Comisión Nacional de Telecomunicaciones pretende cerrar radio garífuna.

Alerta 055-14 30 de septiembre de 2014 Comité por la Libre Expresión, C-Libre.- La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), denunció el 25 de septiembre que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, pretende sacar del aire a la radio comunitaria Garífuna Sugua, que opera desde hace seis años en la comunidad de Sambo Creek, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida.  La denuncia fue difundida mediante un pronunciamiento público emitido por la OFRANEH, en el cual destacan el posible cierre de la radio comunitaria Sugua, como una clara intimidación Estatal para concretar la entrega de la costa Garífuna al capital extranjero bajo el marco de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, (ZEDE), mejor conocidas como ciudades modelo. El pronunciamiento también resalta el error cometido por CONATEL al emplazar a La OFRANEH como "propietaria de la radio comunitaria Sugua", puesto que la relación entre la radio comunitaria y la OFRANEH es de apoyo solidario en pro de la defensa de los derechos territoriales, políticos y culturales del pueblo Garífuna. Bajo este contexto la OFRANEH, hace un llamado público al pueblo Garífuna para evitar el atropello del cierre de la radio comunitaria Sugua, una emisora que salió al aire en noviembre del año 2009, en el marco del golpe de Estado. La radio comunitaria Sugua que además pertenece a la Red de Radios Comunitarias Garífunas, trabaja bajo una línea editorial educativa dirigida a fomentar la recuperación del uso de la lengua Garífuna y a transmitir el conocimiento tradicional. Por su parte CONATEL a través de un comunicado enviado a C-Libre informó: "Que en el ejercicio de su facultad de administrar y controlar el uso del espectro radioeléctrico, constató en fecha 4 de diciembre del año 2013, que la organización Fraternal Negra Hondureña, está utilizando la frecuencia 100.9 MHz, en la comunidad de Sambo Creek del departamento de Atlántida de manera ilegal, sin poseer la autorización correspondiente otorgada por este ente regulador, por tal razón y en respecto a la garantía constitucional de derecho de defensa en fecha 17 de septiembre del año de 2014 , se emplazó a la confraternidad Negra Hondureña, para que presente sus correspondientes descargos de esta situación". Además el comunicado firmado por el comisionado presidente de esa dependencia dice que "CONATEL, pondrá en conocimiento al Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y otros del reglamento que dicen: Que cuando hay indicios de delito se debe de poner en conocimiento al Ministerio Público".  Para el Comité por la Libre Expresión, C-Libre, estas acciones de CONATEL son arbitrarias y violatorias al Convenio 169 de la OIT, suscrito y ratificado por el Estado de Honduras, puesto que buscan intimidar a la población Garífuna y afectar la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales, irrespetando a la vez su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones.  El Convenio 169 es una norma internacional y como tal prevalece sobre la ley interna de los Estados que lo ratificaron. El artículo 18 de la Constitución de la República estipula que en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero.  Ante lo anterior, C-Libre, exhorta al Gobierno a respetar a la comunidad de Sambo Creek y su derecho universal a la libertad de expresión y a tener sus propios medios de comunicación, al amparo de este Convenio.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

¿Hay jueces en Berlín?

Cuenta la leyenda que cuando Federico el Grande, rey de Prusia, construyó su palacio, había a un costado de sus magníficos jardines un viejo molino de madera, ruidoso y sucio.

A Federico II le pareció que este molino afeaba su nueva residencia de verano y ordenó su derribo. El dueño del molino, un hombre humilde y sencillo, se opuso a la decisión del rey y llevó el caso ante la justicia, al tiempo que le decía al rey: “Señor, todavía hay jueces en Berlín”.

Y cuando los jueces fallaron a favor del molinero, el mismo monarca, respetuoso de la justicia, celebró que hasta él mismo tuviera que acatar la decisión de los jueces de la capital de Prusia.

La semana pasada, el Juzgado de Letras Penal de Comayagüela denegó la petición de la defensa del comisionado de Policía, Elder Madrid Guerra, de aplicarle el decreto de Amnistía aprobado después del golpe de Estado. Madrid tenía bajo su mando a elementos del comando Cobras que detuvieron y torturaron a 24 personas el 12 de agosto de 2009.

