Militares y narcotráfico en Honduras, una relación silenciosa pero permanente

Una declaración explosiva

“Sí”, fue la respuesta que el pasado 6 de marzo dio el jefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, cuando le preguntaron si él y su organización criminal confían en el ejército hondureño. “¿Para qué tipo de cosas?”, fue la siguiente pregunta que se le hizo en el marco de su declaración ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Su respuesta fue “para información de la Policía, información de radar y seguridad”.

Estas palabras dejaron al descubierto una vez más una realidad de la que casi nadie habla: la relación silenciosa pero permanente entre militares y narcotráfico, en la que las Fuerzas Armadas juegan un papel central, no para combatirlo sino para facilitarlo. A la luz de dicha declaración, no resultan nada extraño dos datos sumamente importantes que han pasado intencionalmente desapercibidos en los grandes medios de comunicación.

Primero, que el capitán de la Fuerza Área, Carlos Alberto Maradiaga, y el capitán del Ejército, Carlos Rodríguez Orellana, son dos nombres que aparecen en un listado de la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Segundo, que existe una lista de 14 oficiales y 35 miembros de la Fuerza Naval que desde el año 2010 han sido expulsados de las Fuerzas Armadas por la misma razón.

Frente a estos dos hechos hay otras dos cuestiones que sí resultan extrañas. Primero, que hasta el momento no conozcamos ningún nombre de un alto oficial de las Fuerzas Armadas vinculado con el tráfico de drogas; segundo, que la sociedad no haya sido informada si esos 49 militares expulsados fueron investigados y acusados por el Ministerio Público, condenados por el Poder Judicial y recluidos en los centros penales del país. 

El General no tiene quién lo investigue

En un reciente estudio sobre “Elites y crimen organizado en Honduras”, Insigth Crime señala que la relación entre militares y narcotraficantes comenzó en el nivel operativo más básico, pero luego trascendió a los niveles más altos de las Fuerzas Armadas y “llegó hasta el corazón de los servicios de inteligencia militar”. En este punto resulta interesante recordar que en su declaración, “El Cachiro” mencionó al General Julián Pacheco Tinoco, actual ministro de seguridad, a quien vincula con sus actividades de tráfico de drogas, junto con diputados, alcaldes y el ex presidente Porfirio Lobo Sosa.

Es preciso recordar que el General Pacheco Tinoco ha fungido como director de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas y jugó un papel clave en las acciones de inteligencia durante el golpe de Estado. Luego fue nombrado director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, dentro de cuya estructura se encuentran unidades especializadas en extorsión, sicariato, terrorismo y narcotráfico.

A la luz de lo anterior, resulta sumamente preocupante que el mayor responsable de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de luchar contra el narcotráfico aparezca señalado y en fotografías con Los Cachiros. Después de negar rotundamente algún tipo de contacto con estos narcotraficantes, el General Pacheco Tinoco se vio obligado a admitir que participó en una reunión con ellos en la que le propusieron formar parte de su red de colaboradores en el tráfico de drogas, a lo que él se negó rotundamente.

No obstante, teniendo en cuenta que el ministro de seguridad es considerado el hombre más poderoso del país por la información que maneja, ya que es un especialista en inteligencia militar y un oficial de alto rango dentro de las Fuerzas Armadas, todavía no ha demostrado lo que hizo para denunciar estos hechos. Es claro que el General Pacheco Tinoco sabía desde hace años que Los Cachiros traficaban con drogas y, por tanto, la pregunta que aún no tiene respuesta es ¿cuáles son las acciones que realizó como autoridad militar y máximo responsable de la seguridad e inteligencia del Estado para denunciar y desmantelar a esta organización ilegal?

A la luz de las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga todo indica que el actual ministro de seguridad no hizo nada al respecto, ya que Los Cachiros continuaron operando sin ningún problema, siguieron recibiendo apoyo y seguridad por parte de policías, militares y políticos, fueron responsables de la muerte de 78 personas, traficaron con más de 20 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y lavaron millones de lempiras a través de contratos otorgados por el gobierno de Lobo Sosa, quien nombró al General Pacheco Tinoco como director de la poderosa Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. 

Estos datos también demuestran la incapacidad o aquiescencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en investigar y sancionar hechos tan graves relacionados con el crimen organizado. Y sin duda alguna, si no fuera por las extradiciones impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, la relación entre narcotráfico y empresarios, políticos y militares, seguiría siendo un secreto a voces manejado como rumor de pasillo, y continuaría sin que las autoridades correspondientes investigaran decididamente al respecto.

¿Quiénes son los verdaderos dueños de las fronteras?

