¡No podemos permitir que esos crímenes queden en la impunidad!

Por Sandra Marybel Sánchez

Advierto que las imágenes que copio abajo son fuertes y no pretendo con ello evitar que las vean. Todos los días, muchas familias tienen que ver las imágenes de sus parientes o amigos brutalmente asesinados, irrespetuosamente publicadas en los medios de comunicación gráficos y electránicos, .

 

Y digo que con la advertencia no pretendo que no las vean, porque quienes luchamos a diario por cambiar nuestro país desde distintos escenarios, jamás debemos olvidar el alto precio que han tenido que pagar muchos hombres y mujeres que osaron elevar su voz exigiendo justicia o intentando hacerla.  

 

Antonio Trejo y Eduardo Díaz pusieron sus conocimientos de la ley al servicio del pueblo, uno como abogado de los pobres, el otro como fiscal. A unos les enfureció ser vencidos en juicio por un abogado que no pertenecía a la élite de los togados, a pesar de contar ellos batallones de incondicionales dispuestos a torcer la ley a favor de quien paga. A los otros, los cegó la persecusión de un fiscal que no estaba dispuesto a tranzar.

 

Ambos eran molestos, incomodísimos a el sistema y por eso optaron, según ellos, por borrarlos del mapa. Lo que no entienden los autores intelectuales y materiales de esos crímenes; es que con sus muertes los sembraron en nuestras conciencias... y fructificarán. 

 

Creo que es necesario confrontarnos con las imágenes de la suerte que corren quienes no traicionan al pueblo y se mantienen fieles a sus principios de defender a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Para no olvidar que con su sangre han contribuido a cimentar la sociedad más justa que todos y todas soñamos.  

 

Eduardo Diaz Mazariegos y AntonioTrejo, no se merecían las muertes que tuvieron y ¡No podemos permitir que esos crímenes queden en la impunidad! 

 

Sandra 

 

 

 

 

 

 

 

La muerte viaja en motocicletas oscuras

Por Milson Salgado

A la Memoria de los mártires Antonio Trejo, Abogado de Marca grupo campesino Hondureño y Eduardo Díaz, Fiscal de Derechos Humanos.

La muerte violenta tiene licencia en Honduras. A veces se viste de pordiosera y juventud y viaja en motocicletas oscuras. Examina los últimos detalles de nuestra rutina. Se posesiona de horarios de hijos, de nombres de escuelas, de cafés y calendarios perdidos en fechas y horas, y traza un círculo cuadrado que limita los últimos pasos que gastarán nuestros zapatos.

Es la dueña de nuestros suspiros y hasta de nuestros inútiles sueños. Reconoce como ilusos a los soñadores y como revoltosos a los que se mueven por enmendarle el camino torcido al pobre paisito.

No suele dejar nada en el olvido y se venga hasta de la juventud apresurada, de la indigna forma en que aspiras por un mundo mejor, cuando millones de hombres y mujeres se cocinan a fuego lento en los hornos de la productividad, el consumo y las fábricas.

La muerte hala gatillos intrascendentes sin melodramas o sentimientos de culpa, y cobra la recompensa a quienes almacenan el odio en cuartos herméticos, protegidos de apellidos morados y abolengos de camellos, y de dineros y guardaespaldas que cuidan hasta su farmacéutica longevidad.

La muerte intrusa, cobarde, impúdica, forma maldita de la sangre y el dolor humano, ayer domingo y hoy lunes, se ha engullido la vida de dos hombres coherentes, ángeles profanos del martirio, que como niños ingenuos no advirtieron que construyendo la vida de los humildes campesinos y de los demás hombres y mujeres de Honduras estaban tejiendo los hilos de su propia muerte.

Por qué inobjetable razón no entendieron que la vida es para los vivos, para los maestros de la trampa, para los que cercan con alambres, y son dueños de armas y voluntades, para los que compran el cielo en cuotas pagas y suelen arrendar el perdón divino a plazo fijo.

¿Para los hipócritas que se endulzan en social democracias, para los que almacenan graneros y palma africana, y se llevan sus ganancias eternas en muertes de heráldicas ancianidades, de gripes inofensivas, de diabetes no corregidas por mucha Coca Cola o de hartazgo renal?

¿Por qué razón Antonio no entendiste que reivindicando la tierra de los campesinos estabas ganándote un pedazo de tierra en el que solo cabe tu cuerpo y tratan de enterrar tu memoria?

¿Por qué razón Eduardo no comprendiste que en la Huelga de Hambre de Fiscales en la que casi mueres de amor por Honduras, el hambre seguiría y la justicia con tu muerte se pondría sus mejores galas de Rouge y Chanel para recibirte en el panteón de los elegidos en que se coronan a los que mueren de inocencia por el nombre maldito de las instituciones?

