Reformas penales, democracia y tiranía

La democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos son elementos esenciales para legitimar o deslegitimar las acciones u omisiones de las autoridades. Entre ellos mantienen una relación íntima que le permite a cada uno definirse, completarse y adquirir sentido en función de los otros.

El Estado de derecho es un sistema político basado en el monopolio estatal del uso de la fuerza, con el objetivo de suprimir o al menos disminuir la violencia en las relaciones interpersonales.

La democracia es una técnica de convivencia orientada a la solución no violenta de los conflictos. Por tanto, en un Estado democrático de derecho no debería existir otra violencia legal que aquella mínima necesaria para prevenir formas de violencia ilegales más graves y vejatorias.

Por su parte, los derechos humanos son instrumentos fundamentales para protegernos del uso abusivo y negligente del poder, y su inclusión en la norma más suprema de la nación, es decir, la Constitución, condicionan las decisiones públicas y favorecen el desarrollo pacífico de las transformaciones sociales e institucionales.

En este sentido, la democracia legitima el cambio a través del disenso mediante la reducción de la violencia y la limitación del poder absoluto, y garantiza las luchas por los derechos humanos, los cuales a su vez garantizan la democracia.

Consecuentemente, la exigencia ciudadana de sus derechos constituye una forma de democracia directa que se desarrolla paralelamente a la institucional y representativa, permitiendo que el debate político también salga de las paredes del Congreso Nacional, y que la participación de los titulares de los derechos se vuelva más directa.

Las recién aprobadas reformas penales que criminalizan la protesta social y pacífica, y cercenan libertades fundamentales como la libertad de expresión, son un ejemplo del deterioro y desmantelamiento de los principios más básico de la democracia y del Estado de derecho.

Asimismo, la discrecionalidad que tales reformas le dan a policías, militares, fiscales, jueces y juezas para señalar como terroristas a quienes colectivamente ejercen la defensa de sus derechos en los espacios públicos, solo nos confirma la consolidación de un régimen autoritario, tiránico y fascista que utiliza el derecho penal como instrumento de terror y de control social.

Sin duda alguna, con estas reformas se pretende reducir al mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública, y transformar completamente nuestra débil e incipiente democracia en oligarquía y en tiranía de una minoría.

Los peligros del derecho penal del enemigo

La Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos establecen unos estándares mínimos para que el Estado haga uso de diferentes herramientas compatibles con la democracia con el fin de reducir la violencia y la criminalidad.

Tales estándares son el norte que debe guiar las acciones de las autoridades públicas pues colocan a la persona humana, su dignidad y sus derechos en el centro de su protección.

En este sentido, los derechos y libertades fundamentales constituyen el coto vedado, el límite y el vínculo que el Estado no puede violentar si desea revestirse de legitimidad frente a la ciudadanía y la comunidad internacional.

Por ello es que el derecho penal refleja el nivel de respeto estatal por los derechos humanos y la efectividad de los estándares mínimos establecidos en las normas constitucionales e internacionales, los cuales permiten un equilibrio entre los derechos de las víctimas atacados por el delito y los derechos de los victimarios que lo comete.

Sin embargo, cuando el miedo a la violencia y la criminalidad se apodera de la sociedad, a quienes gobiernan les resulta muy rentable electoralmente adoptar medidas populistas encaminadas a la reducción de las libertades y al aumento desproporcionado de las penas.

De esta manera se le hace creer a la población que para reducir la violencia hay que ver a los delincuentes como enemigos que no pueden ser tratados como personas, sino que se debe neutralizar su peligrosidad mediante un derecho penal más duro y segregarlos como si fueran un virus al que hay que eliminar de la sociedad.

En esta lógica deben entenderse las reformas penales propuestas por el gobierno nacionalista, las cuales representan un retroceso democrático peligroso que va a colocar en mayor riesgo los derechos y libertades de la ciudadanía.

Y lo peor de todo es que no servirán para reducir los altos índices de criminalidad como lo ha demostrado la ineficacia de otras medidas parecidas implementadas por el gobierno, ya que, como lo señala la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la lucha contra el crimen solo será efectiva si se implementan “políticas sociales y de prevención que aborden de manera integral la mitigación de los problemas estructurales que generan conflictividad en la sociedad en el país”.

El informe de Global Witness y reacciones autoritarias

El informe de Global Witness corrobora lo que viven los defensores y defensoras de derechos humanos en general y los del medio ambiente en particular, que “no hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.

Aunque el caso de Berta Cáceres es el más emblemático, Global Witness denuncia que desde 2010 han sido asesinadas más de 120 personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus territorios, y muchas otras han sido amenazadas, atacadas o encarceladas. Los responsables son las fuerzas de seguridad del Estado, guardias de seguridad privada o asesinos a sueldo.

Como casi siempre ocurre, la violencia que provoca este tipo de proyectos extractivos vincula a las élites ricas y poderosas del país, quienes están implicadas en “acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos y acallar a la oposición”. Y no puede faltar el financiamiento estadounidense a las fuerzas policiales y militares “que son responsables de algunos de los peores ataques”.

La respuesta del gobierno a través de dos secretarios de Estado y otros funcionarios, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la clase política implicada era la de esperar en un contexto de autoritarismo: ataques, insultos, amenazas, desacreditación y anuncios de interposición de acusaciones penales. Tampoco podía faltar la campaña de odio en las redes sociales por grupos anónimos.

