El pasado sábado 24 de marzo, se realizó en el gimnasio del Instituto León Alvarado de Comayagua el primer encuentro de familiares de las 361 personas privadas de libertad que murieron en la granja penal de esa ciudad.
Centenares de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, y adolescentes cargaban una vela encendida, muchos vestían camisetas con la foto y el nombre de su familiar muerto, y sus rostros clamaban justicia a pesar de las lágrimas y del cansancio de más de 40 días exigiendo conocer la verdad sobre lo sucedido.
En dicho encuentro se presentó formalmente a las personas que fueron nombradas directivas del Comité Coordinador de Familias de Víctimas del Penal de Comayagua y a través de un comunicado expresaron su dolor, cansancio y frustración ante las autoridades del Estado que se han mostrado herméticas, incomprensivas y en algunos casos hostiles a su causa por recuperar los restos de sus seres queridos.
En este sentido, denunciaron el trato inhumano y degradante del que han sido objeto por parte del Estado a través de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y COPECO, lo que se ha traducido en humillaciones, maltrato físico y psicológico, hostigamiento, intimidaciones, persecuciones y detenciones ilegales por el sólo hecho de exigir justicia.
Este encuentro también fue propicio para responsabilizar al Estado de Honduras por lo sucedido, ya que sus familiares se encontraban bajo la custodia del Estado y por tanto, este estaba en la obligación de evitar esta y otras tragedias simplemente siguiendo las recomendaciones en la materia emanadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos internacionales.
De la misma manera manifestaron no estar “de acuerdo con las pocas e ilusas explicaciones ofrecidas por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, diciendo que la tragedia fue un accidente” y criticaron de poco científico el informe de la Agencia de Estados Unidos sobre Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), ya que días después de su análisis dentro del penal apareció el cadáver calcinado de un privado de libertad, “hecho que sin lugar a dudas es una evidencia de la poca profundidad del estudio”.
Por ello, exigieron una verdadera investigación sobre los hechos y que sea realizada por organismos nacionales e internacionales que sean serios, con experiencia y responsables ante situaciones de esta naturaleza, y por enésima vez exigieron al Estado agilizar la identificación y entrega de los restantes 80 cuerpos a sus familiares.
Dejándonos un mensaje de compromiso y esperanza, prometieron a los familiares “y a la sociedad hondureña luchar por un nuevo Estado de Verdad y Justicia, por la vigencia del cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, y el rescate de la dignidad de los privados de libertad”.
miércoles, 28 de marzo de 2012
martes, 20 de marzo de 2012
Señales de esperanza
La esperanza es lo último que se pierde reza un dicho popular y en materia de justicia para las víctimas del golpe de Estado y de las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en Honduras, la esperanza es como la utopía de Galeano que nos impulsa a seguir caminando uno, dos o tres pasos más aunque la justicia y la reparación parecieran alejarse cada vez más.
La esperanza se nutre de señales, de buenas nuevas, de pequeños pasos que aunque pudieran parecer insignificantes o lejanos, nos dejan destellos de un nuevo día, de un nuevo amanecer para las víctimas sedientas de justicia y de verdad.
De este modo, esta semana hemos sido testigos del primer fallo de la Corte Penal Internacional, en el cual encontró culpable al señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga por secuestrar a miles de niños y utilizarlos como soldados en luchas tribales en las que murieron más de 60 mil personas. Esta sentencia representa una victoria de la justicia internacional contra la impunidad y una reparación, siquiera simbólica, para las miles de víctimas del sanguinario caudillo congoleño, y además es un aviso para otros criminales que están siendo investigados por la fiscalía de este tribunal en Colombia y Honduras.
También hemos sido testigos de la decisión de los fiscales de Brasil de presentar cargos penales contra el coronel retirado Sebastião Curió Rodrigues de Moura por la desaparición de cinco personas en el estado de Pará en 1974. Esta es la primera causa penal abierta contra un militar por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Brasil del periodo comprendido entre 1964 y 1985, cuando se cree que desaparecieron más de 475 personas y millares sufrieron tortura.
