Desde el golpe de Estado, varios organismos internacionales han manifestado su preocupación por la falta de independencia judicial en Honduras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que se opusieron al golpe de Estado, particularmente contra los jueces miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia.
La Comisión de Alto Nivel de la OEA le recomendó al Estado hondureño adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra los jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado.
Pese a estas manifestaciones de preocupación, la Corte Suprema continuó con el libreto de ser un autor fundamental en la defensa del golpe de Estado y en el encubrimiento de la impunidad. En vez de acatar las recomendaciones de estos organismos, la Corte Suprema separó de sus cargos a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, y a la Magistrada Tirza Flores Lanza.
Para la Comisión Interamericana, las causas que motivaron esta decisión están vinculadas indudablemente a la participación de estos jueces en diferentes espacios contra el rompimiento del orden constitucional, por lo que consideró inaceptable que estos funcionarios encargados de administrar justicia hayan sido acusados y despedidos por su defensa de la democracia.
La posición de la Corte Suprema hondureña es un fiel reflejo de las actitudes dictatoriales del gobierno de Fujimori en Perú, quien en una situación similar destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional porque éstos se oponían a las medidas represivas y violatorias de la Constitución por parte de su gobierno.
Los magistrados peruanos denunciaron al Estado de Perú ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lograron una sentencia histórica gracias a la cual fueron reintegrados en sus puestos.
Con estos antecedentes, los jueces hondureños despedidos también presentaron una denuncia internacional contra el Estado de Honduras y es indudable que no sólo lograrán su reintegro, sino también evidenciarán una vez más ante la comunidad internacional que la Corte Suprema de Justicia es el máximo responsable de la impunidad en el país y los magistrados y magistradas que los despidieron, tendrán que tragarse la prepotencia de creerse por encima de la ley y la justicia.
martes, 28 de septiembre de 2010
Corte Suprema de Justicia de Honduras desafía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
San José y San Pedro Sula, 27 de septiembre de 2010
El pasado 23 de septiembre se hizo efectivo el despido arbitrario e ilegal del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, en virtud del nombramiento de su sustituto por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
El juez Chévez forma parte del grupo de cuatro jueces hondureños que fueron despedidos injustamente por haber realizado distintas acciones y haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.
El pasado 5 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por una votación de 10 magistrados a favor y 5 magistrados en contra, resolvió despedir a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, y la Magistrada Tirza Flores Lanza. De esta manera se dio un nuevo golpe a la independencia judicial y al Estado de Derecho en ese país.
Por tales hechos, el 5 de julio pasado, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que alegaron la violación de distintos derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos..
El 20 de agosto la Comisión Interamericana trasladó la petición al Estado de Honduras y le otorgó dos meses para dar sus explicaciones sobre los hechos denunciados. Así, la decisión de materializar el despido del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha ocurre mientras el órgano de protección de derechos humanos del continente le está pidiendo cuentas al Estado hondureño sobre las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia desafía a todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e irrespeta las recomendaciones dadas el 29 de julio anterior por la Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya, quienes señalaron en un comunicado conjunto su deseo para que “este conflicto se pueda resolver de manera positiva y conforme a los estándares internacional en la materia”.
Para los relatores independientes “Resulta necesario avanzar en la consolidación de la independencia judicial en Honduras, garantía de la democracia y del Estado de Derecho”. De igual manera, después de su visita a Honduras en mayo pasado, la CIDH señaló que “Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el estado de Derecho.”
La AJD y CEJIL esperan que el Estado de Honduras cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos humanos y se abstenga de continuar agraviando los derechos y la dignidad de los jueces despedidos, asimismo se exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, una vez realizado el proceso correspondiente, determine en el menor plazo posible, la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.
Para más información contactar a:
Guillermo López Lone: + (504) 9986-6565
Marcia Aguiluz: + (506) 2280 7473
Enlaces relacionados:
Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU.
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S
CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras. http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/54-10sp.htm
CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.
http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras
Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.
http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre
El pasado 23 de septiembre se hizo efectivo el despido arbitrario e ilegal del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, en virtud del nombramiento de su sustituto por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
El juez Chévez forma parte del grupo de cuatro jueces hondureños que fueron despedidos injustamente por haber realizado distintas acciones y haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.
El pasado 5 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por una votación de 10 magistrados a favor y 5 magistrados en contra, resolvió despedir a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, y la Magistrada Tirza Flores Lanza. De esta manera se dio un nuevo golpe a la independencia judicial y al Estado de Derecho en ese país.
Por tales hechos, el 5 de julio pasado, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que alegaron la violación de distintos derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos..
El 20 de agosto la Comisión Interamericana trasladó la petición al Estado de Honduras y le otorgó dos meses para dar sus explicaciones sobre los hechos denunciados. Así, la decisión de materializar el despido del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha ocurre mientras el órgano de protección de derechos humanos del continente le está pidiendo cuentas al Estado hondureño sobre las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia desafía a todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e irrespeta las recomendaciones dadas el 29 de julio anterior por la Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya, quienes señalaron en un comunicado conjunto su deseo para que “este conflicto se pueda resolver de manera positiva y conforme a los estándares internacional en la materia”.
Para los relatores independientes “Resulta necesario avanzar en la consolidación de la independencia judicial en Honduras, garantía de la democracia y del Estado de Derecho”. De igual manera, después de su visita a Honduras en mayo pasado, la CIDH señaló que “Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el estado de Derecho.”
La AJD y CEJIL esperan que el Estado de Honduras cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos humanos y se abstenga de continuar agraviando los derechos y la dignidad de los jueces despedidos, asimismo se exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, una vez realizado el proceso correspondiente, determine en el menor plazo posible, la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.
Para más información contactar a:
Guillermo López Lone: + (504) 9986-6565
Marcia Aguiluz: + (506) 2280 7473
Enlaces relacionados:
Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU.
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S
CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras. http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/54-10sp.htm
CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.
http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras
Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.
http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre
viernes, 24 de septiembre de 2010
Grupo Estratégico EPU-Honduras incide ante las Naciones Unidas
Numerosas organizaciones nacionales de derechos humanos han conformado el Grupo Estratégico EPU-Honduras, alianza que busca informar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) sobre la situación de derechos humanos (DDHH) en el país e incidir en la adopción de recomendaciones internacionales que permitan mejorarla.
El Grupo Estratégico EPU-Honduras nace en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un proceso de examen único y novedoso del sistema de Naciones Unidas que evalúa a los Estados en el respeto y cumplimiento de sus obligaciones internacionales de acuerdo al derecho internacional de los DDHH.
Desde el mes de abril del presente año, el Grupo Estratégico EPU-Honduras, ha presentado insumos sobre los principales problemas en materia de derechos humanos de los últimos cuatro años y, en la actualidad, está realizando un esfuerzo conjunto informando a la CDH sobre los mismos, para que éstos brinden recomendaciones que propicien una mejora de los estándares de DDHH en el país.
El Estado de Honduras será evaluado por primera vez el próximo 4 de noviembre por la CDH en Ginebra, Suiza. En este proceso, el Grupo Estratégico EPU-Honduras participará previamente brindando información, formulando preguntas y proponiendo recomendaciones a los Estados miembros del CDH sobre diferentes aspectos relacionados con la promoción y protección de los DDHH en Honduras.
El Grupo Estratégico EPU-Honduras, seguirá trabajando con posterioridad a la fecha del examen y se encargará de monitorear que el Estado cumpla efectivamente con las responsabilidades que surjan en el en el seno del CDH.
El Grupo Estratégico EPU-Honduras está conformado por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), C-Libre, la Asociación de Jueces por la Democracia, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la Red Lésbica Cattrachas, el Foro Mujeres por la Vida, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Frente de Abogados en Resistencia, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), la Colectiva de Mujeres de Honduras (CODEMUH ), la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN) y la Asociación Arco Iris.
Para obtener más información, comuníquese con:
Anarella Vélez, anarellavelez4@gmail.com (Tegucigalpa) o Tirsa Flores, ajuecesdemocracia@gmail.com (San Pedro Sula)
Enlaces relacionados:
Insumos presentados por sociedad civil para el EPU,
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/HN/A_HRC_WG.6_9_HN
D_3_Honduras.pdf
El Grupo Estratégico EPU-Honduras nace en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un proceso de examen único y novedoso del sistema de Naciones Unidas que evalúa a los Estados en el respeto y cumplimiento de sus obligaciones internacionales de acuerdo al derecho internacional de los DDHH.
Desde el mes de abril del presente año, el Grupo Estratégico EPU-Honduras, ha presentado insumos sobre los principales problemas en materia de derechos humanos de los últimos cuatro años y, en la actualidad, está realizando un esfuerzo conjunto informando a la CDH sobre los mismos, para que éstos brinden recomendaciones que propicien una mejora de los estándares de DDHH en el país.
El Estado de Honduras será evaluado por primera vez el próximo 4 de noviembre por la CDH en Ginebra, Suiza. En este proceso, el Grupo Estratégico EPU-Honduras participará previamente brindando información, formulando preguntas y proponiendo recomendaciones a los Estados miembros del CDH sobre diferentes aspectos relacionados con la promoción y protección de los DDHH en Honduras.
El Grupo Estratégico EPU-Honduras, seguirá trabajando con posterioridad a la fecha del examen y se encargará de monitorear que el Estado cumpla efectivamente con las responsabilidades que surjan en el en el seno del CDH.
El Grupo Estratégico EPU-Honduras está conformado por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), C-Libre, la Asociación de Jueces por la Democracia, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la Red Lésbica Cattrachas, el Foro Mujeres por la Vida, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Frente de Abogados en Resistencia, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), la Colectiva de Mujeres de Honduras (CODEMUH ), la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN) y la Asociación Arco Iris.
Para obtener más información, comuníquese con:
Anarella Vélez, anarellavelez4@gmail.com (Tegucigalpa) o Tirsa Flores, ajuecesdemocracia@gmail.com (San Pedro Sula)
Enlaces relacionados:
Insumos presentados por sociedad civil para el EPU,
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/HN/A_HRC_WG.6_9_HN
D_3_Honduras.pdf
martes, 21 de septiembre de 2010
CPTRT: Oponerse a Comisión Internacional Contra Impunidad es ignorar fracaso de fuerzas de seguridad y del sistema jurídico
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 21 Septiembre 2010. El Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) anunció, este lunes, que quien se opone a una posible comisión internacional contra la impunidad en Honduras, es porque “ignora el fracaso real, demostrable y evidente de las fuerzas de seguridad y aparato jurídico hondureño en la lucha contra la violencia y la impunidad”.
Destaca el CPTRT que en Honduras la impunidad continúa siendo uno de los más graves obstáculos a la construcción de una verdadera democracia participativa.
Ante el aumento de la violencia común y política, el terror, la intolerancia a la oposición y las continuas masacres, “debe abrirse un espacio de discusión popular” sobre la posibilidad de instaurar en Honduras una comisión internacional contra la impunidad, considera el CPTRT.
Cuestiona que en esa impunidad quedan escondidos “los criminales que desde sus posiciones de poder político y económico han saqueado al estado y han politizado al punto de inutilizar a las distintas instancias del sistema de justicia hondureño”, imponiendo su propia “visión de país”.
“Honduras necesita utilizar todas las herramientas de lucha sociales, políticas y jurídicas para defender sus derechos”, por lo que es importante que se discuta la posibilidad de instaurar en Honduras una comisión internacional contra la impunidad.
La Comisión tendría, entre otras funciones, la de verificar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y de aparatos clandestinos de seguridad que violan los derechos humanos fundamentales de las y los hondureños estos grupos ilegales, identificar sus estructuras determinando sus vínculos con funcionarios del Estado, actividades, modos de operar y su financiamiento.
Se encargaría de colaborar con el Estado en desarticular los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover que se investigue, seguimiento penal y sancionar los delitos cometidos por sus integrantes.
Además de recomendar al Estado de Honduras sobre la adopción de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición.
La comisión tendrá la capacidad de convertirse en investigador y acusador en los procesos determinados como importantes para la lucha contra la impunidad El
El CPTRT cree “válido” que el pueblo de Honduras “aproveche las oportunidades del sistema jurídico internacional” y en base a ello apoya que se instale una comisión internacional contra la impunidad en Honduras.
Tegucigalpa. 21 Septiembre 2010. El Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) anunció, este lunes, que quien se opone a una posible comisión internacional contra la impunidad en Honduras, es porque “ignora el fracaso real, demostrable y evidente de las fuerzas de seguridad y aparato jurídico hondureño en la lucha contra la violencia y la impunidad”.
Destaca el CPTRT que en Honduras la impunidad continúa siendo uno de los más graves obstáculos a la construcción de una verdadera democracia participativa.
Ante el aumento de la violencia común y política, el terror, la intolerancia a la oposición y las continuas masacres, “debe abrirse un espacio de discusión popular” sobre la posibilidad de instaurar en Honduras una comisión internacional contra la impunidad, considera el CPTRT.
Cuestiona que en esa impunidad quedan escondidos “los criminales que desde sus posiciones de poder político y económico han saqueado al estado y han politizado al punto de inutilizar a las distintas instancias del sistema de justicia hondureño”, imponiendo su propia “visión de país”.
“Honduras necesita utilizar todas las herramientas de lucha sociales, políticas y jurídicas para defender sus derechos”, por lo que es importante que se discuta la posibilidad de instaurar en Honduras una comisión internacional contra la impunidad.
La Comisión tendría, entre otras funciones, la de verificar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y de aparatos clandestinos de seguridad que violan los derechos humanos fundamentales de las y los hondureños estos grupos ilegales, identificar sus estructuras determinando sus vínculos con funcionarios del Estado, actividades, modos de operar y su financiamiento.
Se encargaría de colaborar con el Estado en desarticular los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover que se investigue, seguimiento penal y sancionar los delitos cometidos por sus integrantes.
Además de recomendar al Estado de Honduras sobre la adopción de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición.
La comisión tendrá la capacidad de convertirse en investigador y acusador en los procesos determinados como importantes para la lucha contra la impunidad El
El CPTRT cree “válido” que el pueblo de Honduras “aproveche las oportunidades del sistema jurídico internacional” y en base a ello apoya que se instale una comisión internacional contra la impunidad en Honduras.
