusos contra los derechos humanos presentados por COFADEH. En muchos de los casos en los que COFADEH ha presentado denuncias oficiales se acusa a las fuerzas de seguridad del Estado de implicación en los abusos contra los derechos humanos.
Al examinar su auto, Kenia Oliva descubrió que habían roto una ventanilla para poder abrirlo desde el interior, y que habían registrado todos los compartimentos del vehículo y habían abierto el portaequipajes. Los asaltantes se llevaron documentos relacionados con un curso sobre legislación relativa a los derechos humanos que Kenia Oliva está realizando, y sin embargo dejaron artículos de valor, como la radio del vehículo. El ordenador robado del portaequipajes contenía información confidencial sobre el trabajo de COFADEH.
En noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) pidió a las autoridades hondureñas que protegieran a Kenia Oliva, así como a otros 16 miembros de COFADEH y a sus familias inmediatas. Esta orden no se ha cumplido de manera efectiva, lo que pone a Kenia Oliva y los otros 16 miembros de COFADEH en peligro.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
. Pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el robo, perpetrado el 21 de julio, de los documentos y el ordenador portátil del auto de Kenia Oliva, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
. Instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para cumplir plenamente la orden de la CIADH de brindar protección adecuada a Kenia Oliva, los otros 16 empleados de COFADEH y sus familias inmediatas, de acuerdo con la petición formulada por la CIADH el 17 de noviembre de 2009;
. Recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas ni temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A:
Sr. Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 239 3298
Tratamiento: Dear President / Sr. Presidente
Sr. Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5667
Tratamiento: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General
Y copia a:
ONG
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax:+504 220 5280 (digan: "tono de fax por favor")
Envíen también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
El automóvil de una abogada hondureña de derechos humanos ha sido asaltado, y los asaltantes han registrado sus documentos y han robado un ordenador portátil.
Amnistía Internacional cree que este asalto se ha debido al trabajo de derechos humanos de la abogada, y teme que ésta pueda correr peligro.
El 21 de julio, Kenia Oliva Cardona, abogada de la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) vio que su automóvil había sido asaltado, y que los asaltantes habían registrado los documentos que había en él y se habían llevado algunos de ellos, y habían robado un ordenador portátil que estaba en el portaequipajes. Kenia Oliva había dejado su auto aparcado a unos 100 metros de las oficinas de la fiscalía en la capital, Tegucigalpa, mientras pasaba dos horas en el interior del edificio, examinando los progresos de varios casos de abusos contra los derechos humanos presentados por COFADEH. En muchos de los casos en los que COFADEH ha presentado denuncias oficiales se acusa a las fuerzas de seguridad del Estado de implicación en los abusos contra los derechos humanos.
Al examinar su auto, Kenia Oliva descubrió que habían roto una ventanilla para poder abrirlo desde el interior, y que habían registrado todos los compartimentos del vehículo y habían abierto el portaequipajes. Los asaltantes se llevaron documentos relacionados con un curso sobre legislación relativa a los derechos humanos que Kenia Oliva está realizando, y sin embargo dejaron artículos de valor, como la radio del vehículo. El ordenador robado del portaequipajes contenía información confidencial sobre el trabajo de COFADEH.
En noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) pidió a las autoridades hondureñas que protegieran a Kenia Oliva, así como a otros 16 miembros de COFADEH y a sus familias inmediatas. Esta orden no se ha cumplido de manera efectiva, lo que pone a Kenia Oliva y los otros 16 miembros de COFADEH en peligro.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
. Pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el robo, perpetrado el 21 de julio, de los documentos y el ordenador portátil del auto de Kenia Oliva, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
. Instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para cumplir plenamente la orden de la CIADH de brindar protección adecuada a Kenia Oliva, los otros 16 empleados de COFADEH y sus familias inmediatas, de acuerdo con la petición formulada por la CIADH el 17 de noviembre de 2009;
. Recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas ni temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A:
Sr. Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 239 3298
Tratamiento: Dear President / Sr. Presidente
Sr. Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5667
Tratamiento: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General
Y copia a:
ONG
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax:+504 220 5280 (digan: "tono de fax por favor")
Envíen también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
Poner fin a juicios contra Zelaya y cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos recomienda Comisión de Alto Nivel de la OEA
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 30 julio 2010. La Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (CAN -OEA), constituida para Honduras, “estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores”, de acuerdo a las leyes hondureñas,
Las acusaciones contra el presidente defenestrado, Manuel Zelaya, son “percibidas” por la Comisión, como “políticamente motivadas”, según el informe presentado por el Secretario General, José Miguel Insulza, hoy, 30 de julio como se habia previsto.
En vista de que, los dos procesos pendientes en contra de Zelaya, si bien corresponden a “hechos ocurridos con mucha anterioridad” al Golpe de Estado, “sólo fueron formalizados, hasta después” de que éste ocurriera.
Los procesos y la acción de la Fiscalía “recién fueron formalizados”, después de derrocado Zelaya como mandatario del país, “al mismo tiempo” que se le acusaba de traición a la patria, abuso de autoridad y otras, “en medio del clima político negativo que produjo el golpe de Estado”, explica la Comisión.
“Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional”, la que no se puede ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas”, declara la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Honduras.
La CAN-OEA, recomienda que “se ponga en práctica”, al reingresar Zelaya a su país, la disposición manifiesta por el titular del régimen, Porfirio Lobo, para proteger el derecho de retorno de Zelaya.
La Comisión sugiere que Zelaya, debería solicitar a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) su incorporación a ese organismo, lo que le reconocería su carácter de presidente constitucional de Honduras, anterior a Porfirio Lobo.
La CAN-OEA, reconoce las medidas positivas informadas por la Ministra Asesora en Derechos Humanos y la Fiscal Especial de Derechos Humanos; así como también, la presencia de un asesor externo para investigar los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, la Comisión, exhorta a Lobo, a cumplir acciones concretas ya antes recomendadas por la CIDH, tal como el esclarecimiento de los asesinatos de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
Además, el régimen debe poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y jueces que se oponen al golpe de Estado.
Para ello, es necesario evitar cualquier impedimento u hostilidad hacia ellos, especialmente hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad.
Se pide al régimen que dote a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras, de los recursos humanos y materiales necesarios para efectiva la garantía de los derechos humanos del pueblo hondureño, y el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, para proteger la vida y la integridad de numerosas personas en riesgo.
Cesar la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluidas las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
La Comisión valoró bien que el régimen de Lobo haya creado una Unidad de Investigaciones de Violaciones a Derechos Humanos en la Fiscalía Especial pertinente; y otros órganos estatales de derechos humanos. Así como las “solicitudes de colaboración formuladas a los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos” para investigar violaciones a los derechos humanos.
Del mismo modo que, la deposición de Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos, para discutir temas que sean del interés de todas las partes, a fin de llegar a una reconciliación en Honduras.
La Comisión considera que toda la sociedad hondureña debe colaborar con la Comisión oficialista de la Verdad y de Reconciliación, para determinar lo ocurrido el 28 de junio de 2009.
Con ese propósito, debe evitar cualquier impedimento u hostilidad, en “especial hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad”, indica.
El informe deberá ser considerado por la Asamblea General para decidir sobre Honduras, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, según establece el Informe de la CAN-OEA.
El Secretario General, José Miguel Insulza, en cumplimiento del mandato de los Cancilleres reunidos en Lima, en junio pasado, presentó a la Asamblea General, el informe referido a la situación de Honduras, a través de la presidenta del Consejo Permanente, María Isabel Salvador.
Tegucigalpa. 30 julio 2010. La Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (CAN -OEA), constituida para Honduras, “estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores”, de acuerdo a las leyes hondureñas,
Las acusaciones contra el presidente defenestrado, Manuel Zelaya, son “percibidas” por la Comisión, como “políticamente motivadas”, según el informe presentado por el Secretario General, José Miguel Insulza, hoy, 30 de julio como se habia previsto.
En vista de que, los dos procesos pendientes en contra de Zelaya, si bien corresponden a “hechos ocurridos con mucha anterioridad” al Golpe de Estado, “sólo fueron formalizados, hasta después” de que éste ocurriera.
Los procesos y la acción de la Fiscalía “recién fueron formalizados”, después de derrocado Zelaya como mandatario del país, “al mismo tiempo” que se le acusaba de traición a la patria, abuso de autoridad y otras, “en medio del clima político negativo que produjo el golpe de Estado”, explica la Comisión.
“Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional”, la que no se puede ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas”, declara la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Honduras.
La CAN-OEA, recomienda que “se ponga en práctica”, al reingresar Zelaya a su país, la disposición manifiesta por el titular del régimen, Porfirio Lobo, para proteger el derecho de retorno de Zelaya.
La Comisión sugiere que Zelaya, debería solicitar a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) su incorporación a ese organismo, lo que le reconocería su carácter de presidente constitucional de Honduras, anterior a Porfirio Lobo.
La CAN-OEA, reconoce las medidas positivas informadas por la Ministra Asesora en Derechos Humanos y la Fiscal Especial de Derechos Humanos; así como también, la presencia de un asesor externo para investigar los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, la Comisión, exhorta a Lobo, a cumplir acciones concretas ya antes recomendadas por la CIDH, tal como el esclarecimiento de los asesinatos de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
Además, el régimen debe poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y jueces que se oponen al golpe de Estado.
Para ello, es necesario evitar cualquier impedimento u hostilidad hacia ellos, especialmente hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad.
Se pide al régimen que dote a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras, de los recursos humanos y materiales necesarios para efectiva la garantía de los derechos humanos del pueblo hondureño, y el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, para proteger la vida y la integridad de numerosas personas en riesgo.
Cesar la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluidas las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
La Comisión valoró bien que el régimen de Lobo haya creado una Unidad de Investigaciones de Violaciones a Derechos Humanos en la Fiscalía Especial pertinente; y otros órganos estatales de derechos humanos. Así como las “solicitudes de colaboración formuladas a los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos” para investigar violaciones a los derechos humanos.
Del mismo modo que, la deposición de Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos, para discutir temas que sean del interés de todas las partes, a fin de llegar a una reconciliación en Honduras.
La Comisión considera que toda la sociedad hondureña debe colaborar con la Comisión oficialista de la Verdad y de Reconciliación, para determinar lo ocurrido el 28 de junio de 2009.
Con ese propósito, debe evitar cualquier impedimento u hostilidad, en “especial hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad”, indica.
El informe deberá ser considerado por la Asamblea General para decidir sobre Honduras, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, según establece el Informe de la CAN-OEA.
El Secretario General, José Miguel Insulza, en cumplimiento del mandato de los Cancilleres reunidos en Lima, en junio pasado, presentó a la Asamblea General, el informe referido a la situación de Honduras, a través de la presidenta del Consejo Permanente, María Isabel Salvador.
Justicia española ordena la búsqueda y captura internacional de tres asesinos militares norteamericanos
El juez de la Audiencia Nacional decide atender el último recurso de la familia y solicita al CGPJ viaja a Irak en otoño.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha lanzado una orden de busca y captura contra los tres militares estadounidenses imputados en el caso Couso.
Se trata de los tres militares que participaron en el tiroteo contra el Hotel Palestina en abril de 2003 causando la muerte del cámara de Telecinco, José Couso. Estos son, según el Auto, la persona que dio la orden directa de disparar, el Teniente Coronel Philip de Camp; el Capitán Philip Wolford, al mando de la Unidad de Blindados de la Compañía; y el Sargento Thomas Gibson, que fue quien efectuó los disparos.
EEUU no se lo va a poner fácil una vez más a la Audiencia Nacional. Según el auto, se ofreció a "recibir declaración a los mismos, brindándoles incluso la posibilidad de que la comisión judicial se desplazara al EEUU a estos efectos, sin que las autoridades de dicho país hayan cooperado al efecto".
La orden implicaría su "ingreso en prisión a efectos de extradición" y llega después de que el Tribunal Supremo reabriera el caso a principios de julio.
Pedraz ha decidido estimar el recurso de las familias al entender que los hechos podrían ser constitutivos de crímenes de guerra. Asimismo, ha solicitado autorización al Consejo General del Poder Judicial para desplazarse a Irak entre octubre y noviembre y realizar un análisis ocular de la zona del asesinato.
La semana pasada, el Supremo destacó que el el impacto del proyectil contra el Palestina merecía "indiciariamente" enmarcarse en los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crimen de guerra) y en las normas del Derecho Internacional Humanitario, cuyo fin "no es poner fin a las guerras sino limitar la barbarie de los conflictos armados".
Para el alto tribunal, la Audiencia Nacional, al acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones, "anticipó una sentencia absolutoria" de forma "prematura", porque no se habían agotado las diligencias de instrucción.
Varios antecedentes
Se trata de un nuevo paso, después de siete años de lucha para la familia del cámara. Aunque no es la primera vez que se ordena búsqueda y captura contra los militares. El 19 de octubre de 2005 Pedraz dictó una orden de detención internacional contra los tres militares, que fue recurrida al día siguiente por el fiscal Rubira, aunque el recurso fue rechazado.
Dos años después, el 16 de enero de 2007, Pedraz volvió a ordenar la busca y captura y detención internacional, a efectos de extradición, de los tres militares.
Fuente: www.publico.es
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha lanzado una orden de busca y captura contra los tres militares estadounidenses imputados en el caso Couso.
Se trata de los tres militares que participaron en el tiroteo contra el Hotel Palestina en abril de 2003 causando la muerte del cámara de Telecinco, José Couso. Estos son, según el Auto, la persona que dio la orden directa de disparar, el Teniente Coronel Philip de Camp; el Capitán Philip Wolford, al mando de la Unidad de Blindados de la Compañía; y el Sargento Thomas Gibson, que fue quien efectuó los disparos.
EEUU no se lo va a poner fácil una vez más a la Audiencia Nacional. Según el auto, se ofreció a "recibir declaración a los mismos, brindándoles incluso la posibilidad de que la comisión judicial se desplazara al EEUU a estos efectos, sin que las autoridades de dicho país hayan cooperado al efecto".
La orden implicaría su "ingreso en prisión a efectos de extradición" y llega después de que el Tribunal Supremo reabriera el caso a principios de julio.
Pedraz ha decidido estimar el recurso de las familias al entender que los hechos podrían ser constitutivos de crímenes de guerra. Asimismo, ha solicitado autorización al Consejo General del Poder Judicial para desplazarse a Irak entre octubre y noviembre y realizar un análisis ocular de la zona del asesinato.
La semana pasada, el Supremo destacó que el el impacto del proyectil contra el Palestina merecía "indiciariamente" enmarcarse en los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crimen de guerra) y en las normas del Derecho Internacional Humanitario, cuyo fin "no es poner fin a las guerras sino limitar la barbarie de los conflictos armados".
Para el alto tribunal, la Audiencia Nacional, al acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones, "anticipó una sentencia absolutoria" de forma "prematura", porque no se habían agotado las diligencias de instrucción.
Varios antecedentes
Se trata de un nuevo paso, después de siete años de lucha para la familia del cámara. Aunque no es la primera vez que se ordena búsqueda y captura contra los militares. El 19 de octubre de 2005 Pedraz dictó una orden de detención internacional contra los tres militares, que fue recurrida al día siguiente por el fiscal Rubira, aunque el recurso fue rechazado.
Dos años después, el 16 de enero de 2007, Pedraz volvió a ordenar la busca y captura y detención internacional, a efectos de extradición, de los tres militares.
Fuente: www.publico.es
Los ticos empiezan a sentir miedo
Paolo Lüers / jueves, julio 15, 2010
Los ticos empiezan a sentir miedo. No el miedo concreto como lo sentimos en El Salvador que en cualquier momento algo terrible nos puede pasar. Los ticos empiezan a tener miedo de que se termine su privilegio de vivir sin miedo.
Y tienen razón. Aunque Costa Rica, en comparación con las cifras de homicidios, secuestros y extorsiones en Honduras, Guatemala y El Salvador, parece un paraíso, la violencia va en aumento. Cuantitativa y cualitativamente. Las estadísticas del horror que vivimos nosotros no pueden ser parámetro para otros países. Nosotros ya rompimos todos los estándares, sobrepasamos todos los límites.
Costa Rica tiene toda la razón de discutir --ahora y con urgencia-- los mismos temas y las mismas medidas que nosotros estamos discutiendo 10 años tarde: control de armas, leyes anti-mafia, revisión de las leyes para delincuentes menores, previsión y represión, etc. Viendo lo que pasa a sus vecinos en el triángulo norte de Centroamérica, sería una falacia que los costarricenses no trataran de actuar a tiempo, antes de que el crimen sobrepase las posibilidades del Estado a responder.
A veces hay que salir y hablar con los vecinos para entender bien su propia situación. Escuchando cómo la gente en Costa Rica se preocupa porque en un fin de semana ha habido 3 homicidios, uno toma conciencia de lo absurdo que estamos viviendo en El Salvador, donde nos alegramos cuando hay un día con menos de 10 homicidios. En Costa Rica sonaron las campanas de alarma, cuando el número de homicidios hizo un salto de 369 a 512. Pero al año, no al mes... Nosotros, en El Salvador, tuvimos 404 homicidios en enero de este año.
Pero este aumento de 37% en un año convirtió el tema de la violencia en el número uno de las preocupaciones de los ciudadanos de Costa Rica. Y están viendo con intensa atención hacia El Salvador. Platicando con amigos o extraños en Costa Rica, un salvadoreño inmediatamente confronta interrogantes sobre: la violencia, las pandillas, las extorsiones, la ineficiencia de la policía, el despliegue del ejército...
Los países son representados por sus grandes marcas. Estados Unidos por Coca Cola y Microsoft; Alemania por BMW y Bayer; España por Real Madrid y Telefónica; Costa Rica por Dos Pinos; México por José Cuervo y los Zetas... y El Salvador por MS y 18, sus marcas de exportación. Nadie en Costa Rica nos dice: "Ahh, usted es de El Salvador, la tierra de Adoc e Hilasal..." Todos dicen: "Ahh, ¡Mara Salvatrucha!"
Que Costa Rica no tiene intención y entusiasmo para integrarse con sus vecinos centroamericanos, es evidente cuando uno traspasa la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Pasar esta frontera en carro es una aventura kafkiana. En sus fronteras y en casi todas sus políticas se manifiesta que los ticos tienen miedo de contagiarse de la pobreza de Nicaragua y de la violencia de El Salvador, Honduras y Guatemala. No quieren integración ni con un presidente de opereta como Daniel Ortega, ni con los conflictos internos de Honduras, ni mucho menos con la Mara Salvatrucha y el Estado fallido de Guatemala.
Es entendible. Pero no es correcto. Así como nosotros tenemos que asumir que la violencia es hecha en casa, made in El Salvador, y no importada de Los Angeles, ni del México de la guerra del narcotráfico, también los ticos estarían equivocados si piensan que el reciente aumento del crimen en su país proviene de sus vecinos violentos en el triángulo norte de Centroamérica.
