Responsabilidad internacional y el papel de la Procuraduría General de la República

Los altos responsables del Poder Judicial que destituyeron ilegalmente a los jueces López Lone, Chévez de la Rocha y Barrios Maldonado, y a la magistrada Flores Lanza, son los responsables directos de la sentencia recaída contra el Estado de Honduras por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con la resolución de este tribunal internacional, la Corte Suprema de Justicia inició procesos disciplinarios contra los jueces y la magistrada debido a que realizaron actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor de la democracia, las cuales no solamente correspondieron al ejercicio de un derecho sino también al cumplimiento del deber de defender la democracia.

Para la Corte Interamericana los procesos disciplinarios que concluyeron con la destitución de los jueces y la magistrada constituyeron una violación de su libertad de expresión, derecho de reunión, libertad de asociación y derechos políticos.

También constituyeron una violación a las garantías judiciales y el derecho a permanecer en sus cargos en condiciones de igualdad, ya que los procedimientos disciplinarios no estaban establecidos en la ley; el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y sin independencia para resolver recursos contra las destituciones; y la Corte Suprema de Justicia no era imparcial para pronunciarse sobre las supuestas faltas de las víctimas.

De esta sentencia se deriva claramente que los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia son los principales responsables de provocar la responsabilidad internacional del Estado.

Por tanto, la Procuraduría General de la República, a través del abogado Abraham Alvarenga, tiene la obligación constitucional de demandarlos, vía acción de repetición, para que paguen con sus patrimonios las implicaciones económicas que tienen para el Estado las ilegalidades cometidas en este y otros casos.

Como lo señala el doctor Edmundo Orellana, “no cumplir con este mandato constitucional, convierte a la Procuraduría General de la República, que es la responsable de actuar en este caso, en cómplice de estas ilegalidades”.

La pelota está en el campo del procurador Alvarenga, a quien se le presenta la oportunidad para demostrar si está en su cargo para cumplir o no con la Constitución y las leyes.

La nombres de la vergüenza y los nombres de la dignidad

Jamás olvidemos sus nombres: Jorge Alberto Rivera Avilés, José Tomás Arita Valle, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Víctor Manuel Martínez Silva, Jorge Reyes Díaz, Rosa de Lourdes Paz Haslam, Jacobo Antonio Cálix Hernández, Edith María López Rivera, Carlos David Cálix Vallecillo, Marco Vinicio Zúniga Medrano, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez Navas y Oscar Fernando Chinchilla Banegas.

Todas estas personas formaron y forman parte de la actual Corte Suprema de Justicia que se convirtió en actor protagónico del golpe de Estado de 2009. Los últimos cinco conformaban la Sala de lo Constitucional que actuó con celeridad y diligencia para proteger al general golpista Romeo Vásquez Velásquez pero impuso múltiples dificultades y dilaciones a otras ciudadanas y ciudadanos hondureños cuyos derechos fundamentales se encontraban en riesgo.

Posteriormente, cuatro de ellos fueron destituidos ilegalmente por el Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, confirmándose el dicho popular que dice que “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, y el último, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, fue premiado por el régimen nombrándolo de forma ilegítima e ilegal Fiscal General del Estado para garantizar la impunidad. 

Todos los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia defendieron y participaron en la disolución del orden constitucional; demostraron su falta de compromiso con el Estado de derecho; y destituyeron ilegalmente a los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Barrios Maldonado y Luis Chévez de la Rocha, y a la magistrada Tirza Flores Lanza, quienes tuvieron una posición digna e independiente frente a lo que constituyó un golpe mortal a la frágil democracia hondureña.

No olvidemos nunca los nombres de los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que traicionaron su papel de garantes de la legalidad, de los valores democráticos y de la justicia, que con sus actos y omisiones demostraron su desprecio por la dignidad humana, y que toleraron y avalaron los crímenes del gobierno de facto, convirtiéndose en corresponsables de los mismos, ya que “dejar pasar el delito es tanto como extenderlo en la práctica”.

La sentencia López Lone y otros vs. Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un hito histórico para el continente y el mundo pues por primera vez un tribunal internacional declara que lo que sucedió en Honduras fue un golpe de Estado y que la Corte Suprema de Justicia fue partícipe plena del mismo. Seguramente, esta será una de las sentencias más estudiadas por académicos, estudiantes y litigantes por su importancia para la democracia, el Estado de derecho y la independencia judicial.

A su vez, esta sentencia internacional también representa un señalamiento histórico para los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia hondureña que sacrificaron la dignidad de las víctimas en el altar de la infamia. Algún día el sistema de justicia en Honduras responderá únicamente a los mandatos constitucionales, y los crímenes cometidos, por ser imprescriptibles, serán perseguidos.

Mientras ese día llega, que esta sentencia sirva como una marca de vergüenza para tales magistrados y magistradas, y como una muestra de dignidad y de compromiso con la democracia de todas aquellas operadoras y operadores de justicia que hoy se ven reflejados en los jueces López Lone, Chévez de la Rocha, Barrios Maldonado y la magistrada Flores Lanza.

Una sentencia esperanzadora y reparadora

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su sentencia en el caso López Lone y otros contra Honduras, relativa a la destitución de los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios Maldonado y Luis Chévez de la Rocha, y de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, quienes fueron expulsados del Poder Judicial por manifestarse en contra el golpe de Estado de 2009.

Uno de los puntos importantes que señala el tribunal interamericano es que lo sucedido el 28 de junio de ese año constituye un hecho ilícito internacional y como lo señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, por primera vez, una corte internacional establece en una sentencia que en Honduras hubo una ruptura del estado democrático y que el pleno de la Corte Suprema de Justicia participó en el golpe de Estado. 