Derechos humanos, el talón de Aquiles del régimen hondureño
La semana pasada, el régimen de Lobo Sosa anunció su intención de crear una secretaría de derechos humanos que estaría a cargo de impulsar políticas públicas en la materia.
En otro contexto, esta noticia parecería positiva e insinuaría un compromiso del poder ejecutivo con el respeto y promoción de los derechos humanos.
Pero en el contexto actual, la creación de esta nueva estructura se puede inscribir en la desesperación del régimen de aparentar ante la comunidad internacional que está dando pasos efectivos para luchar contra la impunidad heredada de la dictadura de Micheletti y Romeo Vásquez.
Lo que está claro es que con este anuncio, el régimen de Lobo Sosa está reconociendo que instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, no gozan de ninguna credibilidad pues se han convertido en los garantes de la impunidad de los militares, policías y civiles que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Paradójicamente, mientras Lobo Sosa habla de una secretaría de derechos humanos, continúan los asesinatos selectivos, las represiones violentas contra manifestaciones pacíficas, los atentados contra periodistas y medios de comunicación, los desalojos violentos de campesinos y los hostigamientos y amenazas contra aquellos que queremos una patria más democrática, compartida y solidaria.
Si Lobo Sosa realmente estuviera comprometido con la defensa y garantía de los derechos del pueblo hondureño, antes de crear una secretaría de derechos humanos debería expulsar de su gobierno a todos aquellos que promovieron y ejecutaron el golpe de Estado y que son los responsables de uno de los episodios más sangrientos de la historia de Honduras.
Una vez hecho esto, una secretaría de derechos humanos a cargo de personas de alta calidad moral y técnica podría orientar a su gobierno en la toma de decisiones efectivas para poner fin a las acciones represivas y para lograr que los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes, y los funcionarios del sistema de justicia que se confabularon con ellos, sean plenamente identificados y juzgados.
En otro contexto, esta noticia parecería positiva e insinuaría un compromiso del poder ejecutivo con el respeto y promoción de los derechos humanos.
Pero en el contexto actual, la creación de esta nueva estructura se puede inscribir en la desesperación del régimen de aparentar ante la comunidad internacional que está dando pasos efectivos para luchar contra la impunidad heredada de la dictadura de Micheletti y Romeo Vásquez.
Lo que está claro es que con este anuncio, el régimen de Lobo Sosa está reconociendo que instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, no gozan de ninguna credibilidad pues se han convertido en los garantes de la impunidad de los militares, policías y civiles que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Paradójicamente, mientras Lobo Sosa habla de una secretaría de derechos humanos, continúan los asesinatos selectivos, las represiones violentas contra manifestaciones pacíficas, los atentados contra periodistas y medios de comunicación, los desalojos violentos de campesinos y los hostigamientos y amenazas contra aquellos que queremos una patria más democrática, compartida y solidaria.
Si Lobo Sosa realmente estuviera comprometido con la defensa y garantía de los derechos del pueblo hondureño, antes de crear una secretaría de derechos humanos debería expulsar de su gobierno a todos aquellos que promovieron y ejecutaron el golpe de Estado y que son los responsables de uno de los episodios más sangrientos de la historia de Honduras.
Una vez hecho esto, una secretaría de derechos humanos a cargo de personas de alta calidad moral y técnica podría orientar a su gobierno en la toma de decisiones efectivas para poner fin a las acciones represivas y para lograr que los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes, y los funcionarios del sistema de justicia que se confabularon con ellos, sean plenamente identificados y juzgados.
lunes, 20 de septiembre de 2010
Relatoría especial expresa su preocupación por nuevos ataques contra medios y periodistas en Honduras
Washington D.C. 20 de septiembre de 2010. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días contra periodistas y medios de comunicación en Honduras, y exhorta a las autoridades a adoptar todos las medidas necesarias para prevenir estos crímenes e investigar y sancionar de manera adecuada a los responsables.
De acuerdo con la información recibida, el 14 de septiembre sujetos desconocidos dispararon contra el periodista hondureño, Luis Galdámez Álvarez. Gracias a la reacción del comunicador fue posible evitar que se consumara el atentado. El periodista dirige un programa de opinión en Radio Globo y ha sido un crítico del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Debido a las amenazas de muerte que había recibido, la CIDH aprobó medidas cautelares a su favor desde el 24 de julio de 2009, que siguen vigentes; sin embargo, según fue informada esta Relatoría, las autoridades hondureñas no le han proporcionado medidas adecuadas de seguridad.
La Relatoría Especial también tuvo conocimiento de que el 15 de septiembre militares y policías lanzaron bombas lacrimógenas contra la emisora Radio Uno, en San Pedro Sula, atacaron con toletes y gases a personas que se encontraban dentro del medio de comunicación, quebraron vidrieras del edificio, dañaron equipos e hirieron gravemente a una persona que iba a ser entrevistada. Además, el pasado 31 de agosto desconocidos dañaron los equipos de transmisión de la emisora y la obligaron a salir del aire temporalmente. Radio Uno es una emisora cultural y un instituto de formación periodística, propiedad de una cooperativa de comunicadores, que ha mantenido una posición crítica del golpe de Estado.
Por otra parte, la Relatoría Especial fue informada de que el pasado 7 de septiembre, manifestantes opuestos al golpe de Estado lanzaron piedras y palos al canal de televisión Televicentro y al edificio donde funciona el noticiero Abriendo Brecha.
Es preocupante la persistencia de agresiones contra comunicadores y medios de comunicación así como la ausencia de resultados en las investigaciones acerca de los asesinatos de periodistas ocurridos este año en Honduras. El mantenimiento de la impunidad es una de las mayores amenazas a la libertad de expresión, pues no solo niega la justicia a las víctimas sino que afecta a la sociedad en su conjunto al estimular el temor de los informadores y la autocensura.
La Relatoría Especial hace un llamado urgente a las autoridades hondureñas para que condenen los ataques, investiguen los hechos, sancionen a los perpetradores, pongan en práctica las medidas cautelares ordenadas por la CIDH y garanticen la seguridad de los periodistas y medios, condición esencial para la existencia de un debate libre y vigoroso.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la CIDH, establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Fuente: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=820&lID=2
De acuerdo con la información recibida, el 14 de septiembre sujetos desconocidos dispararon contra el periodista hondureño, Luis Galdámez Álvarez. Gracias a la reacción del comunicador fue posible evitar que se consumara el atentado. El periodista dirige un programa de opinión en Radio Globo y ha sido un crítico del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Debido a las amenazas de muerte que había recibido, la CIDH aprobó medidas cautelares a su favor desde el 24 de julio de 2009, que siguen vigentes; sin embargo, según fue informada esta Relatoría, las autoridades hondureñas no le han proporcionado medidas adecuadas de seguridad.
La Relatoría Especial también tuvo conocimiento de que el 15 de septiembre militares y policías lanzaron bombas lacrimógenas contra la emisora Radio Uno, en San Pedro Sula, atacaron con toletes y gases a personas que se encontraban dentro del medio de comunicación, quebraron vidrieras del edificio, dañaron equipos e hirieron gravemente a una persona que iba a ser entrevistada. Además, el pasado 31 de agosto desconocidos dañaron los equipos de transmisión de la emisora y la obligaron a salir del aire temporalmente. Radio Uno es una emisora cultural y un instituto de formación periodística, propiedad de una cooperativa de comunicadores, que ha mantenido una posición crítica del golpe de Estado.
Por otra parte, la Relatoría Especial fue informada de que el pasado 7 de septiembre, manifestantes opuestos al golpe de Estado lanzaron piedras y palos al canal de televisión Televicentro y al edificio donde funciona el noticiero Abriendo Brecha.
Es preocupante la persistencia de agresiones contra comunicadores y medios de comunicación así como la ausencia de resultados en las investigaciones acerca de los asesinatos de periodistas ocurridos este año en Honduras. El mantenimiento de la impunidad es una de las mayores amenazas a la libertad de expresión, pues no solo niega la justicia a las víctimas sino que afecta a la sociedad en su conjunto al estimular el temor de los informadores y la autocensura.
La Relatoría Especial hace un llamado urgente a las autoridades hondureñas para que condenen los ataques, investiguen los hechos, sancionen a los perpetradores, pongan en práctica las medidas cautelares ordenadas por la CIDH y garanticen la seguridad de los periodistas y medios, condición esencial para la existencia de un debate libre y vigoroso.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la CIDH, establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Fuente: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=820&lID=2
domingo, 19 de septiembre de 2010
Un silencio por Honduras
Asesinan a la presidenta del Sitaihss.
Asesinan la vida, en la plaza, en el trabajo,
en la escuela,
en el Aguán,
frente a la casa,
en el concierto,
en la milpa,
en el corazón de la patria.
Los golpistas en el poder son una plaga de asesinos
que tienen un erario disponible
y un régimen de corrupción.
Han hecho de la impunidad
una furia de mil cabezas
y del silencio del terror un espejo,
un periódico,
una televisión,
un cinismo de fe y diezmos,
un gobierno.
Hay muertes que se saben y otras que no.
Nadie sabe qué pasa en Honduras.
Nadie, sólo ellos,
los camisa blanca,
los de la firma falsificada,
los que hacen el cheque para los sicarios de cada día,
de cada hora,
de cada minuto
en el reloj de su cuenta regresiva.
Hoy matarón a…
y el nombre se diluye en la morgue de la arbitrariedad.
Un silencio por Honduras,
parece acordar la prensa de los dueños de la criminalidad,
aquí
y en todos los puntos del planeta.
Candelario Reyes García
Poeta en resistencia
18 de septiembre 2010.
Asesinan la vida, en la plaza, en el trabajo,
en la escuela,
en el Aguán,
frente a la casa,
en el concierto,
en la milpa,
en el corazón de la patria.
Los golpistas en el poder son una plaga de asesinos
que tienen un erario disponible
y un régimen de corrupción.
Han hecho de la impunidad
una furia de mil cabezas
y del silencio del terror un espejo,
un periódico,
una televisión,
un cinismo de fe y diezmos,
un gobierno.
Hay muertes que se saben y otras que no.
Nadie sabe qué pasa en Honduras.
Nadie, sólo ellos,
los camisa blanca,
los de la firma falsificada,
los que hacen el cheque para los sicarios de cada día,
de cada hora,
de cada minuto
en el reloj de su cuenta regresiva.
Hoy matarón a…
y el nombre se diluye en la morgue de la arbitrariedad.
Un silencio por Honduras,
parece acordar la prensa de los dueños de la criminalidad,
aquí
y en todos los puntos del planeta.
Candelario Reyes García
Poeta en resistencia
18 de septiembre 2010.
sábado, 18 de septiembre de 2010
Asesinan a presidenta regional del SITRAIHSS
La noche de ayer asesinaron a Juana Bustillo, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (SITRAIHSS) regional de San Pedro Sula, en la entrada a la colonia El Roble.
Los asesinos le dispararon cuando la dirigente sindical se conducía en su vehículo hacia la mencionada colonia. Tres impactos de bala le arrebataron la vida y a apesar de que fue trasladada a la sala de emergancia del IHSS, en donde los profesionales de la medicina intentaron salvarle la vida, faclleció unos minutos después de haberla ingresado.
El atentado criminal fue pepetrado antes de las nueve de la noche del viernes 17 de septiembre, tres días después del ataque represivo que, la policía nacional preventiva acompañada de elementos del ejército, desató en contra de la población civil, militantes y simpatizantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). que marchó masivamente por las calles de esta ciudad.
Comun Noticias
Los asesinos le dispararon cuando la dirigente sindical se conducía en su vehículo hacia la mencionada colonia. Tres impactos de bala le arrebataron la vida y a apesar de que fue trasladada a la sala de emergancia del IHSS, en donde los profesionales de la medicina intentaron salvarle la vida, faclleció unos minutos después de haberla ingresado.
El atentado criminal fue pepetrado antes de las nueve de la noche del viernes 17 de septiembre, tres días después del ataque represivo que, la policía nacional preventiva acompañada de elementos del ejército, desató en contra de la población civil, militantes y simpatizantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). que marchó masivamente por las calles de esta ciudad.
Comun Noticias
viernes, 17 de septiembre de 2010
Carta a Porfirio Lobo del Comité Uruguayo de Solidaridad con el pueblo hondureño
Montevideo, 17 de septiembre de 2010
Señor Porfirio Lobo
Casa Presidencial de Honduras
Tegucigalpa.
Honduras
De nuestra consideración:
Nuestro Comité le transmite su indignación y rechazo a la brutal represión a la que fueron sometidos el pasado día 15 centenares de manifestantes que reclamaban la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, paso previo e imprescindible para la normalización del país.
La represión alcanzó el grado de crimen en San Pedro Sula, donde un vendedor ambulante murió a consecuencia de los gases lacrimógenos y ciento de personas resultaron heridas. En esta ciudad, los efectivos del la policía y del ejército además de actuar con inusitada violencia, incluso contra ancianos, mujeres y niños, lo hicieron con premeditación y alevosía.
Antes que llegaran los manifestantes, para mayor gloria de las Fuerzas Armadas hondureñas, sus efectivos estaban ocupando los edificios del Banco Atlántida y Banco Promerica, en una verdadera emboscada contra el pueblo desarmado. Cuando comenzó el ataque, los participantes del acto estaban abocados a la “subversiva” actividad de escuchar un concierto de música. Abusos similares se produjeron en el día de la Independencia, en todo el territorio nacional.
Usted parece haber decidido optar por el terrorismo de Estado. Lo confirma el hecho que en el día de ayer fuerzas policiales y del ejército desalojaron la empresa asociativa campesina “Flor del Campo”, en Santa Rosa de Aguán, donde 40 familias reclaman desde el pasado 7 de julio la devolución de 180 hectáreas de tierra. Los efectivos, armados con fusiles de asalto M-16, destruyeron las chozas de los campesinos y detuvieron a los dirigentes de la cooperativa. Usted no puede ignorar que en el Bajo Aguán han sido asesinados en los últimos ocho meses 11 integrantes del Movimiento Unificado Campesino de Aguán (MUCA) y que, pese a las evidencias y testigos, ninguno de los autores ha sido detenido.
