La Constitución de la República y los tratados
internacionales de derechos humanos establecen unos estándares mínimos para que
el Estado haga uso de diferentes herramientas compatibles con la democracia con
el fin de reducir la violencia y la criminalidad.
Tales estándares son el norte que debe guiar las acciones
de las autoridades públicas pues colocan a la persona humana, su dignidad y sus
derechos en el centro de su protección.
En este sentido, los derechos y libertades fundamentales
constituyen el coto vedado, el límite y el vínculo que el Estado no puede
violentar si desea revestirse de legitimidad frente a la ciudadanía y la
comunidad internacional.
Por
ello es que el derecho penal refleja el nivel de respeto estatal por los
derechos humanos y la efectividad de los estándares mínimos establecidos en las
normas constitucionales e internacionales, los cuales permiten un equilibrio
entre los derechos de las víctimas atacados por el delito y los derechos de los
victimarios que lo comete.
Sin
embargo, cuando el miedo a la violencia y la criminalidad se apodera de la
sociedad, a quienes gobiernan les resulta muy rentable electoralmente adoptar
medidas populistas encaminadas a la reducción de las libertades y al aumento
desproporcionado de las penas.
De
esta manera se le hace creer a la población que para reducir la violencia hay
que ver a los delincuentes como enemigos que no pueden ser tratados como personas,
sino que se debe neutralizar su peligrosidad mediante un derecho penal más duro
y segregarlos como si fueran un virus al que hay que eliminar de la sociedad.
En
esta lógica deben entenderse las reformas penales propuestas por el gobierno
nacionalista, las cuales representan un retroceso democrático peligroso que va
a colocar en mayor riesgo los derechos y libertades de la ciudadanía.
Y
lo peor de todo es que no servirán para reducir los altos índices de
criminalidad como lo ha demostrado la ineficacia de otras medidas parecidas
implementadas por el gobierno, ya que, como lo señala la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la lucha contra el
crimen solo será efectiva si se implementan “políticas sociales y de prevención
que aborden de manera integral la mitigación de los problemas estructurales que
generan conflictividad en la sociedad en el país”.
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