Cada país tiene su propio caldo de cultivo para su propia violencia. Todos los países del área padecen de la misma enfermedad, pero con síntomas y orígenes diferentes. Hace falta, en cada país y a nivel regional y comparativo, desplegar recursos humanos y económicos para investigar esta enfermedad y proponer soluciones. Es incomprensible que, siendo la violencia el principal problema de la región, ningún país haya puesto a sus mejores investigadores sociales, sicológicos, económicos, jurídicos y criminológicos a analizar las causas y las curas de esta enfermedad.
Fuente: El Diario de Hoy de El Salvador
Los ticos empiezan a sentir miedo. No el miedo concreto como lo sentimos en El Salvador que en cualquier momento algo terrible nos puede pasar. Los ticos empiezan a tener miedo de que se termine su privilegio de vivir sin miedo.
Y tienen razón. Aunque Costa Rica, en comparación con las cifras de homicidios, secuestros y extorsiones en Honduras, Guatemala y El Salvador, parece un paraíso, la violencia va en aumento. Cuantitativa y cualitativamente. Las estadísticas del horror que vivimos nosotros no pueden ser parámetro para otros países. Nosotros ya rompimos todos los estándares, sobrepasamos todos los límites.
Costa Rica tiene toda la razón de discutir --ahora y con urgencia-- los mismos temas y las mismas medidas que nosotros estamos discutiendo 10 años tarde: control de armas, leyes anti-mafia, revisión de las leyes para delincuentes menores, previsión y represión, etc. Viendo lo que pasa a sus vecinos en el triángulo norte de Centroamérica, sería una falacia que los costarricenses no trataran de actuar a tiempo, antes de que el crimen sobrepase las posibilidades del Estado a responder.
A veces hay que salir y hablar con los vecinos para entender bien su propia situación. Escuchando cómo la gente en Costa Rica se preocupa porque en un fin de semana ha habido 3 homicidios, uno toma conciencia de lo absurdo que estamos viviendo en El Salvador, donde nos alegramos cuando hay un día con menos de 10 homicidios. En Costa Rica sonaron las campanas de alarma, cuando el número de homicidios hizo un salto de 369 a 512. Pero al año, no al mes... Nosotros, en El Salvador, tuvimos 404 homicidios en enero de este año.
Pero este aumento de 37% en un año convirtió el tema de la violencia en el número uno de las preocupaciones de los ciudadanos de Costa Rica. Y están viendo con intensa atención hacia El Salvador. Platicando con amigos o extraños en Costa Rica, un salvadoreño inmediatamente confronta interrogantes sobre: la violencia, las pandillas, las extorsiones, la ineficiencia de la policía, el despliegue del ejército...
Los países son representados por sus grandes marcas. Estados Unidos por Coca Cola y Microsoft; Alemania por BMW y Bayer; España por Real Madrid y Telefónica; Costa Rica por Dos Pinos; México por José Cuervo y los Zetas... y El Salvador por MS y 18, sus marcas de exportación. Nadie en Costa Rica nos dice: "Ahh, usted es de El Salvador, la tierra de Adoc e Hilasal..." Todos dicen: "Ahh, ¡Mara Salvatrucha!"
Que Costa Rica no tiene intención y entusiasmo para integrarse con sus vecinos centroamericanos, es evidente cuando uno traspasa la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Pasar esta frontera en carro es una aventura kafkiana. En sus fronteras y en casi todas sus políticas se manifiesta que los ticos tienen miedo de contagiarse de la pobreza de Nicaragua y de la violencia de El Salvador, Honduras y Guatemala. No quieren integración ni con un presidente de opereta como Daniel Ortega, ni con los conflictos internos de Honduras, ni mucho menos con la Mara Salvatrucha y el Estado fallido de Guatemala.
Es entendible. Pero no es correcto. Así como nosotros tenemos que asumir que la violencia es hecha en casa, made in El Salvador, y no importada de Los Angeles, ni del México de la guerra del narcotráfico, también los ticos estarían equivocados si piensan que el reciente aumento del crimen en su país proviene de sus vecinos violentos en el triángulo norte de Centroamérica.
Cada país tiene su propio caldo de cultivo para su propia violencia. Todos los países del área padecen de la misma enfermedad, pero con síntomas y orígenes diferentes. Hace falta, en cada país y a nivel regional y comparativo, desplegar recursos humanos y económicos para investigar esta enfermedad y proponer soluciones. Es incomprensible que, siendo la violencia el principal problema de la región, ningún país haya puesto a sus mejores investigadores sociales, sicológicos, económicos, jurídicos y criminológicos a analizar las causas y las curas de esta enfermedad.
Fuente: El Diario de Hoy de El Salvador
viernes, 30 de julio de 2010
ONU califica de intimidatoria destitución de jueces opositores al golpe de Estado en Honduras
TeleSUR.
Tres relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señalaron este viernes que la reciente destitución de tres jueces y una magistrada que se opusieron al golpe de Estado en Honduras ocurrido el 28 de junio del pasado año contra el ex presidente Manuel Zelaya, se debe a "un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados".
Los expertos de la ONU consideraron que la destitución puede amedrentar a otras autoridades judiciales "para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquellas expresadas por las autoridades actuales".
"Esto representaría un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos", afirmaron a través de un comunicado los relatores de libertad de expresión, Frank La Rue, de independencia de jueces, Gabriela Knaul, y de defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya.
El pasado 18 de junio la Suprema Corte de Justicia de Honduras decidió expulsar a los jueces Guillermo López Lone, Luis Chávez y Ramon Enrique Barrios, así como a la magistrada Tirza Flores de la carrera judicial por supuesto "incumplimiento o violaciones graves de sus deberes".
Los relatores estiman que en el anuncio de la medida, no aparecen los fundamentos jurídicos "que justifiquen por qué las conductas objeto del procedimiento disciplinario fueron consideradas como graves", concluyendo que presuntamente se encubre una represalia contra los sancionados, por haber cuestionado el golpe contra Zelaya por parte de fuerzas militares comandadas por el ex mandatario de facto Roberto Micheletti.
"Las destituciones parecen estar relacionadas a la expresión pública del rechazo de estos profesionales de la judicatura a los acontecimientos ocurridos durante la crisis política de junio de 2009, así como a su participación en algunos actos de protesta contra los mismos", opinaron.
Asimismo, precisaron que "a los jueces sólo se les puede destituir por razones graves de mala conducta o incompetencia, conformes a procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad".
"Aceptar una invitación a dictar una conferencia, escribir un artículo, presentar un recurso de hábeas corpus en favor del Presidente destituido o participar en manifestaciones públicas no parece responder a estos criterios", dijeron los expertos de la ONU.
Señalaron igualmente que el Gobierno de Honduras "habría también violado el derecho de los jueces destituidos al debido proceso, pues se les ha sancionado sin haber sido escuchados y se le ha impedido participar en las sesiones plenarias en las cuales se acordó o ratificó su destitución".
Los cuatro funcionarios judiciales destituidos integran la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), que el pasado mes de junio pidiera al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, que exija a la nueva administración de Honduras dirigida por el gobernante Porfirio Lobo, "un compromiso" con los derechos humanos, si quiere que su país vuelva a la OEA, tras haber sido expulsado a causa del golpe de Estado.
Los tres jueces y la magistrada han apelado la resolución de la Corte que los perjudica ante el Consejo de la Carrera Judicial de Honduras, un recurso que tiene pendiente una resolución.
Actualmente, Honduras se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos, por lo que sus habitantes piden una Asamblea Constituyente que permita a la nación centroamericana salir del conflicto político y social que generó la administración de facto de Micheletti.
Durante los seis meses de dictadura de Micheletti se registraron unas cuatro mil 200 violaciones a los derechos humanos, más de 40 miembros de la resistencia antigolpista fueron asesinados, cinco jóvenes masacrados en marchas pacíficas y hubo más de tres mil detenciones.
Tres relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señalaron este viernes que la reciente destitución de tres jueces y una magistrada que se opusieron al golpe de Estado en Honduras ocurrido el 28 de junio del pasado año contra el ex presidente Manuel Zelaya, se debe a "un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados".
Los expertos de la ONU consideraron que la destitución puede amedrentar a otras autoridades judiciales "para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquellas expresadas por las autoridades actuales".
"Esto representaría un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos", afirmaron a través de un comunicado los relatores de libertad de expresión, Frank La Rue, de independencia de jueces, Gabriela Knaul, y de defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya.
El pasado 18 de junio la Suprema Corte de Justicia de Honduras decidió expulsar a los jueces Guillermo López Lone, Luis Chávez y Ramon Enrique Barrios, así como a la magistrada Tirza Flores de la carrera judicial por supuesto "incumplimiento o violaciones graves de sus deberes".
Los relatores estiman que en el anuncio de la medida, no aparecen los fundamentos jurídicos "que justifiquen por qué las conductas objeto del procedimiento disciplinario fueron consideradas como graves", concluyendo que presuntamente se encubre una represalia contra los sancionados, por haber cuestionado el golpe contra Zelaya por parte de fuerzas militares comandadas por el ex mandatario de facto Roberto Micheletti.
"Las destituciones parecen estar relacionadas a la expresión pública del rechazo de estos profesionales de la judicatura a los acontecimientos ocurridos durante la crisis política de junio de 2009, así como a su participación en algunos actos de protesta contra los mismos", opinaron.
Asimismo, precisaron que "a los jueces sólo se les puede destituir por razones graves de mala conducta o incompetencia, conformes a procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad".
"Aceptar una invitación a dictar una conferencia, escribir un artículo, presentar un recurso de hábeas corpus en favor del Presidente destituido o participar en manifestaciones públicas no parece responder a estos criterios", dijeron los expertos de la ONU.
Señalaron igualmente que el Gobierno de Honduras "habría también violado el derecho de los jueces destituidos al debido proceso, pues se les ha sancionado sin haber sido escuchados y se le ha impedido participar en las sesiones plenarias en las cuales se acordó o ratificó su destitución".
Los cuatro funcionarios judiciales destituidos integran la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), que el pasado mes de junio pidiera al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, que exija a la nueva administración de Honduras dirigida por el gobernante Porfirio Lobo, "un compromiso" con los derechos humanos, si quiere que su país vuelva a la OEA, tras haber sido expulsado a causa del golpe de Estado.
Los tres jueces y la magistrada han apelado la resolución de la Corte que los perjudica ante el Consejo de la Carrera Judicial de Honduras, un recurso que tiene pendiente una resolución.
Actualmente, Honduras se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos, por lo que sus habitantes piden una Asamblea Constituyente que permita a la nación centroamericana salir del conflicto político y social que generó la administración de facto de Micheletti.
Durante los seis meses de dictadura de Micheletti se registraron unas cuatro mil 200 violaciones a los derechos humanos, más de 40 miembros de la resistencia antigolpista fueron asesinados, cinco jóvenes masacrados en marchas pacíficas y hubo más de tres mil detenciones.
jueves, 29 de julio de 2010
Piden a Fiscalía investigue a Micheletti y a militares por violación de derechos humanos
TEGUCIGALPA - Tres organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos por la violación de los derechos humanos, torturas o asesinatos de al menos 439 personas, incluyendo 43 niños.
Las organizaciones que presentaron el escrito son el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
El representante legal de Ciprodeh señaló que presentaron documentación “en contra de las personas que tuvieron responsabilidad para que la Fiscalía ejerza las acciones del caso. Me refiero al ex presidente de facto, el dictador Roberto Micheletti, el ex jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, los ex integrantes de la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, Luis Javier Prince, Miguel Ángel García, Juan Pablo Rodríguez y Venancio Cervantes”.
También contra el ex secretario de Defensa, Adolfo Lionel Sevilla y contra los comandantes de batallones, y jefes policiales departamentales, municipales y de postas.
Señaló que la documentación presenta casos masivos de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones, torturas y señalamientos de asesinatos.
Fuente: http://www.tiempo.hn
Las organizaciones que presentaron el escrito son el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
El representante legal de Ciprodeh señaló que presentaron documentación “en contra de las personas que tuvieron responsabilidad para que la Fiscalía ejerza las acciones del caso. Me refiero al ex presidente de facto, el dictador Roberto Micheletti, el ex jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, los ex integrantes de la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, Luis Javier Prince, Miguel Ángel García, Juan Pablo Rodríguez y Venancio Cervantes”.
También contra el ex secretario de Defensa, Adolfo Lionel Sevilla y contra los comandantes de batallones, y jefes policiales departamentales, municipales y de postas.
Señaló que la documentación presenta casos masivos de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones, torturas y señalamientos de asesinatos.
Fuente: http://www.tiempo.hn
miércoles, 28 de julio de 2010
Militarizan comunidad y radio de Zacate Grande
Alerta/C-Libre
Tegucigalpa. 27-07-2010- Al menos 25 efectivos militares, junto con varios miembros de la Policía rodearon desde las 9:00 de la mañana de este día, la sede de la radio comunitaria Zacate Grande, en la isla del mismo nombre en el Golfo de Fonseca.
Los militares y policías también llegaron a intimidar a un grupo de habitantes de esa comunidad que se manifestaban en Puerto Grande, en demanda de títulos de propiedad de tierras, dijo Aarón Rivera, del personal de la emisora.
Rivera dijo que aproximadamente unos 50 habitantes se manifestaban en forma pacífica. Los militares rodearon la radio porque se emitían mensajes exhortando a los vecinos a que se sumaran a la protesta.
Los títulos de las tierras no les han sido entregados, aunque el ministro del Instituto Nacional Agrario, Cesar Ham, hizo tal compromiso el pasado 30 de junio, tras una toma del inmueble de la institución agraria.
La Radio Zacate Grande reinició operaciones el 6 de julio pasado tras varios días de estar fuera del aire, por la acción de policías y militares que por orden del Ministerio Publico la cerraron alegando que funcionaba ilegalmente.
Las tierras reclamadas por los manifestantes son disputadas por el empresario Miguel Facussé, quien ha iniciado varias acciones contra los dirigentes del Movimiento de Recuperación de Titulación de Tierras de Zacate Grande
Tegucigalpa. 27-07-2010- Al menos 25 efectivos militares, junto con varios miembros de la Policía rodearon desde las 9:00 de la mañana de este día, la sede de la radio comunitaria Zacate Grande, en la isla del mismo nombre en el Golfo de Fonseca.
Los militares y policías también llegaron a intimidar a un grupo de habitantes de esa comunidad que se manifestaban en Puerto Grande, en demanda de títulos de propiedad de tierras, dijo Aarón Rivera, del personal de la emisora.
Rivera dijo que aproximadamente unos 50 habitantes se manifestaban en forma pacífica. Los militares rodearon la radio porque se emitían mensajes exhortando a los vecinos a que se sumaran a la protesta.
Los títulos de las tierras no les han sido entregados, aunque el ministro del Instituto Nacional Agrario, Cesar Ham, hizo tal compromiso el pasado 30 de junio, tras una toma del inmueble de la institución agraria.
La Radio Zacate Grande reinició operaciones el 6 de julio pasado tras varios días de estar fuera del aire, por la acción de policías y militares que por orden del Ministerio Publico la cerraron alegando que funcionaba ilegalmente.
Las tierras reclamadas por los manifestantes son disputadas por el empresario Miguel Facussé, quien ha iniciado varias acciones contra los dirigentes del Movimiento de Recuperación de Titulación de Tierras de Zacate Grande
Peligroso que Estados Unidos aproveche influencia para cabildear retorno de Honduras a OEA
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa/Nueva York. 28 Julio 2010. "Estados Unidos está adoptando un enfoque peligroso en aprovechar su influencia para cabildear en favor de la normalización de las relaciones de la OEA", denunció el director ejecutivo de CCR Vicente Warren, en una declaración y carta abierta a la Secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, sobre readmitir Honduras en la OEA.
Estados Unidos premia a quienes hacen cambios violentos de gobierno.
El Director Ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), Vincent Warren, expresó que el lobby de los Estados Unidos: “Recompensa el cambio, ilegal, antidemocrático y violento, de un régimen [ocurrido en Honduras], y debe ser abandonado".
Ningún estado de OEA debería normalizar relaciones con el régimen antidemocrático de Lobo.
Warren discrepa del informe presentado por Hillary Clinton sobre la situación en Honduras, y resume cuatro puntos que califica como “graves preocupaciones” sobre la situación actual en el país:
1. La situación de los derechos humanos en Honduras es grave, y ha seguido deteriorándose;
2. Las elecciones de noviembre fueron ampliamente criticadas. Ellas no fueron "libres y justas", como las ha caracterizado la secretaria Clinton;
3. La situación en Honduras, y los debates en torno a ella, han sido empañados por la penetrante desinformación sobre los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado, sobre la encuesta pública que el Presidente Zelaya tenía previsto realizar, así como la supuesta legalidad de las acciones de los militares y el Congreso en su remoción [del presidente].
4. La Comisión de Verdad y Reconciliación, establecida por el gobierno de Lobo ha sido citado por Clinton como una señal de progreso en Honduras. Sin embargo, la legitimidad, el mandato, el alcance y la metodología de la Comisión ha sido cuestionado y criticado en toda Honduras y en las comunidades internacionales de derechos humanos.
Teniendo en cuenta estas preocupaciones, Warren juzga que: "Los Estados Unidos no debería apoyar la normalización de las relaciones con el régimen antidemocrático de Porfirio Lobo. Como tampoco ningún estado miembro de la OEA".
Antecedentes.
Después del golpe de Estado en junio de 2009, la OEA suspendió la adhesión de Honduras.
El 30 de julio de 2010, una Comisión de Alto Nivel, de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre Honduras, debería hacer recomendaciones a los demás Estados miembros de la OEA, respecto a la readmisión de Honduras en ese organismo continental.
La Comisión no realizó ninguna visita a Honduras, como se preveía, y escuchó, en Washington, al representante Arturo Corrales, del régimen de Porfirio Lobo, y a Rodolfo Pastor Fasquelle, comisionado por el presidente defenestrado por el golpe de Estado, Manuel Zelaya.
El Frente Nacional de Resistencia popular (FNRP), pidió a esa Comisión, que no hiciera ninguna recomendación sobre la readmisión de Honduras a la OEA, sin antes escuchar a todos los protagonistas, incluido el Frente.
De manera extraoficial, se ha divulgado que la OEA pospondría la reunión para escuchar el informe de la Comisión, el viernes 30.
No obstante, el vocero Corrales, del régimen de Lobo, aseguró a varios medios que el “informe está casi listo para reincorporar a Honduras”.
El CCR es una organización civil dedicada, hace más de 40años, al progreso y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Ha recibido más de una decena de premios internacionales por su labor.
Tegucigalpa/Nueva York. 28 Julio 2010. "Estados Unidos está adoptando un enfoque peligroso en aprovechar su influencia para cabildear en favor de la normalización de las relaciones de la OEA", denunció el director ejecutivo de CCR Vicente Warren, en una declaración y carta abierta a la Secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, sobre readmitir Honduras en la OEA.
Estados Unidos premia a quienes hacen cambios violentos de gobierno.
El Director Ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), Vincent Warren, expresó que el lobby de los Estados Unidos: “Recompensa el cambio, ilegal, antidemocrático y violento, de un régimen [ocurrido en Honduras], y debe ser abandonado".
Ningún estado de OEA debería normalizar relaciones con el régimen antidemocrático de Lobo.