Pese a que tenemos conocimiento que usted habría declarado recientemente que “no le interesa el reconocimiento internacional pues los que le van a dar dinero ya se lo están dando”, le solicitamos poner fin a las medidas represivas y disponer lo necesario para que los responsables de estos crímenes sean identificados y juzgados. Al tiempo que le recordamos que el dinero no tiene propiedades para lavar manos manchadas de sangre.
Por el Comité,
Enildo Iglesias Hugo Infanzón Germán González Roger Rodríguez
Fuente: Red FIAN.
Señor Porfirio Lobo
Casa Presidencial de Honduras
Tegucigalpa.
Honduras
De nuestra consideración:
Nuestro Comité le transmite su indignación y rechazo a la brutal represión a la que fueron sometidos el pasado día 15 centenares de manifestantes que reclamaban la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, paso previo e imprescindible para la normalización del país.
La represión alcanzó el grado de crimen en San Pedro Sula, donde un vendedor ambulante murió a consecuencia de los gases lacrimógenos y ciento de personas resultaron heridas. En esta ciudad, los efectivos del la policía y del ejército además de actuar con inusitada violencia, incluso contra ancianos, mujeres y niños, lo hicieron con premeditación y alevosía.
Antes que llegaran los manifestantes, para mayor gloria de las Fuerzas Armadas hondureñas, sus efectivos estaban ocupando los edificios del Banco Atlántida y Banco Promerica, en una verdadera emboscada contra el pueblo desarmado. Cuando comenzó el ataque, los participantes del acto estaban abocados a la “subversiva” actividad de escuchar un concierto de música. Abusos similares se produjeron en el día de la Independencia, en todo el territorio nacional.
Usted parece haber decidido optar por el terrorismo de Estado. Lo confirma el hecho que en el día de ayer fuerzas policiales y del ejército desalojaron la empresa asociativa campesina “Flor del Campo”, en Santa Rosa de Aguán, donde 40 familias reclaman desde el pasado 7 de julio la devolución de 180 hectáreas de tierra. Los efectivos, armados con fusiles de asalto M-16, destruyeron las chozas de los campesinos y detuvieron a los dirigentes de la cooperativa. Usted no puede ignorar que en el Bajo Aguán han sido asesinados en los últimos ocho meses 11 integrantes del Movimiento Unificado Campesino de Aguán (MUCA) y que, pese a las evidencias y testigos, ninguno de los autores ha sido detenido.
Pese a que tenemos conocimiento que usted habría declarado recientemente que “no le interesa el reconocimiento internacional pues los que le van a dar dinero ya se lo están dando”, le solicitamos poner fin a las medidas represivas y disponer lo necesario para que los responsables de estos crímenes sean identificados y juzgados. Al tiempo que le recordamos que el dinero no tiene propiedades para lavar manos manchadas de sangre.
Por el Comité,
Enildo Iglesias Hugo Infanzón Germán González Roger Rodríguez
Fuente: Red FIAN.
CPTRT: Secretaría de Seguridad viola la ley con operativos combinados policías- militares y sin resultados
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 17 Septiembre 2010. El Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y de sus Familiares (CPTRT) pidió, ayer, en un comunicado, a la Secretaria de Seguridad (SS) que cese de violar la Ley de Policía y Convivencia Social, con la práctica incorrecta de vigilancia en operativos conjuntos de policías y militares.
De igual manera, solicita al Ministerio Público que cumpla con su papel garante “nombrando de manera permanente un fiscal que vigile in situ el desarrollo de estas prácticas y evite las acciones violatorias a derechos fundamentales”.
Según indica el CPTR:“Este tipo de prácticas policiales-militares no observa los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Republica, los Tratados y Convenciones Internacionales, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de Municipalidades y otras leyes afines”.
Cuestiona que esos operativos no son una acción preventiva y “lo único que generan, son detenciones masivas y arbitrarias”; pues mientras ellos ocurren “se detiene y se registra de manera antojadiza a cualquier ciudadano”, sin que antes se haya definido el tipo de delito o de violencia que se pretende evitar.
Durante los operativos se decomisa cualquier objeto que el grupo del operativo “deducen puede ser utilizado para la comisión de un ilícito, por ende se convierte simplemente en un disfraz de efectividad policial”.
La falta de acción preventiva, y el decomiso ilegal del objeto que se presume será utilizado para cometer un delito, muestran de manera contundente que no responden a la práctica de una política de seguridad ciudadana y de prevención del delito, “constituida previamente que permita identificar la génesis criminológica en base a nuestra realidad y condiciones sociales”.
Se ha vuelto un ejercicio común de exceso policial dejando de lado la prohibición legal de esas acciones: la detención de personas que no portan identificación; la privación de libertad por 24 horas por la comisión de una falta; a pesar de que la ley indica “que puede ser hasta 24 horas”; exponer ante los medios de comunicación a personas detenidas, incluso menores de edad.
Tales prácticas violentan el derecho a la libertad ambulatoria, la presunción de inocencia, la integridad física y a la dignidad humana carece de sentido, explican.
El CPTR cuestiona a la SS que desde hace siete años, desde el 2003, realiza operativos combinados entre la Policía Nacional Preventiva y el Ejército, como estrategia para combatir la delincuencia, sin que hay a obtenido hasta la fecha “resultados sustentados en indicadores de progreso e impacto”.
La organización de derechos humanos, critica que la mayoría de esos operativos se han convertido en un espectáculo policial y militar al que la población tiene que enfrentar cuando se hace público como noticia de hechos “altamente violentos en el país”.
Cita el CPTR que miembros del ejército participan de forma ilimitada en esos operativos que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Policía y Convivencia Social es atribución exclusiva de la Policía Nacional Preventiva y de la Policía Municipal.
Esa misma ley establece en su artículo 31 que las órdenes deben “fundarse en ley o reglamento, y que deberán ser claras, precisas y congruentes” además que deben ser “motivadas y escritas”, agrega el artículo 32.
“…y aún cuando por emergencia tuviese que hacerse de manera verbal, dentro del término de veinticuatro horas debe constar por escrito igualmente” añade el artículo 32 de esa misma a Ley de Policía y de Convivencia Social.
Sacrificar los derechos humanos de la población para garantizar una seguridad ciudadana que no vamos a disfrutar mientras no se enfrenten y resuelvan por parte del Estado las debilidades de documentación, investigación, y sanción de conductas ilícitas que existen en el sistema de justicia penal.
Tegucigalpa. 17 Septiembre 2010. El Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y de sus Familiares (CPTRT) pidió, ayer, en un comunicado, a la Secretaria de Seguridad (SS) que cese de violar la Ley de Policía y Convivencia Social, con la práctica incorrecta de vigilancia en operativos conjuntos de policías y militares.
De igual manera, solicita al Ministerio Público que cumpla con su papel garante “nombrando de manera permanente un fiscal que vigile in situ el desarrollo de estas prácticas y evite las acciones violatorias a derechos fundamentales”.
Según indica el CPTR:“Este tipo de prácticas policiales-militares no observa los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Republica, los Tratados y Convenciones Internacionales, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de Municipalidades y otras leyes afines”.
Cuestiona que esos operativos no son una acción preventiva y “lo único que generan, son detenciones masivas y arbitrarias”; pues mientras ellos ocurren “se detiene y se registra de manera antojadiza a cualquier ciudadano”, sin que antes se haya definido el tipo de delito o de violencia que se pretende evitar.
Durante los operativos se decomisa cualquier objeto que el grupo del operativo “deducen puede ser utilizado para la comisión de un ilícito, por ende se convierte simplemente en un disfraz de efectividad policial”.
La falta de acción preventiva, y el decomiso ilegal del objeto que se presume será utilizado para cometer un delito, muestran de manera contundente que no responden a la práctica de una política de seguridad ciudadana y de prevención del delito, “constituida previamente que permita identificar la génesis criminológica en base a nuestra realidad y condiciones sociales”.
Se ha vuelto un ejercicio común de exceso policial dejando de lado la prohibición legal de esas acciones: la detención de personas que no portan identificación; la privación de libertad por 24 horas por la comisión de una falta; a pesar de que la ley indica “que puede ser hasta 24 horas”; exponer ante los medios de comunicación a personas detenidas, incluso menores de edad.
Tales prácticas violentan el derecho a la libertad ambulatoria, la presunción de inocencia, la integridad física y a la dignidad humana carece de sentido, explican.
El CPTR cuestiona a la SS que desde hace siete años, desde el 2003, realiza operativos combinados entre la Policía Nacional Preventiva y el Ejército, como estrategia para combatir la delincuencia, sin que hay a obtenido hasta la fecha “resultados sustentados en indicadores de progreso e impacto”.
La organización de derechos humanos, critica que la mayoría de esos operativos se han convertido en un espectáculo policial y militar al que la población tiene que enfrentar cuando se hace público como noticia de hechos “altamente violentos en el país”.
Cita el CPTR que miembros del ejército participan de forma ilimitada en esos operativos que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Policía y Convivencia Social es atribución exclusiva de la Policía Nacional Preventiva y de la Policía Municipal.
Esa misma ley establece en su artículo 31 que las órdenes deben “fundarse en ley o reglamento, y que deberán ser claras, precisas y congruentes” además que deben ser “motivadas y escritas”, agrega el artículo 32.
“…y aún cuando por emergencia tuviese que hacerse de manera verbal, dentro del término de veinticuatro horas debe constar por escrito igualmente” añade el artículo 32 de esa misma a Ley de Policía y de Convivencia Social.
Sacrificar los derechos humanos de la población para garantizar una seguridad ciudadana que no vamos a disfrutar mientras no se enfrenten y resuelvan por parte del Estado las debilidades de documentación, investigación, y sanción de conductas ilícitas que existen en el sistema de justicia penal.
Periodista sufre atentado a balazos
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 16 de septiembre de 2010.
El periodista José Luis Galdamez, que goza de medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, fue atacado a balazos por desconocidos, la noche de ayer.
Galdamez fue atacado cuando llegaba a su residencia en una colonia de la capital, por tres hombres armados, que posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo tipo turismo, marca Honda Accord.
El periodista labora en varios espacios en Radio Globo, cerrada en varias ocasiones por la dictadura de Roberto Micheletti.
Ayer mientras se realizaba un concierto organizado por los artistas del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, Radio Uno de San Pedro Sula, que también cuenta con medidas cautelares sobre sus equipos radiofónicos, fue atacada por la policía, que llenó de gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora, al mismo tiempo que rompió varios ventanales.
Galdamez fue alertado por uno de sus hijos que hombres armados le iban a disparar, lo que le permitió hacerse a un lado y escapar de los disparos, según el testimonio del periodista.
El periodista reclamó a la policía “que si muere no vayan a decir que fue por un ajuste de cuentas, o por lío de faldas, por que andaba vendiendo drogas, por robo de de carros, como le han ensuciado la imagen a los periodistas asesinados”.
Recordó que a pesar que él y el medio de comunicación cuentan con medidas cautelares nunca ha visto un policía frente al medio de comunicación.
Sin embargo el periodista cuestionó que personajes como Micheletti tienen decenas de personas que los protegen.
Tegucigalpa 16 de septiembre de 2010.
El periodista José Luis Galdamez, que goza de medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, fue atacado a balazos por desconocidos, la noche de ayer.
Galdamez fue atacado cuando llegaba a su residencia en una colonia de la capital, por tres hombres armados, que posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo tipo turismo, marca Honda Accord.
El periodista labora en varios espacios en Radio Globo, cerrada en varias ocasiones por la dictadura de Roberto Micheletti.
Ayer mientras se realizaba un concierto organizado por los artistas del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, Radio Uno de San Pedro Sula, que también cuenta con medidas cautelares sobre sus equipos radiofónicos, fue atacada por la policía, que llenó de gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora, al mismo tiempo que rompió varios ventanales.
Galdamez fue alertado por uno de sus hijos que hombres armados le iban a disparar, lo que le permitió hacerse a un lado y escapar de los disparos, según el testimonio del periodista.
El periodista reclamó a la policía “que si muere no vayan a decir que fue por un ajuste de cuentas, o por lío de faldas, por que andaba vendiendo drogas, por robo de de carros, como le han ensuciado la imagen a los periodistas asesinados”.
Recordó que a pesar que él y el medio de comunicación cuentan con medidas cautelares nunca ha visto un policía frente al medio de comunicación.
Sin embargo el periodista cuestionó que personajes como Micheletti tienen decenas de personas que los protegen.
jueves, 16 de septiembre de 2010
Más acciones represivas del régimen contra la resistencia
Con las mismas técnicas de la dictadura de Roberto Micheletti, el régimen de Porfirio Lobo Sosa, quiso terminar con las acciones movilizadoras de la resistencia en todo el país, a fuerza de toletes, rifles, gases lacrimógenos y un despliegue militar-policial solo visto en la década de los ochenta, con la implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Al régimen no le bastó la represión brutal contra miles de manifestantes en San Pedro sula, lo que dejó decenas de personas golpeadas, muchas aún en los hospitales. También procedió a intimidar a través de la fuerza represiva a la resistencia de Tocoa y Siguatepeque.
Sin embargo la represión tiene un efecto opuesto al que pretende el régimen, a mayor represión menos control y más movilizaciones de la resistencia, lo que denota un accionar torpe de Lobo Sosa.
Cuatro días antes, el pasado 11 de septiembre, Lobo Sosa se reunió con el embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, sin que trascendiera el motivo y generando suspicacias por la cercanía a las movilizaciones de la resistencia en todo el país.
Fuera represiva combinada
En el caso de Tocoa, fue a las 11 de la mañana que policías y militares colocaron una valla para no dejar pasar la manifestación, pero como la fuerza popular les sobrepasaba, después de varios minutos de hostilidades, no tuvieron otra opción que ver la movilización, una de las más concurridas, según reportes de la zona.
