viernes, 28 de junio de 2019

Tres voces, un mismo diagnóstico

El Diálogo Interamericano es uno de los más antiguos e influyentes tanques de pensamiento sobre temas vinculados con América Latina y el hemisferio occidental. El pasado 13 de junio reunió las voces de tres personas para abordar las recientes protestas en Honduras contra el régimen de Juan Orlando Hernández.

En primer lugar, Jorge J. Kawas Mejía, socio de K&M Abogados, señaló que tales manifestaciones son signos de un creciente malestar ciudadano contra un gobierno abrumado por los escándalos de corrupción y la impunidad desenfrenada de sus responsables, y por ser ilegítimo para un importante segmento de la población debido a la reelección inconstitucional.

En segundo lugar, Hugo Llorens, ex embajador de los Estados Unidos en Honduras, señaló que la situación actual está relacionada con el socavamiento de la Constitución hondureña por parte de Hernández al buscar un segundo mandato y el resultado cuestionable de las elecciones presidenciales de 2017 que ha debilitado gravemente la legitimidad institucional.

Y, en tercer lugar, Christine Wade, profesora de ciencias políticas y estudios internacionales en el Washington College en Chestertown, señaló que las protestas actuales son una continuación de las manifestaciones contra la corrupción ocurridas en el verano de 2015 y las protestas contra el fraude que siguieron a las elecciones de 2017.

Además, son una expresión de un descontento generalizado y creciente contra el gobierno y la política de Hernández, quien tiene el apoyo de las fuerzas armadas, las cuales han respondido a las protestas con represión e incluso pueden haber dirigido actos de violencia durante las mismas como un pretexto para reprimir.

Estas tres personas coinciden en que ha aumentado el resentimiento de la población hondureña contra Estados Unidos, ya que siente que apoyó una elección fraudulenta que reeligió a un presidente corrupto.

Ninguna de ellas puede ser acusada de izquierdista bolivariana, por lo que su diagnóstico resulta sumamente revelador en tanto coincide plenamente con los análisis que permanentemente realizamos en el ERIC-SJ y Radio Progreso.

Sin duda alguna, la imagen del régimen de Juan Orlando Hernández cada vez más se deteriora fuera de nuestras fronteras y deja ver su cara
más corrupta, represiva, ilegal y dictatorial.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/tres-voces-un-mismo-diagnostico/

viernes, 21 de junio de 2019

10 años de crisis continuada


Honduras vive una crisis política continuada por la violación a la soberanía popular mediante un golpe de Estado en 2009, la aprobación ilegal de la reelección presidencial en 2015 y la imposición en la presidencia de Juan Orlando Hernández en 2018 a pesar de las graves irregularidades en el último proceso electoral.

Como consecuencia, se ha agravado la situación de los derechos humanos, se ha experimentado un profundo proceso de deterioro de la institucionalidad pública, ha aumentado la desconfianza ciudadana y se ha consolidado un régimen autoritario sostenido por la fuerza policial y militar, y cruzado por el narcotráfico.

Estos factores han propiciado un terreno fértil para la desigualdad estructural y la falta de desarrollo que, de acuerdo con la CIDH, afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual está enraizado en un sistema que beneficia a unos cuantos que tienen relación con altas esferas del poder.

Así, mientras en los últimos 10 años la inversión en salud y educación es cada vez menor y más ineficiente, el gasto en seguridad y defensa mantiene una trayectoria de crecimiento, enfocada principalmente en la represión de protestas sociales y en la persecución del delito desde la represión sin prevención.

A su vez, como lo señala el FOSDEH, la inversión pública ha descuidado los sectores que son necesarios para el bienestar de la sociedad y se ha enfocado en proyectos de asistencialismo que no han logrado disminuir la pobreza y las desigualdades en el país.

Ante un escenario así, pintado además de impunidad generalizada, corrupción y falta de equilibrio y separación entre los poderes que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de derecho, ¿cómo no querer irse de este país en caravanas después de 10 años de crisis continuada y sin una propuesta de solución que no venga de las élites?