La gravedad de la situación es tal que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras tuvo que rescatar -literalmente- a los representantes de Global Witness de una televisora en donde participaron en un programa que más parecía una trampa mediática llena de hienas intentando acabar infructuosamente con su presa.

Pese a las denuncias de violencia y corrupción que involucran a importantes sectores empresariales y políticos del país, solamente la Oficina del Alto Comisionado y de la MACCIH anunciaron el inicio de investigaciones al respecto; mientras tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público volvieron a quedarse callados evidenciando una vez más su papel cómplice.

La diferencia entre un gobierno democrático y un gobierno autoritario es que frente a este informe el primero anunciaría una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre los hechos denunciados, mientras que el segundo actuaría con violencia, discriminación y desacreditación contra quienes lo publican.

Es claro que el gobierno de Honduras ha vuelto a mostrar su verdadera cara autoritaria y que no está dispuesto a admitir ninguna crítica, disenso u oposición.

PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD DE LOS DEFENSORES DE CENTROAMERICA, CON LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS, EN RELACION A LOS ATAQUES A RAIZ DE LA PUBLICACION DEL INFORME DE GLOBAL WITNESS

Las organizaciones de Derechos Humanos y de Sociedad Civil centroamericanas, presentes en el Foro ProDerechos, organizado en San José de Costa Rica, manifestamos nuestra especial preocupación por las reacciones que ha provocado el informe de Global Witness “Honduras el país más peligroso para defender el planeta”, donde se señala la relación de políticos, funcionarios y empresarios en los proyectos de la industria extractiva, quienes se han beneficiado de sus cargos para obtener concesiones, como el caso de la Diputada, ex vice presidenta del Congreso de la República y Presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López.

Consideramos altamente preocupante la campaña de descredito, intimidación y amenazas de criminalización que se han desatado en Honduras a raíz del Informe, y en particular las palabras de Altos Funcionarios como el Ministro de la Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro quien ha desacreditado la validez del Informe en relación al número de defensores ambientales asesinados en el país en franca invisibiliación de las víctimas y excitando con ello a la impunidad; así mismo el Ministro de Recursos Naturales y ambiente SERNA José Galdámez, que ha exhortado al Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, y ha exigido en una franca injerencia del Poder Ejecutivo “que si el Director de Incidencia de Global Witness, Billy Kyte no se presenta a declarar sobre los hechos sustentados en el Informe, que de Oficio debe proceder el Ministerio Público a Detenerlo”.

Deploramos igualmente las aseveraciones de la Diputada y ex Presidenta del Congreso Nacional y presidenta del Partido de Gobierno, Gladys Aurora López, quien anunció con interponer acusaciones penales contra los representantes de Global Witness, por los datos revelados. Esto se suma a campañas de odio por parte de grupos anónimos en redes sociales, que obligaron al Relator Especial para las Defensoras/es de DDHH, ONU Michel Forst quien ha hecho un entender la dramática situación de quienes defienden los Derechos Humanos en Honduras”.

Como organizaciones Defensoras de Derechos Humanos trabajando problemáticas similares en Centroamérica, exhortamos a las autoridades hondureñas a reconocer la valiosa contribución de las y los defensores de derechos humanos al desarrollo y al fortalecimiento del Estado de derecho, especialmente en la lucha contra la Impunidad el cual es el propósito principal de la Investigación de Global Witness, las organizaciones hondureñas de derechos humanos y las comunidades que aparecen mencionadas en dicho Informe y hoy son víctimas de ataques.

Igualmente demandamos del Ministerio Público y a la Misión de Acompañamiento contra la Corrupción MACCIH que realice una investigación independiente de los casos denunciados por los organismos de Derechos Humanos en relación a prácticas ilegales y violentas de Empresas extractivas que han sido señalas en el referido Informe.

Exhortamos al Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, a tomar medidas urgentes para proteger la vida, la integridad de los funcionarios de Global Witness, de las organizaciones que han dado su testimonio en ese informe como los miembros del Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ, la Tribu de la Comunidad de LOCOMAPA, el pueblo garífuna de Barra Vieja, así como las personas que fueron testigos y fuentes de Información en este informe.

San José de Costa Rica, 02 de Febrero del 2017.

1. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP).

2. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

3. Seguridad y Democracia (CEDEM).

4. Fundación Myrna Mack (FMM)

5. Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)

6. Red de la No Violencia Contra las Mujeres (REDNOVI)

7. Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua.

8. Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)

9. Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.

10. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

11. IPAS Centro América.

12. End Child Prostitution, Child Pornography and Traffiking of Children for Sexual Purposes (ECPAT).

13. Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.

14. Fundación Acceso.

15. Centro por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL)

16. Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA, COSTA RICA)

17. Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

18. Iglesia Luterana Costarricense.

19. Mass Mesoamérica.

20. Mesa Nacional Indígena de Costa Rica.

21. Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

22. Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.

23. Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.

24. DIAKONIA –Honduras.

25. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC.

26. Fundación en Acción Comunitaria (FUNACH)

27. Coalición Contra la Impunidad de Honduras.

28. Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

29. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

30. Foro de Mujeres por la Vida Honduras.

31. Centro de Derechos de las Mujeres.

32. Comité Por la Libertad de Expresión (C-Libre).