Mientras tanto en Siguatepeque, sucedió a eso de las siete de la noche, cuando se desarrollaba en la plaza de ese municipio, un concierto donde estaba cantando Karla Lara, hasta allí llegaron las fuerzas represivas a intimidar a centenares de personas que llegaron a escuchar a Karla. Supuestamente el objetivo era destruir el equipo de sonido de Artistas en Resistencia, tal como lo hicieron en San Pedro Sula con el de Café Guancasco. Las acciones de intimidación duraron unos 40 minutos, rodearon la zona y después se marcharon.
Mientras en la capital el régimen desplazó reservistas del ejército, militares retirados, policías, así como hombres de civil en carros sin placas, la intención sembrar el miedo en la población. El desfile oficial que se desplazó desde el Boulevard Suyapa hasta el Estadio Nacional, estaba completamente militarizado, a cada cuadra se encontraban militares y policías.
En las vísperas de la gran movilización de la resistencia en distintos departamentos del país sucedieron hechos atentatarios a la vida de Otilia Deras, esposa del dirigente social, Herminio Deras, asesinado en los 80. Hombres armados llegaron a su residencia en Sab Pedro Sula, procedieron a cortar la alarma y los cables del teléfono, para después amarrar a toda la familia. esta es la segunda vez que sucede un hecho parecido, el anterior fue en el mes de marzo de este año.
Mientras la noche del 14 de septiembre, hombres agazapados a eso de las 11 y 30 de la noche, estaban a inmediaciones de la casa del periodista Luís Galdamez, quien tiene un programa en Radio Globo, le dispararon en varias ocasiones, entraron al patio de su vivienda, pero como repelió el fuego, los desconocidos huyeron en un vehículo sin placas.
Aunque el comunicador tiene medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, la policías llegó despúes de una hora con 30 minutos, según el relato de Galdamez.
En la víspera de la gran movilización popular de este 15 de septiembre, otros miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, denunciaron amenazas a Muerte a través de mensajitos de texto por su celular, tal es el caso de Fabricio Herrera, quien señaló que su esposa estaba siendo amenazada y hombres desconocidos llegaban a su puesto de trabajo a fotografiarlo.
Fuente: www.defensoresenlinea.com
Al régimen no le bastó la represión brutal contra miles de manifestantes en San Pedro sula, lo que dejó decenas de personas golpeadas, muchas aún en los hospitales. También procedió a intimidar a través de la fuerza represiva a la resistencia de Tocoa y Siguatepeque.
Sin embargo la represión tiene un efecto opuesto al que pretende el régimen, a mayor represión menos control y más movilizaciones de la resistencia, lo que denota un accionar torpe de Lobo Sosa.
Cuatro días antes, el pasado 11 de septiembre, Lobo Sosa se reunió con el embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, sin que trascendiera el motivo y generando suspicacias por la cercanía a las movilizaciones de la resistencia en todo el país.
Fuera represiva combinada
En el caso de Tocoa, fue a las 11 de la mañana que policías y militares colocaron una valla para no dejar pasar la manifestación, pero como la fuerza popular les sobrepasaba, después de varios minutos de hostilidades, no tuvieron otra opción que ver la movilización, una de las más concurridas, según reportes de la zona.
Mientras tanto en Siguatepeque, sucedió a eso de las siete de la noche, cuando se desarrollaba en la plaza de ese municipio, un concierto donde estaba cantando Karla Lara, hasta allí llegaron las fuerzas represivas a intimidar a centenares de personas que llegaron a escuchar a Karla. Supuestamente el objetivo era destruir el equipo de sonido de Artistas en Resistencia, tal como lo hicieron en San Pedro Sula con el de Café Guancasco. Las acciones de intimidación duraron unos 40 minutos, rodearon la zona y después se marcharon.
Mientras en la capital el régimen desplazó reservistas del ejército, militares retirados, policías, así como hombres de civil en carros sin placas, la intención sembrar el miedo en la población. El desfile oficial que se desplazó desde el Boulevard Suyapa hasta el Estadio Nacional, estaba completamente militarizado, a cada cuadra se encontraban militares y policías.
En las vísperas de la gran movilización de la resistencia en distintos departamentos del país sucedieron hechos atentatarios a la vida de Otilia Deras, esposa del dirigente social, Herminio Deras, asesinado en los 80. Hombres armados llegaron a su residencia en Sab Pedro Sula, procedieron a cortar la alarma y los cables del teléfono, para después amarrar a toda la familia. esta es la segunda vez que sucede un hecho parecido, el anterior fue en el mes de marzo de este año.
Mientras la noche del 14 de septiembre, hombres agazapados a eso de las 11 y 30 de la noche, estaban a inmediaciones de la casa del periodista Luís Galdamez, quien tiene un programa en Radio Globo, le dispararon en varias ocasiones, entraron al patio de su vivienda, pero como repelió el fuego, los desconocidos huyeron en un vehículo sin placas.
Aunque el comunicador tiene medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, la policías llegó despúes de una hora con 30 minutos, según el relato de Galdamez.
En la víspera de la gran movilización popular de este 15 de septiembre, otros miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, denunciaron amenazas a Muerte a través de mensajitos de texto por su celular, tal es el caso de Fabricio Herrera, quien señaló que su esposa estaba siendo amenazada y hombres desconocidos llegaban a su puesto de trabajo a fotografiarlo.
Fuente: www.defensoresenlinea.com
Régimen reprime marcha pacífica En San Pedro Sula
Una manifestación pacífica fue reprimida brutalmente por policías y militares. Decenas de personas han sido detenidas y golpeadas. Radio Uno fue atacada con gases lacrimógenos y los uniformados dejaron inconsciente de los golpes a Ernesto Bardales, defensor de derechos humanos.
La ex diputada Orfilia Mejía denunció que cuando venía en su carro los policías le lanzaron gases lacrimógenos donde traía dos niños los que fueron golpeados.
Decenas de estudiantes fueron salvajemente golpeados y las bandas de guerra de los colegios públicos que participaban en la marcha de la resistencia fueron destruidas y el equipo de Café Guancasco también fue destruido y le lanzaron gas pimienta a sus integrantes.
La marcha venía seguida por tanquetas y pelotones de elementos COBRAS que cuando la movilización llegó al barrio El Benque donde está Radio Uno inició la represión.
En las afueras de Radio Uno hay vidrios quebrados por todos lados y hasta dentadura de personas que fueron golpeadas. Se denuncia que hay muchos niños y niñas que han sido llevados a los hospitales.
Karen Mejía de Artistas en Resistencia estaba dirigiendo el evento, tiraron dos bombas lacrimógenas al escenario, “esto es un ataque contra el pueblo hondureño y contra el arte que libera y educa, destruyeron nuestro equipo de sonido llenándolo de agua, esto es un crimen”, dijo Mejía.
Mejìa relató que los policías destruyeron la estatua del presidente Manuel Zelaya Rosales, “ellos se miraban con mucho odio y por todos lados había gente desmayada en las calles quienes también fueron golpeadas, las postas están inundadas de personas, muchas fueron detenidas solo porque vestían una camiseta de la resistencia”, señaló.
Arnulfo Aguilar, director de Radio Uno denunció que un policía que tenía el chaleco con el número 60 y que se conducía en la motocicleta número 211 enchachó al dueño de un vehículo por el solo hecho de llevar dos banderas del Frente Nacional de Resistencia Popular y fue llevado detenido.
Los cuadros son desgarradores, hay una cacería humana en el centro de San Pedro Sula, porque los policías y militares persiguen a la gente y hay muchas personas desaparecidas, según denuncia de sus familiares a través Radio Uno.
Fuente: www.defensoresenlinea.com
La ex diputada Orfilia Mejía denunció que cuando venía en su carro los policías le lanzaron gases lacrimógenos donde traía dos niños los que fueron golpeados.
Decenas de estudiantes fueron salvajemente golpeados y las bandas de guerra de los colegios públicos que participaban en la marcha de la resistencia fueron destruidas y el equipo de Café Guancasco también fue destruido y le lanzaron gas pimienta a sus integrantes.
La marcha venía seguida por tanquetas y pelotones de elementos COBRAS que cuando la movilización llegó al barrio El Benque donde está Radio Uno inició la represión.
En las afueras de Radio Uno hay vidrios quebrados por todos lados y hasta dentadura de personas que fueron golpeadas. Se denuncia que hay muchos niños y niñas que han sido llevados a los hospitales.
Karen Mejía de Artistas en Resistencia estaba dirigiendo el evento, tiraron dos bombas lacrimógenas al escenario, “esto es un ataque contra el pueblo hondureño y contra el arte que libera y educa, destruyeron nuestro equipo de sonido llenándolo de agua, esto es un crimen”, dijo Mejía.
Mejìa relató que los policías destruyeron la estatua del presidente Manuel Zelaya Rosales, “ellos se miraban con mucho odio y por todos lados había gente desmayada en las calles quienes también fueron golpeadas, las postas están inundadas de personas, muchas fueron detenidas solo porque vestían una camiseta de la resistencia”, señaló.
Arnulfo Aguilar, director de Radio Uno denunció que un policía que tenía el chaleco con el número 60 y que se conducía en la motocicleta número 211 enchachó al dueño de un vehículo por el solo hecho de llevar dos banderas del Frente Nacional de Resistencia Popular y fue llevado detenido.
Los cuadros son desgarradores, hay una cacería humana en el centro de San Pedro Sula, porque los policías y militares persiguen a la gente y hay muchas personas desaparecidas, según denuncia de sus familiares a través Radio Uno.
Fuente: www.defensoresenlinea.com
miércoles, 15 de septiembre de 2010
El Congreso peruano revierte el “Decreto de la impunidad”
Por RFI
El cuerpo de legisladores derogó por abrumadora mayoría este martes un decreto ley que garantizaba la impunidad a militares y policías procesados por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto interno peruano (1980-2000). El propio presidente Alan García figuraba imputado en un caso.
El paso en falso de Alan García lo dejó casi completamente sólo en el Congreso. Es que a comienzos de septiembre había emitido un decreto (el ya famoso 1097) a través del cual –a través de una argucia jurídica- se aseguraba la impunidad a una larga lista de miembros de las fuerzas armadas imputados por crímenes atroces y abusos contra los derechos humanos.
Este lunes por la noche, el propio García, atajando una ola de críticas de todo el arco político –incluido dentro de su partido- dio marcha atrás y envió al Congreso con carácter de urgencia la revocatoria de su propio decreto. Los legisladores no le dieron chance.
La votación arrojó 90 votos a favor, provenientes de todas las bancadas, y solamente uno en contra: el del congresista oficialista Luis Giampietri, un ex almirante que es además vicepresidente peruano. Giampietri justificó su voto en contra al resaltar que era inadmisible, en su opinión, que procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad superen los 20 años sin sentencia o sin que se archiven los casos.
Giampietri figura entre los procesados por el motín de presos de la guerrilla comunista de Sendero Luminoso (maoísta) en la isla penal El Frontón, frente a las costas de Lima, en julio de 1986, cuya retoma dejó más de 200 muertos.
El presidente Alan García también figura entre los procesados por ese caso, ocurrido durante su primer gobierno (1985-1990), según grupos locales de derechos humanos.
La más dura protesta provino del escritor Mario Vargas Llosa, quien envió el lunes al mandatario una carta renunciando a la presidencia de un Museo de la Memoria sobre el conflicto interno peruano que dejó unas 70.000 víctimas, según una Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Si bien la carta tuvo importantes repercusiones, Alan García subestimó su alcance.
"Tanto poder no tiene Vargas Llosa como para obligarme a cambiar de opinión”, dijo. Desmintiendo al escritor, también negó presiones militares. "Si no está claro (ese decreto) mejor derogarlo", añadió.
Fuente: http://www.espanol.rfi.fr/americas/20100915-el-congreso-revierte-el-decreto-de-la-impunidad
El cuerpo de legisladores derogó por abrumadora mayoría este martes un decreto ley que garantizaba la impunidad a militares y policías procesados por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto interno peruano (1980-2000). El propio presidente Alan García figuraba imputado en un caso.
El paso en falso de Alan García lo dejó casi completamente sólo en el Congreso. Es que a comienzos de septiembre había emitido un decreto (el ya famoso 1097) a través del cual –a través de una argucia jurídica- se aseguraba la impunidad a una larga lista de miembros de las fuerzas armadas imputados por crímenes atroces y abusos contra los derechos humanos.
Este lunes por la noche, el propio García, atajando una ola de críticas de todo el arco político –incluido dentro de su partido- dio marcha atrás y envió al Congreso con carácter de urgencia la revocatoria de su propio decreto. Los legisladores no le dieron chance.
La votación arrojó 90 votos a favor, provenientes de todas las bancadas, y solamente uno en contra: el del congresista oficialista Luis Giampietri, un ex almirante que es además vicepresidente peruano. Giampietri justificó su voto en contra al resaltar que era inadmisible, en su opinión, que procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad superen los 20 años sin sentencia o sin que se archiven los casos.
Giampietri figura entre los procesados por el motín de presos de la guerrilla comunista de Sendero Luminoso (maoísta) en la isla penal El Frontón, frente a las costas de Lima, en julio de 1986, cuya retoma dejó más de 200 muertos.
El presidente Alan García también figura entre los procesados por ese caso, ocurrido durante su primer gobierno (1985-1990), según grupos locales de derechos humanos.
La más dura protesta provino del escritor Mario Vargas Llosa, quien envió el lunes al mandatario una carta renunciando a la presidencia de un Museo de la Memoria sobre el conflicto interno peruano que dejó unas 70.000 víctimas, según una Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Si bien la carta tuvo importantes repercusiones, Alan García subestimó su alcance.
"Tanto poder no tiene Vargas Llosa como para obligarme a cambiar de opinión”, dijo. Desmintiendo al escritor, también negó presiones militares. "Si no está claro (ese decreto) mejor derogarlo", añadió.
Fuente: http://www.espanol.rfi.fr/americas/20100915-el-congreso-revierte-el-decreto-de-la-impunidad
El juicio contra 17 militares guatemaltecos es un espejo para los militares hondureños
Entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, miembros de las fuerzas armadas de Guatemala asesinaron a 251 habitantes, entre niños, mujeres y hombres, de la aldea de Las Dos Erres, en el departamento de Petén. Las personas ejecutadas habrían sufrido previamente torturadas y muchas mujeres violadas.