Finalmente, en Guatemala fue condenado el quinto soldado de ese país, Pedro Pimentel Ríos, por su participación en la masacre del poblado de Dos Erres en 1982, en la que murieron más de 250 personas. El Estado guatemalteco se vio obligado a reabrir las investigaciones, como parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009.
Estas señales, estos pasos cercanos de justicia y reparación deben servir para que los hondureños y hondureñas sigamos dando pasos firmes en nuestro arduo y complicado camino hacia la dignificación de las víctimas y la sanción de los victimarios.
La esperanza se nutre de señales, de buenas nuevas, de pequeños pasos que aunque pudieran parecer insignificantes o lejanos, nos dejan destellos de un nuevo día, de un nuevo amanecer para las víctimas sedientas de justicia y de verdad.
De este modo, esta semana hemos sido testigos del primer fallo de la Corte Penal Internacional, en el cual encontró culpable al señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga por secuestrar a miles de niños y utilizarlos como soldados en luchas tribales en las que murieron más de 60 mil personas. Esta sentencia representa una victoria de la justicia internacional contra la impunidad y una reparación, siquiera simbólica, para las miles de víctimas del sanguinario caudillo congoleño, y además es un aviso para otros criminales que están siendo investigados por la fiscalía de este tribunal en Colombia y Honduras.
También hemos sido testigos de la decisión de los fiscales de Brasil de presentar cargos penales contra el coronel retirado Sebastião Curió Rodrigues de Moura por la desaparición de cinco personas en el estado de Pará en 1974. Esta es la primera causa penal abierta contra un militar por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Brasil del periodo comprendido entre 1964 y 1985, cuando se cree que desaparecieron más de 475 personas y millares sufrieron tortura.
Finalmente, en Guatemala fue condenado el quinto soldado de ese país, Pedro Pimentel Ríos, por su participación en la masacre del poblado de Dos Erres en 1982, en la que murieron más de 250 personas. El Estado guatemalteco se vio obligado a reabrir las investigaciones, como parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009.
Estas señales, estos pasos cercanos de justicia y reparación deben servir para que los hondureños y hondureñas sigamos dando pasos firmes en nuestro arduo y complicado camino hacia la dignificación de las víctimas y la sanción de los victimarios.
viernes, 16 de marzo de 2012
Denuncia penal contra militar por desapariciones forzadas de la dictadura brasileña es un hito histórico en la búsqueda de justicia
Se inicia un proceso de búsqueda de justicia determinado por la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de la Guerrilla de Araguaia
Washington D.C y Río de Janeiro, 14 de marzo de 2012 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por la denuncia penal interpuesta por fiscales brasileños contra el militar Sebastião Curió Rodrigues de Moura por el secuestro de cinco de los desaparecidos de la Guerrilla del Araguaia. Representa un importante avance en la búsqueda de la justicia por los graves crímenes cometidos por agentes públicos y privados en nombre de la represión militar en Brasil. Estos crímenes permanecen en la impunidad desde hace más de treinta años debido a una interpretación de la ley de amnistía de 1979.
La denuncia penal interpuesta hoy se da 15 meses tras la notificación de la sentencia internacional en el caso conocido como “Guerrilha do Araguaia” litigado por CEJIL, el Grupo Tortura Nunca Más-RJ y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. La denuncia de hoy busca obtener justicia en el caso de cinco de las víctimas directas e individualizadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificada en diciembre de 2010.
Cabe recordar que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por la desaparición forzada de más de 60 víctimas y por la total impunidad de estos crímenes, pidiendo que se realice la investigación penal de los hechos ocurridos para determinar las correspondientes responsabilidades y la efectiva aplicación de las sanciones previstas en Ley. Ordenó así al Estado brasileño que adecuara sus prácticas y acciones a los parámetros internacionales para garantizar la realización de la justicia y de la verdad.
