A las puertas de una elección crucial para la democracia y el Estado de derecho

La existencia de un poder judicial competente, independiente e imparcial constituye un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho, por lo que es necesario establecer procedimientos estrictos de nombramiento y destitución de los miembros de la magistratura.

Pese a los esfuerzos para despolitizar la designación de magistrados y magistradas a través del procedimiento de la Junta Nominadora, la elección final sigue realizándose bajo los mismos vicios de la lógica de repartición partidista y no basada en las mejores capacidades técnicas, integridad moral y experiencia de los candidatos y candidatas propuestas.

Por ello es que, como lo señaló la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, “El Congreso Nacional de Honduras ejerce un control considerable sobre el poder judicial, lo cual es incompatible con el principio de separación de poderes y la independencia del poder judicial, elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de derecho”.

Al estar a las puertas de la elección de la nueva Corte, lo ideal sería que se aprobara la Ley de Audiencias Públicas, que se encuentra engavetada en el Congreso Nacional, para garantizar un proceso de evaluación y selección transparente, confiable, participativo e imparcial.

Pero como en este momento ya es imposible por cuestiones de tiempo, la propuesta de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) para asegurar un proceso de ese tipo es más que oportuna y consiste en la emisión de un Reglamento de la Ley Orgánica de la Junta Nominadora.

Entre otras cosas, la propuesta de la AJD plantea una amplia participación de la ciudadanía a través de la instalación de una veeduría social, la creación de un procedimiento para conocer las hojas de vida de los candidatos y candidatas, la posibilidad de interponer impugnaciones, y una explicación clara y motivada de los méritos y capacidades de las 45 personas seleccionadas por la Junta Nominadora.

Y finalmente, la AJD plantea que la elección final de los 15 magistrados y magistradas en el Congreso Nacional, se realice en el marco de un debate que posibilite a la ciudadanía conocer las cualidades que se ponderan en cada uno de los candidatos y candidatas; para ello se requiere que el listado de las 45 candidaturas se presente al Congreso por lo menos 1 mes antes de la elección.

La clase política vuelve a tener una oportunidad de recuperar parte de la confianza ciudadana si eligen transparentemente a la nueva Corte Suprema de Justicia. Pero también, como nos exhorta la AJD, la ciudadanía tenemos la oportunidad de conformar un frente común que nos permita tener incidencia real en el funcionamiento de la Junta Nominadora y conseguir una elección que provoque cambios a favor de un Poder Judicial verdaderamente independiente.

Diálogo, protesta social y democracia universitaria

La presentación de requerimientos fiscales contra varios estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en varias regiones del país, refleja, por un lado, el alto grado de discrecionalidad con la que actúan los operadores de justicia para perseguir las manifestaciones sociales, y por otro, la necesidad de las autoridades universitarias de replantearse lo que entienden por libertad de expresión.

Por ello es fundamental recordarles a las autoridades de la UNAH y al Ministerio Público que el derecho a la protesta está expresamente reconocido por la Constitución de la República y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, y está íntimamente vinculado con las libertades de expresión, reunión y asociación pacífica.

En nuestro país, la protesta social generalmente es la única forma a través de la cual ciertos sectores de la población que sienten que han sido excluidos del debate público, han conseguido reivindicar sus derechos o, al menos, han logrado que sus puntos de vista sean escuchados.

Si bien es cierto que se pueden dar excesos en el ejercicio de este derecho, el Estado no puede reaccionar con el Código Penal en la mano, ya que como lo señala el destacado jurista argentino Raúl Zaffaroni, “el uso de la sanción penal frente a la protesta social solo es permisible en casos absolutamente excepcionales en los que suceden hechos de violencia intolerable”.

La protesta social que se mantiene dentro del ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica nunca puede ser objeto de persecución criminal, ya que como lo resalta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uso del derecho penal tiene un efecto disuasivo “particularmente grave cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente”.

Las autoridades universitarias y el Ministerio Público deben comprender que en una sociedad democrática, la criminalización de la protesta social violenta los principios más básicos del derecho penal, como el de estricta legalidad, de interpretación restrictiva, de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad.

La UNAH tiene ante sí una oportunidad para que, como rectora de la educación superior que promueve el debate democrático, la tolerancia y la diversidad, insista en la construcción de un diálogo en el que todas las voces sean escuchadas y respetadas. Si no lo hace, estaremos asistiendo a su tránsito por el camino del autoritarismo y la imposición que caracterizan a prácticamente todas las instituciones del Estado hondureño.

Guste o no, la libertad de expresión también protege aquellas ideas que ofenden, chocan, inquietan o perturban a las autoridades. Por ello es que el respeto y la tolerancia frente a la diversidad de ideas es un termómetro esencial para medir los niveles democráticos de una persona o institución.