Pese a que este decreto ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a su ambigüedad que facilita la obstrucción del esclarecimiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a derechos humanos, en otros casos el poder judicial lo ha aplicado indebidamente para absolver a policías y militares.

Por ello es que se debe reconocer el esfuerzo del área legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, que ha representado a las víctimas, pese a los obstáculos que se enfrentan para luchar contra la impunidad, ya que el comisionado Madrid, en vez de ser separado como lo establece la ley, ha sido ascendido a jefe de Inteligencia y director estratégico de la Secretaría de Seguridad.

¿Por este caso específico podríamos comenzar a preguntarnos con esperanza si “todavía hay jueces en Berlín” que impidan la aplicación de amnistías e indultos a violadores de derechos humanos?

La historia reciente nos ha mostrado que aún hay jueces y juezas dispuestas a sacrificar su integridad y estabilidad en nombre de la justicia: Mireya Mendoza, Luis Chévez, Tirza Flores, Adan Guillermo López Lone y Ramón Barrios, entre otros, son ejemplos claros de que es posible decir que “todavía hay jueces y juezas en Honduras”.

Un retroceso más en la protección del derecho humano a la salud

En nuestra Constitución, hay una disposición fundamental que impone límites y vínculos claros a todos los poderes públicos, especialmente al poder legislativo. 

Se trata del artículo 64 que establece que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.

En este artículo se consagra el principio de progresividad que le impone al Estado hondureño dos obligaciones concretas: En primer lugar, la obligación positiva de avanzar gradual y constantemente hacia la plena realización de los derechos humanos, es decir, de mejorar continuamente su goce y ejercicio.

En segundo lugar, la obligación negativa de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

El derecho a la salud es uno de eso derechos cuya protección y efectividad obliga al estado a tomar medidas para ir avanzando en su disfrute y le prohíbe tomar medidas deliberadamente regresivas, e incluso permanecer pasivo ante el deterioro del nivel de su disfrute.

Una medida fundamental para garantizarlo es la asignación de recursos suficientes en el presupuesto general de la república. No obstante, el presupuesto enviado al Congreso Nacional para su discusión y aprobación, contempla una reducción de 174.8 millones de lempiras en materia de salud en comparación con el de 2014. 

Sin duda alguna, esta reducción presupuestaria es una medida regresiva que viola abiertamente la Constitución y los tratados internacionales. Si bien es cierto se podría argumentar que los recursos son limitados, también hay que recordar que ante dicha limitación, la obligación del Estado es asignar adecuadamente los recursos disponibles. 

Cuando vemos que el presidente de Honduras gasta 48 millones de euros en un avión presidencial queda claro que a pesar de la limitación de los recursos disponibles, las prioridades del gobierno son otras y no un derecho tan fundamental como la salud de la población más vulnerable.

Las fechas siniestras de la violencia

El 6 de septiembre de este año, Juan Pineda, dirigente comunal y campesino, y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, fue asesinado. En los 5 meses anteriores a su muerte, su esposa y dos hijos, también habían sido asesinados.

El 29 de agosto, Margarita Murillo, reconocida lideresa popular y campesina, fue asesinada por sicarios mientras trabajaba la tierra. Días después, el 2 de septiembre, su esposo denunciaba que la Dirección Nacional de Investigación Criminal llegó a su casa violentamente a realizar un cateo sin presentar orden de allanamiento.

El 29 de agosto, Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, denunció intimidaciones y amenazas a muerte en su contra mientras realizaba un trabajo de supervisión de derechos humanos en el caribe hondureño, en una región marcada por la presencia de narcotraficantes, militares y guardias de seguridad privada.

El 25 de agosto, en la ciudad de Danlí, Dagoberto Díaz, propietario del canal Café Visión, Canal 20, fue asesinado por sujetos fuertemente armados que lo interceptaron cuando se conducía en su vehículo.

El 14 de agosto, Nery Francisco Soto Torres de Canal 23 y del programa "Cuarto Poder" en Radio Full F.M., fue asesinado por sujetos armados que lo acribillaron a tiros cuando se disponía a entrar a su casa en el departamento de Yoro.

El 21 de julio, el cuerpo del periodista Herlin Espinal fue encontrado sin vida en la comunidad de Santa Cruz de Yojoa, después de haber desaparecido desde el sábado 19. Espinal era coordinador del noticiario “Hoy Mismo” de Televicentro en San Pedro Sula.