Teniendo en cuenta esta decisión, numerosos familiares de las víctimas de Araguaia presentaron solicitudes a la Fiscalía para la investigación de los hechos y de los responsables por las desapariciones forzadas de sus parientes. Posteriormente la Fiscalía ha establecido un grupo de trabajo sobre crímenes cometidos bajo la dictadura.
CEJIL también felicita a los familiares de los muertos y desaparecidos políticos por entender este avance en la búsqueda por la justicia como la consecuencia de su valentía y su lucha incansable.
Varios países de América Latina llevan tiempo rindiendo cuentas para saldar sus deudas históricas. Ya iniciaron investigaciones, realizaron juicios y, actualmente, muchos perpetradores de crímenes acometidos en las dictaduras militares y conflictos armados fueron condenados y están respondiendo por sus acciones.
En el contexto de Brasil, este avance va a depender de una respuesta del Poder Judicial adecuada a los parámetros internacionales, sin imposición de trabas para la tramitación de la denuncia criminal y el acceso de los familiares de los muertos y desaparecidos políticos a la justicia.
Las autoridades judiciales brasileñas tienen hoy la responsabilidad de decidir el camino que Brasil adopte frente a esas violaciones graves y continuadas, considerando que la Corte determinó que las disposiciones de la Ley de Amnistía, así como las disposiciones de prescripción y el establecimiento de exclusión de responsabilidades “no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto sobre otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana ocurridos en Brasil”.
En este sentido, Viviana Krsticevic Directora Ejecutiva de CEJIL sostuvo que “la interposición de la denuncia penal es fundamental para garantizar que no haya crímenes contra la humanidad que queden impunes bajo justificación política o jurídica alguna. Una vez que los fiscales han dado este importante paso, es la judicatura quien tiene que demostrar su valentía y su compromiso con la verdad y la justicia permitiendo que prosperen las investigaciones penales.”
“Es fundamental que el Estado brasileño de continuidad a ese proceso y garantice que, todos los responsables materiales e intelectuales de los graves crímenes promovidos por la dictadura militar en Brasil, sean investigados y procesados para la consolidación de la democracia en el país”, agregó Beatriz Affonso, directora para el programa del CEJIL en Brasil.
Contacto en Brasil
Beatriz Affonso
Natália Frickmann
Tel: 55 (21) 2533-1660
brasil@cejil.org
www.cejil.org
Contacto en EEUU
Milli Legrain
Tel 1-202- 319 3000
mlegrain@cejil.org
Washington D.C y Río de Janeiro, 14 de marzo de 2012 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por la denuncia penal interpuesta por fiscales brasileños contra el militar Sebastião Curió Rodrigues de Moura por el secuestro de cinco de los desaparecidos de la Guerrilla del Araguaia. Representa un importante avance en la búsqueda de la justicia por los graves crímenes cometidos por agentes públicos y privados en nombre de la represión militar en Brasil. Estos crímenes permanecen en la impunidad desde hace más de treinta años debido a una interpretación de la ley de amnistía de 1979.
La denuncia penal interpuesta hoy se da 15 meses tras la notificación de la sentencia internacional en el caso conocido como “Guerrilha do Araguaia” litigado por CEJIL, el Grupo Tortura Nunca Más-RJ y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. La denuncia de hoy busca obtener justicia en el caso de cinco de las víctimas directas e individualizadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificada en diciembre de 2010.
Cabe recordar que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por la desaparición forzada de más de 60 víctimas y por la total impunidad de estos crímenes, pidiendo que se realice la investigación penal de los hechos ocurridos para determinar las correspondientes responsabilidades y la efectiva aplicación de las sanciones previstas en Ley. Ordenó así al Estado brasileño que adecuara sus prácticas y acciones a los parámetros internacionales para garantizar la realización de la justicia y de la verdad.