Aunque hasta el año 1994 las autoridades de ese país iniciaron investigaciones sobre la masacre, las mismas se caracterizaron por la falta de exhaustividad y diligencia, y su consecuente ausencia de juzgamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales, dejando estos crímenes en la más absoluta impunidad.
Por ello, se tuvo que recurrir ante instancias internacionales para obtener justicia al respecto, lográndose que en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviera en una sentencia que el Estado guatemalteco era responsable internacionalmente por no haber investigado estos hechos seriamente.
En este sentido, el tribunal interamericano le ordenó a Guatemala, entre otras cosas, investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva tales crímenes con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables de los mismos.
Atendiendo esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia ordenó proseguir el proceso penal contra los señalados como responsables, lo cual se tradujo en una orden del Juzgado de Alto Impacto de Guatemala para enjuiciar a los militares retirados Reyes Collin Gualip, Manuel Pop San y Carlos Antonio Carías, y reactivar las órdenes de captura contra otros 13 militares implicados que se encuentran prófugos.
Los delitos de que se les acusa son, entre otros, asesinato y delito de deberes contra la humanidad, es decir, actos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos que nunca prescriben.
Por eso, aunque hayan pasado 28 años para que se comenzará a hacer justicia a las víctimas guatemaltecas, resulta esperanzador saber que a veces la justicia tarda pero llega y que los crímenes cometidos por Micheletti y sus ministros de facto, Romeo Vásquez y demás militares, Jesús Escoto Salinas y demás policías, y otros autores intelectuales y materiales, no quedarán en la impunidad.
Cada día la historia nos da ejemplos de que los responsables de este tipo de crímenes serán juzgados: Ayer fue Pinochet, Videla y Fujimori, hoy estos 17 militares guatemaltecos, mañana serán los que dieron el golpe de Estado y se cobijan en la impunidad.
Aunque hasta el año 1994 las autoridades de ese país iniciaron investigaciones sobre la masacre, las mismas se caracterizaron por la falta de exhaustividad y diligencia, y su consecuente ausencia de juzgamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales, dejando estos crímenes en la más absoluta impunidad.
Por ello, se tuvo que recurrir ante instancias internacionales para obtener justicia al respecto, lográndose que en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviera en una sentencia que el Estado guatemalteco era responsable internacionalmente por no haber investigado estos hechos seriamente.
En este sentido, el tribunal interamericano le ordenó a Guatemala, entre otras cosas, investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva tales crímenes con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables de los mismos.
Atendiendo esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia ordenó proseguir el proceso penal contra los señalados como responsables, lo cual se tradujo en una orden del Juzgado de Alto Impacto de Guatemala para enjuiciar a los militares retirados Reyes Collin Gualip, Manuel Pop San y Carlos Antonio Carías, y reactivar las órdenes de captura contra otros 13 militares implicados que se encuentran prófugos.
Los delitos de que se les acusa son, entre otros, asesinato y delito de deberes contra la humanidad, es decir, actos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos que nunca prescriben.
Por eso, aunque hayan pasado 28 años para que se comenzará a hacer justicia a las víctimas guatemaltecas, resulta esperanzador saber que a veces la justicia tarda pero llega y que los crímenes cometidos por Micheletti y sus ministros de facto, Romeo Vásquez y demás militares, Jesús Escoto Salinas y demás policías, y otros autores intelectuales y materiales, no quedarán en la impunidad.
Cada día la historia nos da ejemplos de que los responsables de este tipo de crímenes serán juzgados: Ayer fue Pinochet, Videla y Fujimori, hoy estos 17 militares guatemaltecos, mañana serán los que dieron el golpe de Estado y se cobijan en la impunidad.
lunes, 13 de septiembre de 2010
Ordenan juicio contra tres militares guatemaltecos por masacre de 252 personas en 1982
TeleSUR
El Juzgado Primero de Alto Impacto de Guatemala ordenó enviar a juicio a tres militares retirados, acusados de participar en el año1982 en la masacre de la aldea Dos Erres, ubicada en el departamento norteño de Petén, en la que murieron 252 personas.
La sentencia fue dictada este miércoles por la jueza Carol Patricia Flores, quien indicó que aunque hay otros 14 implicados en la matanza que se encuentran prófugos, hay suficientes elementos para argumentar en contra de los militares Reyes Collin Gualip, Manuel Pop San y Carlos Antonio Carías.
De acuerdo a las investigaciones de los organismos policiales locales, la unidad de élite del Ejército que participó en la masacre estaba constituida por al menos 17 militares, y entre el 6 y el 8 de diciembre del año 1982, en la en la localidad de Dos Erres, asesinaron a más de 200 personas.
El grupo formó parte de lo que se conoció como Plan Victoria 82, creado durante el gobierno de Efraín Ríos Montt y que pretendía implantar el orden social y evitar la subversión de los aldeanos por medio de operativos armamentistas.
"Los cargos específicos para los tres imputados son acusados por los delitos de asesinato, hurto agravado y delito de deberes contra la humanidad", sentenció Flores.
Flores recalcó que en contra de los militares se han presentado un total de 32 testimonios de sobrevivientes que han afirmado reconocer a los implicados.
"Lo que hace el subteniente Carlos Carías López es tomar su fusil y del enojo le dispara a un perro que estaba en el lugar (...) pero me iba a matar a mí", se escucha en una de las entrevistas.
Por su parte, el Ministerio Público guatemalteco manifestó que entre las pruebas que sustentan el caso se cuenta con un "voluminoso expediente" lleno de declaraciones de familiares de las víctimas, así como evidencia balística (cartuchos de proyectiles) localizadas por expertos argentinos en1995 en diversas partes del territorio de Petén.
Asimismo, el Ministerio de la Defensa Nacional destacó que en este caso se cuenta con documentos históricos en los que se establece que los militares se encontraban de permiso en la región cuando sucedió el hecho.
Las órdenes de captura contra los 17 militares retirados fueron emitidas por un tribunal penal de este país desde hace más de 10 años, pero la defensa de los acusados logró, con más de 40 recursos de amparo, detener la ejecución de las mismas.
Sin embargo, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia, atendiendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó proseguir el proceso contra los acusados.
El Juzgado Primero de Alto Impacto de Guatemala ordenó enviar a juicio a tres militares retirados, acusados de participar en el año1982 en la masacre de la aldea Dos Erres, ubicada en el departamento norteño de Petén, en la que murieron 252 personas.
La sentencia fue dictada este miércoles por la jueza Carol Patricia Flores, quien indicó que aunque hay otros 14 implicados en la matanza que se encuentran prófugos, hay suficientes elementos para argumentar en contra de los militares Reyes Collin Gualip, Manuel Pop San y Carlos Antonio Carías.
De acuerdo a las investigaciones de los organismos policiales locales, la unidad de élite del Ejército que participó en la masacre estaba constituida por al menos 17 militares, y entre el 6 y el 8 de diciembre del año 1982, en la en la localidad de Dos Erres, asesinaron a más de 200 personas.
El grupo formó parte de lo que se conoció como Plan Victoria 82, creado durante el gobierno de Efraín Ríos Montt y que pretendía implantar el orden social y evitar la subversión de los aldeanos por medio de operativos armamentistas.
"Los cargos específicos para los tres imputados son acusados por los delitos de asesinato, hurto agravado y delito de deberes contra la humanidad", sentenció Flores.
Flores recalcó que en contra de los militares se han presentado un total de 32 testimonios de sobrevivientes que han afirmado reconocer a los implicados.
"Lo que hace el subteniente Carlos Carías López es tomar su fusil y del enojo le dispara a un perro que estaba en el lugar (...) pero me iba a matar a mí", se escucha en una de las entrevistas.
Por su parte, el Ministerio Público guatemalteco manifestó que entre las pruebas que sustentan el caso se cuenta con un "voluminoso expediente" lleno de declaraciones de familiares de las víctimas, así como evidencia balística (cartuchos de proyectiles) localizadas por expertos argentinos en1995 en diversas partes del territorio de Petén.
Asimismo, el Ministerio de la Defensa Nacional destacó que en este caso se cuenta con documentos históricos en los que se establece que los militares se encontraban de permiso en la región cuando sucedió el hecho.
Las órdenes de captura contra los 17 militares retirados fueron emitidas por un tribunal penal de este país desde hace más de 10 años, pero la defensa de los acusados logró, con más de 40 recursos de amparo, detener la ejecución de las mismas.
Sin embargo, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia, atendiendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó proseguir el proceso contra los acusados.
domingo, 12 de septiembre de 2010
Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al Estado hondureño protección efectiva para Gladys Lanza
México, DF. 10 sep. 10 (CIMAC).- Luego de que el pasado 3 de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIHD), otorgó medidas cautelares a la defensora de derechos humanos (DH), Gladys Lanza Ochoa, organizaciones hondureñas exigieron a las autoridades de su país que las implementen de manera efectiva, pues hasta el momento han sido insuficientes.
En un comunicado, el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), exhortaron al Estado hondureño cumplir la resolución de la CoIDH que exige implementar medidas que garanticen la vida e integridad de Lanza Ochoa.
Las organizaciones pidieron que se permita a la también coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” -principal impulsora de la campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres, que se ha pronunciado en contra del feminicidio en ese país-, continuar con su labor, libre de temores, obstáculos y restricciones indebidas.
Denunciaron que desde el 24 de julio de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado hondureño proteger a la defensora; no obstante, los incidentes no cesaron pese a la adopción de las medias cautelares. Por esta razón, el 23 de julio, el Cofadeh y Cejil pidieron CIDH que solicitara la intervención de la CoIDH, quien ya ordenó medidas de protección.
De acuerdo con estas organizaciones, desde el golpe de Estado en Honduras, el 28 de junio de 2009, la CIDH adoptó alrededor de 200 medidas cautelares (algunas individuales y otras colectivas), pero la mayoría de ellas no han sido cumplidas de manera eficaz por el Estado hondureño.
En el comunicado subrayaron que en el contexto actual del país, Lanza Ochoa se encuentra en situación de riesgo, ya que vía electrónica ha recibido amenazas de muerte y persecución, motivos por los cuales Amnistía Internacional y la organización Feministas en Resistencia, han exigido al gobierno de Honduras tomar medidas de protección que garanticen su vida.
Esta no es la primera vez que las organizaciones se manifiestan contra actos de hostigamiento; el pasado 5 de agosto, la Red hondureña Feministas en Resistencia también exigió garantías mínimas de seguridad para las activistas que han denunciado agresiones contra mujeres, niñas y niños.
La resolución de la Corte Interamericana puede consultarse en http://www.corteidh.or.cr/medidas.cfm?idMedida=439
En un comunicado, el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), exhortaron al Estado hondureño cumplir la resolución de la CoIDH que exige implementar medidas que garanticen la vida e integridad de Lanza Ochoa.
Las organizaciones pidieron que se permita a la también coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” -principal impulsora de la campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres, que se ha pronunciado en contra del feminicidio en ese país-, continuar con su labor, libre de temores, obstáculos y restricciones indebidas.
Denunciaron que desde el 24 de julio de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado hondureño proteger a la defensora; no obstante, los incidentes no cesaron pese a la adopción de las medias cautelares. Por esta razón, el 23 de julio, el Cofadeh y Cejil pidieron CIDH que solicitara la intervención de la CoIDH, quien ya ordenó medidas de protección.
De acuerdo con estas organizaciones, desde el golpe de Estado en Honduras, el 28 de junio de 2009, la CIDH adoptó alrededor de 200 medidas cautelares (algunas individuales y otras colectivas), pero la mayoría de ellas no han sido cumplidas de manera eficaz por el Estado hondureño.
En el comunicado subrayaron que en el contexto actual del país, Lanza Ochoa se encuentra en situación de riesgo, ya que vía electrónica ha recibido amenazas de muerte y persecución, motivos por los cuales Amnistía Internacional y la organización Feministas en Resistencia, han exigido al gobierno de Honduras tomar medidas de protección que garanticen su vida.
Esta no es la primera vez que las organizaciones se manifiestan contra actos de hostigamiento; el pasado 5 de agosto, la Red hondureña Feministas en Resistencia también exigió garantías mínimas de seguridad para las activistas que han denunciado agresiones contra mujeres, niñas y niños.
La resolución de la Corte Interamericana puede consultarse en http://www.corteidh.or.cr/medidas.cfm?idMedida=439
sábado, 11 de septiembre de 2010
Asesinan otro campesino en la zona del Bajo Aguán
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 10 de septiembre de 2010. El dirigente campesino Francisco Miranda, fue asesinado hoy en horas de la tarde, cerca de la ciudad de Tocoa en el departamento de Colon.
Miranda era un destacado miembro del Movimiento Unificado Campesino del Aguan MUCA, que se mantiene en lucha por la tierra, acaparada por tres terratenientes, Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales.
El pasado 08 de septiembre campesinos de la Cooperativa La Trinidad, denunciaron que eran mantenidos “encerrados” desde las doce del medio, por 120 hombres armados vestidos con “uniformes del ejército”, de quienes los campesinos aseguran que son “sicarios”, informó el representante en el departamento del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Will Paz.
Los campesinos del MUCA, firmaron una “Acta de Compromiso” con el régimen de Porfirio Lobo Sosa, en la que se comprometió a entregar a los campesinos “unas 3,000 hectáreas cultivadas que debían entregarse en abril apenas se entregaron 1,704 hectáreas y se olvidaron de entregar las 1,000 hectáreas cultivadas y 3,000 sin cultivar noventa días después de la entrega inicial; es decir, a mediados del mes de julio”, según la organización de derechos humanos FIAN Internacional.
Miranda pertenecía al asentamiento campesino “La Aurora”, el cual estaba siendo vigilado por miembros del ejército, la Policía Nacional y por la seguridad de los terratenientes, que mantienen bajo asedio la zona.
El campesino fue atacado a balazos por varios hombres lo que le causó la muerte de inmediato, según un reporte informativo transmitido por Radio Globo, cuando se dirigía de la ciudad de Tocoa hacia el asentamiento, descrito como uno de los más combativos del MUCA.