Características mínimas de una Comisión Internacional contra la Impunidad

Una de las demandas más claras, unánimes y contundentes del movimiento ciudadano de los indignados e indignadas es la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

La necesidad de una CICIH refleja claramente la desconfianza ciudadana en la institucionalidad, ya que según el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, 7 de cada 10 hondureños y hondureñas no confía en tres operadores clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad: la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

Por ello, una CICIH debe tener una naturaleza de fiscal internacional que investigue y participe en procesos criminales de casos de alto impacto, haga propuestas de reformas legales e institucionales y trabaje de cerca con miembros selectos del Ministerio Público y de la Policía Nacional para fortalecer sus capacidades en investigaciones criminales y procesos judiciales.

Debe estar totalmente financiada con aportes de Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), limitando al Estado hondureño una contribución simbólica consistente en facilitar el local para sus oficinas, ya que esta independencia financiera le posibilitará actuar conjugando un margen importante de autonomía local con el peso de la ONU.

La CICIH debe tener la facultad legal para acceder, recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por cualquier persona, entidad oficial o privada, ONG, organismos internacionales y autoridades de otros Estados, y solicitar a cualquier funcionario civil y militar toda declaración, documento, informes o colaboración, quienes estarán obligados a proporcionar lo requerido.

A su vez, la CICIH puede seleccionar y supervisar a un equipo técnico de investigación integrado por profesionales nacionales y extranjeros de probada competencia e integridad moral, moverse libremente por todo el territorio nacional, así como acceder sin restricción alguna a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares.

Ante los altos grados de corrupción e impunidad, Honduras necesita urgentemente una CICIH que tenga plenos poderes para investigar casos de alto impacto y con capacidad de análisis estratégico y criminal, que le permita ser un acusador independiente del Ministerio Público y a su vez un asesor técnico de éste cuando sea necesario.

Si el presidente Hernández no tiene nada que temer y tiene intención de luchar contra la corrupción y la impunidad, la instalación de la CICIH es la mejor forma de convencer a la ciudadanía indignada que está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su eslogan "caiga quien caiga".

Desmontando las mentiras del presidente

Paul Joseph Goebbels fue un político alemán que fungió como Ministro para la Ilustración y Propaganda de la Alemania Nazi, y fue una figura clave en el régimen de Hitler de quien era su amigo íntimo y su mano derecha.

Decía Goebbels que “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”, y que “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”.

A la luz de las mentiras de casa de gobierno, parece que los asesores del presidente Hernández son discípulos de Goebbels, sin embargo, como dice una de las consignas del movimiento de las antorchas, se metieron con la generación equivocada que está demostrando día a día que no es una masa limitada y fácil de convencer.

Primero fue la mentira que su campaña electoral no había sido financiada por el dinero sustraído del Instituto Hondureño de Seguridad Social y ante las pruebas irrefutables tuvo que admitir que el Partido Nacional había recibido millones de lempiras provenientes de esa fuente. Hasta el momento no ha cumplido con su promesa de devolver el dinero.

La siguiente mentira fue que su hermana Hilda Hernández no era ministra, no obstante, nuevamente fue desmentido por la evidencia ya que tanto en la página electrónica de la Presidencia de la República como en el Diario Oficial La Gaceta, la señora Hernández aparece con el cargo de Ministra de Estrategia y Comunicación. La mentira y prepotencia presidencial fue tan lejos que terminó quedando en absoluto ridículo ante el periodista Fernando del Rincón de CNN.

Hay que preguntarle al presidente Hernández si su hermano Tony Hernández es o no diputado por el departamento de Lempira, pues si lo es, como efectivamente ocurre, incurre en una nueva y grave violación a la Constitución de la República que en su artículo 199 numeral 10 prohíbe que sean elegidos diputados el padre, la madre, los hermanos y hermanas, los hijos e hijas, los primos y primas, y hasta los cuñados y cuñadas del presidente de la República.

La nueva mentira es que la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) requiere demasiado tiempo y dinero, sin embargo, la propia ex ministra de derechos humanos, Ana Pineda, ha señalado que durante su mandato se realizaron todas las gestiones necesarias para la instalación de la CICIH y que solo falta la firma del presidente Hernández y un aporte gubernamental de apenas 2 o 3 millones de dólares, pues la mayoría de los costos serían asumidos por la comunidad internacional.

No es de extrañar que cada vez que habla el presidente Hernández se nos venga el recuerdo del escritor italiano Carlo Collodi, creador de la marioneta de madera protagonista del libro “Las aventuras de Pinocho”.