Teniendo en cuenta esta decisión, numerosos familiares de las víctimas de Araguaia presentaron solicitudes a la Fiscalía para la investigación de los hechos y de los responsables por las desapariciones forzadas de sus parientes. Posteriormente la Fiscalía ha establecido un grupo de trabajo sobre crímenes cometidos bajo la dictadura.
CEJIL también felicita a los familiares de los muertos y desaparecidos políticos por entender este avance en la búsqueda por la justicia como la consecuencia de su valentía y su lucha incansable.
Varios países de América Latina llevan tiempo rindiendo cuentas para saldar sus deudas históricas. Ya iniciaron investigaciones, realizaron juicios y, actualmente, muchos perpetradores de crímenes acometidos en las dictaduras militares y conflictos armados fueron condenados y están respondiendo por sus acciones.
En el contexto de Brasil, este avance va a depender de una respuesta del Poder Judicial adecuada a los parámetros internacionales, sin imposición de trabas para la tramitación de la denuncia criminal y el acceso de los familiares de los muertos y desaparecidos políticos a la justicia.
Las autoridades judiciales brasileñas tienen hoy la responsabilidad de decidir el camino que Brasil adopte frente a esas violaciones graves y continuadas, considerando que la Corte determinó que las disposiciones de la Ley de Amnistía, así como las disposiciones de prescripción y el establecimiento de exclusión de responsabilidades “no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto sobre otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana ocurridos en Brasil”.
En este sentido, Viviana Krsticevic Directora Ejecutiva de CEJIL sostuvo que “la interposición de la denuncia penal es fundamental para garantizar que no haya crímenes contra la humanidad que queden impunes bajo justificación política o jurídica alguna. Una vez que los fiscales han dado este importante paso, es la judicatura quien tiene que demostrar su valentía y su compromiso con la verdad y la justicia permitiendo que prosperen las investigaciones penales.”
“Es fundamental que el Estado brasileño de continuidad a ese proceso y garantice que, todos los responsables materiales e intelectuales de los graves crímenes promovidos por la dictadura militar en Brasil, sean investigados y procesados para la consolidación de la democracia en el país”, agregó Beatriz Affonso, directora para el programa del CEJIL en Brasil.
Contacto en Brasil
Beatriz Affonso
Natália Frickmann
Tel: 55 (21) 2533-1660
brasil@cejil.org
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Contacto en EEUU
Milli Legrain
Tel 1-202- 319 3000
mlegrain@cejil.org
martes, 13 de marzo de 2012
Herramientas para la dignificación
El 17 de noviembre de 1988 se aprobó en San Salvador, El Salvador, el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el cual permite que cualquier persona o grupo de personas puedan presentar denuncias ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos por la violación de dos de los derechos reconocidos en él, es decir, los derechos sindicales y el derecho a la educación.
El derecho a la libertad sindical está contenido en el artículo 8 y establece la obligación del Estado de garantizar el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Por su parte, el artículo 13 establece la obligación del Estado de garantizar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita; la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, que debe ser generalizada y accesible a todos, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
Además, el derecho a la educación incluye la obligación del Estado de garantizar acceso igual a todos a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y por el establecimiento progresivo de la gratuidad; así como la de establecer programas de enseñanza especial para personas con capacidades especiales.
El Estado de Honduras se adhirió al Protocolo de San Salvador en septiembre de 2011 y a partir de ese momento, se obligó a respetar y garantizar todos los derechos reconocidos en él y le cedió a la Comisión y Corte Interamericanas la potestad para vigilar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. En este sentido, se comprometió a cumplir con las disposiciones establecidas en dicho instrumento y a asegurar que todos sus organismos internos tomen en consideración las interpretaciones y resoluciones de los órganos interamericanos competentes.
Ante los constantes ataques contra las libertades sindicales y el derecho a la educación en el país, el Protocolo de San Salvador representa una herramienta valiosísima para contrarrestar las medidas regresivas que precarizan estos derechos y ponen en peligro el presente y el futuro de las relaciones laborales justas, y el de miles de jóvenes que ven en la educación de calidad el único camino para dignificar sus vidas y las de sus familias.