Hay tres hechos irrefutables: Primero, la droga pasa por las fronteras marítimas, aéreas y terrestres; segundo, históricamente los militares han tenido el mandato y la responsabilidad constitucional de cuidar dichas fronteras; y tercero, el tráfico de drogas no se ha detenido, ya que de acuerdo al más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el 80% de las aeronaves con droga que salen desde Suramérica hacia ese país, se detuvieron primero en Honduras.

En su conjunto estos hechos cuestionan al menos 3 tesis fundamentales en las que se basa la creciente influencia y presencia militar en la vida política del país: Primero, la necedad del gobierno de Juan Orlando Hernández de confiar a los militares la lucha contra el narcotráfico en el ámbito de la seguridad interior y de fortalecerlos como nunca en la historia del país, sabiendo que han sido incapaces o cómplices en el trasiego de drogas por las fronteras que siempre han estado bajo su control.

Segundo, las Fuerzas Armadas es la institución que más dinero recibe de nuestros impuestos. Entre 2006 y 2016, el presupuesto ordinario para los militares aumentó en un 161% y entre 2012 y 2016, de los más de once mil millones de lempiras de la tasa de seguridad, los militares se llevaron el 53%. Y lo más preocupante es que si han fracasado estrepitosamente en evitar el tráfico de drogas por nuestras fronteras, la Ley de Secretos Oficiales les protege para mantener en secreto cómo han utilizado esos millones de lempiras del presupuesto público.

Tercero, a pesar de la desconfianza generalizada en la institucionalidad y de la participación de los militares en crímenes de lesa humanidad durante los años 80, en el golpe de Estado de 2009 y en el tráfico de drogas, las Fuerzas Armadas son la quinta institución en las que más confía un 46.1% de la población, de acuerdo al sondeo de opinión pública del ERIC-SJ.

Los datos son contundentes y nos llevan a una conclusión evidente: La conexión entre militares y narcotráfico no ha cambiado mucho desde la época de Ramón Matta Ballesteros, tiempos en los que, como señala Insight Crime, facilitaban el paso de la droga y de los narcotraficantes por aeropuertos, fronteras y aduanas, y con la complicidad de altos jerarcas de las Fuerzas Armadas utilizaron nuestro territorio “para crear un corredor amplio y lucrativo para el transporte de drogas hacia el norte, junto con sus socios en Colombia y México”.

Una exigencia democrática: Depuración o desaparición

El hecho de que las Fuerzas Armadas tengan la confianza ciudadana, un poderío económico incalculable y la fuerza de las armas para influir en las decisiones políticas más importantes del país, hace que su relación con el narcotráfico las convierta en una de las instituciones más fuertes y peligrosas para la democracia y la seguridad de la ciudadanía, frente a lo cual se requiere al menos un profundo proceso de depuración militar y de determinación de responsabilidades penales desde la cúpula hacia la base.

Sin embargo, en un país tan empobrecido y con las heridas abiertas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares durante los años 80 y el golpe de Estado de 2009, y en el actual contexto de paz en la región, la exigencia democrática ciudadana no puede ser otra que la desaparición permanente de las “honorables” Fuerzas Armadas de Honduras.

El país podría haber avanzado mucho en términos de desarrollo humano si los casi 6 mil millones de lempiras destinados a los militares solo con la tasa de seguridad, hubieran sido invertidos en políticas sociales orientadas a intervenir en las condiciones de extrema pobreza, exclusión social y privación de derechos tan básicos para la dignidad humana como la educación, la salud, la vivienda y el empleo, cuya intolerable negación provoca que la conflictividad aumente y evita que se reconstruya el tejido social roto por la violencia y la impunidad.

Publicado en Criterio.hn el 30 de marzo de 2017
Fuente: http://criterio.hn/2017/03/30/militares-narcotraficantes-honduras-una-relacion-silenciosa-permanente/

Los Cachiros, los militares y el narcotráfico

Cuando el pasado 6 de marzo el jefe de Los Cachiros, Devis Leonel Maradiaga, declaró en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, dejó al descubierto una realidad de la que casi nadie habla: el papel central de miembros de las Fuerzas Armadas en el tráfico de drogas.

De acuerdo con El Cachiro, su organización criminal confió en las Fuerzas Armadas “para información de la Policía, información de radar y seguridad”, y estas ayudaron a recibir toneladas de cocaína de Suramérica que luego fueron enviadas a Estados Unidos.

Estas revelaciones generan una profunda preocupación por dos factores importantes: Primero, las Fuerzas Armadas siempre han estado en la cúspide del poder, detrás de los gobiernos o al menos influenciando poderosamente la toma de decisiones de Estado.

Segundo, la estrategia de seguridad de los últimos gobiernos, tanto democráticos como el de facto, se ha centrado en las Fuerzas armadas, lo cual ha provocado una permanente y creciente presencia militar en la vida pública.

