La Honduras postgolpe

El 28 de junio de 2009, Honduras despertaba con el anuncio de un golpe de Estado, que cinco años después continúa manifestando sus efectos trágicos sobre la institucionalidad democrática y sobre la vida de una ciudadanía secuestrada por la impunidad y la violencia que gobierna, controla, chantajea y amenaza permanentemente a la sociedad.

En la Honduras postgolpe, solo el año pasado se cometieron 109 masacres, 6,757 homicidios, es decir, 563 homicidios al mes y en promedio 19 víctimas al día. En la Honduras postgolpe los femicidios pasaron de 512 a más de 600 en 2012 y 2013. En la Honduras postgolpe miembros de la Policía Nacional asesinaron a 149 personas entre enero de 2011 y noviembre de 2012.

En la Honduras postgolpe mas de 32 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados impunemente. En la Honduras postgolpe 765 estudiantes de primaria, secundaria y universidad han sido asesinados entre enero de 2010 a mayo de 2014. En la Honduras postgolpe, solo en el gobierno de Pepe Lobo fueron asesinados 3901 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años y hasta el tercer mes del actual gobierno, la cifra ya rondaba los 270.

En la Honduras postgolpe se fortaleció la impunidad a través de juicios viciados y una ley de amnistía para favorecer a quienes atentaron contra la democracia y los derechos humanos. En la Honduras postgolpe quienes dieron la asonada siguen siendo premiados como héroes nacionales y mantienen el control de instituciones claves del sector justicia y seguridad.

En la Honduras postgolpe el trinomio funesto de la impunidad, la corrupción y la concentración del poder hieren al país en su mero corazón y deniegan la justicia. En la Honduras postgolpe el país se vende a pedazos y los bienes naturales de las comunidades son entregados inconsultamente a  empresas y empresarios inescrupulosos que están dispuestos a ejercer la violencia.

Pero también, en la Honduras postgolpe miles de víctimas continúan exigiendo justicia, siguen luchando frontalmente contra la impunidad y contra los impunes, continúan defendiendo con su vida sus territorios, siguen rebelándose ante la desesperanza y el sufrimiento para gritar ¡basta!

Y ese grito casi desesperado sale del alma impulsado por los sueños de millones de personas que soñamos una Honduras libre del temor a la violencia y la miseria, y que paso a paso y lentamente, construimos desde las luchas cotidianas y comunitarias una Honduras más justa, compartida y solidaria.

Frente a su residencia asesinan a comunicador social

Alerta 037-14

24 de junio de 2014

Comité por la Libre Expresión C-Libre.- El día de ayer 23 de junio, asesinaron con cinco impactos de bala al comunicador social, Luis Alonso Fúnez Duarte de 47 años de edad, quien dirigía un programa de música variada en la emisora local "Súper 10" situada en la 980 AM, en el municipio de Catacamas departamento de Olancho.

Según la información enviada por el Presidente de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS) en la ciudad de Catacamas Rolando Iscoa, el crimen se produjo alrededor de las 8:00 pm en el Barrio La Hoya justamente frente a la casa de habitación de Fúnez Duarte.

Iscoa narró que según la versión de los familiares y vecinos del comunicador, "los asesinos aprovecharon el momento cuando Luis llegaba a su vivienda, junto a su hijo, a bordo de una motocicleta. Ahí en un momento muy vulnerable le dispararon y lo dejaron agonizando".

El comunicador era originario de San Francisco de Becerra en el departamento de Olancho hasta donde serán llevados sus restos mortales para darles cristina sepultura.

Con el asesinato de Luis Alonso Fúnez Duarte ya son dos comunicadores del género musical que han sido asesinados en el mes de junio en el departamento de Olancho. C-Libre publicó la Alerta No. 029-2014, que registraba el asesinato de varios impactos de bala del joven locutor Oscar Anthony Torres de 24 años de edad, el día domingo 1 de junio en la comunidad de Palestina, municipio de Patuca.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

La crisis humanitaria del desplazamiento forzado de la niñez

“Los niños van a ser devueltos a sus países” dijo categóricamente el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, refiriéndose a miles de niñas y niños salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que han emigrado sin documentos hacia el país del norte.

Este flujo migratorio no es nuevo. De acuerdo con un informe del Comité sobre Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los EEUU, entre 2004 y 2011 la media de menores detenidos en la frontera EEUU-México era de 6 mil 800, en 2012 pasó a 13 mil, en 2013 a 24 mil 493 y para 2014 se estima que ese número llegue a 60 mil. En lo que va de octubre de 2013 a 2014 la cifra ha alcanzado los 47 mil.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado que más de la mitad de los niños y niñas huyen de sus países debido a la violencia provocada por la presencia de 920 pandillas con aproximadamente 70 mil miembros en la región y por los cárteles de la droga.

Hay evidencias de persecución y reclutamiento de niños y niñas por parte de las bandas del crimen organizado; en el caso de Honduras, la violencia se ha ensañado contra nuestra niñez y juventud, tal y como lo revelan los informes de Casa Alianza que desde febrero de 1998 a marzo de 2014 ha registrado la ejecución de 9291 niñas, niños y jóvenes menores de 23 años. 

Sin duda alguna, era previsible que esta crisis humanitaria alcanzaría los niveles actuales, no obstante, los gobiernos centroamericanos, particularmente el gobierno hondureño ha reaccionado tardíamente y sin darle la importancia debida a la atención integral de nuestra niñez y juventud.

Para muestra un botón, mientras los presidentes de Guatemala y El Salvador asistían a una reunión con el vicepresidente Joe Biden para buscar una salida colectiva a esta crisis, el presidente hondureño se excusaba porque se encuentra en Brasil viendo los partidos de la selección nacional de fútbol.