El derecho a la libertad sindical está contenido en el artículo 8 y establece la obligación del Estado de garantizar el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Por su parte, el artículo 13 establece la obligación del Estado de garantizar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita; la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, que debe ser generalizada y accesible a todos, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
Además, el derecho a la educación incluye la obligación del Estado de garantizar acceso igual a todos a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y por el establecimiento progresivo de la gratuidad; así como la de establecer programas de enseñanza especial para personas con capacidades especiales.
El Estado de Honduras se adhirió al Protocolo de San Salvador en septiembre de 2011 y a partir de ese momento, se obligó a respetar y garantizar todos los derechos reconocidos en él y le cedió a la Comisión y Corte Interamericanas la potestad para vigilar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. En este sentido, se comprometió a cumplir con las disposiciones establecidas en dicho instrumento y a asegurar que todos sus organismos internos tomen en consideración las interpretaciones y resoluciones de los órganos interamericanos competentes.
Ante los constantes ataques contra las libertades sindicales y el derecho a la educación en el país, el Protocolo de San Salvador representa una herramienta valiosísima para contrarrestar las medidas regresivas que precarizan estos derechos y ponen en peligro el presente y el futuro de las relaciones laborales justas, y el de miles de jóvenes que ven en la educación de calidad el único camino para dignificar sus vidas y las de sus familias.
martes, 6 de marzo de 2012
Lo que se logró ante la Corte Interamericana son cuestiones de política pública
La semana pasada, el ERIC, la Pastoral Penitenciaria y la Pastoral Social-Caritas de la Diócesis de San Pedro Sula lograron un histórico acuerdo relativo al sistema penitenciario hondureño en el marco de la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso sobre la muerte de 107 personas privadas de libertad en el incendio del centro penal de San Pedro Sula en el año 2004.
Dicha audiencia estaba programada para que los peticionarios, la Comisión Interamericana y el Estado de Honduras presentaran sus testigos, peritos y alegatos orales con el objetivo de ofrecerle mayores elementos al tribunal interamericano para que en su momento dictara una sentencia. Sin embargo, las partes le comunicaron a la Corte que habían llegado a un acuerdo amistoso en el caso pero al mismo tiempo le pidieron que se realizara la audiencia, se presentaran las pruebas propuestas y se dictara una sentencia tomando como base los puntos acordados.
Entre los acuerdos alcanzados están, la investigación de los hechos denunciados en un plazo no mayor a un año, y a través de una Comisión independiente conformada por siete personas, 3 a propuesta del Estado de Honduras y 4 de la Iglesia Católica, Diócesis de San Pedro Sula, y coordinada por un Fiscal Ad hoc del Ministerio Público.
También se acordó revisar, modificar y/o derogar las disposiciones de la mal llamada ley antimaras con el propósito de adecuarla a los estándares internacionales; aprobar la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; revisar y modificar el Reglamento Especial para el Funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional; y elaborar y aprobar un Manual para la Administración de Centros Penitenciarios, con participación de representantes de la Iglesia Católica, la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, universidades del país y otras instituciones u organismos de derechos humanos.
A su vez, el Estado se obligó a nombrar un equipo profesional de la psicología y/o psiquiatría con experticia en el tema, para brindar gratuitamente, de forma inmediata y con un mínimo de atención de 18 meses, el tratamiento requerido por los familiares de las 107 víctimas del incendio. También se acordó la construcción de una penitenciaría nacional en sustitución del actual centro penal de San Pedro Sula, y la mejora de las condiciones físicas de los nueve centros penales declarados en estado de emergencia, tomando en cuenta los estándares internacionales establecidos en la materia.
En palabras del propio presidente del tribunal interamericano, los acuerdos alcanzados van más allá de lo que hubiera podido lograrse a través de la sola sentencia, por lo que este acuerdo y su posible homologación por la Corte, sienta un precedente importantísimo no sólo para el sistema penitenciario hondureño, sino para todos los países del continente americano en materia de políticas públicas penitenciarias.