Warren discrepa del informe presentado por Hillary Clinton sobre la situación en Honduras, y resume cuatro puntos que califica como “graves preocupaciones” sobre la situación actual en el país:
1. La situación de los derechos humanos en Honduras es grave, y ha seguido deteriorándose;
2. Las elecciones de noviembre fueron ampliamente criticadas. Ellas no fueron "libres y justas", como las ha caracterizado la secretaria Clinton;
3. La situación en Honduras, y los debates en torno a ella, han sido empañados por la penetrante desinformación sobre los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado, sobre la encuesta pública que el Presidente Zelaya tenía previsto realizar, así como la supuesta legalidad de las acciones de los militares y el Congreso en su remoción [del presidente].
4. La Comisión de Verdad y Reconciliación, establecida por el gobierno de Lobo ha sido citado por Clinton como una señal de progreso en Honduras. Sin embargo, la legitimidad, el mandato, el alcance y la metodología de la Comisión ha sido cuestionado y criticado en toda Honduras y en las comunidades internacionales de derechos humanos.
Teniendo en cuenta estas preocupaciones, Warren juzga que: "Los Estados Unidos no debería apoyar la normalización de las relaciones con el régimen antidemocrático de Porfirio Lobo. Como tampoco ningún estado miembro de la OEA".
Antecedentes.
Después del golpe de Estado en junio de 2009, la OEA suspendió la adhesión de Honduras.
El 30 de julio de 2010, una Comisión de Alto Nivel, de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre Honduras, debería hacer recomendaciones a los demás Estados miembros de la OEA, respecto a la readmisión de Honduras en ese organismo continental.
La Comisión no realizó ninguna visita a Honduras, como se preveía, y escuchó, en Washington, al representante Arturo Corrales, del régimen de Porfirio Lobo, y a Rodolfo Pastor Fasquelle, comisionado por el presidente defenestrado por el golpe de Estado, Manuel Zelaya.
El Frente Nacional de Resistencia popular (FNRP), pidió a esa Comisión, que no hiciera ninguna recomendación sobre la readmisión de Honduras a la OEA, sin antes escuchar a todos los protagonistas, incluido el Frente.
De manera extraoficial, se ha divulgado que la OEA pospondría la reunión para escuchar el informe de la Comisión, el viernes 30.
No obstante, el vocero Corrales, del régimen de Lobo, aseguró a varios medios que el “informe está casi listo para reincorporar a Honduras”.
El CCR es una organización civil dedicada, hace más de 40años, al progreso y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Ha recibido más de una decena de premios internacionales por su labor.
martes, 27 de julio de 2010
CPJ: Régimen hondureño propicia ilegalidad que permite a sicarios matar con impunidad a periodistas
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 27 Julio 2010. “El gobierno propicia un clima de ilegalidad que permite a los criminales matar periodistas y permanecer en la impunidad”, en Honduras, acusa un informe de 15 páginas divulgado, hoy, por el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés.
La mayoría de los asesinatos “fueron crímenes ejecutados por sicarios”, denuncia el CPJ, en su Informe Especial, de la autoría de Mike O'Connor.
Además de “minimizar” los crímenes, las autoridades hondureñas “se mueven lentamente y con negligencia en la búsqueda de los responsables”, señala el informe.
La impunidad es creación del régimen que fijó un peligroso discurso.
El CPJ, es contundente al aseverar que “la impunidad es creación del gobierno”.
Pues según explica: “la impunidad garantiza que un sicario se sienta siempre seguro, que el autor intelectual de un crimen nunca tenga que preocuparse”.
Cuestiona el CPJ a las autoridades que en el corto plazo, altos funcionarios del gobierno hayan “fijado un discurso peligroso”. Debido a que esas, no sólo no hicieron ninguna condena pública contra la violencia sufrida por la prensa, sino que “un funcionario de alto rango intentó minimizar su gravedad”.
El titular de la Secretaría de Seguridad, Óscar Álvarez, declaró el 3 de mayo a un periódico local de Tegucigalpa, y a otros medios: "Sí, garantizo que en todos [los casos] no hay una relación que indique que es por su labor periodística" también reiteró en varios otros medios.
Seis de los asesinatos ocurrieron en un corto periodo de tiempo, apenas siete semanas, evalúa impresionado el CPJ.
Para ese Comité, los asesinatos corresponden a “un asombroso número de homicidios en un lapso tan corto en un país de 7,5 millones de habitantes”.
El informe revela las fechas, el lugar, las circunstancias y acontecimientos, relacionados a los 7 asesinatos cometidos contra los periodistas.
El CPJ , encontró evidencia de que los crímenes a seguir “estuvieron vinculados con el periodismo”:
1. Nahúm Palacios, de Canal 5, asesinado el 14 de marzo, en Tocoa.
2. David Meza, Radio El Patio, Radio América, Canal 7, 45 y 36, asesinado el 11 de marzo, en La Ceiba.
3. Joseph Hernández Ochoa, Canal 51, asesinado el 1 de marzo, en Tegucigalpa.
La investigación del CPJ indicó que “el periodismo pudo haber jugado un rol determinante” en los asesinatos de los siguientes cuatro periodistas:
1. Luis Arturo Mondragón, Canal 19, asesinado el 14 de junio, en El Paraíso.
2. Jorge Orellana, Canal 10, asesinado el 20 de abril, en San Pedro Sula.
3. José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, de Canal 4, Radio Excélsior, Radio Patria, víctimas de una emboscada en un camino rural, y ultimados a tiros el 26 de marzo.
En casi todos los casos, “la Policía prefirió no referirse a la investigación sobre los asesinatos”, se observa en el informe.
Una trama clandestina para silenciar a los críticos del gobierno.
En tanto que, muchos de los periodistas hondureños creen que los asesinatos de algunos de los siete periodistas “es el resultado de una trama clandestina para silenciar a los críticos del gobierno”, la comunicadora Carol Cabrera aseguró al CPJ que “los opositores al gobierno intentaron matarla”.
Sostiene el CPJ en su informe que: “La amplia y terminante afirmación del funcionario a tan poco tiempo de ocurridos los crímenes, y sin proporcionar evidencia, generó alarma entre los periodistas, quienes consideraron que el gobierno no actuaba de buena fe”.
Y critica que en las semanas siguientes, las autoridades “hicieron muy poco para demostrar su voluntad de investigar los asesinatos en forma exhaustiva”.
Finalmente, el informe orienta a que el régimen Lobo y altos funcionarios, deben manifestarse públicamente contra los ataques a periodistas, “de un modo convincente y oportuno”. Como también, debe respetar su obligación ante la OEA y adoptar medidas para proteger a los periodistas y otros de sus críticos.
Tegucigalpa. 27 Julio 2010. “El gobierno propicia un clima de ilegalidad que permite a los criminales matar periodistas y permanecer en la impunidad”, en Honduras, acusa un informe de 15 páginas divulgado, hoy, por el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés.
La mayoría de los asesinatos “fueron crímenes ejecutados por sicarios”, denuncia el CPJ, en su Informe Especial, de la autoría de Mike O'Connor.
Además de “minimizar” los crímenes, las autoridades hondureñas “se mueven lentamente y con negligencia en la búsqueda de los responsables”, señala el informe.
La impunidad es creación del régimen que fijó un peligroso discurso.
El CPJ, es contundente al aseverar que “la impunidad es creación del gobierno”.
Pues según explica: “la impunidad garantiza que un sicario se sienta siempre seguro, que el autor intelectual de un crimen nunca tenga que preocuparse”.
Cuestiona el CPJ a las autoridades que en el corto plazo, altos funcionarios del gobierno hayan “fijado un discurso peligroso”. Debido a que esas, no sólo no hicieron ninguna condena pública contra la violencia sufrida por la prensa, sino que “un funcionario de alto rango intentó minimizar su gravedad”.
El titular de la Secretaría de Seguridad, Óscar Álvarez, declaró el 3 de mayo a un periódico local de Tegucigalpa, y a otros medios: "Sí, garantizo que en todos [los casos] no hay una relación que indique que es por su labor periodística" también reiteró en varios otros medios.
Seis de los asesinatos ocurrieron en un corto periodo de tiempo, apenas siete semanas, evalúa impresionado el CPJ.
Para ese Comité, los asesinatos corresponden a “un asombroso número de homicidios en un lapso tan corto en un país de 7,5 millones de habitantes”.
El informe revela las fechas, el lugar, las circunstancias y acontecimientos, relacionados a los 7 asesinatos cometidos contra los periodistas.
El CPJ , encontró evidencia de que los crímenes a seguir “estuvieron vinculados con el periodismo”:
1. Nahúm Palacios, de Canal 5, asesinado el 14 de marzo, en Tocoa.
2. David Meza, Radio El Patio, Radio América, Canal 7, 45 y 36, asesinado el 11 de marzo, en La Ceiba.
3. Joseph Hernández Ochoa, Canal 51, asesinado el 1 de marzo, en Tegucigalpa.
La investigación del CPJ indicó que “el periodismo pudo haber jugado un rol determinante” en los asesinatos de los siguientes cuatro periodistas:
1. Luis Arturo Mondragón, Canal 19, asesinado el 14 de junio, en El Paraíso.
2. Jorge Orellana, Canal 10, asesinado el 20 de abril, en San Pedro Sula.
3. José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, de Canal 4, Radio Excélsior, Radio Patria, víctimas de una emboscada en un camino rural, y ultimados a tiros el 26 de marzo.
En casi todos los casos, “la Policía prefirió no referirse a la investigación sobre los asesinatos”, se observa en el informe.
Una trama clandestina para silenciar a los críticos del gobierno.
En tanto que, muchos de los periodistas hondureños creen que los asesinatos de algunos de los siete periodistas “es el resultado de una trama clandestina para silenciar a los críticos del gobierno”, la comunicadora Carol Cabrera aseguró al CPJ que “los opositores al gobierno intentaron matarla”.
Sostiene el CPJ en su informe que: “La amplia y terminante afirmación del funcionario a tan poco tiempo de ocurridos los crímenes, y sin proporcionar evidencia, generó alarma entre los periodistas, quienes consideraron que el gobierno no actuaba de buena fe”.
Y critica que en las semanas siguientes, las autoridades “hicieron muy poco para demostrar su voluntad de investigar los asesinatos en forma exhaustiva”.
Finalmente, el informe orienta a que el régimen Lobo y altos funcionarios, deben manifestarse públicamente contra los ataques a periodistas, “de un modo convincente y oportuno”. Como también, debe respetar su obligación ante la OEA y adoptar medidas para proteger a los periodistas y otros de sus críticos.
Los derechos humanos no es cuestión de ideologías sino de compromiso con la dignidad humana
La semana pasada, la sociedad chilena quedó sorprendida a causa de las propuestas de indulto presentadas separadamente por las jerarquías de la Iglesia Católica y Evangélica en las que se incluía a los militares condenados por violación a los derechos humanos durante los 17 años de dictadura de Pinochet.
Si dichas propuestas se concretaran significaría que los militares condenados podrían dejar la cárcel y vivir en libertad como si nada hubiera pasado.
No obstante, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que no indultará a militares condenados por violación de los derechos humanos ni a ninguna persona que haya sido condenada por crímenes de lesa humanidad.
Se debe resaltar que Piñera es un empresario multimillonario y miembro de la derecha chilena, pero con su decisión de no indultar a los militares nos recuerda que la defensa de los derechos humanos no es un asunto de izquierdas o de derechas, sino de compromiso con la dignidad humana, con la democracia y el Estado de derecho.
Asimismo, su decisión es una enseñanza que debería asumir la derecha hondureña y particularmente el gobierno de Lobo Sosa, quien en vez de depurar las instituciones estatales que están en manos de los golpistas, nombra a los altos jerarcas militares en instituciones claves del Estado, les aprueba una amnistía para limpiar sus crímenes, crea una comisión de la verdad para garantizar la impunidad y aumenta el presupuesto a la policía y el ejército, principales violadores a los derechos humanos desde el golpe de Estado.
A pesar de su retórica de unidad y de respeto a los derechos humanos, las acciones de Lobo Sosa demuestran que le importa más la defensa de los intereses de la oligarquía que la dignidad del pueblo hondureño.
Si dichas propuestas se concretaran significaría que los militares condenados podrían dejar la cárcel y vivir en libertad como si nada hubiera pasado.
No obstante, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que no indultará a militares condenados por violación de los derechos humanos ni a ninguna persona que haya sido condenada por crímenes de lesa humanidad.
Se debe resaltar que Piñera es un empresario multimillonario y miembro de la derecha chilena, pero con su decisión de no indultar a los militares nos recuerda que la defensa de los derechos humanos no es un asunto de izquierdas o de derechas, sino de compromiso con la dignidad humana, con la democracia y el Estado de derecho.
Asimismo, su decisión es una enseñanza que debería asumir la derecha hondureña y particularmente el gobierno de Lobo Sosa, quien en vez de depurar las instituciones estatales que están en manos de los golpistas, nombra a los altos jerarcas militares en instituciones claves del Estado, les aprueba una amnistía para limpiar sus crímenes, crea una comisión de la verdad para garantizar la impunidad y aumenta el presupuesto a la policía y el ejército, principales violadores a los derechos humanos desde el golpe de Estado.
A pesar de su retórica de unidad y de respeto a los derechos humanos, las acciones de Lobo Sosa demuestran que le importa más la defensa de los intereses de la oligarquía que la dignidad del pueblo hondureño.
sábado, 24 de julio de 2010
Libro "Honduras y los sistemas de protección internacional de derechos humanos"
Con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la situación de los derechos humanos en Honduras se deterioró a niveles alarmantes. Para colmo, todas las instituciones del sector justicia han defendido el rompimiento del orden constitucional y han avalado las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares.
La impunidad y su consecuente privación del derecho a la justicia se han convertido en una constante de la vida nacional, pues las violaciones a los derechos humanos no están siendo investigadas, sancionadas ni reparadas en los términos exigidos por los estándares internacionales. Ante esta realidad de completa indefensión, ¿qué posibilidades de acceso a la justicia tienen las víctimas y sus familiares?
Aquí se intenta responder a esa pregunta, presentando los sistemas internacionales de protección de derechos humanos que pueden activarse cuando los Estados no cumplen con su responsabilidad. En tal sentido, se comparte la experiencia de litigio del caso Kawas vs. Honduras presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Con esta publicación se pretende aportar al debate que permita enriquecer el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas, a fin de lograr la investigación seria y efectiva de las violaciones a los derechos humanos, y el castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes cometidos para evitar la repetición de estos hechos. Sólo así será posible la construcción de un Estado democrático de derecho.
viernes, 23 de julio de 2010
Estudiantes son agarrados a balazos y toletazos por policías dentro de su colegio
Viernes 23 de Julio de 2010 00:36 Dina Meza
Una veintena de policías de la Cuarta Estación irrumpieron en el Instituto Jesús Aguilar Paz haciendo disparos al aire y posteriormente toletearon a estudiantes que hacían fila para reclamar el bono estudiantil dentro de ese colegio, luego se llevaron a cuatro de ellos detenidos.
Desde hace varias semanas los y las estudiantes de diferentes colegios han salido a las calles para reclamar el bono de estudiante ante los engaños recibidos del actual régimen que no pagó ni un cinco en lo que va del año.
Como medida para disuadir la protesta pacífica el gobierno ha utilizado a la policía para que los reprima, lo que dejó la semana pasada más de 10 estudiantes del Instituto Central y Jesús Aguilar Paz detenidos, entre ellos infantes de 12 y 13 años, libertad que lograron ante las gestiones del COFADEH, las autoridades de sus centros de enseñanza y en el caso del segundo colegio, llegó un profesional del derecho del Frente de Abogados contra el Golpe.
Estos hechos ocurren mientras hay fuertes presiones para que la Organización de Estado Americanos, OEA, admita en su seno la reincorporación de Honduras, como parte de las acciones de los Estados Unidos, a pesar que las violaciones a los derechos humanos se han incrementado y los responsables de éstas y del golpe de Estado no han sido enjuiciados.
Disparos toletazos y detenciones
La profesora Hedme Castro, quien también es defensora de derechos humanos, relató que a las tres de la tarde formó a los alumnos y las personas que venían a pagar el bono decidieron que no iban a seguir haciéndolo y llamaron a la policía que militarizó la institución e hizo disparos, golpeó estudiantes y se llevó cuatro detenidos.
“Yo fui a recoger el casquillo de la bala que disparó un agente de apellido Castellanos, cuando él y otros policías pasaron violentamente por el portón pero me tiraron una moto para que no lograra obtener la evidencia, me hicieron eso porque también les reclamé que no podían entrar armados al centro educativo porque era ilegal”, denunció Castro.
Mientras tanto un estudiante informó que estábamos tranquilos reclamando el bono, luego dijeron que ya no lo iban a dar solo los de la noche entonces los jóvenes de la tarde se empezaron a revolver, no sé quién llamó a la policía, solo miramos que entraron de un solo e hicieron disparos, quebraron algunas celosías y nos toletearon cuando hacíamos fila enojados porque les dijimos que bajaran las armas que empuñaban contra nosotros.
Dos muchachas y dos chicos fueron llevados detenidos en una patrulla policial, previo fueron golpeados con los toletes y cascos de los agentes de policía, a uno le tiraron la motocicleta policial y le golpearon su rostro.
Los detenidos y detenidas fueron Darlyn Jasmine Cruz Bonilla, Irwin Rodolfo Andino García; Eduardo Espinoza y Vicky Joan Gonzales Sierra, de la jornada nocturna.
La liberación se logró a través de una negociación de las autoridades del colegio. Ante la presencia del COFADEH y de una misión de Quixote Center, el jefe de la Cuarta Estación Policial, el Comisario Leiva, accedió de dejarlos libres y los muchachos fueron traídos en la misma patrulla en que fueron llevados.
Eduard Espinoza mostró su espalda la cual tenía las señales de dos fuertes toletazos “me sacaron de dentro del colegio y me golpearon afuera, me llevaron hasta allá como a una cuadra del colegio para que no miraran que me estaban golpeando”.
Para él esa acción es oprobiosa y dijo que como joven piensa que es una acción mala que va en contra de los derechos humanos.
Los estudiantes mostraron cómo los guardias de seguridad que estaba a cargo de custodiar el dinero que llevaron los pagadores de Estado para hacer efectivo el bono estudiantil, hicieron un disparo desde dentro del local de pago.
Los policías cuando llegaron nos amenazaron especialmente a nosotras las mujeres, a una muchacha le pegaron con un casco en la cara y querían desenfundar las armas contra nosotras, dijo una joven que no salía de su asombro ante la acción violenta que llegó a extremos que puso en peligro la vida de los estudiantes.
Vicky Joan denunció que cuando llegó a la Cuarta Estación de Policía a gestionar la libertad de su esposo Eduard Espinoza, fue apresada y llevada dentro de la posta.
Darlyn Jasmine quien dijo que estaba embarazada detalló que un policía la agarró del cuello, la tomó del pelo y la tiró a la patrulla para llevarla detenida, uno de los agentes violadores de sus derechos era de apellido Orellana.