Con el asesinato de Miranda sumarian 12 los campesinos asesinados en lo que va de diciembre de 2009 a la fecha, incluido varios niños.
El pasado 17 de agosto fueron asesinados los campesinos Víctor Manuel Mata Oliva (40), Sergio Magdiel Amaya (18) y Rodving Omar Villegas (15), todos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, cuando se trasladaban de la ciudad de Tocoa hacia la comunidad de Panamá.
FIAN Internacional, denuncio que pese a que existe un Acuerdo suscrito por el MUCA y el régimen de Lobo Sosa en el que éste se compromete a instruir a las secretarías de Seguridad y Defensa Nacional a “mantener un entorno respetuoso de los derechos humanos” (Inciso 10 del Acta de Compromiso) conocemos denuncias constantes sobre hostigamiento, amenazas, mal trato físico y sicológico que los cuerpos de seguridad del Estado ejecutan en colaboración con personal de seguridad privada de empresarios agroindustriales de la zona.
Tegucigalpa 10 de septiembre de 2010. El dirigente campesino Francisco Miranda, fue asesinado hoy en horas de la tarde, cerca de la ciudad de Tocoa en el departamento de Colon.
Miranda era un destacado miembro del Movimiento Unificado Campesino del Aguan MUCA, que se mantiene en lucha por la tierra, acaparada por tres terratenientes, Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales.
El pasado 08 de septiembre campesinos de la Cooperativa La Trinidad, denunciaron que eran mantenidos “encerrados” desde las doce del medio, por 120 hombres armados vestidos con “uniformes del ejército”, de quienes los campesinos aseguran que son “sicarios”, informó el representante en el departamento del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Will Paz.
Los campesinos del MUCA, firmaron una “Acta de Compromiso” con el régimen de Porfirio Lobo Sosa, en la que se comprometió a entregar a los campesinos “unas 3,000 hectáreas cultivadas que debían entregarse en abril apenas se entregaron 1,704 hectáreas y se olvidaron de entregar las 1,000 hectáreas cultivadas y 3,000 sin cultivar noventa días después de la entrega inicial; es decir, a mediados del mes de julio”, según la organización de derechos humanos FIAN Internacional.
Miranda pertenecía al asentamiento campesino “La Aurora”, el cual estaba siendo vigilado por miembros del ejército, la Policía Nacional y por la seguridad de los terratenientes, que mantienen bajo asedio la zona.
El campesino fue atacado a balazos por varios hombres lo que le causó la muerte de inmediato, según un reporte informativo transmitido por Radio Globo, cuando se dirigía de la ciudad de Tocoa hacia el asentamiento, descrito como uno de los más combativos del MUCA.
Con el asesinato de Miranda sumarian 12 los campesinos asesinados en lo que va de diciembre de 2009 a la fecha, incluido varios niños.
El pasado 17 de agosto fueron asesinados los campesinos Víctor Manuel Mata Oliva (40), Sergio Magdiel Amaya (18) y Rodving Omar Villegas (15), todos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, cuando se trasladaban de la ciudad de Tocoa hacia la comunidad de Panamá.
FIAN Internacional, denuncio que pese a que existe un Acuerdo suscrito por el MUCA y el régimen de Lobo Sosa en el que éste se compromete a instruir a las secretarías de Seguridad y Defensa Nacional a “mantener un entorno respetuoso de los derechos humanos” (Inciso 10 del Acta de Compromiso) conocemos denuncias constantes sobre hostigamiento, amenazas, mal trato físico y sicológico que los cuerpos de seguridad del Estado ejecutan en colaboración con personal de seguridad privada de empresarios agroindustriales de la zona.
viernes, 10 de septiembre de 2010
Régimen aprovecha masacre atribuida a pleito entre pandillas, para militarizar el país por tiempo indefinido
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 10 Septiembre 2010. El sub director de la Policía Nacional, René Madariaga Panchamé, anunció el jueves que desde hoy habrá “saturaciones de operativos combinados, con retenes, registros, patrullajes y vigilancia en los sitios más conflictivos, donde opera el crimen organizado y la delincuencia común, con énfasis en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Comayagüela”.
El pueblo honrado es el criminal.
El titular de la Secretaria de Seguridad, Óscar Álvarez, anuncio también que realizarán una jornada de desarme entre la población civil –generalmente indefensa-; pero, no especificó que van a hacer para confiscarles las armas a grupos del crimen organizado, como es el caaso de los arsenales que emplean bandas de sicarios y de narcotraficantes.
“Es mentira”. Nadie de los asesinados tenía nada que ver con maras ni drogas.
El martes por la tarde, en el taller de la Zapatería Christopher, ubicada en el barrio San Francisco, de San Pedro Sula, 17 empleados y aprendices -uno de ellos era hijo del dueño de la pequeña empresa-, fueron acribillados, por dos hombres que invadieron el local y ejecutaron a todos.
El propietario del taller, Miguel Alas, resintió que la Policía y algunos medios de comunicación aseguren que el múltiple asesinato haya resultado de un pleito entre mareros distribuidores de droga, como asegura la Policía.
“Eso es mentira”, reiteró.
Alas enfatizo que entre sus trabajadores no había mareros y comentó que al menos 10 iban a la iglesia y ninguno fumaba.
“Aquí no había ni un manchado, no hallaron armas, droga, no hallaron nada. Eso nos limpia… Somos una gente trabajadora”, afirmó Alas a Diario Tiempo, sobre la inspección realizada por la Dirección General de Investigación Criminalística (DGIC).
Tegucigalpa. 10 Septiembre 2010. El sub director de la Policía Nacional, René Madariaga Panchamé, anunció el jueves que desde hoy habrá “saturaciones de operativos combinados, con retenes, registros, patrullajes y vigilancia en los sitios más conflictivos, donde opera el crimen organizado y la delincuencia común, con énfasis en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Comayagüela”.
El pueblo honrado es el criminal.
El titular de la Secretaria de Seguridad, Óscar Álvarez, anuncio también que realizarán una jornada de desarme entre la población civil –generalmente indefensa-; pero, no especificó que van a hacer para confiscarles las armas a grupos del crimen organizado, como es el caaso de los arsenales que emplean bandas de sicarios y de narcotraficantes.
“Es mentira”. Nadie de los asesinados tenía nada que ver con maras ni drogas.
El martes por la tarde, en el taller de la Zapatería Christopher, ubicada en el barrio San Francisco, de San Pedro Sula, 17 empleados y aprendices -uno de ellos era hijo del dueño de la pequeña empresa-, fueron acribillados, por dos hombres que invadieron el local y ejecutaron a todos.
El propietario del taller, Miguel Alas, resintió que la Policía y algunos medios de comunicación aseguren que el múltiple asesinato haya resultado de un pleito entre mareros distribuidores de droga, como asegura la Policía.
“Eso es mentira”, reiteró.
Alas enfatizo que entre sus trabajadores no había mareros y comentó que al menos 10 iban a la iglesia y ninguno fumaba.
“Aquí no había ni un manchado, no hallaron armas, droga, no hallaron nada. Eso nos limpia… Somos una gente trabajadora”, afirmó Alas a Diario Tiempo, sobre la inspección realizada por la Dirección General de Investigación Criminalística (DGIC).
Con discurso febril, represor y virulento Comisionado de Derechos Humanos ataca a la Resistencia
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 10 Septiembre 2010. El Comisionado hondureño para los derechos humanos, Ramón Custodio, especuló este jueves que si no se “controla debidamente” a la Resistencia, “si el martes lanzaron piedras el día de mañana van a usar explosivos y hasta armas de fuego”, en una nota titulada “Derecho a la paz, derecho a la propiedad pública y privada”, y publicada por su oficina.
La nota dice que Custodio acusó a Porfirio Lobo, de llevar el país a la “anarquía”, luego que “un grupo de delincuentes integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) atacó con piedras, este martes, las instalaciones físicas de organismo humanitario, poniendo en riesgo la integridad y la vida de 55 de sus empleados”.
El Comisionado criticó el papel de la Policía y calificó de “pequeña marcha”, “turba” y “grupito” a la Resistencia.
Custodio agradeció a Dios que en Torre Libertad, en Televicentro y en el Conadeh, sólo hubo daños materiales a pesar de que al ocurrir “el ataque por parte de la turba de La Resistencia”, las piedras o los vidrios quebrados pudieron impactar en los empleados.
El Comisionado recomendó, respecto al accionar policial, durante la “pequeña marcha de la Resistencia”, que “de ahora en adelante”, la fuerza policial debe acompañar “a estos grupitos”; y, en el momento mismo que ocurran estos “actos vandálicos”, capture a los responsables para ser sometidos a juicio.
Dijo que, que “son grupos minoritarios, fácilmente controlables por una policía inteligente”; pero, que si la Policía no tiene la capacidad “puede llamar en su apoyo a las Fuerzas Armadas”.
Custodio intenta hacer ver a Lobo como tolerante y respetuoso y dice que por eso es permisivo con la Resistencia.
Acusa que Porfirio Lobo “ha mantenido una actitud de reconciliación y ha estimulado a estos grupos, debería de llamarles la atención, porque la reconciliación obliga a todas las partes a ser respetuosas de los demás”.
Lamentó “que lo que está ocurriendo en el país es también consecuencia de la beligerancia que alimenta el mismo gobierno”.
Custodio criticó que “Una cosa es ser tolerante y respetuoso, otra cosa es caer en la permisividad de la falta de seguridad”.
Sostuvo que si el Presidente Lobo se olvida de sus atribuciones fundamentales, lamentablemente nos está conduciendo a la anarquía.
En su criterio “la tolerancia permisiva del actual gobierno del Presidente Lobo nos está exponiendo a todos a perder la vida, a perder la paz y la seguridad en este país”.
Según lo expresado por Custodio, Lobo es “directamente responsable de estas cosas, porque el ambiente que se estaba propiciando desde días antes, era de violencia y de amenazas a la seguridad de otras personas”.
Un ombudsman represor quiere a la Policía a la vanguardia y a la retaguardia de las manifestaciones de la Resistencia.
El Comisionado de los Derechos Humanos sugirió que “si la Policía hubiera andado acompañando en la vanguardia y en la retaguardia a este grupito, desde que cometieron el primer acto de vandalismo debieron haber sido interrumpidos en su marcha y capturados infraganti”.
Tegucigalpa. 10 Septiembre 2010. El Comisionado hondureño para los derechos humanos, Ramón Custodio, especuló este jueves que si no se “controla debidamente” a la Resistencia, “si el martes lanzaron piedras el día de mañana van a usar explosivos y hasta armas de fuego”, en una nota titulada “Derecho a la paz, derecho a la propiedad pública y privada”, y publicada por su oficina.
La nota dice que Custodio acusó a Porfirio Lobo, de llevar el país a la “anarquía”, luego que “un grupo de delincuentes integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) atacó con piedras, este martes, las instalaciones físicas de organismo humanitario, poniendo en riesgo la integridad y la vida de 55 de sus empleados”.
El Comisionado criticó el papel de la Policía y calificó de “pequeña marcha”, “turba” y “grupito” a la Resistencia.
Custodio agradeció a Dios que en Torre Libertad, en Televicentro y en el Conadeh, sólo hubo daños materiales a pesar de que al ocurrir “el ataque por parte de la turba de La Resistencia”, las piedras o los vidrios quebrados pudieron impactar en los empleados.
El Comisionado recomendó, respecto al accionar policial, durante la “pequeña marcha de la Resistencia”, que “de ahora en adelante”, la fuerza policial debe acompañar “a estos grupitos”; y, en el momento mismo que ocurran estos “actos vandálicos”, capture a los responsables para ser sometidos a juicio.
Dijo que, que “son grupos minoritarios, fácilmente controlables por una policía inteligente”; pero, que si la Policía no tiene la capacidad “puede llamar en su apoyo a las Fuerzas Armadas”.
Custodio intenta hacer ver a Lobo como tolerante y respetuoso y dice que por eso es permisivo con la Resistencia.
Acusa que Porfirio Lobo “ha mantenido una actitud de reconciliación y ha estimulado a estos grupos, debería de llamarles la atención, porque la reconciliación obliga a todas las partes a ser respetuosas de los demás”.
Lamentó “que lo que está ocurriendo en el país es también consecuencia de la beligerancia que alimenta el mismo gobierno”.
Custodio criticó que “Una cosa es ser tolerante y respetuoso, otra cosa es caer en la permisividad de la falta de seguridad”.
Sostuvo que si el Presidente Lobo se olvida de sus atribuciones fundamentales, lamentablemente nos está conduciendo a la anarquía.
En su criterio “la tolerancia permisiva del actual gobierno del Presidente Lobo nos está exponiendo a todos a perder la vida, a perder la paz y la seguridad en este país”.
Según lo expresado por Custodio, Lobo es “directamente responsable de estas cosas, porque el ambiente que se estaba propiciando desde días antes, era de violencia y de amenazas a la seguridad de otras personas”.
Un ombudsman represor quiere a la Policía a la vanguardia y a la retaguardia de las manifestaciones de la Resistencia.
El Comisionado de los Derechos Humanos sugirió que “si la Policía hubiera andado acompañando en la vanguardia y en la retaguardia a este grupito, desde que cometieron el primer acto de vandalismo debieron haber sido interrumpidos en su marcha y capturados infraganti”.
jueves, 9 de septiembre de 2010
Pronunciamiento público
Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, a la opinión pública nacional e internacional manifestamos lo siguiente:
PRIMERO: Condenamos enérgicamente el asesinato de 17 jóvenes en el barrio San Francisco de San Pedro Sula el pasado 07 de septiembre, mientras se encontraban realizando sus labores como trabajadores de una zapatería.
SEGUNDO: Reafirmamos que el Estado de Honduras y el gobierno de Lobo Sosa son los responsables directos de prevenir este tipo de actos violentos, y en este sentido, tienen la obligación ineludible de investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales, y evitar que este crimen también quede en la impunidad.
TERCERO: Denunciamos la irresponsabilidad del titular de la secretaría de seguridad, Óscar Álvarez, al señalar que dicha masacre se debe a un ajuste de cuentas entre pandillas, sin haber hecho una investigación seria y sin aportar las pruebas para sostener sus afirmaciones.