Quizás me invada el dolor y la rabia que lleva al escepticismo, pero en definitiva sus muertes valen más que miles de vidas juntas, porque los porcentajes miden milimétricamente la cobardía y la prudencia, y escenifican estadísticas de personas sobreviviendo en sanatorios y asilos de ancianos, asesinados de memoria y de tiempos, viviendo anacrónicamente las desdichas y dolor de los delirios por las imágenes borrosas, pero Eduardo y Antonio, ustedes duelen y era necesarios que vivieran. ¿Quién los condenó a la vida? ¿Por qué azaroso destino hoy duelen en la patria?

Quien les dibujó la muerte, sabía que sus miradas en el último jadeo no podían cruzarse con sus inmerecidas miradas, y que la última palabra vertida por sus gemidos llevaba el nombre brutal de sus victimarios.

¡Ojalá que Honduras escriba sin merecerlo sus nombres en páginas de Gloria, porque para mí y tantos amigos que los amamos ya jamás se apartarán de nosotros!

Hasta la Victoria compañeros.

La vida no vale nada

La muerte violenta no ve colores, profesiones, ideologías ni condición social y económica. Cada día, la muerte arrebata a miles de familias sus niños, hombres y mujeres.

Diariamente son asesinadas 20 personas sin que nadie sea castigado por ello. Las autoridades encargadas de investigar estos hechos se limitan a repetir la misma cantaleta de que los propios muertos son culpables por andar en “malos pasos”, lo cual sólo es un intento para ocultar la incapacidad e ineficiencia de policías, fiscales y jueces, que a su vez es producto de la corrupción y pudrición del sistema de justicia en su conjunto. 

En Honduras la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 82, que en concreto ha significado que en el año 2010 hubieran 6,239 homicidios, en el 2011 7,104 y de enero a junio de 2012 3,373 muertes violentas. En Chile, por el contrario, la tasa de homicidios apenas llega a 3.7.

La comparación entre Honduras y Chile, los países más violento y más seguro de América Latina respectivamente, refleja la masacre, la guerra de baja intensidad, el holocausto, la barbarie y el exterminio silencioso al que estamos sometidos los hondureños y hondureñas sin saber cómo, cuándo, dónde y quién será el siguiente.

Parafraseando al gran cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, podemos denunciar que en Honduras “no vale nada la vida, la vida no vale nada”, y no importa si es la vida de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestras mujeres, de los mejores hondureños y hondureñas que luchan por un país más justo y más compartido.

Y esta violencia provocada y fomentada por los poderes más oscuros de nuestro país, no sólo nos roba la vida física de quienes son enterrados en los cementerios públicos, privados y hasta clandestinos, sino también nos roba la vida en los espacios públicos, la vida en familia, la vida en la confianza en el otro, la vida que sólo puede ser digna si está liberada del temor y la miseria.

O terminamos resignados a cantar como José Alfredo Jiménez que la vida no vale nada y que “comienza siempre llorando y así llorando se acaba”, o asumimos con valentía y alegría, a pesar de la tragedia, la canción de Pablo Milanés en el sentido que la vida no valdrá nada cuando otros están muriendo y seguimos “aquí cantando cual si no pasara nada”.

De presupuestos y otros cuentos regresivos

De acuerdo con nuestra Constitución nacional, el Estado tiene la obligación jurídica de adoptar medidas progresivas de manera constante y consistentemente hasta la plena efectividad de los derechos humanos.

Esto implica que el Estado tiene el doble deber de mejorar continuamente el goce de tales derechos y de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

Por tanto, el Estado puede violar su obligación constitucional tanto si no toma ninguna medida para ir avanzando en el disfrute de los derechos humanos como cuando toma medidas deliberadamente regresivas, o incluso cuando permanezca pasivo ante el deterioro del nivel de disfrute de tales derechos.

Bajo estos parámetros, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, el Estado tiene la obligación de procurar constantemente su realización sin retrocesos y un primer paso para garantizarlo es mediante la asignación de los recursos disponibles en el presupuesto general de la república.

La semana pasada, salió a la luz pública el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la nación del año 2013, el cual contempla una reducción de 389 millones de lempiras para la partida de educación y en contraste registra incrementos para los ministerios de defensa y seguridad en 757 y 125 millones, respectivamente.

Es evidente que esta reducción presupuestaria es una medida regresiva que viola abiertamente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, que pudiera ser revertida si tuviéramos tribunales nacionales imparciales e independientes.

Pero hay que intentarlo, no sólo para defender un derecho tan fundamental para la construcción de ciudadanía democrática, sino también para dejar claro que nuestra clase política corrupta apuesta fuertemente por la muerte, las armas y la violencia, que por la educación pública, gratuita y de calidad de nuestra niñez y nuestra juventud.