Esta sentencia es una prueba contundente para que el Ministerio Público inicie inmediatamente investigaciones penales contra los militares y civiles que participaron en el gobierno de facto, y contra los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que apoyaron el golpe de Estado; pero ¿qué podemos esperar de una institución en la que el Fiscal General, Óscar Chichilla, fue uno de los magistrados que participó en el mismo y en la destitución ilegal de los jueces y la magistrada?

Otro punto importante de la sentencia es que los jueces y la magistrada realizaron acciones legítimas a favor de los valores democráticos y el Estado de derecho, y por lo tanto, cumplieron con su deber de defender la democracia, todo lo contrario al papel cómplice del pleno de la Corte Suprema de Justicia que, como lo señaló la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, “puso su actuación al servicio del Gobierno de facto contribuyendo aún más al debilitamiento del sistema democrático y propiciando un estado general de impunidad respecto a las violaciones de los derechos humanos”.

Sin duda, esta sentencia representa una victoria moral y jurídica no solo para Guillermo, Ramón, Luis y Tirza, sino también para todos aquellos funcionarios y funcionarias judiciales que valientemente cumplieron con su deber de defender la Constitución y los derechos de la ciudadanía. Y al mismo tiempo, representa una bofetada ética para aquellos y aquellas que se plegaron al poder de facto, guardaron silencio y se convirtieron en cómplices y victimarios de los crímenes cometidos. Como mínimo deberían sentir vergüenza.

Celebramos que la Corte Interamericana ordena la reincorporación de los tres jueces y la magistrada, y que establezca que se les violaron el derecho a la libertad de expresión, los derechos de reunión y asociación, los derechos políticos, las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, y el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad.

Esta sentencia nos recuerda la importancia para el Estado de derecho y la democracia de la próxima elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y debería ser un llamado de atención a la Junta Nominadora en el sentido que en sus manos está el seleccionar a 45 candidatos y candidatas idóneas para que en el Congreso Nacional, aunque sea una elección política, los diputados y diputadas no tengan otra opción que escoger a las personas más calificadas en términos personales y profesionales.

Tres sentencias más sobre Honduras

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, su 111 Período Ordinario de Sesiones en el que emitió seis sentencias que serán notificadas próximamente.

Entre estas sentencias se encuentran tres relacionadas con Honduras, cuyas implicaciones podrían tener un impacto significativo en temas fundamentales para la democracia y el Estado de derecho, tales como la independencia judicial y el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Uno de las sentencias trata sobre el caso López Lone y otros, acerca de los tres jueces y la magistrada que fueron separados por oponerse al golpe de Estado, por denunciar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno de facto y por cumplir con su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Las otras dos sentencias se refieren a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y sus miembros, a quienes el Estado de Honduras a través de megaproyectos turísticos los ha estado despojando de sus territorios ancestrales, violentando de esta manera su derecho a la consulta previa e informada.

Sin duda alguna, de cumplirse con las expectativas que generan estas sentencias, sus puntos resolutivos podrían convertirse en una herramienta jurídica y política muy importante para promover cambios estructurales que favorezcan el respeto de la independencia judicial y de los derechos del pueblo garífuna y demás pueblos indígenas del país en relación con sus territorios.

A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede enviar un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos.

El anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la búsqueda de justicia

En noviembre de 2010, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar sobre la situación en Honduras para determinar si existía una base razonable para abrir una investigación con respecto a supuestos crímenes internacionales cometidos después del golpe de Estado en junio de 2009.

De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad son todos aquellos actos inhumanos que se cometen como (a) parte de un ataque generalizado o sistemático; (b) se dirijan contra una población civil; y, (c) de conformidad con la política de un Estado o de una organización.

El pasado 28 de octubre de este año, la Fiscalía decidió cerrar el examen preliminar por considerar que a la luz de ese artículo 7, las graves violaciones a derechos humanos cometidas en Honduras no reúnen los requisitos legales para considerarlos crímenes de lesa humanidad y por tanto, para que entren dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional.

Frente a este anuncio, los medios corporativos que apoyaron el golpe de Estado y los denunciados como Micheletti y  Romeo Vásquez, han salido felices diciendo que el cierre del examen preliminar es la prueba de que no cometieron ningún crimen. 

A ello se ha vuelto a prestar el desprestigiado Ramón Custodio López. Sin embargo, hay que aclarar que la Fiscalía dejó establecido que en Honduras sí se cometieron graves crímenes contra los derechos humanos y que los responsables son los autores del golpe de Estado.

Entre esos crímenes se encuentran violaciones, asesinatos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de asociación y expresión. No obstante, a pesar de su gravedad, éstos no contienen el elemento internacional que los convierte en crímenes internacionales, es decir, su comisión sistemática o generalizada contra una población civil, el cual es un requisito fundamental para que sea competencia de la Corte Penal Internacional.

Por tanto, lo que nos dice la Fiscalía es que estos graves crímenes contra los derechos humanos deben ser perseguidos y juzgados por los tribunales nacionales, y que en caso de recibir nuevas comunicaciones que comprueben que tales violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, puede reconsiderar la decisión tomada y reabrir el examen preliminar.

A quienes perpetraron el golpe de Estado y las graves violaciones a derechos humanos les recordamos que estas son imprescriptibles, y que en algún momento las manos de la justicia los alcanzarán así como está pasando actualmente en muchos países del continente americano.

Y las organizaciones de derechos humanos debemos aprender la lección de esta experiencia: Sin coordinación, sin confianza, sin articulación y sin humildad para superar los protagonismos y los egos, solo colaboramos para que la justicia siga retrasando su encuentro con las víctimas.