A Irwin Andino le tiraron una moto en las piernas y le dieron con el casco en la cara rompiéndoles el labio. Eso mismo le ocurrió a otro joven que pidió reservar su nombre que le dieron con un fusil en la cara rompiéndole el labio, el que tenía una profunda herida que necesitaba sutura.
Otro muchacho denunció que un agente que no pudo captar el nombre porque se lo esconden, amenazó con lanzar una bomba lacrimógena al colegio, les advirtió: “ya les voy a tirar una bomba lacrimógena para que estén una semana con diarrea”.
Las acciones de represión contra los alumnos y alumnas de este colegio han ido en aumento. Sara Ávila, estudiante de la jornada nocturna dijo que siempre hay una patrulla en la esquina y los policías los hostigan a cada momento.
El COFADEH realizará las acciones legales para lograr el castigo a estas acciones que ponen en riesgo la vida de los y las jóvenes.
Fuente: www.defensoresenlinea.com/
Una veintena de policías de la Cuarta Estación irrumpieron en el Instituto Jesús Aguilar Paz haciendo disparos al aire y posteriormente toletearon a estudiantes que hacían fila para reclamar el bono estudiantil dentro de ese colegio, luego se llevaron a cuatro de ellos detenidos.
Desde hace varias semanas los y las estudiantes de diferentes colegios han salido a las calles para reclamar el bono de estudiante ante los engaños recibidos del actual régimen que no pagó ni un cinco en lo que va del año.
Como medida para disuadir la protesta pacífica el gobierno ha utilizado a la policía para que los reprima, lo que dejó la semana pasada más de 10 estudiantes del Instituto Central y Jesús Aguilar Paz detenidos, entre ellos infantes de 12 y 13 años, libertad que lograron ante las gestiones del COFADEH, las autoridades de sus centros de enseñanza y en el caso del segundo colegio, llegó un profesional del derecho del Frente de Abogados contra el Golpe.
Estos hechos ocurren mientras hay fuertes presiones para que la Organización de Estado Americanos, OEA, admita en su seno la reincorporación de Honduras, como parte de las acciones de los Estados Unidos, a pesar que las violaciones a los derechos humanos se han incrementado y los responsables de éstas y del golpe de Estado no han sido enjuiciados.
Disparos toletazos y detenciones
La profesora Hedme Castro, quien también es defensora de derechos humanos, relató que a las tres de la tarde formó a los alumnos y las personas que venían a pagar el bono decidieron que no iban a seguir haciéndolo y llamaron a la policía que militarizó la institución e hizo disparos, golpeó estudiantes y se llevó cuatro detenidos.
“Yo fui a recoger el casquillo de la bala que disparó un agente de apellido Castellanos, cuando él y otros policías pasaron violentamente por el portón pero me tiraron una moto para que no lograra obtener la evidencia, me hicieron eso porque también les reclamé que no podían entrar armados al centro educativo porque era ilegal”, denunció Castro.
Mientras tanto un estudiante informó que estábamos tranquilos reclamando el bono, luego dijeron que ya no lo iban a dar solo los de la noche entonces los jóvenes de la tarde se empezaron a revolver, no sé quién llamó a la policía, solo miramos que entraron de un solo e hicieron disparos, quebraron algunas celosías y nos toletearon cuando hacíamos fila enojados porque les dijimos que bajaran las armas que empuñaban contra nosotros.
Dos muchachas y dos chicos fueron llevados detenidos en una patrulla policial, previo fueron golpeados con los toletes y cascos de los agentes de policía, a uno le tiraron la motocicleta policial y le golpearon su rostro.
Los detenidos y detenidas fueron Darlyn Jasmine Cruz Bonilla, Irwin Rodolfo Andino García; Eduardo Espinoza y Vicky Joan Gonzales Sierra, de la jornada nocturna.
La liberación se logró a través de una negociación de las autoridades del colegio. Ante la presencia del COFADEH y de una misión de Quixote Center, el jefe de la Cuarta Estación Policial, el Comisario Leiva, accedió de dejarlos libres y los muchachos fueron traídos en la misma patrulla en que fueron llevados.
Eduard Espinoza mostró su espalda la cual tenía las señales de dos fuertes toletazos “me sacaron de dentro del colegio y me golpearon afuera, me llevaron hasta allá como a una cuadra del colegio para que no miraran que me estaban golpeando”.
Para él esa acción es oprobiosa y dijo que como joven piensa que es una acción mala que va en contra de los derechos humanos.
Los estudiantes mostraron cómo los guardias de seguridad que estaba a cargo de custodiar el dinero que llevaron los pagadores de Estado para hacer efectivo el bono estudiantil, hicieron un disparo desde dentro del local de pago.
Los policías cuando llegaron nos amenazaron especialmente a nosotras las mujeres, a una muchacha le pegaron con un casco en la cara y querían desenfundar las armas contra nosotras, dijo una joven que no salía de su asombro ante la acción violenta que llegó a extremos que puso en peligro la vida de los estudiantes.
Vicky Joan denunció que cuando llegó a la Cuarta Estación de Policía a gestionar la libertad de su esposo Eduard Espinoza, fue apresada y llevada dentro de la posta.
Darlyn Jasmine quien dijo que estaba embarazada detalló que un policía la agarró del cuello, la tomó del pelo y la tiró a la patrulla para llevarla detenida, uno de los agentes violadores de sus derechos era de apellido Orellana.
A Irwin Andino le tiraron una moto en las piernas y le dieron con el casco en la cara rompiéndoles el labio. Eso mismo le ocurrió a otro joven que pidió reservar su nombre que le dieron con un fusil en la cara rompiéndole el labio, el que tenía una profunda herida que necesitaba sutura.
Otro muchacho denunció que un agente que no pudo captar el nombre porque se lo esconden, amenazó con lanzar una bomba lacrimógena al colegio, les advirtió: “ya les voy a tirar una bomba lacrimógena para que estén una semana con diarrea”.
Las acciones de represión contra los alumnos y alumnas de este colegio han ido en aumento. Sara Ávila, estudiante de la jornada nocturna dijo que siempre hay una patrulla en la esquina y los policías los hostigan a cada momento.
El COFADEH realizará las acciones legales para lograr el castigo a estas acciones que ponen en riesgo la vida de los y las jóvenes.
Fuente: www.defensoresenlinea.com/
Las balas terminaron con un solidario abogado de la resistencia
Miércoles 21 de Julio de 2010 23:47 Dina Meza
Marco Tulio Amaya, le puso alma, vida y corazón a la defensa de más de un centenar de personas perseguidas políticas desde el golpe de Estado, sus asesinos mataron su cuerpo la tarde del 20 de julio de este año, pero su ejemplo de solidaridad se quedó con el pueblo de Honduras.
El abogado de la resistencia fue asesinado junto a dos personas a quienes defendió en un juicio en el oriente del país. Fueron acribillados con AK-47 y con balas de acero en la carretera que conduce a la Villa de San Francisco al oriente de Tegucigalpa, según la información de la policía.
El cuerpo de Amaya estaba siendo velado en una funeraria de la capital, decenas de amigos, amigas, familiares y colegas abogados llegaron a decir el último adiós a una persona cuyo aporte legal dejó fuera de las rejas a campesinos y campesinas; hombres, mujeres y jóvenes de la resistencia y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, SITRAUNAH, perseguidos por la actual rectora, Julieta Castellanos.
Desde que iniciaron los juicios por persecución política a finales de julio de 2009, cuando la dictadura de Roberto Micheletti y los patrocinadores del golpe de Estado, decidieron aplicar el látigo de la injusticia para detener las ansias de libertad del pueblo en resistencia, el abogado Amaya dijo presente para defender a quienes estaban en completa indefensión ante la militarización de la justicia.
El abogado Marco Tulio era un estratega del Frente de Abogados contra el Golpe de Estado, peleó ante jueces que torcieron la justicia, por la libertad de los y las perseguidas políticas que fueron encarceladas por levantar la voz contra el golpe de Estado, 24 de estas personas fueron detenidas ilegalmente el 12 de agosto del año pasado, sus cuerpos presentaban serias torturas las cuales fueron aplicadas en los bajos del Congreso Nacional por policías y elementos COBRAS y aunque el COFADEH presentó la denuncia ante la Fiscalía de los derechos humanos, hasta ahora ninguno de sus agresores ha sido castigado.
Una colega abogada que llegó al velatorio se lamentó de la pérdida de esta valiosa vida, “él entregó mucho tiempo a la defensa de las personas que eran apresadas por la dictadura, realmente perdimos a una persona clave”.
La abogada Kenia Oliva, del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH dijo “Que terrible la noticia, estoy impactada, tuve la oportunidad de conocer al abogado Amaya y de participar en la defensa de varios compañeros y compañeras que fueron acusados por delitos políticos”.
Para ella el abogado era una persona muy consciente pese a que no pertenecía a ninguna organización de DDHH estaba muy preocupado por todas las violaciones que se dieron a las garantías procesales y judiciales en el marco del golpe de Estado.
Lo describió como un hombre calmado, muy observador y sobre todo muy conocedor de la materia penal, “es una lástima que ya no esté más con nosotros, no conozco las circunstancias de la muerte pero cualquiera que sea, solo demuestra lo vulnerables que somos los que trabajamos y nos ganamos el pan de cada día honradamente”.
Su aporte a la resistencia
El trabajo silencioso del abogado Marco Tulio amaya fue un valioso aporte para el Frente de Abogados contra el Golpe, su pensamiento estaba dirigido a ganarle la partida a la injusticia. Es necesario que rescatemos la memoria, la cual quieren borrar los violadores de los derechos humanos.
El 22 de septiembre cuando los cuerpos represivos desalojaron violentamente a miles de personas de las afueras de la Embajada de Brasil, que llegaron para apoyar al presidente Manuel Zelaya Rosales que se alojó en esa sede diplomática, la cacería policial-militar capturó de centenares de personas, unas fueron dejadas en libertad, a otras les abrieron expedientes con delitos inventados por la fiscalía, entre ellos el de sedición.
Uno de los detenidos ese día fue Antonio Porta Álvarez junto a su novia Antolina, uno de los defensores fue el abogado Amaya, quien señaló que las pruebas presentadas en contra de los detenidos no tenían sustento, al final se logró una medida cautelar que sacó de las rejas a ambos.
El 30 de septiembre de 2009 unos 54 campesinos y campesinas, fueron desalojadas del Instituto Nacional Agrario, INA, por policías que les llevaron apresados, después la fiscalía los acusó de sedición, allí estuvo Marco Tulio Amaya, junto a otros y otras colegas del Frente de Abogados contra el Golpe, de Vía Campesina y del COFADEH.
Su estrategia de lucha en el ámbito legal era milimétricamente estudiada para vencer en los tribunales de justicia. Aunque su muerte aparenta estar vinculada con la delincuencia común, varias personas comentaron que podría haberse aprovechado las circunstancias para asesinar al abogado y deshacerse de alguien que era clave en los juicios por persecución política.
Dirigentes del SITRAUNAH llegaron con arreglos flores para rendir tributo a su defensor que logró jugarle con inteligencia a jueces y fiscales coludidos con el poder.
También Alba Ochoa, Coordinadora del Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos, entregó un comunicado a los familiares del abogado Amaya.
Ochoa fue detenida junto a más de 20 personas más por policías y COBRAS que dispersaron una enorme manifestación que se movilizaba hasta el centro de la capital.
Ella fue golpeada salvajemente en su rostro y otras partes del cuerpo por policías hombres y mujeres que la arremetieron contra ella porque protestó cuando agredían a otra persona. y tomó una fotografía.
Fue llevada a los bajos del Congreso Nacional donde se ensañaron contra ella dejándole fuertes golpes, después fue llevada con los demás al escuadrón COBRAS, un lugar no legal para encarcelar personas. En la plana de defensores y defensoras suyos estaba el abogado Marco Tulio Amaya.
Al velatorio también llegó una delegación del COFADEH para solidarizarse con la esposa y demás familiares de la víctima, que no podían dar crédito a esta trágica realidad de perder a su pariente. Según se informó será sepultado en Tocoa, Colón hasta donde será llevado este jueves 22 de julio.
Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/
Marco Tulio Amaya, le puso alma, vida y corazón a la defensa de más de un centenar de personas perseguidas políticas desde el golpe de Estado, sus asesinos mataron su cuerpo la tarde del 20 de julio de este año, pero su ejemplo de solidaridad se quedó con el pueblo de Honduras.
El abogado de la resistencia fue asesinado junto a dos personas a quienes defendió en un juicio en el oriente del país. Fueron acribillados con AK-47 y con balas de acero en la carretera que conduce a la Villa de San Francisco al oriente de Tegucigalpa, según la información de la policía.
El cuerpo de Amaya estaba siendo velado en una funeraria de la capital, decenas de amigos, amigas, familiares y colegas abogados llegaron a decir el último adiós a una persona cuyo aporte legal dejó fuera de las rejas a campesinos y campesinas; hombres, mujeres y jóvenes de la resistencia y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, SITRAUNAH, perseguidos por la actual rectora, Julieta Castellanos.
Desde que iniciaron los juicios por persecución política a finales de julio de 2009, cuando la dictadura de Roberto Micheletti y los patrocinadores del golpe de Estado, decidieron aplicar el látigo de la injusticia para detener las ansias de libertad del pueblo en resistencia, el abogado Amaya dijo presente para defender a quienes estaban en completa indefensión ante la militarización de la justicia.
El abogado Marco Tulio era un estratega del Frente de Abogados contra el Golpe de Estado, peleó ante jueces que torcieron la justicia, por la libertad de los y las perseguidas políticas que fueron encarceladas por levantar la voz contra el golpe de Estado, 24 de estas personas fueron detenidas ilegalmente el 12 de agosto del año pasado, sus cuerpos presentaban serias torturas las cuales fueron aplicadas en los bajos del Congreso Nacional por policías y elementos COBRAS y aunque el COFADEH presentó la denuncia ante la Fiscalía de los derechos humanos, hasta ahora ninguno de sus agresores ha sido castigado.
Una colega abogada que llegó al velatorio se lamentó de la pérdida de esta valiosa vida, “él entregó mucho tiempo a la defensa de las personas que eran apresadas por la dictadura, realmente perdimos a una persona clave”.
La abogada Kenia Oliva, del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH dijo “Que terrible la noticia, estoy impactada, tuve la oportunidad de conocer al abogado Amaya y de participar en la defensa de varios compañeros y compañeras que fueron acusados por delitos políticos”.
Para ella el abogado era una persona muy consciente pese a que no pertenecía a ninguna organización de DDHH estaba muy preocupado por todas las violaciones que se dieron a las garantías procesales y judiciales en el marco del golpe de Estado.
Lo describió como un hombre calmado, muy observador y sobre todo muy conocedor de la materia penal, “es una lástima que ya no esté más con nosotros, no conozco las circunstancias de la muerte pero cualquiera que sea, solo demuestra lo vulnerables que somos los que trabajamos y nos ganamos el pan de cada día honradamente”.
Su aporte a la resistencia
El trabajo silencioso del abogado Marco Tulio amaya fue un valioso aporte para el Frente de Abogados contra el Golpe, su pensamiento estaba dirigido a ganarle la partida a la injusticia. Es necesario que rescatemos la memoria, la cual quieren borrar los violadores de los derechos humanos.
El 22 de septiembre cuando los cuerpos represivos desalojaron violentamente a miles de personas de las afueras de la Embajada de Brasil, que llegaron para apoyar al presidente Manuel Zelaya Rosales que se alojó en esa sede diplomática, la cacería policial-militar capturó de centenares de personas, unas fueron dejadas en libertad, a otras les abrieron expedientes con delitos inventados por la fiscalía, entre ellos el de sedición.
Uno de los detenidos ese día fue Antonio Porta Álvarez junto a su novia Antolina, uno de los defensores fue el abogado Amaya, quien señaló que las pruebas presentadas en contra de los detenidos no tenían sustento, al final se logró una medida cautelar que sacó de las rejas a ambos.
El 30 de septiembre de 2009 unos 54 campesinos y campesinas, fueron desalojadas del Instituto Nacional Agrario, INA, por policías que les llevaron apresados, después la fiscalía los acusó de sedición, allí estuvo Marco Tulio Amaya, junto a otros y otras colegas del Frente de Abogados contra el Golpe, de Vía Campesina y del COFADEH.
Su estrategia de lucha en el ámbito legal era milimétricamente estudiada para vencer en los tribunales de justicia. Aunque su muerte aparenta estar vinculada con la delincuencia común, varias personas comentaron que podría haberse aprovechado las circunstancias para asesinar al abogado y deshacerse de alguien que era clave en los juicios por persecución política.
Dirigentes del SITRAUNAH llegaron con arreglos flores para rendir tributo a su defensor que logró jugarle con inteligencia a jueces y fiscales coludidos con el poder.
También Alba Ochoa, Coordinadora del Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos, entregó un comunicado a los familiares del abogado Amaya.
Ochoa fue detenida junto a más de 20 personas más por policías y COBRAS que dispersaron una enorme manifestación que se movilizaba hasta el centro de la capital.
Ella fue golpeada salvajemente en su rostro y otras partes del cuerpo por policías hombres y mujeres que la arremetieron contra ella porque protestó cuando agredían a otra persona. y tomó una fotografía.
Fue llevada a los bajos del Congreso Nacional donde se ensañaron contra ella dejándole fuertes golpes, después fue llevada con los demás al escuadrón COBRAS, un lugar no legal para encarcelar personas. En la plana de defensores y defensoras suyos estaba el abogado Marco Tulio Amaya.
Al velatorio también llegó una delegación del COFADEH para solidarizarse con la esposa y demás familiares de la víctima, que no podían dar crédito a esta trágica realidad de perder a su pariente. Según se informó será sepultado en Tocoa, Colón hasta donde será llevado este jueves 22 de julio.
Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/
martes, 20 de julio de 2010
Fiscalía ecuatoriana recibe informe sobre violaciones a derechos humanos en últimos 30 años
TeleSUR
La Comisión de la Verdad ecuatoriana que investiga violaciones a los derechos humanos en ese país en los últimos 30 años entregó su informe final al fiscal general, Washington Pesántez, este lunes.
"Recibo, para que una vez ingresada como lo estamos haciendo, comience la investigación que corresponda. Este es el antecedente", indicó a la prensa local el fiscal en relación con el análisis que se hará a los casos señalados en el informe.
La Comisión de la Verdad en Ecuador fue creada por el presidente, Rafael Correa, el 3 de mayo de 2007 por Decreto Ejecutivo con el objetivo de esclarecer y hacer justicia ante todos los hechos violentos y atropellos a los derechos humanos de parte de funcionarios del Estado entre 1984 y 1988.
Esta comisión la conforman familiares de las víctimas, representantes de organismos defensores de los derechos humanos y un delegado del Ministerio de Gobierno y, además, cuenta con un Comité de Soporte.
"La creación de la Comisión Ecuatoriana de la Verdad, por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, no es para abrir antiguas heridas sino porque éstas jamás cicatrizaron, son llagas que jamás fueron curadas", enfatizó el presidente Correa en ese momento a los medios.
El fiscal explicó que para procesar los casos que reseña el informe, y que correspondan judicialmente, se creará una Comisión Especializada conformada por algunos de los 550 fiscales que existen en la República.