A su vez, estos factores se ven reflejados en el hecho de que pese a la desconfianza generalizada en la institucionalidad, las Fuerzas Armadas son la quinta institución en las que más confía un 46.1% de la población, de acuerdo al sondeo de opinión pública del ERIC.

Por otro lado, es la institución que más dinero recibe de nuestros impuestos. Entre 2006 y 2016, el presupuesto ordinario para los militares aumentó en un 161%; y entre 2012 y 2016, de los más de once mil millones de lempiras de la tasa de seguridad, los militares se llevaron el 53%.

¿Por qué estos datos son tan preocupantes a la luz de las declaraciones del jefe de Los Cachiros? Porque las Fuerzas Armadas tienen la confianza ciudadana, el poder económico y la fuerza de las armas para influir en las decisiones políticas más importantes del país.

Por eso se comprende que actualmente se les ha dado poder en tareas de seguridad ciudadana para combatir el narcotráfico a nivel interno, pese a que son las responsables de evitar que la droga pase por las fronteras marítimas, terrestres y áreas que supuestamente protegen.

Pero el tráfico de drogas por nuestras fronteras no se ha interrumpido, pues como lo señala un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el 80% de las aeronaves con droga que salen desde Suramérica hacia Estados Unidos, se detuvieron primero en Honduras.

Todo apunta a que la conexión entre militares y narcotráfico no ha cambiado mucho desde la época de Ramón Matta Ballesteros, tiempos en los que, como señala Insight Crime, facilitaban el paso de la droga y de los narcotraficantes por aeropuertos, fronteras y aduanas, que siguen estando bajo el control de las Fuerzas Armadas.

Seguimos esperando su renuncia o su destitución

Después de las declaraciones del jefe de Los Cachiros en el que vincula con el narcotráfico al actual Ministro de Seguridad, general Julián Pacheco Tinoco, seguimos esperando una respuesta responsable por parte del gobierno de la República y de otros sectores.

Como ERIC y Radio Progreso consideramos que una denuncia tan grave contra el máximo responsable de la seguridad de la ciudadanía debe al menos provocar que el General Pacheco renuncie a su cargo o que sea removido de él por el presidente Hernández, mientras desvirtúa los señalamientos en su contra.

Sin embargo, lo que hemos obtenido son datos que nos generan más desconfianza, ya que frente a los primeros señalamientos la Secretaría de Seguridad publicó un comunicado en el que defiende la inocencia del General y rechaza que él haya tenido contacto o participado en alguna reunión con los narcotraficantes.

Pero tal argumento de defensa se le vino abajo cuando se publicaron varias fotos, en una de las cuales aparece el Ministro de Seguridad reunido con Los Cachiros.

Frente a esta prueba contundente, el General Pacheco ha tenido que admitir que sí participó en una reunión con estos narcotraficantes en la que le propusieron formar parte de la red de colaboradores en el tráfico de drogas, a lo que él se negó contundentemente.

No obstante, este argumento deja más dudas que certezas, ya que siendo un especialista en inteligencia militar y un oficial de alto rango dentro de las Fuerzas Armadas, resulta dudoso que no haya pruebas de que hiciera algo para denunciar los hechos.

En otras palabras, si es así como lo cuenta el General Pacheco, significa que desde hace años él sabía que Los Cachiros traficaban con drogas y, por tanto, la pregunta que debe responder a la sociedad, al Ministerio Público o a la DEA es, ¿cuáles son las acciones que realizó como autoridad militar para denunciar y desmantelar a esta organización ilegal?

Las dudas generadas con su señalamiento como colaborador de Los Cachiros en el tráfico de drogas y sus explicaciones al respecto, nos dejan la sensación de que no se nos está diciendo toda la verdad, y que nuestra seguridad está en manos de alguien en quien no se puede confiar.

Por tanto, exigimos nuevamente al General Julián Pacheco Tinoco que renuncie o al presidente Juan Orlando Hernández que lo destituya inmediatamente.

Y también llamamos a toda la ciudadanía, a las organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de seguridad y justicia, y a la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, a que de forma unísona se unan a esta exigencia democrática y de rendición de cuentas.

Silencios y destituciones

La declaración ante la justicia estadounidense del jefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, en la que vincula con el narcotráfico a varias personas ligadas a la política nacional, solo confirma un secreto a voces: la estrecha relación entre el crimen organizado y la política.

El jefe de Los Cachiros menciona a diputados, alcaldes, a un ex ministro de seguridad y al ex presidente Porfirio Lobo Sosa, y de una forma todavía confusa, también al presidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, uno de los nombres que genera una enorme preocupación es el del General Julián Pacheco Tinoco, actual ministro de seguridad.