Otra vez Honduras
El 20 de febrero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la apertura de su 94 período ordinario de sesiones durante el cual estudiará dos sentencias y celebrará cinco audiencias públicas sobre casos contenciosos, tres audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, y dos audiencias públicas y una audiencia privada sobre medidas provisionales.
El día 23 de febrero se celebró una primera audiencia sobre Honduras en el caso de las medidas provisionales que ordenó la Corte Interamericana para proteger la vida y la integridad de la defensora de derechos humanos, Gladys Lanza. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y COFADEH, informaron al tribunal interamericano que el Estado no ha cumplido con las medidas de protección ordenadas.
Como ya es una costumbre en los ámbitos internacionales de este tipo, los representantes del Estado hicieron gala del ridículo, la ignorancia y el cinismo por intentar defender lo indefendible y quedó evidenciado una vez más ante los órganos interamericanos de que el Estado de Honduras no tiene la capacidad ni la voluntad política de proteger a las personas sujetas a su jurisdicción ni de investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos.
Por otra parte, el 28 y 29 de febrero la Corte Interamericana conocerá el caso Pacheco Teruel y otros, relativo a la muerte de 107 personas privadas de libertad en el incendio del centro penal de San Pedro Sula ocurrido el 17 de mayo de 2004. Este caso adquiere mayor relevancia con el incendio en la granja penal de Comayagua en donde murieron 361 personas privadas de libertad.
El caso ha llegado a la Corte debido a que el Estado de Honduras no cumplió con las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana en su informe de fondo de octubre de 2010 en el que estableció, al igual que lo han hecho el Grupo de Detención Arbitraria, el Comité de Derechos Humanos, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Comité contra la Tortura, que las actuales condiciones carcelarias son contrarias a los estándares internacionales en la materia y colocan a Honduras en contravención de sus compromisos internacionales.
En concreto, las recomendaciones giraron alrededor de establecer un sistema penitenciario constituido como institución autónoma, gestionada por personal y administradores penitenciarios profesionales e independiente de la policía, cuyo objetivo sea velar por la rehabilitación y preparación de la persona privada de libertad para su vida laboral fuera de la prisión.
Esperamos que estas audiencias sirvan para que quienes gobiernan se den cuenta de que sus acciones y el cumplimiento de sus obligaciones están siendo vigiladas por órganos internacionales que seguirán poniendo el dedo en la llaga en materia de derechos humanos.
El día 23 de febrero se celebró una primera audiencia sobre Honduras en el caso de las medidas provisionales que ordenó la Corte Interamericana para proteger la vida y la integridad de la defensora de derechos humanos, Gladys Lanza. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y COFADEH, informaron al tribunal interamericano que el Estado no ha cumplido con las medidas de protección ordenadas.
Como ya es una costumbre en los ámbitos internacionales de este tipo, los representantes del Estado hicieron gala del ridículo, la ignorancia y el cinismo por intentar defender lo indefendible y quedó evidenciado una vez más ante los órganos interamericanos de que el Estado de Honduras no tiene la capacidad ni la voluntad política de proteger a las personas sujetas a su jurisdicción ni de investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos.
Por otra parte, el 28 y 29 de febrero la Corte Interamericana conocerá el caso Pacheco Teruel y otros, relativo a la muerte de 107 personas privadas de libertad en el incendio del centro penal de San Pedro Sula ocurrido el 17 de mayo de 2004. Este caso adquiere mayor relevancia con el incendio en la granja penal de Comayagua en donde murieron 361 personas privadas de libertad.
El caso ha llegado a la Corte debido a que el Estado de Honduras no cumplió con las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana en su informe de fondo de octubre de 2010 en el que estableció, al igual que lo han hecho el Grupo de Detención Arbitraria, el Comité de Derechos Humanos, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Comité contra la Tortura, que las actuales condiciones carcelarias son contrarias a los estándares internacionales en la materia y colocan a Honduras en contravención de sus compromisos internacionales.