"Actuaremos con la objetividad que le ha caracterizado, particularmente, a esta administración", afirmó.
Por su lado, el ministro de Justicia, José Serrano, comentó que el Estado empleará un millón de dólares para procesar los casos ante la justicia, de los cuales 600 mil serán destinados para la protección de testigos y 400 mil para pagar a los fiscales.
Luego de ocho años de investigaciones, la Comisión de la Verdad creada por Correa terminó su informe final el pasado 7 de junio en el cual se reflejan cientos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado en Ecuador.
El texto consta de unas dos mil 400 páginas organizadas en cinco volúmenes que contienen testimonios y pruebas de 118 casos, en los cuales 456 personas fueron víctimas de unas 830 violaciones cometidas por 400 autoridades gubernamentales, entre policías, militares y civiles, aproximadamente.
De estos casos, el 78 por ciento se ubican en el periodo presidencial de León Febres Cordero (1984-1988).
Ante esta comisión de la verdad, el ex presidente admitió en el año 2007 que existieron violaciones a los derechos humanos durante su mandato pero que éstas ya habían sido resueltas.
"La violación a los derechos humanos, desgraciadamente, se da en todos los gobiernos del mundo, en mi mandato se dieron lamentablemente, pero posterior a ello se triplicaron", agregó el ex líder.
Entre los atropellos que refleja el informe de la comisión se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Durante el Gobierno de Cordero se llevaron a cabo 32 ejecuciones extrajudiciales, 12 atentandos, nueve desapariciones forzadas, 214 privaciones ilegales de la libertad, 275 torturas y 72 casos de violencia sexual.
La Comisión de la Verdad ecuatoriana que investiga violaciones a los derechos humanos en ese país en los últimos 30 años entregó su informe final al fiscal general, Washington Pesántez, este lunes.
"Recibo, para que una vez ingresada como lo estamos haciendo, comience la investigación que corresponda. Este es el antecedente", indicó a la prensa local el fiscal en relación con el análisis que se hará a los casos señalados en el informe.
La Comisión de la Verdad en Ecuador fue creada por el presidente, Rafael Correa, el 3 de mayo de 2007 por Decreto Ejecutivo con el objetivo de esclarecer y hacer justicia ante todos los hechos violentos y atropellos a los derechos humanos de parte de funcionarios del Estado entre 1984 y 1988.
Esta comisión la conforman familiares de las víctimas, representantes de organismos defensores de los derechos humanos y un delegado del Ministerio de Gobierno y, además, cuenta con un Comité de Soporte.
"La creación de la Comisión Ecuatoriana de la Verdad, por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, no es para abrir antiguas heridas sino porque éstas jamás cicatrizaron, son llagas que jamás fueron curadas", enfatizó el presidente Correa en ese momento a los medios.
El fiscal explicó que para procesar los casos que reseña el informe, y que correspondan judicialmente, se creará una Comisión Especializada conformada por algunos de los 550 fiscales que existen en la República.
"Actuaremos con la objetividad que le ha caracterizado, particularmente, a esta administración", afirmó.
Por su lado, el ministro de Justicia, José Serrano, comentó que el Estado empleará un millón de dólares para procesar los casos ante la justicia, de los cuales 600 mil serán destinados para la protección de testigos y 400 mil para pagar a los fiscales.
Luego de ocho años de investigaciones, la Comisión de la Verdad creada por Correa terminó su informe final el pasado 7 de junio en el cual se reflejan cientos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado en Ecuador.
El texto consta de unas dos mil 400 páginas organizadas en cinco volúmenes que contienen testimonios y pruebas de 118 casos, en los cuales 456 personas fueron víctimas de unas 830 violaciones cometidas por 400 autoridades gubernamentales, entre policías, militares y civiles, aproximadamente.
De estos casos, el 78 por ciento se ubican en el periodo presidencial de León Febres Cordero (1984-1988).
Ante esta comisión de la verdad, el ex presidente admitió en el año 2007 que existieron violaciones a los derechos humanos durante su mandato pero que éstas ya habían sido resueltas.
"La violación a los derechos humanos, desgraciadamente, se da en todos los gobiernos del mundo, en mi mandato se dieron lamentablemente, pero posterior a ello se triplicaron", agregó el ex líder.
Entre los atropellos que refleja el informe de la comisión se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Durante el Gobierno de Cordero se llevaron a cabo 32 ejecuciones extrajudiciales, 12 atentandos, nueve desapariciones forzadas, 214 privaciones ilegales de la libertad, 275 torturas y 72 casos de violencia sexual.
Carta de organizaciones al departamento de Estado de EEUU en relación con Honduras
15 de julio de 2010
Honorable Hillary Clinton
Secretaria de Estado
Departamento de Estado de los Estados Unidos
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Estimada Señora Secretaria Clinton:
Nos dirigimos a usted con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación respecto de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Honduras, las cuales han tenido lugar desde la asunción al gobierno de Porfirio Lobo Sosa el 27 de enero de este año. Muchas de las personas amenazadas, atacadas y asesinadas pertenecían al Frente Nacional de Resistencia Popular o se oponían de otra forma al golpe de estado que tuvo lugar el 28 de junio de 2009. Exhortamos al Departamento de Estado a condicionar el suministro de asistencia a Honduras a la realización de una inmediata investigación de estos casos y a la adopción de medidas efectivas para asegurar que se ponga fin a estos abusos.
Entre los asesinatos de activistas sociales ocurridos en 2010 mencionamos los siguientes: Julio Fúnez Benítez, dirigente sindical, asesinado por personas que se desplazaban en motocicleta; Claudia Maritza Brizuela, hija del dirigente sindical Pedro Brizuela, asesinada en su hogar; Francisco Castillo, activista; Juan Manuel Flores Arguijo, maestro, dirigente de la resistencia nacional, asesinado frente a sus alumnos; Adalberto Figueroa, dirigente ambiental, asesinado por hombres encapuchados; Gilberto Alexander Núñez Ochoa, dirigente de la resistencia; Pedro Antonio Durón Gómez, hermano de Arcadia Gómez, integrante del gabinete del Presidente Zelaya, y Vanessa Zepeda Alonzo, dirigente sindical, quien fue asesinada después de ser secuestrada al salir de una reunión sindical. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos siete de los ocho activistas estaban directamente asociados con la oposición al golpe de estado o a través de integrantes de su familia. Los activistas también han informado sobre ataques en los que se les ha amenazado por su actividad política. La CIDH también ha expresado su “profunda preocupación” por información recibida según la cual “se está secuestrando, atacando y amenazando a hijos de dirigentes del Frente de Resistencia, como estrategia para silenciar la resistencia.”
La violencia contra periodistas no tiene precedentes y Honduras se ha transformado en el país más peligroso del continente para el ejercicio de esta profesión. Durante el primer semestre de 2010 fueron asesinados ocho periodistas. Antes del golpe de estado del 28 de junio, el Comité de Protección de Periodistas registraba tres asesinatos de periodistas durante el período de seis años y medio que abarcó desde 2003 hasta mediados de 2009. "Esta ola de violencia mortal", según el Comité de Protección de Periodistas, "limita gravemente la capacidad de los medios de informar." Según el testimonio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, los periodistas asesinados son: David Meza Montesinos de Radio América y Radio el Patio, quién había recibido amenazas por informar en relación con el narcotráfico y por su oposición activa contra el golpe de estado; Nahúm Palacios, director de noticias del Canal 5 de televisión de Aguán, quien había recibido amenazas de muerte después del golpe; Joseph Hernández Ochoa de Canal 51, asesinado a tiros mientras se desplazaba en su carro con otra periodista, Karol Cabrera, quien había denunciado haber recibido amenazas de los opositores al golpe, y que resultó herida; Manuel Juárez y José Bayardo Mairena, quienes habían informado en relación con conflictos por las tierras y el crimen organizado, asesinados a tiros en su carro en Olancho; Luis Antonio Chévez Hernández de Radio W105, junto con su primo, Julio Alberto Hernández; Jorge Alberto “Georgino” Orellana, quien había dejado su empleo en Televicentro por no estar de acuerdo con el apoyo que la emisora brindaba al golpe, asesinado a tiros en San Pedro Sula; y Luis Arturo Mondragón Morazán, propietario de 19 Paraíso TV. Los periodistas – incluido el personal de emisoras de radio y televisión que habían sido clausuradas o que habían sufrido acoso militar o policial después del golpe de estado del 28 de junio, tales como Radio Progreso y La Voz de Occidente – siguen enfrentando amenazas de muerte.
El gobierno hondureño no ha podido crear un clima en el cual los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas puedan desempeñar libremente su importante labor. Los defensores de derechos humanos son el blanco específico de amenazas de muerte y otros actos de intimidación. La violación de los derechos humanos y de la libertad de expresión por parte del gobierno de facto generó una atmósfera en la cual los abusos son cada día mayores. Sin embargo, en los primeros seis meses de la administración Lobo, prácticamente ninguna de las violaciones que tuvieron lugar después del 28 de junio se está investigando seriamente. Por ejemplo, la CIDH ha observado que no se han castigado las detenciones arbitrarias de periodistas ni los abusos que tuvieron lugar cuando las fuerzas de seguridad ocuparon las emisoras de radio y televisión después del golpe. Asimismo, según la CIDH , los asesinatos, las amenazas y el acoso de periodistas y activistas ocurridos durante 2010 “no son objeto de investigaciones adecuadas por parte del sistema judicial.” Por cierto, durante su visita de mayo, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH declararon su “profunda preocupación por la falta de investigaciones eficaces que conduzcan a la aclaración de estos hechos.”
Además, el gobierno hondureño no ha podido implementar medidas de protección efectivas para las personas en riesgo según fue ordenado por la CIDH, éste órgano describe la respuesta del gobierno a las medidas como "escasa, tardía, deficiente y en algunos casos, inexistente.” La libertad de expresión también está sometida a las restricciones que impone CONATEL, la agencia de telecomunicaciones del gobierno, a través de la continuación de sus facultades (decreto ejecutivo #124-2009) para clausurar medios de prensa, y de acciones tales como la reciente destitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de cuatro jueces que abiertamente se opusieron al golpe. No se trata solamente de las amenazas y de los ataques contra los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas, se trata además de la falta de acción por parte del Estado de Honduras para hacer frente a estos abusos y realizar las reformas necesarias, todo lo anterior hace que se genere un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión.
Exhortamos al Departamento de Estado a denunciar de forma sistemática y pública las violaciones que tienen lugar en Honduras contra los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas. Solicitamos a los Estados Unidos que se condicione el suministro de asistencia estadounidense a la adopción de medidas que demuestren el compromiso del gobierno hondureño de respaldar el estado de derecho. Esto abarca la investigación rápida y efectiva de las violaciones; la suspensión, investigación y el procesamiento inmediato de cualquier oficial de las fuerzas de seguridad que haya estado involucrado en tales acciones, ya sea por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes; el desmantelamiento de los grupos civiles armados que operando al margen de la ley participaron en tales acciones; y el eficaz establecimiento de medidas de protección de acuerdo con lo requerido por la CIDH. Adicionalmente, es necesario investigar y enfrentar la escalada de violencia que se produjo después del golpe de estado contra activistas LGBT y sus causas. Tal como señala la CIDH , destacamos que la existencia de una “Comisión de la Verdad y la Reconciliación ” “no exime en forma alguna al Estado de su responsabilidad internacional de investigar, procesar y castigar a través del sistema judicial a los agentes del Estado que hayan cometido violaciones de los derechos humanos.”
Además, exhortamos a la Embajada de los Estados Unidos a alentar las reformas necesarias, por ejemplo, la derogación del decreto ejecutivo #124-2009; el retiro del personal militar de funciones que no les corresponden, tales como la dirección de la agencia de telecomunicaciones y de inmigración; asegurar que los militares no ejerzan funciones de seguridad ciudadana, y asegurar que se implementen medidas para fortalecer la independencia del Poder Judicial. Finalmente, teniendo en cuenta la gravedad de las violaciones de los derechos humanos durante el último año, exhortamos al Departamento de Estado a alentar al gobierno hondureño para que acepte el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con amplio mandato para fortalecer el estado de derecho y para que brinde su apoyo a dicha oficina luego de su establecimiento.
En la reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Honduras Mario Canahuati, la cual tuvo lugar en abril, usted resaltó que Estados Unidos desea “trabajar con el gobierno y el pueblo de Honduras para retomar totalmente el camino de la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno.” Todavía queda mucho por recorrer para que el Estado hondureño retome ese camino y el primer paso esencial es crear un clima en el cual los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas puedan desempeñar su labor fundamental libremente.
Atentamente.
Rev. Michael Kinnamon, Ph.D
Secretario General
Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos
Robert White
Presidente
Center for International Policy
Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Jean Stokan
Director, Equipo de Justicia
Sisters of Mercy of the Americas
Jenny Atlee
Coordinadora
Quixote Center
James E. Winkler
Secretario General, Junta General de Iglesia y Sociedad
Iglesia Metodista Unida
Joy Olson
Directora Ejecutiva
Washington Office on Latin America
Sarah Stephens
Directora Ejecutiva
Center for Democracy in the Americas
Wayne S. Smith
Miembro numerario
Center for International Policy
Mark W. Harrison
Director, Programa de Paz con Justicia
Junta General de Iglesia y Sociedad Metodista Unida
Valerie Novak
Representante
Comisión para América Latina y el Caribe de la Comunidad Loretto
Abigail Poe
Subdirectora
Center for International Policy
Amanda Martin
Director
Guatemala Human Rights Commission/EE.UU.
David Kane
Asociado para América Latina y Justicia Económica
Oficina Maryknoll para Asuntos Globales
Stephen Coats
Director Ejecutivo
Proyecto de Solidaridad Laboral en las Américas (USLEAP)
Timi Gerson
Directora de Incidencia
American Jewish World Service
Sharon Hostetler
Directora Ejecutiva
Witness for Peace
Pam Bowman
Coordinadora Legislativa y de Investigación
SOA Watch
T. Michael McNulty, SJ
Director de Justicia y Paz
Conference of Major Superiors of Men (CMSM)
Tom Loudon
Miembro de la Junta Directiva
U.S.-Nicaragua Friendship Office
Martin Shupack
Director de Incidencia
Servicio Mundial de la Iglesia
Michael Neuroth
Defensor de Políticas sobre Temas Internacionales
Ministerios de Justicia y Testimonio, Iglesia Unida de Cristo
Mark Weisbrot
Co-Director Ejecutivo
Center for Economic and Policy Research
Tracey S. King
Presidente
Ecumenical Committee of English speaking Church Personnel in Nicaragua
Manuel Pérez Rocha
Asociada numeraria, Proyecto Economía Global
Institute for Policy Studies
Roz Dzelzitis
Directora Ejecutiva
May I Speak Freely Media
James Vondracek
Director Ejecutivo
Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Cc:
María Otero, Subsecretaria de Democracia y Asuntos Mundiales
Michael Posner, Secretario Asistente de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Derechos Laborales
Arturo Valenzuela, Secretario Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental
Embajador Hugo Llorens
Gregory Maggio, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Derechos Laborales
David Wolfe, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental
Christopher Webster, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental
Honorable Hillary Clinton
Secretaria de Estado
Departamento de Estado de los Estados Unidos
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Estimada Señora Secretaria Clinton:
Nos dirigimos a usted con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación respecto de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Honduras, las cuales han tenido lugar desde la asunción al gobierno de Porfirio Lobo Sosa el 27 de enero de este año. Muchas de las personas amenazadas, atacadas y asesinadas pertenecían al Frente Nacional de Resistencia Popular o se oponían de otra forma al golpe de estado que tuvo lugar el 28 de junio de 2009. Exhortamos al Departamento de Estado a condicionar el suministro de asistencia a Honduras a la realización de una inmediata investigación de estos casos y a la adopción de medidas efectivas para asegurar que se ponga fin a estos abusos.
Entre los asesinatos de activistas sociales ocurridos en 2010 mencionamos los siguientes: Julio Fúnez Benítez, dirigente sindical, asesinado por personas que se desplazaban en motocicleta; Claudia Maritza Brizuela, hija del dirigente sindical Pedro Brizuela, asesinada en su hogar; Francisco Castillo, activista; Juan Manuel Flores Arguijo, maestro, dirigente de la resistencia nacional, asesinado frente a sus alumnos; Adalberto Figueroa, dirigente ambiental, asesinado por hombres encapuchados; Gilberto Alexander Núñez Ochoa, dirigente de la resistencia; Pedro Antonio Durón Gómez, hermano de Arcadia Gómez, integrante del gabinete del Presidente Zelaya, y Vanessa Zepeda Alonzo, dirigente sindical, quien fue asesinada después de ser secuestrada al salir de una reunión sindical. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos siete de los ocho activistas estaban directamente asociados con la oposición al golpe de estado o a través de integrantes de su familia. Los activistas también han informado sobre ataques en los que se les ha amenazado por su actividad política. La CIDH también ha expresado su “profunda preocupación” por información recibida según la cual “se está secuestrando, atacando y amenazando a hijos de dirigentes del Frente de Resistencia, como estrategia para silenciar la resistencia.”
La violencia contra periodistas no tiene precedentes y Honduras se ha transformado en el país más peligroso del continente para el ejercicio de esta profesión. Durante el primer semestre de 2010 fueron asesinados ocho periodistas. Antes del golpe de estado del 28 de junio, el Comité de Protección de Periodistas registraba tres asesinatos de periodistas durante el período de seis años y medio que abarcó desde 2003 hasta mediados de 2009. "Esta ola de violencia mortal", según el Comité de Protección de Periodistas, "limita gravemente la capacidad de los medios de informar." Según el testimonio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, los periodistas asesinados son: David Meza Montesinos de Radio América y Radio el Patio, quién había recibido amenazas por informar en relación con el narcotráfico y por su oposición activa contra el golpe de estado; Nahúm Palacios, director de noticias del Canal 5 de televisión de Aguán, quien había recibido amenazas de muerte después del golpe; Joseph Hernández Ochoa de Canal 51, asesinado a tiros mientras se desplazaba en su carro con otra periodista, Karol Cabrera, quien había denunciado haber recibido amenazas de los opositores al golpe, y que resultó herida; Manuel Juárez y José Bayardo Mairena, quienes habían informado en relación con conflictos por las tierras y el crimen organizado, asesinados a tiros en su carro en Olancho; Luis Antonio Chévez Hernández de Radio W105, junto con su primo, Julio Alberto Hernández; Jorge Alberto “Georgino” Orellana, quien había dejado su empleo en Televicentro por no estar de acuerdo con el apoyo que la emisora brindaba al golpe, asesinado a tiros en San Pedro Sula; y Luis Arturo Mondragón Morazán, propietario de 19 Paraíso TV. Los periodistas – incluido el personal de emisoras de radio y televisión que habían sido clausuradas o que habían sufrido acoso militar o policial después del golpe de estado del 28 de junio, tales como Radio Progreso y La Voz de Occidente – siguen enfrentando amenazas de muerte.
