La Coalición contra la Impunidad, dándole
seguimiento a las medidas gubernamentales para depurar y reorganizar el
Ministerio Público, ante la opinión pública nacional e internacional, nos
pronunciamos de la siguiente manera:
1. Como instancia de seguimiento e incidencia respecto a las reformas en el sistema judicial de
Honduras, la Coalición contra la Impunidad, manifestó de forma directa a la Comisión
Interventora del Ministerio Público, en la reunión sostenida el día
14 de mayo que las organizaciones que forman parte de esta articulación están
dispuesta a apoyar las acciones de la Comisión Interventora, siempre que las
mismas contribuyan efectivamente al fortalecimiento de esta institución,
quedando delimitado que nuestro acompañamiento será de carácter crítico,
y dependerá de los resultados satisfactorios de su trabajo.
2. Por ello, nos preocupa que una de las primeras acciones
realizadas por la Comisión Interventora, como lo ha sido el nombramiento del
Director de Fiscales y la sub-directora de esta dependencia, se haya realizado
al margen de la convocatoria de un concurso u oposición. Decisiones como está
muy poco aportan a la institucionalidad del Ministerio Público, por el
contrario, reproducen la dinámica del cabildeo político y de la designación de
personas vinculadas a los círculos cercanos a las autoridades en esa
institución.
3. Ante este desacierto en el
nombramiento del director de Fiscales, que recayó en Roberto Ramírez Aldana, y
el de sub-directora en Loany Alvarado,
el primero ex - asesor del Fiscal Adjunto, y Coordinadora de la Fiscalía de la
Mujer la segunda, queremos pedirle a la Comisión Interventora que informen a la
opinión pública quienes fueron los candidatos(as) que se tomaron en cuenta para
esta selección, y ante todo que den a
conocer el procedimiento para esta selección y nombramiento.
4. De cualquier forma, no puede pasar
desapercibido que estos nombramiento han recaído en fiscales que a lo largo de
los últimos años han sido corresponsables junto al Fiscal General y su Adjunto
de la crisis institucional en que actualmente se debate el Ministerio Público. Desafortunadamente,
una vez más no han sido tomados en cuenta para estos cargos los y las fiscales
que se han destacado en el ejercicio independiente y objetivo de sus
responsabilidades.
5. En el cumplimiento de las
atribuciones de la Comisión Interventora, nos llama la atención que habiendo
pasado un mes desde su inicio de funciones, no hayan presentado el informe
preliminar de su trabajo, de conformidad a lo que establece el decreto de su nombramiento.
Eludir el cumplimiento en el tiempo de esta responsabilidad, es de cierto modo,
falta de transparencia y de cumplimiento a la ciudadanía como servidores
públicos. Por ello, no está de más, recordarles que los hallazgos o
conclusiones de su trabajo deben ser
difundidos ampliamente ante la opinión pública y sin ningún sesgo político.
6. En el orden de sus altas responsabilidades, entendemos que la Comisión
Nominadora no debe limitarse a la evaluación, diagnóstico y depuración del
Ministerio Público. Es de suma importancia o de primer orden, el impulso de los
casos que aun no resuelve el Ministerio Público,
tanto aquellos emblemáticos o notorios, como los numerosos casos que a diario
reclaman las víctimas. Paralizar estas
investigaciones o permitir que continúen en ese estado, es algo que no puede
permitirse la Comisión Interventora, pues al asumir sus funciones prácticamente
asumen las que corresponden al Fiscal General y su Adjunto. Por ello, la
investigación, el litigio o manejo de los casos, es sin lugar a dudas, una de
las expectativas por las cuales se calificará su desempeño.
7. En cuanto a la posibilidad de que se
le conceda a la Comisión Interventora una nueva prórroga de tiempo, al cumplir los dos meses para los
cuales fue designada por el Congreso Nacional, desde la Coalición contra la
Impunidad, no nos oponemos a la misma,
pero aclarando que esa prórroga no puede ni debe prolongarse en el tiempo y,
concretamente, la misma no puede ser superior a dos meses. Concluido su tiempo de funciones –con o sin prórroga- la
Comisión Interventora debe presentar su informe final, y las autoridades del
Congreso y del Ejecutivo deben tomar las decisiones correspondientes de conformidad
con la Constitución y la normativa legal aplicable.
San
Pedro Sula - Tegucigalpa 27 de mayo de 2013.
COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD –
HONDURAS.
Integrada
por las siguientes organizaciones:
Asociación
de Jueces por la Democracia (AJD) - Asociación Intermunicipal de
Desarrollo y
Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía
Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) -
Centro de
Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y
Promoción de
Derechos Humanos (CIPRODEH) - Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos
de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre -
Comunidad Gay
Sampedrana - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor
Occidental - Equipo
de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso - Feministas
Universitarias - Foro de Mujeres por la Vida - Foro Social de la Deuda
Externa (FOSDEH) - Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red
de
Mujeres Jóvenes de Cortés - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de
Mujeres
contra los Femicidios
