El Campamento de Guapinol: resistencia frente al despojo

A partir del golpe de Estado se aceleró y profundizó un doble proceso: por un lado, de acumulación y concentración de poder político y económico en pocas manos, y, por otro, de despojo de derechos, libertades y bienes comunes en proporciones intolerables para la ciudadanía.

Por eso es que las comunidades se mantienen en permanente oposición y resistencia, pero quienes se benefician de la acumulación y el despojo utilizan el asesinato, las amenazas, la estigmatización, los ataques físicos y el uso del derecho penal como instrumento de control social.

En este sentido, las autoridades militares, policiales, fiscales y judiciales tienden a tergiversar deliberadamente las luchas legítimas de las comunidades para sancionar sus reivindicaciones y así reducir al mínimo la presión ciudadana y la crítica pública, que son fundamentales en una sociedad democrática.

En este contexto debe situarse la instalación y permanencia en el Campamento de Guapinol por parte de organizaciones comunitarias, populares, eclesiales, así como pobladores y pobladoras aglutinadas en el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Su único objetivo es la defensa legítima del agua, el ambiente y el territorio para frenar la actividad ilegal de la empresa minera Inversiones Pinares propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales en el río Ceibita y en el Parque Natural “Carlos Escaleras”.

El Estado, en vez de investigar y sancionar a quienes afectan gravemente los bienes comunes, a través de un Juzgado de Jurisdicción Nacional, cuya creación busca conocer casos de criminalidad organizada, ordenó el desalojo y la captura de quienes se encuentran en el campamento.

Como lo señala la Coalición contra la Impunidad, lo grave de la esta acción por parte de un juzgado de ese tipo es que coloca a estos hombres y mujeres defensoras de la vida en la categoría de los criminales más peligrosos.

Parafraseando al ex fiscal Omar Menjívar, cuando el ejercicio de este derecho fundamental es comparado a un grave crimen, solo nos confirma que hemos entrado en los oscuros laberintos de una feroz dictadura y nos demanda responsabilidad ciudadana así como acciones de solidaridad nacional e internacional.

Fuente: http://wp.radioprogresohn.net/el-campamento-de-guapinol-resistencia-frente-al-despojo/

Una propuesta para la autodeterminación de los pueblos indígenas y garífuna

Los pueblos indígenas y garífuna tienen un derecho fundamental: el derecho a la libre determinación, que se expresa concretamente en su facultad de autogobernarse, es decir, en el derecho a poseer, disfrutar y controlar sus tierras y territorios, así como a disponer de los bienes naturales que se encuentran en ellos. 

Un elemento esencial de este derecho es que sean consultados y que se obtenga su consentimiento cuando se pretenda desarrollar proyectos de cualquier tipo que puedan modificar jurídica o materialmente sus territorios. 

Por tanto, para que el Estado pueda aprobar proyectos de ese tipo tiene la obligación de realizar una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe; garantizar la participación de las comunidades en los beneficios razonables; y realizar un estudio previo de impacto ambiental y social con participación de la comunidad. 

Sin embargo, el Congreso Nacional está a punto de aprobar una ley sobre consulta que, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no se adecua plenamente a los estándares internacionales señalados anteriormente y su elaboración no aseguró la participación plenamente representativa de los pueblos indígenas y garífuna. 

Frente a ello, estos pueblos son titulares de su derecho a la autodeterminación que constituye una poderosa herramienta para establecer un espacio de autonomía para ejercer y gestionar el poder en sus territorios y, en consecuencia, para decidir libremente sobre ellos. 

Sin ignorar que los pueblos indígenas y garífuna ya han dado pasos importantes en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, es fundamental que continúen auto convocándose para elaborar y aprobar su propia ley de consulta previa, y mediante un acto simbólico presentarla al Congreso Nacional con el fin de dejar claro los siguientes mensajes. 

Primero, que en el marco de su derecho a la autodeterminación se han auto convocado para elaborar y aprobar una ley en materia de consulta previa, libre e informada, la cual regirá de ahora en adelante toda gestión pública o privada que se pretenda realizar en sus territorios. 

Segundo, que en dicha ley se establecen los mecanismos tradicionales y culturalmente adecuados para que mediante la toma de decisiones colectivas las comunidades ejerzan su soberanía sobre dichos territorios. 

Tercero, que antes de aprobar un proyecto de cualquier tipo que les afecte, el Estado debe respetar y adaptar sus normas y prácticas a los estándares establecidos en esa ley, ya que ellos, los pueblos, son los únicos legitimados para decidir sobre la forma en que el Poder será ejercido en sus territorios. 

Fuente: http://wp.radioprogresohn.net/una-propuesta-para-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-indigenas-y-garifuna/

Noticias de lucha que nos llenan de alegría y esperanza

En el año 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hondureño por haber destituido ilegalmente a la magistrada Tirza del Carmen Flores y a los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios y Luis Chévez de la Rocha por haber ejercido su derecho y cumplido su obligación de defender la democracia en el contexto del golpe de Estado de 2009.

Esta sentencia contiene 4 mensajes contundentes en materia de justicia y reparación. Primero, que lo sucedido el 28 de junio de 2009 fue un golpe de Estado y no una “sucesión constitucional” como pretendieron argumentar los golpistas; segundo, que el pleno de la Corte Suprema de Justicia cometió un hecho ilícito internacional al apoyar el rompimiento constitucional y en su momento sus magistrados tendrán que ser sancionados por ello.

Tercero, que Tirza, Guillermo, Ramón y Luis, al oponerse al golpe de Estado como ciudadanos y jueces, ejercieron su derecho a realizar acciones legítimas a favor del Estado de derecho; y cuarto, que al hacerlo, cumplieron con su deber de defender la democracia en un momento histórico en el que todas y todos los funcionarios valientes debían asumir una posición similar.

Gracias a esta sentencia, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el juez Adán Guillermo López Lone han sido reincorporados en sus puestos como magistrada de la Corte de Apelaciones del Trabajo y como juez del tribunal de sentencia de San Pedro Sula, respectivamente.

Su reincorporación es un reconocimiento del Poder Judicial de que su destitución fue arbitraria y constituyó una represalia contra ellos por defender la democracia.

Sin duda alguna, esta sentencia representa una victoria moral y jurídica no solo para Guillermo, Ramón, Luis y Tirza, sino también para la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) que continúa comprometida con la defensa del orden constitucional y los derechos humanos.

Como lo señala la magistrada Tirza Flores, su reincorporación “a la judicatura es un mensaje de respaldo para aquellas juezas y jueces que creemos en la democracia y que estamos dispuestos a defenderla a toda costa”. 

Como ERIC-Radio Progreso queremos manifestar nuestra alegría y admiración por esta magistrada y estos jueces valientes, por el compromiso con la independencia judicial de la AJD y por el enorme aporte que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) continúa ofreciéndole a las organizaciones nacionales del continente y a las víctimas en su lucha por la justicia.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/noticias-de-luchas-que-nos-llenan-de-alegria-y-esperanza/