El éxodo masivo de hondureñas y hondureños es el reflejo de una crisis que solo podrá resolverse si se emprenden reformas estructurales para replantear las políticas sociales, corregir las asignaciones presupuestarias, promover la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y corrupción, y subsanar el tejido social fracturados por la violencia y la impunidad.

martes, 11 de junio de 2019

El general Pacheco Tinoco, el mismo…

El general Julián Pacheco Tinoco, el todopoderoso hombre de la inteligencia militar en el país, el mismo que fue incapaz o no quiso utilizar esa inteligencia para investigar y desmantelar las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, amenaza a través de los medios de comunicación que su policía, la depurada, no va a permitir que continúen las protestas.

El general Pacheco Tinoco, el mismo que fue señalado por el jefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, y por el narcotraficante mexicano e informante de la DEA, Santos Peña, de coordinar la seguridad del paso de un cargamento de cocaína, muestra su soberbia e intolerancia frente a las justas demandas ciudadanas, contrariamente a su postura frente al narcotráfico.

El general Pacheco Tinoco, el mismo sobre quien Insight Crime descubrió que extrañamente cuando él era jefe de un batallón del ejército en Colón a inicios del 2000, Los Cachiros empezaron a ganar relevancia en el mundo criminal, ahora se pavonea valiente frente a una población desarmada que se manifiesta en defensa de su dignidad, pero se comporta como un cobarde frente a los grandes criminales del país.

El general Pacheco Tinoco, el mismo que se llena la boca hablando de paz y de respeto a la ley, fue una pieza clave en el golpe de Estado de 2009 cuyas consecuencias están más presentes que nunca y tienen a Honduras en un caos que quieren atribuir a quienes se manifiestan por la defensa de los derechos humanos y la democracia, ejerciendo su derecho constitucional a la protesta pacífica.

El general Pacheco Tinoco, el mismo que se vende como un militar honorable, tiene las manos manchadas de sangre por cada vez que ordenó y permitió que sus policías reprimieran brutalmente, torturaran y dispararan balas vivas contra una población indefensa que solo exige en las calles los derechos más básicos que le ha arrebatado esa criminalidad organizada que tiene secuestrado el Estado y que él protege.

El general Pacheco Tino, el mismo que amenaza a la población que debe proteger y protege a los criminales que debe perseguir, ya tiene reservado un lugar de honor en el basurero de la historia.

martes, 4 de junio de 2019

¿Cómo no llamarles criminales?

La actuación de la Policía Nacional y de la Policía Militar ante las recientes manifestaciones en contra de la privatización de la salud y educación pública refleja un patrón sistemático que no ha cambiado ni con la nueva currícula ni con el tan publicitado proceso de depuración.

Durante el golpe de Estado, durante las manifestaciones de las antorchas, durante las manifestaciones a favor de la democracia y contra el fraude electoral, y durante las manifestaciones de reivindicación de cualquier derecho, policías y militares siempre actúan al margen de la ley.

Por ello, organizaciones como Amnistía Internacional calificó de brutales las represiones en el país y cuestionó el papel vergonzoso de las fuerzas de seguridad pública que, en vez de garantizar los derechos de la población, hacen uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de armas letales.

Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras manifestó “su preocupación por el gran uso de gases lacrimógenos y de incidentes reportados de utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad”.

Estas actuaciones violentan las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos que obligan al régimen orlandista a garantizar el derecho de protesta pacífica y a la libertad de expresión, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional para evitar lesiones y muertes.

Cuando los agentes policiales y militares reprimen violentamente, usan sus armas de fuego contra la población desarmada y utilizan indiscriminadamente la fuerza bruta, violan la Constitución, los tratados internacionales y las demás leyes de la república.

Por tanto, ¿cómo se le llama a quienes violan las leyes y cometen delitos? Criminales. Y también son criminales aquellos que dejan pasar el delito y no realizan una investigación de manera pronta, imparcial, independiente y efectiva.