Una breve propuesta para seguir resistiendo en esta nueva etapa de defensa de la democracia

Aunque hoy se impuso un régimen dictatorial liderado por Juan Orlando Hernández, hay al menos cuatro aspectos que evidencian que este gobierno será el más débil de la historia democrática formal de Honduras y que representan una oportunidad única para que los sectores democráticos sumemos esfuerzos para iniciar un profundo proceso de democratización del país: 

1. El fraude electoral se derrotó el 26 de noviembre. Creyeron que “ganarían” con solvencia porque tenían el dinero y las instituciones a su favor, y minimizaron el repudio ciudadano a la candidatura inconstitucional de Hernández, a quien no pudieron declararlo presidente el mismo día como históricamente ha sucedido en otras elecciones. Para llegar a la “toma de posesión” Hernández ha tenido que pasar por un profundo proceso de descrédito y deslegitimación frente a la ciudadanía y a la comunidad internacional, que pese a su complicidad no quiso “mancharse” más. Ningún presidente extranjero se hizo presente en la “toma de posesión”, lo cual es algo histórico y anómalo en el mundo diplomático. 

2. A pesar del apoyo del gobierno de Estados Unidos, la complicidad de la Unión Europea y el silencio de los Estados latinoamericanos, se ganó la batalla internacional porque (a) el fraude electoral ha sido objeto de análisis y cobertura por parte de la prensa extranjera; (b) las graves violaciones a derechos humanos han sido documentadas y denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otros; y (c) la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos evidenció el fraude y el Secretario General planteó la necesidad de convocar a nuevas elecciones por la falta de certeza y las graves irregularidades en el proceso. 

3. Se desnudó la corrupción, la manipulación y subordinación de las instituciones públicas, y la violación de la legalidad y la Constitución para imponer a Hernández. Quedó en evidencia la naturaleza represiva y autoritaria del gobierno de Hernández y su larga lista de acciones arbitrarias que está dispuesto a cometer para mantenerse en el poder. También se cayeron las últimas máscaras de ciertos sectores de sociedad civil, académicos y religiosos que pese a la sangre derramada por las balas militares y las balas “depuradas” de la policía, bendicen y legitiman al régimen. 

4. A mediano y largo plazo fracasó el proyecto continuista y militarista de Juan Orlando Hernández y del grupo político y económico que está detrás de él. Ha quedado tan desprestigiado y deslegitimado que ha logrado unir a un importante sector de la sociedad bajo la consigna del “Fuera JOH”, la cual refleja el repudio a todo lo que él representa, y que ha provocado que en la primera etapa de esta crisis -26 de noviembre de 2017 a 27 de enero de 2018-, la ciudadanía adquiriera mayor politización y ganara fuerza moral al dar muestras de fuerza a través de las protestas sociales que obligaron al régimen a utilizar las balas asesinas de las fuerzas de seguridad, especialmente de su ejército privado, la Policía Militar. Incluso algunos sectores de su partido como Luis Cosenza y empresarios como Eduardo Facussé, han reconocido y mostrado su preocupación por el daño que este régimen le hace al país. 

A pesar que el panorama parece poco alentador, nos encontramos ante una gran oportunidad de forzar un escenario de transición para restaurar el sistema democrático. Es imperativo, entre otras cosas:

1. Profundizar la indignación y resistencia comunitaria y ciudadana, minimizando hasta donde sea posible la vulnerabilidad frente a las fuerzas represivas del régimen y buscando diversas formas creativas de expresar dicha indignación.

2. Promover que se sigan activando las acciones permanentes de solidaridad internacional con el pueblo hondureño, especialmente de los movimientos de solidaridad en Estados Unidos, Europa y América Latina. En Estados Unidos es fundamental la incidencia y presión política para que se detenga el financiamiento a las fuerzas represoras del régimen.

3. Establecer una coordinación nacional y formar equipos especializados para realizar acciones conjuntas destinadas a continuar documentando las graves violaciones a derechos humanos y los actos de corrupción con el fin de:

a) Desafiar al sistema de justicia nacional y fortalecer el acercamiento y las alianzas con funcionarios y funcionarias comprometidas con la democracia y el Estado de derecho.

b) Acompañar críticamente a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y desafiarla a actuar contundentemente frente a graves casos de corrupción en los que están involucradas personas afines al régimen.

c) Analizar la reactivación del examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el golpe de Estado cerrado en 2013 o la presentación de nuevas denuncias penales contra los jefes civiles y militares que son responsables por los delitos cometidos por sus subordinados.

d) Promover la coordinación con organizaciones civiles de Estados Unidos para activar la US Torture Victim Protection Act of 1991 y la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, en el marco de las cuales se pueden juzgar en tribunals estadunidenses a violadores de derechos humanos.

e) Continuar utilizando los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas para evidenciar las violaciones a derechos humanos y profundizar la deslegitimación y descrédito del régimen.

Sicariato militar y una propuesta de justicia

Uno de los hallazgos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación establecida por el gobierno de Lobo Sosa para conocer lo sucedido en el marco del golpe de Estado de 2009, puede fácilmente trasladarse a lo que sucede actualmente en materia de derechos humanos en el contexto del fraude electoral. 

De acuerdo con esta Comisión, se constató el uso desproporcionado de la fuerza de parte de las instituciones militares y policiales, lo que tuvo como resultado violaciones a los derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, tortura, violaciones sexuales y persecución política. 