CUARTO: Exigimos a las autoridades públicas investigar diligentemente para dar con los responsables de este crimen, juzgarlos y sancionarlos, y desarrollar políticas públicas eficaces para detener la violencia y la impunidad, lo cual requiere que el Estado adopte medidas a favor del respeto de los derechos humanos, sobre todo con lo relacionado al acceso a la educación, a la salud, al empleo digno, a la vivienda digna y el acceso a la tierra y demás recursos naturales de manera sostenible, tal y como lo establece la Constitución de la República.
QUINTO: Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y hacemos un llamado al pueblo hondureño para que exijamos responsabilidades políticas a los titulares de la secretaría de seguridad.
SEXTO: Reiteramos nuestro compromiso con una nueva Honduras en la que nuestros hijos e hijas puedan vivir libres del temor y la miseria.
Dado en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a los nueve días del mes de septiembre del dos mil diez.
Radio Progreso y ERIC-SJ
PRIMERO: Condenamos enérgicamente el asesinato de 17 jóvenes en el barrio San Francisco de San Pedro Sula el pasado 07 de septiembre, mientras se encontraban realizando sus labores como trabajadores de una zapatería.
SEGUNDO: Reafirmamos que el Estado de Honduras y el gobierno de Lobo Sosa son los responsables directos de prevenir este tipo de actos violentos, y en este sentido, tienen la obligación ineludible de investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales, y evitar que este crimen también quede en la impunidad.
TERCERO: Denunciamos la irresponsabilidad del titular de la secretaría de seguridad, Óscar Álvarez, al señalar que dicha masacre se debe a un ajuste de cuentas entre pandillas, sin haber hecho una investigación seria y sin aportar las pruebas para sostener sus afirmaciones.
CUARTO: Exigimos a las autoridades públicas investigar diligentemente para dar con los responsables de este crimen, juzgarlos y sancionarlos, y desarrollar políticas públicas eficaces para detener la violencia y la impunidad, lo cual requiere que el Estado adopte medidas a favor del respeto de los derechos humanos, sobre todo con lo relacionado al acceso a la educación, a la salud, al empleo digno, a la vivienda digna y el acceso a la tierra y demás recursos naturales de manera sostenible, tal y como lo establece la Constitución de la República.
QUINTO: Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y hacemos un llamado al pueblo hondureño para que exijamos responsabilidades políticas a los titulares de la secretaría de seguridad.
SEXTO: Reiteramos nuestro compromiso con una nueva Honduras en la que nuestros hijos e hijas puedan vivir libres del temor y la miseria.
Dado en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a los nueve días del mes de septiembre del dos mil diez.
Radio Progreso y ERIC-SJ
miércoles, 8 de septiembre de 2010
El régimen de Lobo Sosa profundiza la emergencia en derechos humanos
Agosto ha sido un mes fatídico para los derechos humanos según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH y parece que el mes de septiembre va por el mismo camino.
Los niveles de represión e intolerancia frente al pensamiento disidente nos han dejado más asesinatos, torturas, detenciones ilegales, amenazas a muerte, persecuciones y hostigamientos que se traducen en más dolor y sufrimiento para miles de familias hondureñas.
El régimen de Pepe Lobo ha demostrado una vez más su naturaleza violenta al ordenar a la policía y al ejército infiltrar y reprimir las asambleas y protestas pacíficas del magisterio; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha perdido su autonomía y se encuentra militarizada; los campesinos y campesinas de Zacate Grande, el Aguán, La Unión, y Cofrafía han sido reprimidos salvajemente por policías y militares.
Los medios de comunicación y periodistas siguen siendo el blanco predilecto de los represores: El periodista sueco Dick Emanuelsson está sufriendo una campaña de difamación y persecución; René Rojas de Santa Rosa de Copán está siendo amenazado y hostigado por miembros de la policía nacional; Brayan Flores, del periódico El Libertador fue detenido por policías Cobras sólo por realizar su labor periodística.
Eduardo Coto Barnica de Radio Uno fue detenido ilegalmente por la policía cuando cubría un desalojo violento en Choloma; Richard Casulá de Canal 36 y Carlos Paz de Radio Globo fueron golpeados salvajemente por la policía cuando cubrían las manifestaciones pacíficas del magisterio.
Por otra parte, Santos Ávila, Víctor Manuel Mata, Sergio Magdiel Amaya, Rulbin Marel Villeda, Israel Zelaya y Luís Antonio Hernández han sido asesinados; todos ellos eran miembros de la resistencia hondureña.
Parece ser que al régimen de Lobo Sosa se le ha olvidado que la Comisión de Alto Nivel de la OEA recomendó que el regreso de Honduras a dicha organización está condicionada a que existan avances decididos en las investigaciones para esclarecer los asesinatos y las demás violaciones a los derechos humanos, y poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular y jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado.
Los niveles de represión e intolerancia frente al pensamiento disidente nos han dejado más asesinatos, torturas, detenciones ilegales, amenazas a muerte, persecuciones y hostigamientos que se traducen en más dolor y sufrimiento para miles de familias hondureñas.
El régimen de Pepe Lobo ha demostrado una vez más su naturaleza violenta al ordenar a la policía y al ejército infiltrar y reprimir las asambleas y protestas pacíficas del magisterio; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha perdido su autonomía y se encuentra militarizada; los campesinos y campesinas de Zacate Grande, el Aguán, La Unión, y Cofrafía han sido reprimidos salvajemente por policías y militares.
Los medios de comunicación y periodistas siguen siendo el blanco predilecto de los represores: El periodista sueco Dick Emanuelsson está sufriendo una campaña de difamación y persecución; René Rojas de Santa Rosa de Copán está siendo amenazado y hostigado por miembros de la policía nacional; Brayan Flores, del periódico El Libertador fue detenido por policías Cobras sólo por realizar su labor periodística.
Eduardo Coto Barnica de Radio Uno fue detenido ilegalmente por la policía cuando cubría un desalojo violento en Choloma; Richard Casulá de Canal 36 y Carlos Paz de Radio Globo fueron golpeados salvajemente por la policía cuando cubrían las manifestaciones pacíficas del magisterio.
Por otra parte, Santos Ávila, Víctor Manuel Mata, Sergio Magdiel Amaya, Rulbin Marel Villeda, Israel Zelaya y Luís Antonio Hernández han sido asesinados; todos ellos eran miembros de la resistencia hondureña.
Parece ser que al régimen de Lobo Sosa se le ha olvidado que la Comisión de Alto Nivel de la OEA recomendó que el regreso de Honduras a dicha organización está condicionada a que existan avances decididos en las investigaciones para esclarecer los asesinatos y las demás violaciones a los derechos humanos, y poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular y jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado.
martes, 7 de septiembre de 2010
Agosto fatídico para los derechos humanos en Honduras
Comunicado primer viernes de septiembre
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, resalta que el mes de agosto continùa siendo un período escogido por los violadores de los derechos humanos para llevar a cabo acciones represivas, en este 2010, no fue la excepción. El calendario de los derechos humanos señala que este período fue fatídico.
Por qué será que han escogido el mes de agosto?. Qué línea siguen?. En la década de los 80 este mes fue trágico y ahora en el marco del golpe de Estado sucede lo mismo, por ejemplo, el año pasado se llevaron a cabo cruentas represiones, asesinatos contra miembros de la resistencia, persecución y encarcelamiento de decenas de personas y apertura de juicios con motivaciones políticas.
Los familiares de los detenidos desaparecidos del continente, aglutinados en la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos , FEDEFAM, a través de un monitoreo en la década de los 80, observamos que en todos nuestros países se estaba practicando la desaparición forzada de personas, eso dio pie a una resolución para establecer el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido y producto de la presión de los familiares algunos Congresos Nacionales de varias naciones, aprobaron a través de decretos que este mismo día se conmemoraría el Día Nacional del Detenido Desaparecido.
En el mes de agosto la represión y la infiltración de las marchas, asambleas y tomas de las instalaciones del INPREMA por parte de los maestros, fue una de las estrategias para desmovilizar a los sectores que decidieron protestar.
Enlistamos solo parte de los casos donde se pusieron en práctica diversos formas de represión, desde asesinatos políticos; torturas; persecuciones; amenazas a muert; hostigamientos, entre otros, tal como lo detallan los siguientes hechos:
1.-A principios del mes de agosto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, se convirtió en un campo de batalla entre estudiantes y la fuerza represiva que llegó para golpear, gasear, torturar y capturar a estudiantes, a petición de las autoridades universitarias, tal como lo reconfirmó el propio Ministro de Seguridad Osar Álvarez.
2.-Los maestros y maestras fueron víctimas de represiones; hostigamientos, amenazas, agresiones, encarcelamiento y asesinato. Los docentes Andrés Martínez; Edgar Soriano; Luís Sosa y Carlos Anariva, fueron capturados, torturados y el Ministerio Público les iniciò un proceso judicial por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
En el mismo los profesores Nelson Milla Díaz; Néstor Alemán y Juan Ramón Márquez, fueron capturados y llevados a la Estación de Tránsito, lugar donde les limpiaron la sangre que brotaba de sus cuerpos producto de los golpes, tal como sucedió con los cuatro maestros antes mencionados.
Mientras los profesores Dagoberto Espinal; José María Andino y German de Jesús Maldonado, fueron capturados y llevados a la Plaza Libertad, adyacente a Casa Presidencial donde permanecieron por varias horas detenidos ilegalmente.
3.-Represiòn contra los campesinos de Puerto Grande, en Zacate Grande; el Bajo Aguàn; la Uniòn, Copàn y Cofradìa, Cortès, todas las acciones contra ellos tienen como común denominar la utilización de la fuerza pública para proteger los intereses de poderosos terratenientes y despojar de la tierra a sus legítimos dueños.
4- Las acciones represivas del régimen se extendieron a los periodistas y medios de comunicación que están contra el golpe de Estado:
Campaña de difamación y persecución contra el corresponsal sueco en Honduras, Dick Emanuelsson, quien es objeto de amenazas de llevarlo a los tribunales a causa de su cobertura de actividades de la resistencia popular.
El René Rojas, en Santa Rosa de Copán, en el Occidente del país desde hace varios días está siendo víctima de reiterados ataques, que van desde amenazas a muerte hasta privación de libertad, por miembros de la Policías Nacional Preventiva, asignados en la zona, por sus denuncias contra los abusos que comete la policía contra ciudadanos y ciudadanas de ese sector.
Detenciòn y amenazas contra el periodista Brayan Flores, del periódico El Libertador, por policías COBRAS, cuando realizaba su labor periodística en las inmediaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), donde permanecían los maestros .
El periodista Eduardo Coto Barnica, del Colectivo de Radio Uno, de San Pedro Sula, fue detenido arbitraria e ilegalmente por parte de la policía, en el momento que ejercía su trabajo de comunicador social, en un desalojo violento en Choloma, Cortés.
Los periodistas Richard Casulá de Canal 36 y Carlos Paz, de Radio Globo fueron golpeados salvajemente por la policía cuando cubrían una represión violenta contra los maestros y maestras
El periodista José Alemán, quien reside en Ocotepeque, está siendo objeto de hostigamiento, por un regidor de la Corporación Municipal, ese sector.
Sabotaje contra Radio Uno de San Pedro Sula, este medio de comunicación salió forzadamente del aire. Los cables de los transmisores de la radio fueron cortados para que no transmitiera. Unos días antes desconocidos amenazaron con quemarle los transmisores.
5.-Desconocidos amenazaron con matar Don Heliodoro Cáceres, miembro del Frente Nacional de Resistencia en Tela, Atlántida, por sus acciones en la búsqueda de su hijo Oslin Càceres Obando, quien fue desaparecido el 13 de junio pasado, minutos después que informó a sus familiares que estaba rodeado de policías.
6.- Asesinatos:
Asesinato de Santos Remigio Ávila, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular y Secretario General de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH, en Guaymaca, Francisco Morazán.
Asesinato de Víctor Manuel Mata; Sergio Magdiel Amaya y el joven Rulbin Marel Villeda (14), el 17 de agosto, todos los miembros de la Cooperativa San Esteban, en el Bajo Aguán.
Asesinato del periodista Israel Zelaya, quien previo a su muerte sufrió amenazas por estar contra el golpe de Estado.
Asesinato a puñaladas del dirigente magisterial y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, Luís Antonio Hernández, en Sinuapa, Ocotepeque.
Denunciamos el asesinato de Bessy Pamela Cerrato Banegas, en Yucarán, El Paraíso, quien presentaba heridas de arma blanca y señales de tortura. Ella es hija de Arminda Banegas, integrante de la Seccional ocho del Sindicato de Trabajadores de la Insdustria de Bebidas y Similares, STIBYS y miembra del Frente Nacional de Resistencia Popular. A pesar que ya pasaron seis meses de esta acciòn criminal, el Ministerio Pùblico no ha enjuiciado a los responsables.
El COFADEH demanda de la comunidad nacional e internacional acciones encaminadas a detener la persecución y crímenes políticos contra los diferentes sectores de la sociedad hondureña que emprenden su lucha por una Asamblea Nacional Constituyente, a través del Frente Nacional de Resistencia Popular.
DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES, NI OLVIDO NI PERDON
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
COFADEH
Tegucigalpa, 03 de septiembre de 2010.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, resalta que el mes de agosto continùa siendo un período escogido por los violadores de los derechos humanos para llevar a cabo acciones represivas, en este 2010, no fue la excepción. El calendario de los derechos humanos señala que este período fue fatídico.
Por qué será que han escogido el mes de agosto?. Qué línea siguen?. En la década de los 80 este mes fue trágico y ahora en el marco del golpe de Estado sucede lo mismo, por ejemplo, el año pasado se llevaron a cabo cruentas represiones, asesinatos contra miembros de la resistencia, persecución y encarcelamiento de decenas de personas y apertura de juicios con motivaciones políticas.