Extranjeros en nuestro propio territorio

Nuestra mancillada Constitución de la República establece en su artículo 2 que “la soberanía corresponde al pueblo’, que ‘la suplantación de la soberanía popular’ se considera traición a la Patria y que la responsabilidad por este delito es imprescriptible, es decir, que puede ser deducida en cualquier momento sin límite en el tiempo.

Por su parte, el artículo 13 constitucional señala que el dominio del Estado hondureño sobre el territorio nacional es inalienable e imprescriptible, en otras palabras, que no se puede enajenar, transmitir, ceder ni vender.

La Ley del Estatuto Constitucional de la Red Especiales de Desarrollo, conocidas como las Ciudades Modelo, aparece en total contradicción con lo que dispone la Carta Suprema de la nación, ya que, entre otras cosas, estas “ciudades” serán territorios autónomos, con su propio poder judicial, podrán imponer sus propios impuestos, tendrán sus propios autoridades, adoptarán y aplicarán sus propias leyes, y podrán firmar convenios y tratados como si fueran Estados independientes.

Además de la evidente violación a la soberanía nacional, con la implementación de las ciudades modelo se violarán derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución hondureña y los tratados internacionales, entre ellos, el derecho a la igualdad y el derecho a circular libremente por cualquier parte del territorio nacional.

En otras palabras, en el territorio hondureño se pretenden crear pequeños Estados en los que sólo vivirán aquellas personas que las autoridades de los mismos consideren “idóneas” y con el peligro de expulsar de sus territorios a quienes tengan la desgracia de vivir actualmente donde los vende patria del congreso y del ejecutivo han decidido consumar esta grave afrenta a la dignidad nacional.

Frente a la grave situación de miedo que provoca la pobreza y la violencia, los hondureños y hondureñas ya no sólo seremos extranjeros en el tortuoso camino centroamericano y mexicano que nos lleva a arriesgarnos a vivir en la ilegalidad del norte, sino también en nuestra propia tierra en donde la exclusión existente se profundizará con una nueva clase de ciudadanos y ciudadanas “modelos” que viven en las “ciudades privadas”, y el resto que no podrá acceder a ellas.

La migración en tiempos hostiles

Son tiempos hostiles para las personas migrantes, particularmente para aquellas que no tienen un documento que las salve del infierno de la ilegalidad impuesta. Desde Estados Unidos hasta Europa corren vientos de desprecio contra ellas, cuya presencia es asociada con la violencia, el miedo, la inseguridad, la crisis económica, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos.

Con la grave crisis económica que azota a los países ricos, la mayoría de gobiernos han alimentado en el imaginario colectivo de sus sociedades que la presencia de las personas migrantes es culpable de todas las desgracias y así, éstas se han convertido en la víctima expiatoria de todos los males y para ellas, como lo señala Sami Nair, han llegado “los tiempos del desprecio”.

Y estos “tiempos del desprecio” se manifiestan en las políticas de sospecha contra el que es “diferente”, contra el “otro”, contra quien no es parte del “nosotros”, lo cual alimenta la arrogancia, el racismo y la xenofobia, que termina criminalizando la migración. De esta manera, la falta de un documento, de una visa o de una tarjeta de residencia se convierte en ilegalidad, en delito que debe ser situado y tratado al mismo nivel que el narcotráfico y el terrorismo.

En Estados Unidos, se envían a la frontera miles de nuevos agentes de la patrulla fronteriza a la que se le ha dotado de aviones y helicópteros militares; se construyen y amplían los muros fronterizos con la participación del ejército; se usan detectores electrónicos de movimiento, proyectores potentes, telescopios infrarrojos o cables electrónicos; y se adoptan leyes discriminatorias como la Ley 1070 conocida como “Leyde Arizona”.

En Europa, el Parlamento Europeo aprueba la llamada “Directiva de retorno sobre inmigración ilegal” que permite la detención administrativa del indocumentado hasta un año y medio mientras se tramita su expulsión, y faculta la expulsión de niños y niñas inmigrantes no acompañadas a su país de origen o a un tercer país que no sea el suyo.

En algunos países como España, se han adoptado medidas tan radicales como la denegación de asistencia sanitaria a quienes no tienen documentos, con lo cual se precariza aún más su situación y se les condena a una mayor marginalidad en el goce de un derecho humano tan fundamental como la salud.

Mientras tanto, los Estados expulsores como Honduras, se benefician del sufrimiento de estas personas ya que su aporte en remesas es fundamental para el sostenimiento económico del país y para reducir el conflicto social que genera la pobreza y la desigualdad.

Así, las personas migrantes viven la doble tragedia de ser “residuos humanos” que son expulsados de Honduras y luego deportados por los países ricos.