Estas víctimas son parte de las 47 mil personas que han muerto como consecuencia de la guerra no declarada en Honduras y que en medio de la violencia, son estadísticas que el gobierno de turno quiere maquillar y esconder, y que además se confunden con elementos políticos, de crimen organizado y delincuencia común, en medio de la tormenta de sangre y dolor que ahoga a nuestro país. 

De misioneros y caníbales

“Un lugar de violencia terrible, una perenne y oscura guerra civil, la enésima de una tierra que no para nunca de sangrar”. Esta descripción que Roberto Saviano realiza sobre México, fácilmente podría ser un retrato de Honduras que también se encuentra inmersa en una escalada de violencia que provoca 19 víctimas diarias y lo posiciona como el país más violento del mundo, incluso por encima de algunos países en guerra.

Honduras sufre una debilidad institucional que se expresa en una elevada desconfianza en las instituciones del sector justicia y seguridad debido a la ineficacia de sus actuaciones, a los señalamientos de corrupción y abusos, al fracaso de las iniciativas de reforma, a la impunidad de quienes cometen delitos que pocas veces son llevados ante la justicia, a la subsistencia de violaciones a derechos humanos y al abandono de los sistemas penitenciarios.

Los diferentes gobiernos han apelado a políticas de seguridad que han resultado históricamente ineficaces para solucionar los problemas de criminalidad, tales como el incremento de la acción punitiva, la reducción de garantías procesales, la disminución de la edad punible para aplicar el derecho penal de adultos a niños y niñas, la privatización de la seguridad pública y la normalización del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana.

Esta inadecuada respuesta estatal ante la violencia y el delito se concreta en su desvinculación de los estándares internacionales de derechos humanos, en el empleo de la privación de la libertad como instrumento principal para la disminución de los niveles delictivos y en la utilización perversa de un discurso de mano dura en la lucha contra la violencia que genera importantes réditos políticos y electorales.

Sin embargo, en muchas ocasiones esta posición conduce a la reproducción de “lógicas de relacionamiento social fundadas en la intolerancia y la estigmatización de personas o grupos de personas, favoreciendo la aparición de casos de violencia extralegal, de los cuales son responsables los llamados grupos de ‘limpieza social’, como ‘escuadrones de la muerte’ o grupos parapoliciales y paramilitares”. 

La manera errónea en que el Estado hondureño enfrenta la criminalidad nos recuerda la frase de George Bernard Shaw, en el sentido que “aunque es malo que los caníbales se coman a los misioneros, sería terrible que los misioneros se comieran a los caníbales”, y cuya simplicidad encierra una máxima que debe cumplir todo Estado que se precie democrático y de derecho: el rechazo a la idea de combatir el crimen con el crimen y de justificar la utilización de cualquier medio para acabar con la violencia.

Un nuevo Examen Periódico Universal

El Examen Periódico Universal es una evaluación que cada 4 años y medio realiza el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a los 192 Estados miembros. El objetivo es proporcionar a cada Estado la posibilidad de demostrar que ha tomado acciones concretas para mejorar la situación de los derechos humanos.

Este examen es realizado por un grupo de trabajo integrado por los 47 Estados miembros del Consejo, cuyo resultado se presenta a través de un informe que contiene una serie de recomendaciones a implementar por parte del Estado evaluado.

El primer Examen Periódico Universal de Honduras se realizó el 4 de noviembre de 2010 y se le hicieron 128 recomendaciones sobre diferentes problemáticas, tales como, impunidad, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, derechos de la comunidad LGTBI, pueblos indígenas, niñez, institucionalidad, Estado de derecho, entre otros.

Nuevamente, en los primeros meses del año 2015 el Estado de Honduras volverá a someterse al Examen Periódico Universal y tendrá que demostrar que le ha dado cumplimiento a las 128 recomendaciones y que la situación de los derechos humanos ha mejorado.

Lógicamente, el Estado intentará maquillar la realidad y decir que ahora tenemos una “vida mejor”. Por ello, es fundamental el trabajo desarrollado por la Coalición contra la Impunidad que ha estado elaborando un informe alternativo para mostrarle al Consejo de Derechos Humanos que Honduras se ha convertido en el reino de la violencia e impunidad.