El gobierno hondureño no ha podido crear un clima en el cual los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas puedan desempeñar libremente su importante labor. Los defensores de derechos humanos son el blanco específico de amenazas de muerte y otros actos de intimidación. La violación de los derechos humanos y de la libertad de expresión por parte del gobierno de facto generó una atmósfera en la cual los abusos son cada día mayores. Sin embargo, en los primeros seis meses de la administración Lobo, prácticamente ninguna de las violaciones que tuvieron lugar después del 28 de junio se está investigando seriamente. Por ejemplo, la CIDH ha observado que no se han castigado las detenciones arbitrarias de periodistas ni los abusos que tuvieron lugar cuando las fuerzas de seguridad ocuparon las emisoras de radio y televisión después del golpe. Asimismo, según la CIDH , los asesinatos, las amenazas y el acoso de periodistas y activistas ocurridos durante 2010 “no son objeto de investigaciones adecuadas por parte del sistema judicial.” Por cierto, durante su visita de mayo, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH declararon su “profunda preocupación por la falta de investigaciones eficaces que conduzcan a la aclaración de estos hechos.”
Además, el gobierno hondureño no ha podido implementar medidas de protección efectivas para las personas en riesgo según fue ordenado por la CIDH, éste órgano describe la respuesta del gobierno a las medidas como "escasa, tardía, deficiente y en algunos casos, inexistente.” La libertad de expresión también está sometida a las restricciones que impone CONATEL, la agencia de telecomunicaciones del gobierno, a través de la continuación de sus facultades (decreto ejecutivo #124-2009) para clausurar medios de prensa, y de acciones tales como la reciente destitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de cuatro jueces que abiertamente se opusieron al golpe. No se trata solamente de las amenazas y de los ataques contra los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas, se trata además de la falta de acción por parte del Estado de Honduras para hacer frente a estos abusos y realizar las reformas necesarias, todo lo anterior hace que se genere un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión.
Exhortamos al Departamento de Estado a denunciar de forma sistemática y pública las violaciones que tienen lugar en Honduras contra los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas. Solicitamos a los Estados Unidos que se condicione el suministro de asistencia estadounidense a la adopción de medidas que demuestren el compromiso del gobierno hondureño de respaldar el estado de derecho. Esto abarca la investigación rápida y efectiva de las violaciones; la suspensión, investigación y el procesamiento inmediato de cualquier oficial de las fuerzas de seguridad que haya estado involucrado en tales acciones, ya sea por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes; el desmantelamiento de los grupos civiles armados que operando al margen de la ley participaron en tales acciones; y el eficaz establecimiento de medidas de protección de acuerdo con lo requerido por la CIDH. Adicionalmente, es necesario investigar y enfrentar la escalada de violencia que se produjo después del golpe de estado contra activistas LGBT y sus causas. Tal como señala la CIDH , destacamos que la existencia de una “Comisión de la Verdad y la Reconciliación ” “no exime en forma alguna al Estado de su responsabilidad internacional de investigar, procesar y castigar a través del sistema judicial a los agentes del Estado que hayan cometido violaciones de los derechos humanos.”
Además, exhortamos a la Embajada de los Estados Unidos a alentar las reformas necesarias, por ejemplo, la derogación del decreto ejecutivo #124-2009; el retiro del personal militar de funciones que no les corresponden, tales como la dirección de la agencia de telecomunicaciones y de inmigración; asegurar que los militares no ejerzan funciones de seguridad ciudadana, y asegurar que se implementen medidas para fortalecer la independencia del Poder Judicial. Finalmente, teniendo en cuenta la gravedad de las violaciones de los derechos humanos durante el último año, exhortamos al Departamento de Estado a alentar al gobierno hondureño para que acepte el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con amplio mandato para fortalecer el estado de derecho y para que brinde su apoyo a dicha oficina luego de su establecimiento.
En la reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Honduras Mario Canahuati, la cual tuvo lugar en abril, usted resaltó que Estados Unidos desea “trabajar con el gobierno y el pueblo de Honduras para retomar totalmente el camino de la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno.” Todavía queda mucho por recorrer para que el Estado hondureño retome ese camino y el primer paso esencial es crear un clima en el cual los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas puedan desempeñar su labor fundamental libremente.
Atentamente.
Rev. Michael Kinnamon, Ph.D
Secretario General
Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos
Robert White
Presidente
Center for International Policy
Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Jean Stokan
Director, Equipo de Justicia
Sisters of Mercy of the Americas
Jenny Atlee
Coordinadora
Quixote Center
James E. Winkler
Secretario General, Junta General de Iglesia y Sociedad
Iglesia Metodista Unida
Joy Olson
Directora Ejecutiva
Washington Office on Latin America
Sarah Stephens
Directora Ejecutiva
Center for Democracy in the Americas
Wayne S. Smith
Miembro numerario
Center for International Policy
Mark W. Harrison
Director, Programa de Paz con Justicia
Junta General de Iglesia y Sociedad Metodista Unida
Valerie Novak
Representante
Comisión para América Latina y el Caribe de la Comunidad Loretto
Abigail Poe
Subdirectora
Center for International Policy
Amanda Martin
Director
Guatemala Human Rights Commission/EE.UU.
David Kane
Asociado para América Latina y Justicia Económica
Oficina Maryknoll para Asuntos Globales
Stephen Coats
Director Ejecutivo
Proyecto de Solidaridad Laboral en las Américas (USLEAP)
Timi Gerson
Directora de Incidencia
American Jewish World Service
Sharon Hostetler
Directora Ejecutiva
Witness for Peace
Pam Bowman
Coordinadora Legislativa y de Investigación
SOA Watch
T. Michael McNulty, SJ
Director de Justicia y Paz
Conference of Major Superiors of Men (CMSM)
Tom Loudon
Miembro de la Junta Directiva
U.S.-Nicaragua Friendship Office
Martin Shupack
Director de Incidencia
Servicio Mundial de la Iglesia
Michael Neuroth
Defensor de Políticas sobre Temas Internacionales
Ministerios de Justicia y Testimonio, Iglesia Unida de Cristo
Mark Weisbrot
Co-Director Ejecutivo
Center for Economic and Policy Research
Tracey S. King
Presidente
Ecumenical Committee of English speaking Church Personnel in Nicaragua
Manuel Pérez Rocha
Asociada numeraria, Proyecto Economía Global
Institute for Policy Studies
Roz Dzelzitis
Directora Ejecutiva
May I Speak Freely Media
James Vondracek
Director Ejecutivo
Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Cc:
María Otero, Subsecretaria de Democracia y Asuntos Mundiales
Michael Posner, Secretario Asistente de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Derechos Laborales
Arturo Valenzuela, Secretario Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental
Embajador Hugo Llorens
Gregory Maggio, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Derechos Laborales
David Wolfe, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental
Christopher Webster, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental
Lenta pero viene...
En estos tiempos de muerte e impunidad que flagelan al pueblo hondureño y que se siguen profundizando en gran parte porque las estructuras del golpe de Estado se mantienen intactas en el gobierno de Lobo Sosa, pareciera que la aplicación de la justicia es una utopía difícil de alcanzar.
Sin embargo, desde todos los rincones del planeta nos vienen noticias alentadoras que nos hacen exclamar, parafraseando a Benedetti: “lenta pero viene, la justicia se acerca despacio pero viene”.
En primer lugar, después de 15 años de la masacre de Srebenica en Bosnia, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia condenó a varios jerarcas militares al encontrarlos responsables de la muerte de 8 mil jóvenes y hombres musulmanes bosnios en julio de 1995. Dos militares fueron condenados a cadena perpetua, un militar a 35 años de prisión y cuatro a penas de cárcel de 5 a 19 años.
Por estos mismos hechos, el ex presidente de Serbia, Radovan Karadzic fue detenido en el 2008 y también podría ser condenado a cadena perpetua; el entonces general Ratko Mladic se encuentra prófugo y ha sido acusado de genocidio; y el ex presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, murió de un infarto cardíaco en marzo de 2006, mientras era enjuiciado como responsable principal.
En segundo lugar, Francia juzgará a 17 chilenos, la mayoría militares, por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada en la década de 1970 de cuatro franceses y chilenos-franceses durante el gobierno del ex dictador Augusto Pinochet. Entre los acusados está el general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta chilena.
En tercer lugar, la justicia colombiana condenó a 30 años de prisión al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como responsable del secuestro y la desaparición forzada de 11 personas en la retoma del palacio de justicia en 1985.
En cuarto lugar, el ex presidente de facto argentino Rafael Videla está enfrentando un nuevo juicio, junto a otras 30 personas, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su dictadura.
Estos pocos ejemplos nos ratifican que tarde o temprano la justicia llegará para las víctimas del golpe militar en Honduras y nos recuerdan que los crímenes cometidos por los golpistas hondureños no quedarán sin castigo.
Por eso, haciendo eco del día mundial de la justicia internacional celebrado el pasado 17 de julio, tenemos la esperanza de que aunque el sistema judicial hondureño no quiera castigar a los violadores de los derechos humanos, “la justicia se acerca despacio pero viene”.
Sin embargo, desde todos los rincones del planeta nos vienen noticias alentadoras que nos hacen exclamar, parafraseando a Benedetti: “lenta pero viene, la justicia se acerca despacio pero viene”.
En primer lugar, después de 15 años de la masacre de Srebenica en Bosnia, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia condenó a varios jerarcas militares al encontrarlos responsables de la muerte de 8 mil jóvenes y hombres musulmanes bosnios en julio de 1995. Dos militares fueron condenados a cadena perpetua, un militar a 35 años de prisión y cuatro a penas de cárcel de 5 a 19 años.
Por estos mismos hechos, el ex presidente de Serbia, Radovan Karadzic fue detenido en el 2008 y también podría ser condenado a cadena perpetua; el entonces general Ratko Mladic se encuentra prófugo y ha sido acusado de genocidio; y el ex presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, murió de un infarto cardíaco en marzo de 2006, mientras era enjuiciado como responsable principal.
En segundo lugar, Francia juzgará a 17 chilenos, la mayoría militares, por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada en la década de 1970 de cuatro franceses y chilenos-franceses durante el gobierno del ex dictador Augusto Pinochet. Entre los acusados está el general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta chilena.
En tercer lugar, la justicia colombiana condenó a 30 años de prisión al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como responsable del secuestro y la desaparición forzada de 11 personas en la retoma del palacio de justicia en 1985.
En cuarto lugar, el ex presidente de facto argentino Rafael Videla está enfrentando un nuevo juicio, junto a otras 30 personas, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su dictadura.
Estos pocos ejemplos nos ratifican que tarde o temprano la justicia llegará para las víctimas del golpe militar en Honduras y nos recuerdan que los crímenes cometidos por los golpistas hondureños no quedarán sin castigo.
Por eso, haciendo eco del día mundial de la justicia internacional celebrado el pasado 17 de julio, tenemos la esperanza de que aunque el sistema judicial hondureño no quiera castigar a los violadores de los derechos humanos, “la justicia se acerca despacio pero viene”.
sábado, 17 de julio de 2010
Día mundial de la justicia internacional: El mundo entero celebra el 12° aniversario del nuevo sistema global para terminar con la impunidad
Comunicado de prensa de la Coalición por la Corte Penal Internacional
Nueva York, NY - El 17 de julio, el mundo entero celebra el Día Mundial de la Justicia Internacional para recordar la adopción del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). El Día Mundial de la Justicia Internacional es un recordatorio de la necesidad que comparten todos los Estados comprometidos con la justicia de asegurar el continuo apoyo al sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma, expresó hoy la Coalición por la Corte Penal internacional (CCPI).
Hace ya doce años en esta misma fecha, el Estatuto de Roma fue adoptado por el voto de 120 naciones. Hoy, ya se han unido a la Corte 111 naciones y cada vez son más. Los miembros de la CCPI celebran este día en solidaridad con las víctimas de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra a través de numerosos eventos en todo el mundo.
"El Día Mundial de la Justicia Internacional es un día para afirmar que las víctimas de estos terribles crímenes merecen reparaciones y que el tratado de la CPI representa una gran victoria en la protección de los derechos humanos universales y el avance de la seguridad humana", declaró William R Pace, Coordinador de la CCPI. "La mayoría de los tribunales ad hoc y especiales han comenzado a prepararse para finalizar sus funciones. Por eso hoy, queremos pedir a todos los Estados, organizaciones internacionales, a la sociedad civil y a los medios de todo el mundo que reafirmen su compromiso con la justicia y con el objetivo común de que todas las naciones ratifiquen el Estatuto de Roma de la CPI, el único sistema permanente dedicado a la justicia penal internacional" , agregó.
El Día Mundial de la Justicia Internacional es una oportunidad para que la comunidad mundial celebre este histórico avance en la lucha contra la impunidad por los más terribles crímenes del derecho internacional. Desde 1993, seis tribunales especiales e internacionales han realizado 181 juicios sobre crímenes terribles cometidos en 12 países. Varios juicios similares en relación a los crímenes más graves se están llevando a cabo a nivel nacional. Hasta ahora, la CPI lleva a cabo 2 juicios, se han abierto 5 investigaciones y se han emitido 12 órdenes de arresto y tres órdenes de comparencia. El Fiscal de la CPI está analizando también varias acusaciones por crímenes cometidos en muchos otros países.
Este año, el Día Mundial de la Justicia Internacional se celebra sólo unas semanas después de la realización de la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la CPI en Kampala, Uganda, del 31 de mayo al 11 de junio. En la Conferencia, los Estados miembro de la CPI acordaron ciertas modificaciones al Estatuto de Roma. En particular, la Conferencia de Revisión adoptó una definición para el Crimen de Agresión y las disposiciones que regulan las condiciones de la habilidad de la Corte para investigar y procesar individuos por crímenes de agresión. En Kampala, los Estados asumieron también importantes compromisos sobre cuestiones de cooperación, complementariedad, víctimas, las comunidades afectadas y la paz y la justicia. La Coalición por la CPI quiere pedir a los Estados que transformen sus palabras y promesas en hechos concretos.
Estas acciones podrían alentar a otros Estados a unirse al Estatuto de Roma, ratificar el acuerdo de Privilegios e Inmunidades (APIC), implementar el Estatuto de Roma en legislaciones nacionales, demostrar un apoyo público consistente a la justicia internacional y al trabajo de la Corte, responder positivamente a los pedidos de cooperación de la Corte, firmar la ejecución de sentencias o de acuerdos de reubicación de testigos o víctimas con la CPI y proveer fondos al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas o a la Corte para mejorar sus actividades de sensibilizació n y su trabajo sobre el terreno. También es importante apoyar las iniciativas culturales, educacionales o de la sociedad civil en pos de la justicia internacional.
La Coalición por la CPI es una red de 2.500 organizaciones de la sociedad civil presente en 150 países que aboga por una CPI justa, efectiva e independiente. A través de sus miembros en todo el mundo, la misión de la Coalición apunta a lograr que la justicia sea universalmente accesible para las víctimas de los más terribles crímenes con el fin de asegurar una paz duradera.
Nueva York, NY - El 17 de julio, el mundo entero celebra el Día Mundial de la Justicia Internacional para recordar la adopción del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). El Día Mundial de la Justicia Internacional es un recordatorio de la necesidad que comparten todos los Estados comprometidos con la justicia de asegurar el continuo apoyo al sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma, expresó hoy la Coalición por la Corte Penal internacional (CCPI).
Hace ya doce años en esta misma fecha, el Estatuto de Roma fue adoptado por el voto de 120 naciones. Hoy, ya se han unido a la Corte 111 naciones y cada vez son más. Los miembros de la CCPI celebran este día en solidaridad con las víctimas de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra a través de numerosos eventos en todo el mundo.
"El Día Mundial de la Justicia Internacional es un día para afirmar que las víctimas de estos terribles crímenes merecen reparaciones y que el tratado de la CPI representa una gran victoria en la protección de los derechos humanos universales y el avance de la seguridad humana", declaró William R Pace, Coordinador de la CCPI. "La mayoría de los tribunales ad hoc y especiales han comenzado a prepararse para finalizar sus funciones. Por eso hoy, queremos pedir a todos los Estados, organizaciones internacionales, a la sociedad civil y a los medios de todo el mundo que reafirmen su compromiso con la justicia y con el objetivo común de que todas las naciones ratifiquen el Estatuto de Roma de la CPI, el único sistema permanente dedicado a la justicia penal internacional" , agregó.
El Día Mundial de la Justicia Internacional es una oportunidad para que la comunidad mundial celebre este histórico avance en la lucha contra la impunidad por los más terribles crímenes del derecho internacional. Desde 1993, seis tribunales especiales e internacionales han realizado 181 juicios sobre crímenes terribles cometidos en 12 países. Varios juicios similares en relación a los crímenes más graves se están llevando a cabo a nivel nacional. Hasta ahora, la CPI lleva a cabo 2 juicios, se han abierto 5 investigaciones y se han emitido 12 órdenes de arresto y tres órdenes de comparencia. El Fiscal de la CPI está analizando también varias acusaciones por crímenes cometidos en muchos otros países.
Este año, el Día Mundial de la Justicia Internacional se celebra sólo unas semanas después de la realización de la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la CPI en Kampala, Uganda, del 31 de mayo al 11 de junio. En la Conferencia, los Estados miembro de la CPI acordaron ciertas modificaciones al Estatuto de Roma. En particular, la Conferencia de Revisión adoptó una definición para el Crimen de Agresión y las disposiciones que regulan las condiciones de la habilidad de la Corte para investigar y procesar individuos por crímenes de agresión. En Kampala, los Estados asumieron también importantes compromisos sobre cuestiones de cooperación, complementariedad, víctimas, las comunidades afectadas y la paz y la justicia. La Coalición por la CPI quiere pedir a los Estados que transformen sus palabras y promesas en hechos concretos.
Estas acciones podrían alentar a otros Estados a unirse al Estatuto de Roma, ratificar el acuerdo de Privilegios e Inmunidades (APIC), implementar el Estatuto de Roma en legislaciones nacionales, demostrar un apoyo público consistente a la justicia internacional y al trabajo de la Corte, responder positivamente a los pedidos de cooperación de la Corte, firmar la ejecución de sentencias o de acuerdos de reubicación de testigos o víctimas con la CPI y proveer fondos al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas o a la Corte para mejorar sus actividades de sensibilizació n y su trabajo sobre el terreno. También es importante apoyar las iniciativas culturales, educacionales o de la sociedad civil en pos de la justicia internacional.
La Coalición por la CPI es una red de 2.500 organizaciones de la sociedad civil presente en 150 países que aboga por una CPI justa, efectiva e independiente. A través de sus miembros en todo el mundo, la misión de la Coalición apunta a lograr que la justicia sea universalmente accesible para las víctimas de los más terribles crímenes con el fin de asegurar una paz duradera.
viernes, 16 de julio de 2010
No sin castigar golpistas: Ecuador sigue firme en oponerse al reingreso de Honduras a la OEA
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. Junio 2010. Luego de terminar una reunión entre el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y su canciller, Ricardo Patiño, este último declaró a la prensa, el jueves, que Ecuador “no acepta” el retorno de Honduras a la OEA, “mientras no haya una clara sanción o inicio de enjuiciamiento contra los responsables del golpe militar”.