La preocupación es mayor cuando nos damos cuenta que el General Pacheco ha fungido como director de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas de Honduras y jugó un papel clave en las acciones de inteligencia durante el golpe de Estado.

Luego fue nombrado director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), la cual es una estructura que responde directamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que, más que un espacio de coordinación de poderes, es un supra gobierno presidido por el presidente Hernández.

Dentro de la estructura de la DNII se encuentran unidades de seguimiento para búsqueda de información sobre extorsiones, sicariato, narcotráfico así como unidades relacionadas con la intervención de las comunicaciones y la investigación de casos emblemáticos o de impacto social.

Posteriormente fue nombrado por el presidente Hernández Secretario de Seguridad, es decir, el mayor responsable de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado como el narcotráfico.

Hay dos asuntos que llaman mucho la atención: En primer lugar, el silencio de la Embajada de Estados Unidos en Honduras que por lo general es muy activa ante este tipo de cuestiones y el silencio del presidente Hernández que no se ha atrevido siquiera a defender a su ministro.

En segundo lugar, en un país democrático, cualquiera esperaría al menos dos cosas. Que el General Pacheco Tinoco renuncie para someterse a la justicia nacional o estadounidense con el fin de desvirtuar las acusaciones en su contra.

Y en caso contrario, que el Presidente de la República lo destituya porque no es posible mantener al frente de la Secretaría de Seguridad a un militar que está siendo señalado como protector de narcotraficantes.

Frente a ello, nuestra exigencia ciudadana es la inmediata renuncia o destitución del General Julián Pacheco Tinoco.

“Aborto: Entre la autonomía de las mujeres y el delito”

Les comparto mi artículo “Aborto: Entre la autonomía de las mujeres y el delito”, publicado en la Revista Justicia. Asociación de Jueces por la Democracia. II Época. Año 10. N° 19. Editorial Guaymuras. Tegucigalpa. Febrero 2017, pp. 5-18. Puede descargarse gratuitamente en https://drive.google.com/open?id=0ByYToOmVWPlrS0xTUGN3YUhHQlk

Un informe que invita a un cambio en la lógica de la cooperación

Hay una noticia que pasó casi desapercibida en nuestro país. El Tribunal de Cuentas Europeo, en su calidad de auditor externo de los recursos de la Unión Europea, analizó la gestión de la ayuda al desarrollo destinada a Honduras en un informe especial titulado “La eficacia de la ayuda de la UE a sectores prioritarios en Honduras”.

El informe evalúa el período 2001-2015, durante el cual la Unión Europea destinó a Honduras aproximadamente 119 millones de Euros, convirtiendo a nuestro país en la segunda nación centroamericana que recibe más ayudas europeas al desarrollo y a la Unión Europea en el segundo socio comercial de Honduras después de los Estados Unidos.

De acuerdo con este informe, la cooperación europea ha priorizado la reducción de la pobreza, la gestión de los recursos naturales, particularmente forestales, y el fortalecimiento del sector justicia y seguridad. Sin embargo, la ayuda de la Unión Europea ha sido parcialmente eficaz.

Por ejemplo, en relación con la reducción de la pobreza, el informe señala que pese al aumento del gasto social, el nivel de pobreza aumentó durante el período 2007-2015, dejando al país como uno de los más pobres y con mayores desigualdades de América Latina.

Con respecto a los recursos naturales, el por­centaje de tierras forestales en Honduras disminuyó, lo cual no solo redujo la superficie forestal del país, sino que también afectó a su biodiversidad. Y desde 2012 no han dejado de aumentar el número de incendios y la superficie afectada por los mismos.

En relación con el fortalecimiento del sector justicia y seguridad, la coordinación interinstitucional sigue estando limitada y los intentos de adopción de una única política nacional de justicia y segu­ridad, y de armonización del marco legal han sido vanos debido a las insuficiencias institucionales y a las difíciles circunstancias derivadas del golpe de Estado de 2009.

Por ello es que la violencia generalizada sigue siendo un problema y aunque ha habido una reducción en los índices de homicidios, estos no reflejan exactamente la situación general en términos de seguridad, y siguen siendo muy elevados en comparación con Centroamérica y el resto del mundo.

Sin duda alguna este informe representa un insumo fundamental para que la ciudadanía a los dos lados del Atlántico, tanto la hondureña como la europea, demandemos transparencia, rendición de cuentas y cambios profundos en la forma en que se ejecuta la cooperación al desarrollo.

Como lo refleja el informe, hasta el momento la cooperación europea no está teniendo un impacto significativo en mejorar las condiciones de vida de la población, en la elaboración e implementación efectiva de políticas públicas y en el fortalecimiento de una institucionalidad que sigue sumergida en el colapso.