Pero además, mientras el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala “que es muy importante la protección de los niños y las niñas en su lugar de origen para que no se vean obligados a irse”, el gobierno de Juan Orlando Hernández decidió desaparecer el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y crear una instancia de menor categoría llamada Dirección General de la Niñez que hasta el momento ni siquiera tiene presupuesto.

Es evidente que el gobierno hondureño no tiene el más mínimo interés en atacar las raíces que provocan el desplazamiento forzado de niños y niñas, pues en vez de fortalecer la institucionalidad especializada en niñez para lograr su protección integral, la desaparece y plantea la militarización del país como la única estrategia para resolver las diferentes crisis que nos agobian.

Relatoría Especial condena asesinato del periodista en Paraguay

Washington D.C., 24 de junio de 2014. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Édgar Fernández, periodista de Radio Belén Comunicaciones, ocurrido el 19 de junio en la ciudad de Concepción, departamento de Concepción, Paraguay. La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades paraguayas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo.

 

De acuerdo con la información recibida, Fernández habría regresado a su vivienda tras culminar su programa periodístico ‘Ciudad de la furia’, cuando un desconocido habría entrado hasta su hogar, le habría disparado en varias ocasiones, y habría huido en una motocicleta junto a otra persona. Según la información disponible, el periodista era conocido porque en su programa realizaba duras denuncias y críticas a las autoridades de la zona. Según lo informado, el periodista habría recibido amenazas. El 21 de junio las autoridades habrían anunciado la captura de un hombre sospechoso de estar vinculado al asesinato.

 

Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado esclarezca la causa de este crimen y exhorta a las autoridades para que investigue de manera exhaustiva la hipótesis según la cual el crimen habría podido estar asociado con el ejercicio de la profesión del periodista.

 

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

La muerte violenta desgarra a la población estudiantil

El 11 de junio fue decretado el “Día del Estudiante” por Acuerdo Gobernativo del 28 de Mayo de 1922, en homenaje al nacimiento de José Trinidad Reyes quien estaba convencido de que las bases del desarrollo de un pueblo son la educación y la cultura. En ese sentido, fue fundador y primer rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Esa misma casa de estudios acaba de publicar a través del  Observatorio de la Violencia, un boletín especial sobre muertes violentas de estudiantes de enero de 2010 a mayo de 2014, en el cual evidencia que estudiantes de educación primaria, media y universitaria son de las víctimas más vulnerables de la violencia y la criminalidad.

Si desde sus tiempos José Trinidad Reyes sabía que la niñez y la juventud son los principales activos de una sociedad, ¿qué pensaría si supiera que en Honduras ser joven o niño es el principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia?

Por ello, no se puede ignorar que además de los graves problemas en el acceso a la educación de calidad para millones de niños y jóvenes en el país, la celebración del día del estudiante está marcada por la muerte violenta de 765 muertes de estudiantes.

383 de ellos son estudiantes de educación media, 112 son estudiantes de educación superior, 64 son estudiantes de educación primaria y 205 que eran estudiantes pero sin conocerse el nivel educativo que cursaban.

Con estos datos, ¿acaso es posible celebrar el día del estudiante cuando la muerte violenta sigue enlutando a las familias hondureñas y truncando el futuro de nuestra niñez y juventud?

Como sociedad no podemos seguir pasivos ante una realidad que nos arrebata violentamente a quienes se presume son el futuro de Honduras. 

Los responsables directos no son sólo aquellos que empuñan las armas sino también aquellos que desde los puestos de gobierno toman decisiones equivocadas con respecto a la seguridad ciudadana ya que siguen pensando, a pesar del fracaso demostrado, que la militarización y las acciones de mano dura son la única salida.

No podemos permitir que los gobernantes sigan ignorando intencionalmente que no habrá seguridad ciudadana sino se crean las condiciones para la existencia de seguridad humana, relacionada con el acceso a la salud, al empleo, a la educación, a la vivienda, en resumen, a la vida digna.  

Desapariciones forzadas e impunidad

El 9 de junio se cumplieron 20 años de la adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual reconoce que la desaparición forzada “constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana”.

Para la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, la desaparición forzada es un delito continuado y permanente que persiste mientras no se dé con el paradero de las personas desparecidas, y constituye una violación múltiple de varios derechos humanos que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión.

Aunque el Estado de Honduras es uno de los 15 países que han ratificado este instrumento interamericano, los familiares de las 184 víctimas de desapariciones forzadas durante la década de los años 80 siguen esperando justicia.

De acuerdo con el informe “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993” del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, hasta la fecha ni el Poder Judicial ni otras autoridades han avanzado en una investigación seria y efectiva que permita conocer la verdad de lo sucedido y la sanción de todos los responsables.

Evidentemente, la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables genera impunidad, lo cual se traduce en la repetición crónica de los hechos.

Por ello, no es de extrañar que a partir del golpe de Estado se denuncie la desaparición forzada de más de 20 personas por motivos políticos y de un número indeterminado debido a la violencia generada alrededor del crimen organizado.

En este sentido, el vigésimo aniversario de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas es una oportunidad para que el Estado de Honduras renueve categóricamente su compromiso de investigar las desapariciones forzadas de los años 80 y sanciones efectivamente a todos los responsables.

A su vez, como sociedad exigimos la erradicación de esta grave violación a derechos humanos que sigue enlutando a miles de familias en Honduras y que continúa demostrando que el Estado hondureño es un lobo artificial que asesina, tortura y desaparece.