Según Patiño, tampoco es aceptable para Ecuador, que se intente reincorporar a Honduras a la OEA, sólo porque ya haya pasado un año desde el Golpe, como se argumenta. Seguir ese criterio, sería “un pésimo precedente para la democracia” en el hemisferio, dijo.
Patiño valoró que es casi “un premio por haber dado el golpe de Estado”, que algunos de los responsables directos del Golpe, incluyendo militares, ocupen cargos dentro de las estructuras de gobierno.
En particular, criticó, que el Jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, que ejecutó el golpe de Estado, “sea ahora el gerente de la empresa de telecomunicaciones Estatal de Honduras”.
Denunció "presiones de algunos países", que no mencionó, para “olvidar” el golpe de Estado, iniciado el 28 de junio de 2009, y continuado con un régimen resultado de elecciones de dudosa legitimidad, efectuadas bajo represión militar y policial, mientras el presidente constitucional, Manuel Zelaya, era torturado durante su estadía protegida en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.
De otro lado, Insulza respondió que “la decisión de reconocer o no a un gobierno no es una decisión de la Organización de Estados Americanos, sino una decisión de cada gobierno”.
El ministro aclaró que era la posición de su gobierno y no de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de la que el presdente ecuatoriano, Rafael Correa, es tambien, presidente, pro témpore, hasta agosto.
Insulza, se reunió en Estados Unidos con el titular del régimen, Porfirio Lobo, y con Zelaya, en otro intento por hacer retornar Honduras a la OEA, tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Se encuentra estancado el diálogo de una comisión integrada por, Arturo Corrales, negociador de Roberto Micheletti, en defensa del Golpe, y ahora en representación del régimen Lobo, y por Rodolfo Pastor, en nombre de Manuel Zelaya, para discutir el retorno de éste a Honduras, como condición para que el país vuelva a la OEA, de la que fue suspendido el 4 de julio de 2009.
Por primera vez, la OEA aplicó el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que obliga a suspender a un país en el que el orden democrático ha sido roto y la gestión diplomática ha fracasado.
El país suspendido queda inhabilitado para acceder a créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en tanto no sea reintegrado.
Tegucigalpa. Junio 2010. Luego de terminar una reunión entre el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y su canciller, Ricardo Patiño, este último declaró a la prensa, el jueves, que Ecuador “no acepta” el retorno de Honduras a la OEA, “mientras no haya una clara sanción o inicio de enjuiciamiento contra los responsables del golpe militar”.
Según Patiño, tampoco es aceptable para Ecuador, que se intente reincorporar a Honduras a la OEA, sólo porque ya haya pasado un año desde el Golpe, como se argumenta. Seguir ese criterio, sería “un pésimo precedente para la democracia” en el hemisferio, dijo.
Patiño valoró que es casi “un premio por haber dado el golpe de Estado”, que algunos de los responsables directos del Golpe, incluyendo militares, ocupen cargos dentro de las estructuras de gobierno.
En particular, criticó, que el Jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, que ejecutó el golpe de Estado, “sea ahora el gerente de la empresa de telecomunicaciones Estatal de Honduras”.
Denunció "presiones de algunos países", que no mencionó, para “olvidar” el golpe de Estado, iniciado el 28 de junio de 2009, y continuado con un régimen resultado de elecciones de dudosa legitimidad, efectuadas bajo represión militar y policial, mientras el presidente constitucional, Manuel Zelaya, era torturado durante su estadía protegida en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.
De otro lado, Insulza respondió que “la decisión de reconocer o no a un gobierno no es una decisión de la Organización de Estados Americanos, sino una decisión de cada gobierno”.
El ministro aclaró que era la posición de su gobierno y no de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de la que el presdente ecuatoriano, Rafael Correa, es tambien, presidente, pro témpore, hasta agosto.
Insulza, se reunió en Estados Unidos con el titular del régimen, Porfirio Lobo, y con Zelaya, en otro intento por hacer retornar Honduras a la OEA, tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Se encuentra estancado el diálogo de una comisión integrada por, Arturo Corrales, negociador de Roberto Micheletti, en defensa del Golpe, y ahora en representación del régimen Lobo, y por Rodolfo Pastor, en nombre de Manuel Zelaya, para discutir el retorno de éste a Honduras, como condición para que el país vuelva a la OEA, de la que fue suspendido el 4 de julio de 2009.
Por primera vez, la OEA aplicó el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que obliga a suspender a un país en el que el orden democrático ha sido roto y la gestión diplomática ha fracasado.
El país suspendido queda inhabilitado para acceder a créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en tanto no sea reintegrado.
Reconciliación a toletazos, Policía ataca a niños y niñas por manifestarse
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 16 Julio 2010. Porfirio Lobo habla de su política de derechos humanos, mientras la Secretaría de Seguridad, encabezada por Óscar Álvarez, le echa la Policía a niños y a niñas, estudiantes del Instituto Central, “Vicente Cáceres”, por manifestarse en protesta por la tardanza del régimen en entregarles el Bono Estudiantil.
Un joven fue detenido mientras corría intentando huir de la Policía, pero al detenerse voluntariamente y levantar los brazos en señal de rendición, fue violentamente atacado a toletazos por uno de los agentes policiales.
El policía lo sujetaba y lo golpeaba con fuerza repetidamente, en las nalgas, y le empujaba el tolete en la espalda, los muslos y las rodillas, mientras lo conducía a una patrulla.
Después de dispersar la manifestación con gas, los policías con tolete en mano, persiguieron a los estudiantes que corrían por todos lados, a riesgo de ser atropellados por los vehículos en marcha en uno de los bulevares más congestionados de la Capital, conocido como el Bulevar de la Muerte, por los numerosos atropellos que allí ocurren.
La violación a los derechos de los niños y las niñas por policías, habría ocurrido a pesar de que el subcomisionado, Mario René Chamorro Gatay, acompañaba, o coordinaba, el grupo de contingencia policial, según se informó.
Por la mañana, varios grupos de estudiantes del Central “Vicente Cáceres”, del Técnico “Luis Bográn” y Técnico “Honduras”, se tomaron las edificaciones de esos centros educativos, en demanda del pago del bono anual de transporte que el gobierno entrega a los estudiantes de colegios públicos.
Los estudiantes habrían decidido salir a las calles en protesta, indignados por la burla, cuando les informaron que el pago sólo se haría efectivo hasta el próximo lunes.
Tegucigalpa. 16 Julio 2010. Porfirio Lobo habla de su política de derechos humanos, mientras la Secretaría de Seguridad, encabezada por Óscar Álvarez, le echa la Policía a niños y a niñas, estudiantes del Instituto Central, “Vicente Cáceres”, por manifestarse en protesta por la tardanza del régimen en entregarles el Bono Estudiantil.
Un joven fue detenido mientras corría intentando huir de la Policía, pero al detenerse voluntariamente y levantar los brazos en señal de rendición, fue violentamente atacado a toletazos por uno de los agentes policiales.
El policía lo sujetaba y lo golpeaba con fuerza repetidamente, en las nalgas, y le empujaba el tolete en la espalda, los muslos y las rodillas, mientras lo conducía a una patrulla.
Después de dispersar la manifestación con gas, los policías con tolete en mano, persiguieron a los estudiantes que corrían por todos lados, a riesgo de ser atropellados por los vehículos en marcha en uno de los bulevares más congestionados de la Capital, conocido como el Bulevar de la Muerte, por los numerosos atropellos que allí ocurren.
La violación a los derechos de los niños y las niñas por policías, habría ocurrido a pesar de que el subcomisionado, Mario René Chamorro Gatay, acompañaba, o coordinaba, el grupo de contingencia policial, según se informó.
Por la mañana, varios grupos de estudiantes del Central “Vicente Cáceres”, del Técnico “Luis Bográn” y Técnico “Honduras”, se tomaron las edificaciones de esos centros educativos, en demanda del pago del bono anual de transporte que el gobierno entrega a los estudiantes de colegios públicos.
Los estudiantes habrían decidido salir a las calles en protesta, indignados por la burla, cuando les informaron que el pago sólo se haría efectivo hasta el próximo lunes.
miércoles, 14 de julio de 2010
“Máxima seguridad” de Oscar Álvarez titular de la Secretaría, contradice “humanismo cristiano” de Lobo
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 14 Julio 2010. Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTR) valoró que las medidas para prisión de máxima seguridad propuestas por titular de la Secretaría, Oscar Álvarez, contradice el discurso de un gobierno “humanista y cristiano”, reiterado nacional e internacionalmente, por Porfirio Lobo.
El CPTR califica de “síntoma peligroso para la construcción de la democracia, y da cuenta de la fragilidad institucional”, que el Secretario de Seguridad defina, por su propia cuenta, “una política de violación a derechos humanos” en el sistema penitenciario que ignora deliberadamente el derecho a la integridad personal como prerrequisito para los derechos sociales, económicos y políticos de los hondureños.
Las medidas consisten, según declarado por Álvarez, en “incomunicación con el exterior, con una hora diaria de salida de la celda para tomar el sol, encadenados de los pies, sin contacto con sus familiares y la comida la recibirán a través de una hendidura prevista en la puerta de la celda”.
En el análisis del CPTR, tales medidas violentan principios del Derecho Penal liberal, de la Doctrina Internacional de Derechos Humanos y de la Constitución de la República al decidir imponer en esta cárcel ese régimen “cruel e inhumano”
Acusó que se trata de "una copia del modelo carcelario norteamericano", concebido para causar "el mayor escarnio posible"a la persona en cautiverio como forma del sistema de retribuir y reprimir con la máxima severidad.
El CPTR reclama que Honduras tiene compromisos internacionales de orientar sus acciones en función del desarrollo de los derechos humanos “de todos los habitantes, más allá de su condición legal”.
Llamó, además, a los operadores de justicia, a instruir de la manera más apropiada a las autoridades de la Secretaria de Seguridad para emitir un reglamento de funcionamiento que garantice los derechos humanos enmarcado en los mandatos internacionales y nacionales aplicables a las personas privadas de libertad,.
A la vez, exige el CPTR sea aprobada la Ley del Sistema Penitenciario y se ajuste la cuestión penitenciara dentro de un contexto amplio de la propia política de Derechos Humanos que impulsa la oficina de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
Tegucigalpa. 14 Julio 2010. Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTR) valoró que las medidas para prisión de máxima seguridad propuestas por titular de la Secretaría, Oscar Álvarez, contradice el discurso de un gobierno “humanista y cristiano”, reiterado nacional e internacionalmente, por Porfirio Lobo.
El CPTR califica de “síntoma peligroso para la construcción de la democracia, y da cuenta de la fragilidad institucional”, que el Secretario de Seguridad defina, por su propia cuenta, “una política de violación a derechos humanos” en el sistema penitenciario que ignora deliberadamente el derecho a la integridad personal como prerrequisito para los derechos sociales, económicos y políticos de los hondureños.
Las medidas consisten, según declarado por Álvarez, en “incomunicación con el exterior, con una hora diaria de salida de la celda para tomar el sol, encadenados de los pies, sin contacto con sus familiares y la comida la recibirán a través de una hendidura prevista en la puerta de la celda”.
En el análisis del CPTR, tales medidas violentan principios del Derecho Penal liberal, de la Doctrina Internacional de Derechos Humanos y de la Constitución de la República al decidir imponer en esta cárcel ese régimen “cruel e inhumano”
Acusó que se trata de "una copia del modelo carcelario norteamericano", concebido para causar "el mayor escarnio posible"a la persona en cautiverio como forma del sistema de retribuir y reprimir con la máxima severidad.
El CPTR reclama que Honduras tiene compromisos internacionales de orientar sus acciones en función del desarrollo de los derechos humanos “de todos los habitantes, más allá de su condición legal”.
Llamó, además, a los operadores de justicia, a instruir de la manera más apropiada a las autoridades de la Secretaria de Seguridad para emitir un reglamento de funcionamiento que garantice los derechos humanos enmarcado en los mandatos internacionales y nacionales aplicables a las personas privadas de libertad,.
A la vez, exige el CPTR sea aprobada la Ley del Sistema Penitenciario y se ajuste la cuestión penitenciara dentro de un contexto amplio de la propia política de Derechos Humanos que impulsa la oficina de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
martes, 13 de julio de 2010
El juez Fernández debe ratificar el colapso de las instituciones hondureñas
El 19 de mayo de este año, Porfirio Lobo Sosa pidió ayuda al Gobierno español para esclarecer los crímenes de periodistas que se han cometido en Honduras.
En respuesta, los ministros españoles de Justicia y Exteriores iniciaron un proceso de selección que terminó con la designación del presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, el juez Jesús Fernández Entralgo, para llevar a cabo esta tarea.
El juez Fernández permanecerá en el país entre una semana y diez días, tiempo durante el cual recabará los insumos pertinentes para elaborar un informe en el que detallará la actuación de las autoridades hondureñas en la investigación de los crímenes, si hubo algún tipo de participación de funcionarios públicos en la comisión de los mismos y las acciones que deberían asumirse para combatir la impunidad.
La llegada de este juez español ratifica lo que han dicho los organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU: que las instituciones del sistema de justicia en Honduras están deslegitimadas y colapsadas por su participación directa en el golpe de Estado.
A su vez, con la ayuda solicitada al gobierno español, Lobo Sosa reconoce que el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional no son instituciones confiables para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país, porque sus propios titulares son los responsables de las mismas.
Aunque el juez español debe evaluar la actuación de las autoridades públicas en la investigación de los crímenes, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ya han documentado que estas instituciones no han cumplido con su obligación de combatir la impunidad y que han dejado en total indefensión a las víctimas y sus familiares, ya que las pocas diligencias que han realizado se caracterizan por la falta de la seriedad requerida y por haber sido emprendidas como una simple formalidad que desde un principio ha estado destinada al fracaso.
Esperamos que el juez Fernández Entralgo sea fiel a su compromiso con la ética, la justicia, la democracia y el Estado de derecho, y recomiende que en Honduras lo que se necesita no es un fortalecimiento de las instituciones ya colapsadas y deslegitimadas, sino una nueva institucionalidad.
En respuesta, los ministros españoles de Justicia y Exteriores iniciaron un proceso de selección que terminó con la designación del presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, el juez Jesús Fernández Entralgo, para llevar a cabo esta tarea.
El juez Fernández permanecerá en el país entre una semana y diez días, tiempo durante el cual recabará los insumos pertinentes para elaborar un informe en el que detallará la actuación de las autoridades hondureñas en la investigación de los crímenes, si hubo algún tipo de participación de funcionarios públicos en la comisión de los mismos y las acciones que deberían asumirse para combatir la impunidad.
La llegada de este juez español ratifica lo que han dicho los organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU: que las instituciones del sistema de justicia en Honduras están deslegitimadas y colapsadas por su participación directa en el golpe de Estado.
A su vez, con la ayuda solicitada al gobierno español, Lobo Sosa reconoce que el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional no son instituciones confiables para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país, porque sus propios titulares son los responsables de las mismas.
Aunque el juez español debe evaluar la actuación de las autoridades públicas en la investigación de los crímenes, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ya han documentado que estas instituciones no han cumplido con su obligación de combatir la impunidad y que han dejado en total indefensión a las víctimas y sus familiares, ya que las pocas diligencias que han realizado se caracterizan por la falta de la seriedad requerida y por haber sido emprendidas como una simple formalidad que desde un principio ha estado destinada al fracaso.
Esperamos que el juez Fernández Entralgo sea fiel a su compromiso con la ética, la justicia, la democracia y el Estado de derecho, y recomiende que en Honduras lo que se necesita no es un fortalecimiento de las instituciones ya colapsadas y deslegitimadas, sino una nueva institucionalidad.
No hay ningún clima de reconciliación en Honduras, Lobo sólo intenta congraciarse con comunidad internacional
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 12 julio 2010. “Lobo intenta congraciarse con la comunidad internacional con algunas declaraciones que pudieran hacer creer que él está dispuesto a una reconciliación; pero, en los hechos, no hay ningún clima de reconciliación en Honduras”, aseguró la magistrada destituida, Tirza Flores.
Flores, calificó el régimen de Porfirio Lobo como un “gobierno débil y con amplio rechazo popular”, por ser resultado de “elecciones carentes de legitimidad”, en una entrevista brindada a Pagina 12, en Lima Perú, al participar de un foro para explicar la situación de Honduras.
“Es la continuación del golpe de Estado”. Se mantienen las estructuras que dieron origen al golpe y que han generado las violaciones a los derechos humanos. “En Honduras están gobernando las fuerzas ocultas que dieron el golpe. Por eso, mientras siga el gobierno de Lobo, Honduras no debería retornar a la OEA”, evaluó.
Acusó también que las elecciones fueron usadas para “blanquear” el golpe de Estado y el régimen de Lobo es la “continuación de ese Golpe”.
“Lobo fue electo en un proceso electoral que no contó con observadores internacionales y en el que hubo más de 60 por ciento de abstencionismo, y no ha dado pasos concretos de legitimación. El suyo es un gobierno muy débil, con muy poco respaldo de la población. No podemos hablar de un régimen democrático en Honduras”, explicó Flores.
Flores reafirmó que su despido y el de otros jueces es motivado por la persecución política que hay en Honduras. “Hemos recurrido a la CIDH porque la Corte Suprema y el Ministerio Público están al servicio del golpe de Estado, que ellos legitimaron, y en Honduras no existe la posibilidad de un debido proceso”.
Tegucigalpa. 12 julio 2010. “Lobo intenta congraciarse con la comunidad internacional con algunas declaraciones que pudieran hacer creer que él está dispuesto a una reconciliación; pero, en los hechos, no hay ningún clima de reconciliación en Honduras”, aseguró la magistrada destituida, Tirza Flores.
Flores, calificó el régimen de Porfirio Lobo como un “gobierno débil y con amplio rechazo popular”, por ser resultado de “elecciones carentes de legitimidad”, en una entrevista brindada a Pagina 12, en Lima Perú, al participar de un foro para explicar la situación de Honduras.
“Es la continuación del golpe de Estado”. Se mantienen las estructuras que dieron origen al golpe y que han generado las violaciones a los derechos humanos. “En Honduras están gobernando las fuerzas ocultas que dieron el golpe. Por eso, mientras siga el gobierno de Lobo, Honduras no debería retornar a la OEA”, evaluó.
Acusó también que las elecciones fueron usadas para “blanquear” el golpe de Estado y el régimen de Lobo es la “continuación de ese Golpe”.
“Lobo fue electo en un proceso electoral que no contó con observadores internacionales y en el que hubo más de 60 por ciento de abstencionismo, y no ha dado pasos concretos de legitimación. El suyo es un gobierno muy débil, con muy poco respaldo de la población. No podemos hablar de un régimen democrático en Honduras”, explicó Flores.
Flores reafirmó que su despido y el de otros jueces es motivado por la persecución política que hay en Honduras. “Hemos recurrido a la CIDH porque la Corte Suprema y el Ministerio Público están al servicio del golpe de Estado, que ellos legitimaron, y en Honduras no existe la posibilidad de un debido proceso”.