Sin embargo, lo que sucede actualmente sobrepasa la gravedad de la crisis de derechos humanos de 2009 pues la brutalidad de las actuaciones de las fuerzas de seguridad pública, particularmente de los miembros de la Policía Militar, solo puede enmarcarse en la lógica del sicariato pagado con dinero público y bajo las órdenes de Juan Orlando Hernández.

El asesinato de Anselmo Villareal por balas de las fuerzas de seguridad del Estado se suma a la lista sangrienta de 31 personas asesinadas desde que estalló la crisis política debido al fraude electoral evidenciado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos.

Estos asesinatos pueden considerarse crímenes de lesa humanidad y por ello debemos trabajar fuertemente para impulsar junto con los sectores democráticos del país y de la comunidad internacional dos recomendaciones fundamentales de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, enriquecidas por nuestras propuestas. 

La primera es suprimir cualquier misión de carácter político para las Fuerzas Armadas y establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción y bajo un control judicial independiente. Esta debe ser un primer paso en el camino hacia su eliminación.

La segunda, es la creación de una jurisdicción especial en materia de derechos humanos que proponemos sea en la lógica de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, con el fin de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad hondureña, contribuir a la reparación de las víctimas y a luchar contra la impunidad.

Los que hoy se sienten impunes e intocables porque tienen el control de la institucionalidad y la bendición de las cúpulas económicas, religiosas y políticas, deberían entender que más temprano que tarde la justicia será una realidad para sus víctimas.

Criminales de verde olivo

Hablar de las Fuerzas Armadas en Honduras es hablar de fidelidad canina al poder, al que han defendido a toda costa, pisoteando la dignidad humana, irrespetando los valores democráticos y cometiendo graves violaciones a derechos humanos.

A cambio, el poder los ha premiado con impunidad y a sus altos jerarcas los ha hecho millonarios mediante el manejo dudoso del presupuesto de defensa y de la tasa de seguridad, de la que reciben cada mes el 38% de los 170 millones que se recaudan mensualmente.

En su informe “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993”, el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, documentó la desaparición de al menos 184 personas por parte de los militares.

En su informe sobre el golpe de Estado “Para que los hechos no se repitan”, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación constató que los militares cometieron graves violaciones a derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, tortura y violaciones sexuales.

Y en la crisis política derivada del fraude electoral, los militares, especialmente a través de la Policía Militar de Orden Público, son responsables de asesinatos, torturas, detenciones ilegales, hostigamientos y amenazas en contra de la población que defiende los valores democráticos.

Estos tres episodios demuestran que las Fuerzas Armadas constituyen un peligro, un riesgo, una pesadilla y un cáncer para la democracia y los derechos humanos, el cual debe ser extirpado urgentemente desde su raíz para poder reconstruir el tejido social y el sistema democrático.

Los crímenes cometidos son tan graves que nunca prescriben y por eso tenemos la esperanza que los militares hondureños tarde o temprano serán los próximos criminales juzgados como sucedió con Augusto Pinochet en Chile, con Jorge Rafael Videla en Argentina, con Alberto Fujimori en Perú, con Efraín Ríos Montt en Guatemala y con Guillermo Benavides en El Salvador.

Los perros de garra

Como parte del grave proceso de militarización de la sociedad y el Estado, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha entregado amplios poderes a los militares, a quienes además ha comprado su lealtad de perro con millones de lempiras que siguen aumentando cada año y sin que rindan cuentas, les ha garantizado impunidad y les ha colocado en puestos claves para la toma de decisiones.

Al frente de dos poderosas secretarías de Estado se encuentran el general Fredy Santiago Díaz Zelaya, como ministro de Defensa, y el general Julián Pacheco Tinoco, como ministro de Seguridad. Ambos militares tienen una trayectoria impecable en golpes contra la democracia y los derechos humanos.

En los años 80 durante los cuales se aplicó la doctrina de seguridad nacional, formaron parte del grupo de poder de las Fuerzas Armadas que torturó, desapareció y asesinó a centenares de personas; durante el golpe de Estado de 2009 jugaron un papel clave en su ejecución y en las consecuentes violaciones a derechos humanos que fueron consideradas crímenes de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

A partir del año 2015 jugaron un papel sumiso y cómplice frente a la grave violación de la Constitución con la candidatura ilegal del señor Juan Orlando Hernández que transgrede la prohibición de la reelección presidencial y el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.

Y desde noviembre de 2017 hasta la fecha siguen en su papel de “perros de garra” para sostener el fraude electoral a punta de represión, asesinatos, uso indiscriminado de la fuerza, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hasta el momento, el resultado ha sido miles de personas heridas, cientos de detenidas y 31 asesinadas según la institución estatal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Lo que no entienden los generales Díaz Zelaya y Pacheco Tinoco, y el coronel Óscar Reyes Paz, jefe de la Policía Militar, es que su responsabilidad se extiende a los crímenes cometidos por las fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo, como es el caso de los 31 asesinatos señalados.

Si fuéramos ellos, estaríamos preocupados porque estos asesinatos pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad, ya que se cometieron como parte de un ataque sistemático y generalizado, estaban dirigidos contra la población civil y se ejecutaron en el marco de una política de Estado para aplastar las protestas anti fraude. 

Nuestro anhelo es que comencemos el año con todas las energías y esperanzas para trabajar coordinadamente en la construcción de estos casos que permitan dar un primer paso en el camino del fin de la impunidad de los perros de garra del régimen.