En concreto, las recomendaciones giraron alrededor de establecer un sistema penitenciario constituido como institución autónoma, gestionada por personal y administradores penitenciarios profesionales e independiente de la policía, cuyo objetivo sea velar por la rehabilitación y preparación de la persona privada de libertad para su vida laboral fuera de la prisión.
Esperamos que estas audiencias sirvan para que quienes gobiernan se den cuenta de que sus acciones y el cumplimiento de sus obligaciones están siendo vigiladas por órganos internacionales que seguirán poniendo el dedo en la llaga en materia de derechos humanos.
Como el ave fénix
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 encendió la llama final que desde entonces ha ido consumiendo y reduciendo a cenizas lo poco que se logró en casi 30 años de democracia formal.
El fuego de la extrema pobreza, de la exclusión social, del desempleo y de la desesperación consume lentamente a una población económicamente activa que ve en la migración forzada la única vía de escape para intentar luchar por su dignificación y la de sus familias.
El fuego de las muertes violentas, del sicariato, del secuestro, del asalto, de la tortura, de la desaparición, de la represión, de las escuchas telefónicas y la reducción de derechos, nos empuja brutalmente a la insolidaridad, al sometimiento, al miedo de ser el siguiente y al encierro en nuestras ilusorias seguridades que sólo nos convierten en ciudadanos de baja intensidad que no opinan, que no escuchan, que no ven.
El fuego de la impunidad consume la confianza, las instituciones, la justicia, y el aire se vuelve irrespirable porque está contaminado de corrupción, de los gritos de las víctimas y de la risa triunfal de los victimarios, y del olor de los cuerpos hacinados y calcinados en las universidades del crimen.
¿Acaso también el fuego ha logrado consumir la esperanza y los sueños de un país más justo, solidario, compartido y libre del temor y la miseria?
Ante la violencia pirómana de quienes han secuestrado, desmantelado y convertido al Estado en un Estado policía y militar, hoy más que nunca debemos apostar por el fuego de la esperanza y la solidaridad para purificar la institucionalidad corrupta y la ciudadanía moribunda, y como el ave fénix, resurgir de las cenizas para construir un presente donde la niñez juegue en las calles sin miedo al hambre, la juventud sueñe sin miedo a la violencia y la vejez viva sin añorar un pasado mejor.
El fuego de la extrema pobreza, de la exclusión social, del desempleo y de la desesperación consume lentamente a una población económicamente activa que ve en la migración forzada la única vía de escape para intentar luchar por su dignificación y la de sus familias.
El fuego de las muertes violentas, del sicariato, del secuestro, del asalto, de la tortura, de la desaparición, de la represión, de las escuchas telefónicas y la reducción de derechos, nos empuja brutalmente a la insolidaridad, al sometimiento, al miedo de ser el siguiente y al encierro en nuestras ilusorias seguridades que sólo nos convierten en ciudadanos de baja intensidad que no opinan, que no escuchan, que no ven.
El fuego de la impunidad consume la confianza, las instituciones, la justicia, y el aire se vuelve irrespirable porque está contaminado de corrupción, de los gritos de las víctimas y de la risa triunfal de los victimarios, y del olor de los cuerpos hacinados y calcinados en las universidades del crimen.
¿Acaso también el fuego ha logrado consumir la esperanza y los sueños de un país más justo, solidario, compartido y libre del temor y la miseria?
Ante la violencia pirómana de quienes han secuestrado, desmantelado y convertido al Estado en un Estado policía y militar, hoy más que nunca debemos apostar por el fuego de la esperanza y la solidaridad para purificar la institucionalidad corrupta y la ciudadanía moribunda, y como el ave fénix, resurgir de las cenizas para construir un presente donde la niñez juegue en las calles sin miedo al hambre, la juventud sueñe sin miedo a la violencia y la vejez viva sin añorar un pasado mejor.
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