Escuadrones de la muerte en Honduras, secuestran y torturan con la tolerancia del régimen de Porfirio Lobo
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 12 julio 2010. En Honduras, persisten “escuadrones de la muerte, grupos paralelos que secuestran y torturan personas con la tolerancia del gobierno”, aseguró, Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, en entrevista ofrecida a Pagina 12, en Lima Perú, al participar de un foro sobre la situación de Honduras,
Afirmó que, el Cofadeh, ha registrado centros clandestinos de detención, funcionando.
“Estos escuadrones de la muerte y los centros de tortura están siendo manejados por extranjeros, sicarios que por el tipo de acento serían colombianos. También hay presencia de la inteligencia israelí, que está vinculada con estos grupos paralelos que cometen asesinatos y secuestros”, denunció.
Agurcia, acusó que el régimen de Lobo asegura, a los golpistas, la impunidad por las violaciones a los derechos humanos: “De más de 9200 violaciones a los derechos humanos del régimen golpista de Micheletti, sólo hay doce procesos judiciales a policías de bajo rango, y únicamente una persona fue detenida, pero se fugó y la policía no la busca”.
Los pocos procesos abiertos “no son por violaciones a los derechos humanos, sino por faltas a la administración pública y abuso de autoridad”, cuestionó.
Tegucigalpa. 12 julio 2010. En Honduras, persisten “escuadrones de la muerte, grupos paralelos que secuestran y torturan personas con la tolerancia del gobierno”, aseguró, Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, en entrevista ofrecida a Pagina 12, en Lima Perú, al participar de un foro sobre la situación de Honduras,
Afirmó que, el Cofadeh, ha registrado centros clandestinos de detención, funcionando.
“Estos escuadrones de la muerte y los centros de tortura están siendo manejados por extranjeros, sicarios que por el tipo de acento serían colombianos. También hay presencia de la inteligencia israelí, que está vinculada con estos grupos paralelos que cometen asesinatos y secuestros”, denunció.
Agurcia, acusó que el régimen de Lobo asegura, a los golpistas, la impunidad por las violaciones a los derechos humanos: “De más de 9200 violaciones a los derechos humanos del régimen golpista de Micheletti, sólo hay doce procesos judiciales a policías de bajo rango, y únicamente una persona fue detenida, pero se fugó y la policía no la busca”.
Los pocos procesos abiertos “no son por violaciones a los derechos humanos, sino por faltas a la administración pública y abuso de autoridad”, cuestionó.
jueves, 8 de julio de 2010
Instalación de la Comisión de Verdad en Honduras
San Salvador, 8 de julio de 2010
Desde el Golpe de Estado militar efectuado el 28 de junio 2009 en Honduras hasta la fecha, se han acrecentado las denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos, que de manera sistemática han sido cometidas principalmente, en contra de las personas que se han expresado en rechazo a dichos acontecimientos, en los que fuera expulsado violentamente del país, el entonces Presidente José Manuel Zelaya, exigiendo la reinstauración del hilo constitucional y del Estado de Derecho, identificándose o participado de la conformación del movimiento de resistencia nacional, integrada por diferentes sectores de la sociedad hondureña, tales como movimientos que velan por los derechos de las mujeres, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, profesionales, jueces y periodistas, entre otros.
El deterioro de la Institucionalidad en el hermano país, producto de la ruptura del Estado de Derecho, se ha constituido en uno de los principales obstáculos para el esclarecimiento de la verdad y el castigo de los responsables de dichos crímenes, que se vienen cometiendo desde hace un año, fomentando así la impunidad que perpetua la situación de violación sistemática de los derechos fundamentales del pueblo hondureño; por lo que la conformación de un ente que investigue estos hechos, de manera objetiva e independiente, se ha convertido en una urgente demanda, por parte de las centenares de víctimas que hasta el momento, no han sido atendidas por las Instancias correspondientes.
En este contexto, hemos invitado a los medios de comunicación para informar sobre la reciente instalación de la “Comisión de Verdad”, convocada por parte de la Plataforma de Derechos Humanos en Honduras, con el objetivo principal de: “esclarecer los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras mecanismos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”
Dicha Comisión, que actuara de manera autónoma, garantizando el respeto al debido proceso, recopilando las evidencias que conduzcan a la verdad y a la deducción de responsabilidades, respecto a las denunciadas realizadas por las víctimas de ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, torturas, amenazas a muerte, difamación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, confrontando con la opinión de quienes son señalados como los responsables de dichos crímenes; todo esto con el fin de contribuir a la superación de la impunidad que actualmente impera en ese hermano país, dar un aporte a la memoria histórica del pueblo hondureño, así como de emitir recomendaciones que permitan erradicar las violaciones a los derechos humanos.
El plan de trabajo tiene establecidas una serie de visitas, con una periodicidad de tres meses de intervalo, para entregar el informe en noviembre del año 2011, al pueblo hondureño, a los titulares de los Órganos del Estado, a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general.
El mandato de la Comisión ha sido entregado a personalidades que tienen una amplia trayectoria como defensores y defensoras de los Derechos Humanos, entre las que se encuentran: Nora Cortiñas, fundadora del movimiento de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, también de nacionalidad argentina y Premio Nobel de la Paz, Luis Carlos Nieto, Magistrado español, docente e integrante de la “Asociación de Jueces para la Democracia”, Francois Houtart, sacerdote católico teólogo de la Teología de la Liberación y escritor francés; Francisco José Aguilar Urbina, de nacionalidad costarricense, abogado, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ex Presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex Secretario de la misma Comisión, Helen Umaña, laureada escritora hondureña y Premio Nacional de Literatura en Honduras, sacerdote Fausto Milla, defensor de Derechos Humanos, reconocido por ser el primero en auxiliar a sobrevivientes de la Masacre del Rio Sumpul en 1980; Elsie Monge, religiosa ecuatoriana, directora ejecutiva del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos y ex Directora de la Comisión de la Verdad en ese país, es quien coordina la Comisión de Verdad en mención; y Mirna Perla, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con amplia trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en El Salvador y Centroamérica, ex coordinadora y vice presidenta de CODEHUCA y ex Vice Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Los Organismos de Derechos Humanos de El Salvador y de la sociedad civil, expresan su solidaridad y apoyo a las víctimas en su justo reclamo porque se les respete el derecho a la verdad sobre los hechos que han dado lugar a las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo hondureño y a que se haga justicia.
Desde el Golpe de Estado militar efectuado el 28 de junio 2009 en Honduras hasta la fecha, se han acrecentado las denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos, que de manera sistemática han sido cometidas principalmente, en contra de las personas que se han expresado en rechazo a dichos acontecimientos, en los que fuera expulsado violentamente del país, el entonces Presidente José Manuel Zelaya, exigiendo la reinstauración del hilo constitucional y del Estado de Derecho, identificándose o participado de la conformación del movimiento de resistencia nacional, integrada por diferentes sectores de la sociedad hondureña, tales como movimientos que velan por los derechos de las mujeres, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, profesionales, jueces y periodistas, entre otros.
El deterioro de la Institucionalidad en el hermano país, producto de la ruptura del Estado de Derecho, se ha constituido en uno de los principales obstáculos para el esclarecimiento de la verdad y el castigo de los responsables de dichos crímenes, que se vienen cometiendo desde hace un año, fomentando así la impunidad que perpetua la situación de violación sistemática de los derechos fundamentales del pueblo hondureño; por lo que la conformación de un ente que investigue estos hechos, de manera objetiva e independiente, se ha convertido en una urgente demanda, por parte de las centenares de víctimas que hasta el momento, no han sido atendidas por las Instancias correspondientes.
En este contexto, hemos invitado a los medios de comunicación para informar sobre la reciente instalación de la “Comisión de Verdad”, convocada por parte de la Plataforma de Derechos Humanos en Honduras, con el objetivo principal de: “esclarecer los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras mecanismos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”
Dicha Comisión, que actuara de manera autónoma, garantizando el respeto al debido proceso, recopilando las evidencias que conduzcan a la verdad y a la deducción de responsabilidades, respecto a las denunciadas realizadas por las víctimas de ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, torturas, amenazas a muerte, difamación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, confrontando con la opinión de quienes son señalados como los responsables de dichos crímenes; todo esto con el fin de contribuir a la superación de la impunidad que actualmente impera en ese hermano país, dar un aporte a la memoria histórica del pueblo hondureño, así como de emitir recomendaciones que permitan erradicar las violaciones a los derechos humanos.
El plan de trabajo tiene establecidas una serie de visitas, con una periodicidad de tres meses de intervalo, para entregar el informe en noviembre del año 2011, al pueblo hondureño, a los titulares de los Órganos del Estado, a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general.
El mandato de la Comisión ha sido entregado a personalidades que tienen una amplia trayectoria como defensores y defensoras de los Derechos Humanos, entre las que se encuentran: Nora Cortiñas, fundadora del movimiento de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, también de nacionalidad argentina y Premio Nobel de la Paz, Luis Carlos Nieto, Magistrado español, docente e integrante de la “Asociación de Jueces para la Democracia”, Francois Houtart, sacerdote católico teólogo de la Teología de la Liberación y escritor francés; Francisco José Aguilar Urbina, de nacionalidad costarricense, abogado, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ex Presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex Secretario de la misma Comisión, Helen Umaña, laureada escritora hondureña y Premio Nacional de Literatura en Honduras, sacerdote Fausto Milla, defensor de Derechos Humanos, reconocido por ser el primero en auxiliar a sobrevivientes de la Masacre del Rio Sumpul en 1980; Elsie Monge, religiosa ecuatoriana, directora ejecutiva del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos y ex Directora de la Comisión de la Verdad en ese país, es quien coordina la Comisión de Verdad en mención; y Mirna Perla, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con amplia trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en El Salvador y Centroamérica, ex coordinadora y vice presidenta de CODEHUCA y ex Vice Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Los Organismos de Derechos Humanos de El Salvador y de la sociedad civil, expresan su solidaridad y apoyo a las víctimas en su justo reclamo porque se les respete el derecho a la verdad sobre los hechos que han dado lugar a las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo hondureño y a que se haga justicia.
miércoles, 7 de julio de 2010
Plataforma de D.D.H.H de Honduras recibirá premio internacional “Letelier-Moffit 2010”
Written by Revistazo.com
Tuesday, 06 July 2010 15:18
Por su valentía y creatividad al luchar, a pesar las circunstancias en contra, para defender los derechos y la dignidad del pueblo hondureño, en el contexto del golpe de Estado efectuado en el 2009, la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras recibirá Premio Internacional en Derechos Humanos Letelier-Moffit 2010.
El premio se otorga desde el año 1977 para honrar el trabajo sobresaliente que organizaciones realizan en la defensa y promoción de los derechos humanos y en el año 2010, se determinó por entregársele a la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, integrada por el Comité de Defensa de Derechos Humanos, CODEH; el Comité de Detenidos-desaparecidos de Honduras, COFADEH-; el Centro de Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH-; el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas contra la Tortura –C.P.T.R.T-; FIAN y el Centro de Derechos de Mujeres –CDM-.
En una nota enviada por Manuel Pérez-Rocha, en nombre del Comité de Selección del Premio Letelier-Moffitt, entregado por el Institute For Policy Studies, con sede en Washington D.C., se establece que al decidir otorgarles este premio, el Comité “también desea honrar a todo el movimiento de resistencia en Honduras considerando que es extremadamente importante el que su lucha se mantenga al frente de los debates en los Estados Unidos”.
Para la selección del premio, mismo que se estableció para honrar la vida Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, cada año, un comité compuesto por distinguidos líderes de la comunidad de defensores de los derechos humanos selecciona recipientes del premio según las siguientes categorías:
*Trabajo internacional en derechos humanos: Este premio otorga reconocimiento a alguna organización o individuo (o ambos) en el hemisferio occidental que hayan sobresalido por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
*Trabajo en derechos humanos a nivel doméstico: Este premio otorga reconocimiento a alguna organización o individuo (o ambos) en los Estados Unidos que haya sobresalido por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos en este país.
La Plataforma de Derechos Humanos se seleccionó por su valentía y creatividad en la lucha que han enfrentado las organizaciones que la conforman desde el golpe de estado que defenestró al gobierno de Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio.
La ceremonia de premiación tendrá lugar el Jueves 13 de octubre, 2009, en el Club Nacional de Prensa (National Press Club) de la ciudad de Washington, D.C.
martes, 6 de julio de 2010
CEJIL y la AJD presentan demanda contra Honduras
El día de ayer, 5 de julio, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el despido arbitrario e ilegal de Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y Tirza Flores Lanza, todos jueces de la República de Honduras.
En tal petición, se ha solicitado a la CIDH que declare al Estado hondureño responsable de la violación a los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos: derecho a las garantías judiciales (art. 8), libertad de expresión (art. 13), derecho de reunión (art. 15), libertad de asociación (art. 16) y derecho a la protección judicial (art. 25), todos ellos, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado interamericano.
Como es del conocimiento público, el pasado 5 de mayo de 2010, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con diez votos a favor y cinco en contra, impuso una sanción de despido a los cuatro juzgadores, la cual fue ratificada en sesiones de fechas 12 de mayo y 1 de junio. No obstante ello, hasta el día de hoy nunca se les ha notificado una resolución que funde y motive tal destitución. Lo único que se les ha entregado a cada uno de los juzgadores son oficios con acuerdos de destitución que distan de garantizar el debido proceso protegido por la Convención Americana.
La petición contra el Estado hondureño cuestiona firmemente las valoraciones sesgadas y arbitrarias del Pleno de la Corte Suprema, en tanto que a Guillermo López Lone (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula y Presidente de la AJD) y a Luis Alonso Chévez de la Rocha (Juez de Letras Contra la Violencia Doméstica en la ciudad de San Pedro Sula) les sancionaron por haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado. Por otra parte, a Ramón Barrios (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula) lo destituyeron por haber dictado una conferencia académica de la cual se emitió una nota periodística en la que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Finalmente, a la magistrada de la Sala de Apelaciones de San Pedro Sula, Tirza Flores Lanza, la sancionaron por haber presentado un recurso de amparo constitucional en contra de la expatriación del Presidente Zelaya.
Cabe recordar que la Corte Suprema ha sido seriamente cuestionada por su actuar, sobre todo, a partir del Golpe de Estado cometido contra el entonces Presidente Zelaya el 28 de junio de 2009. Al respecto, el Informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconoció que “la falta de independencia del poder judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes. La Fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en general, han apoyado a las autoridades de facto defendiendo medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho […].” Por ello, aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la CIDH funge como una instancia complementaria a los sistemas nacionales de protección, en este caso, la falta de independencia e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia pone en entredicho la posibilidad de agotar alguna instancia judicial en Honduras.
Aunado a ello, la sanción por parte de la Corte Suprema viola el derecho a la asociación de los jueces, así como la libertad de expresión y reunión de los mismos. Todo ello se logra en virtud de una legislación ambigua que permite este y otro tipo de arbitrariedades en relación con funcionarios ejemplares que luchan contra la impunidad y la corrupción, y promueven la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Adicionalmente la petición se presenta a un año de la ejecución de Isis Obed Murillo, primera muerte que produjo el golpe de Estado y cuya responsabilidad todavía no ha sido establecida por las autoridades competentes. En este sentido, la petición también pretende evidenciar algunas de las deficiencias estructurales del sistema de justicia hondureño, para así contribuir al establecimiento de medidas que garanticen una administración de justicia efectiva para el bien de todos y todas las hondureñas.
Tomando en cuenta la delicada situación en la que se encuentra Honduras, la AJD y CEJIL esperan que la CIDH se dirija al Estado hondureño con el fin de solicitarle explicaciones sobre el caso y, posteriormente, determine la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.
Para más información contactar a:
Guillermo López Lone, + (504) 9986-6565
Marcia Aguiluz, + (506) 2280 7473
Enlaces relacionados:
CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras. http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras
Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre. http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre
En tal petición, se ha solicitado a la CIDH que declare al Estado hondureño responsable de la violación a los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos: derecho a las garantías judiciales (art. 8), libertad de expresión (art. 13), derecho de reunión (art. 15), libertad de asociación (art. 16) y derecho a la protección judicial (art. 25), todos ellos, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado interamericano.
Como es del conocimiento público, el pasado 5 de mayo de 2010, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con diez votos a favor y cinco en contra, impuso una sanción de despido a los cuatro juzgadores, la cual fue ratificada en sesiones de fechas 12 de mayo y 1 de junio. No obstante ello, hasta el día de hoy nunca se les ha notificado una resolución que funde y motive tal destitución. Lo único que se les ha entregado a cada uno de los juzgadores son oficios con acuerdos de destitución que distan de garantizar el debido proceso protegido por la Convención Americana.
La petición contra el Estado hondureño cuestiona firmemente las valoraciones sesgadas y arbitrarias del Pleno de la Corte Suprema, en tanto que a Guillermo López Lone (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula y Presidente de la AJD) y a Luis Alonso Chévez de la Rocha (Juez de Letras Contra la Violencia Doméstica en la ciudad de San Pedro Sula) les sancionaron por haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado. Por otra parte, a Ramón Barrios (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula) lo destituyeron por haber dictado una conferencia académica de la cual se emitió una nota periodística en la que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Finalmente, a la magistrada de la Sala de Apelaciones de San Pedro Sula, Tirza Flores Lanza, la sancionaron por haber presentado un recurso de amparo constitucional en contra de la expatriación del Presidente Zelaya.
Cabe recordar que la Corte Suprema ha sido seriamente cuestionada por su actuar, sobre todo, a partir del Golpe de Estado cometido contra el entonces Presidente Zelaya el 28 de junio de 2009. Al respecto, el Informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconoció que “la falta de independencia del poder judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes. La Fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en general, han apoyado a las autoridades de facto defendiendo medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho […].” Por ello, aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la CIDH funge como una instancia complementaria a los sistemas nacionales de protección, en este caso, la falta de independencia e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia pone en entredicho la posibilidad de agotar alguna instancia judicial en Honduras.
Aunado a ello, la sanción por parte de la Corte Suprema viola el derecho a la asociación de los jueces, así como la libertad de expresión y reunión de los mismos. Todo ello se logra en virtud de una legislación ambigua que permite este y otro tipo de arbitrariedades en relación con funcionarios ejemplares que luchan contra la impunidad y la corrupción, y promueven la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Adicionalmente la petición se presenta a un año de la ejecución de Isis Obed Murillo, primera muerte que produjo el golpe de Estado y cuya responsabilidad todavía no ha sido establecida por las autoridades competentes. En este sentido, la petición también pretende evidenciar algunas de las deficiencias estructurales del sistema de justicia hondureño, para así contribuir al establecimiento de medidas que garanticen una administración de justicia efectiva para el bien de todos y todas las hondureñas.
Tomando en cuenta la delicada situación en la que se encuentra Honduras, la AJD y CEJIL esperan que la CIDH se dirija al Estado hondureño con el fin de solicitarle explicaciones sobre el caso y, posteriormente, determine la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.
Para más información contactar a:
Guillermo López Lone, + (504) 9986-6565
Marcia Aguiluz, + (506) 2280 7473
Enlaces relacionados:
CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras. http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras
Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre. http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre
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