Los familiares de los detenidos desaparecidos del continente, aglutinados en la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos , FEDEFAM, a través de un monitoreo en la década de los 80, observamos que en todos nuestros países se estaba practicando la desaparición forzada de personas, eso dio pie a una resolución para establecer el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido y producto de la presión de los familiares algunos Congresos Nacionales de varias naciones, aprobaron a través de decretos que este mismo día se conmemoraría el Día Nacional del Detenido Desaparecido.
En el mes de agosto la represión y la infiltración de las marchas, asambleas y tomas de las instalaciones del INPREMA por parte de los maestros, fue una de las estrategias para desmovilizar a los sectores que decidieron protestar.
Enlistamos solo parte de los casos donde se pusieron en práctica diversos formas de represión, desde asesinatos políticos; torturas; persecuciones; amenazas a muert; hostigamientos, entre otros, tal como lo detallan los siguientes hechos:
1.-A principios del mes de agosto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, se convirtió en un campo de batalla entre estudiantes y la fuerza represiva que llegó para golpear, gasear, torturar y capturar a estudiantes, a petición de las autoridades universitarias, tal como lo reconfirmó el propio Ministro de Seguridad Osar Álvarez.
2.-Los maestros y maestras fueron víctimas de represiones; hostigamientos, amenazas, agresiones, encarcelamiento y asesinato. Los docentes Andrés Martínez; Edgar Soriano; Luís Sosa y Carlos Anariva, fueron capturados, torturados y el Ministerio Público les iniciò un proceso judicial por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
En el mismo los profesores Nelson Milla Díaz; Néstor Alemán y Juan Ramón Márquez, fueron capturados y llevados a la Estación de Tránsito, lugar donde les limpiaron la sangre que brotaba de sus cuerpos producto de los golpes, tal como sucedió con los cuatro maestros antes mencionados.
Mientras los profesores Dagoberto Espinal; José María Andino y German de Jesús Maldonado, fueron capturados y llevados a la Plaza Libertad, adyacente a Casa Presidencial donde permanecieron por varias horas detenidos ilegalmente.
3.-Represiòn contra los campesinos de Puerto Grande, en Zacate Grande; el Bajo Aguàn; la Uniòn, Copàn y Cofradìa, Cortès, todas las acciones contra ellos tienen como común denominar la utilización de la fuerza pública para proteger los intereses de poderosos terratenientes y despojar de la tierra a sus legítimos dueños.
4- Las acciones represivas del régimen se extendieron a los periodistas y medios de comunicación que están contra el golpe de Estado:
Campaña de difamación y persecución contra el corresponsal sueco en Honduras, Dick Emanuelsson, quien es objeto de amenazas de llevarlo a los tribunales a causa de su cobertura de actividades de la resistencia popular.
El René Rojas, en Santa Rosa de Copán, en el Occidente del país desde hace varios días está siendo víctima de reiterados ataques, que van desde amenazas a muerte hasta privación de libertad, por miembros de la Policías Nacional Preventiva, asignados en la zona, por sus denuncias contra los abusos que comete la policía contra ciudadanos y ciudadanas de ese sector.
Detenciòn y amenazas contra el periodista Brayan Flores, del periódico El Libertador, por policías COBRAS, cuando realizaba su labor periodística en las inmediaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), donde permanecían los maestros .
El periodista Eduardo Coto Barnica, del Colectivo de Radio Uno, de San Pedro Sula, fue detenido arbitraria e ilegalmente por parte de la policía, en el momento que ejercía su trabajo de comunicador social, en un desalojo violento en Choloma, Cortés.
Los periodistas Richard Casulá de Canal 36 y Carlos Paz, de Radio Globo fueron golpeados salvajemente por la policía cuando cubrían una represión violenta contra los maestros y maestras
El periodista José Alemán, quien reside en Ocotepeque, está siendo objeto de hostigamiento, por un regidor de la Corporación Municipal, ese sector.
Sabotaje contra Radio Uno de San Pedro Sula, este medio de comunicación salió forzadamente del aire. Los cables de los transmisores de la radio fueron cortados para que no transmitiera. Unos días antes desconocidos amenazaron con quemarle los transmisores.
5.-Desconocidos amenazaron con matar Don Heliodoro Cáceres, miembro del Frente Nacional de Resistencia en Tela, Atlántida, por sus acciones en la búsqueda de su hijo Oslin Càceres Obando, quien fue desaparecido el 13 de junio pasado, minutos después que informó a sus familiares que estaba rodeado de policías.
6.- Asesinatos:
Asesinato de Santos Remigio Ávila, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular y Secretario General de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH, en Guaymaca, Francisco Morazán.
Asesinato de Víctor Manuel Mata; Sergio Magdiel Amaya y el joven Rulbin Marel Villeda (14), el 17 de agosto, todos los miembros de la Cooperativa San Esteban, en el Bajo Aguán.
Asesinato del periodista Israel Zelaya, quien previo a su muerte sufrió amenazas por estar contra el golpe de Estado.
Asesinato a puñaladas del dirigente magisterial y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, Luís Antonio Hernández, en Sinuapa, Ocotepeque.
Denunciamos el asesinato de Bessy Pamela Cerrato Banegas, en Yucarán, El Paraíso, quien presentaba heridas de arma blanca y señales de tortura. Ella es hija de Arminda Banegas, integrante de la Seccional ocho del Sindicato de Trabajadores de la Insdustria de Bebidas y Similares, STIBYS y miembra del Frente Nacional de Resistencia Popular. A pesar que ya pasaron seis meses de esta acciòn criminal, el Ministerio Pùblico no ha enjuiciado a los responsables.
El COFADEH demanda de la comunidad nacional e internacional acciones encaminadas a detener la persecución y crímenes políticos contra los diferentes sectores de la sociedad hondureña que emprenden su lucha por una Asamblea Nacional Constituyente, a través del Frente Nacional de Resistencia Popular.
DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES, NI OLVIDO NI PERDON
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
COFADEH
Tegucigalpa, 03 de septiembre de 2010.
jueves, 2 de septiembre de 2010
Asesinato de periodistas en Honduras y México
Hernán Uribe (*)
Con seis periodistas asesinados en el segundo cuatrimestre de 2010 (mayo a agosto), México con casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie y más de 100 millones de población sigue a la cabeza de esta trágica situación, aunque en Honduras el pequeño país centroamericano de 112.000 km2 y unos ocho millones de habitantes, se registran cuatro víctimas en el mismo espacio temporal.
En lo transcurrido del año en curso en México hubo 11 informadores ultimados y en Honduras 10, de manera que la suma de 21 se acerca a la trágica nómina de 2009 que fue de 33, aunque en ocho países de la región. Respecto de Honduras aclaremos que la cuota fatal incluye a Nicolás Astura, de 42 años, cuyo cadáver apareció en febrero pasado pero no fue incluido en las víctimas del primer cuatrimestre.
Manuel Garnero, director del diario hondureño “Tiempo” declaró en agosto que “Hay un sentimiento de inseguridad y de impotencia por parte del sector periodístico porque en el país nunca se había dado una situación así. Por su parte, Berta Oliva, presidenta del Comité de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), afirmó acerca de los homicidios de periodistas: “Estamos conscientes que (el culpable) no es el crimen organizado, sino que es una política general del Estado encaminada a reprimir y coartar la libertad de expresión. Los nueve asesinatos de periodistas ocurrieron en el gobierno del presidente Porfirio Lobo que asumió el 27/1/10, por lo que Oliva considera que él tiene responsabilidad directa en lo que está pasando” (ANSA, 29/8/10).
También en Honduras fueron amenazadas de muerte las periodistas Marka Antúnez y Jessica Pavón. La primera recibió las intimidaciones luego de entrevistar a Roberto Micheletti, quien ofició de jefe de estado a raíz del golpe castrense de junio de 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) señaló en una declaración que “Micheletti ordenó un seguimiento de la reportera luego que ella le preguntara sobre su responsabilidad en las muertes con ocasión del golpe”. Agregó ese organismo que “La prensa ha sido uno de los sectores más afectados por el golpe de Estado, con más de 300 agresiones que van desde asesinatos hasta abusos, intimidación y cierre de medios” escribió Carmen Esquivel Sarría en despacho de Prensa Latina
En ese plano, la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) adscrita a la FELAP, denunció la situación de peligro en que se encuentran en Tegucigalpa el periodista de nacionalidad sueca Dick Emanuelsson, corresponsal del periódico Norrskensflamman, y su esposa, la camarógrafa hondureña, Miriam Huezo. Ambos, apunta CIAP, son objeto de una campaña de difamación y persecución de la gran prensa de Honduras que se pueden entender como amenazas de muerte.
NÓMINA DE VÍCTIMAS
México
-Miguel Angel Bueno Méndez, el 26/6/10. Su cadáver fue hallado en Huisquitecan, Estado de México;
-Francisco Rodríguez Ríos, el 28/6/10 en Cayuca de Benítez, tiroteado cuando era corresponsal de “El Sol de Acapulco” y del diario “Objetivo”, de Chilpancingo;
-María Elvira Hernández, esposa del anterior, también periodista y ultimada en el mismo atentado:
-Hugo Olivera Cartas, balaceado el 6/7/10 en Michoacán. Laboraba en el diario “El Día”;
-Marco Aurelio Martínez Tijerina, asesinado a balazos en julio pasado en Montemorelos, Nuevo León. Tenía 45 años y era director del noticiario Contrapunto en la radioemisora XERN y corresponsal de TV Azteca;
-Guillermo Alcaraz Trejo, también en julio pasado, de 24 años fue muerto con tiros de fusil HK-47.
Honduras
-Luis Arturo Mondragón, tiroteado el 13 de junio en la región de El Paraíso, informó el diario hondureño “El Heraldo”;
-Luis Chévez Hernández, en abril y tampoco anotado en primer cuatrimestre;
-Israel Zelaya Díaz, por tiros el 15/8/10. Su cadáver fue encontrado en una carretera;
-Nicolás Asfura, mencionado antes en esta nota.
Guatemala
En una misión extra peligrosa murió el 28/5/10 el reportero Aníbal Archilla cuando cubría una erupción del volcán “El Pacaya” que es considerado el más activo de Centroamérica. Este lamentable episodio rememora la veterana petición de medidas de protección y seguros de vida especiales para los reporteros en misiones peligrosas y que jamás han sido escuchadas por los empresarios de las noticias.
Conmoción en México
El siete de agosto los periodistas mexicanos realizaron marchas de protesta por los asesinatos, en el Distrito Federal, capital del país y en otras siete ciudades “en demanda de un alto a la impunidad y a las agresiones contra los comunicadores”, informó el diario “La Jornada”. La movilización se efectuó bajo el lema “Los queremos vivos” y comenzó con la lectura de los nombres de los 67 reporteros que han sido muertos desde el año 2000 a la fecha, agregó el despacho.
Expresiones multitudinarias como la de Ciudad de México ocurrieron asimismo en Tijuana, Torreón, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán. Con anterioridad, el ocho de julio informó Notimex que en Morelia “Medio centenar de reporteros, fotógrafos y camarógrafos marcharon en esta ciudad para demandar el esclarecimiento de los crímenes y desapariciones de periodistas tras la muerte de Hugo Olivera del diario El Día”. Desde 2006, cuatro periodistas están desaparecidos en Michoacán cuya capital es Morelia.
Ya suman 107 los periodistas asesinados desde 1983 a la fecha, 41 de ellos en lo que va de la actual administración federal, escribía el 30 de junio pasado Teodoro Rentería, vicepresidente mexicano de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP). En ese escrito Rentería aludió a la comunicación dirigida al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y que firmaron él, Roberto Piñón, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y Raúl Gómez por el Club Primera Plana.
En dicho documento sostienen en referencia a los constantes homicidios de gente de prensa: “Los hechos ameritan la inmediata indagación y detención de los responsables. Es necesario un alto a la impunidad. Señor Presidente: exigimos su decisión para instrumentar las medidas urgentes y necesarias que el asunto requiere, y que ya no admite dilación entre ellas la creación del Comité de Riesgo para los periodistas amenazados”.Se desconoce una respuesta a dicha petición.
(
*) Periodista, presidente de CIAP
Fuente: Informe CIAP-FELAP mayo/agosto/10
Con seis periodistas asesinados en el segundo cuatrimestre de 2010 (mayo a agosto), México con casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie y más de 100 millones de población sigue a la cabeza de esta trágica situación, aunque en Honduras el pequeño país centroamericano de 112.000 km2 y unos ocho millones de habitantes, se registran cuatro víctimas en el mismo espacio temporal.
En lo transcurrido del año en curso en México hubo 11 informadores ultimados y en Honduras 10, de manera que la suma de 21 se acerca a la trágica nómina de 2009 que fue de 33, aunque en ocho países de la región. Respecto de Honduras aclaremos que la cuota fatal incluye a Nicolás Astura, de 42 años, cuyo cadáver apareció en febrero pasado pero no fue incluido en las víctimas del primer cuatrimestre.
Manuel Garnero, director del diario hondureño “Tiempo” declaró en agosto que “Hay un sentimiento de inseguridad y de impotencia por parte del sector periodístico porque en el país nunca se había dado una situación así. Por su parte, Berta Oliva, presidenta del Comité de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), afirmó acerca de los homicidios de periodistas: “Estamos conscientes que (el culpable) no es el crimen organizado, sino que es una política general del Estado encaminada a reprimir y coartar la libertad de expresión. Los nueve asesinatos de periodistas ocurrieron en el gobierno del presidente Porfirio Lobo que asumió el 27/1/10, por lo que Oliva considera que él tiene responsabilidad directa en lo que está pasando” (ANSA, 29/8/10).
También en Honduras fueron amenazadas de muerte las periodistas Marka Antúnez y Jessica Pavón. La primera recibió las intimidaciones luego de entrevistar a Roberto Micheletti, quien ofició de jefe de estado a raíz del golpe castrense de junio de 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) señaló en una declaración que “Micheletti ordenó un seguimiento de la reportera luego que ella le preguntara sobre su responsabilidad en las muertes con ocasión del golpe”. Agregó ese organismo que “La prensa ha sido uno de los sectores más afectados por el golpe de Estado, con más de 300 agresiones que van desde asesinatos hasta abusos, intimidación y cierre de medios” escribió Carmen Esquivel Sarría en despacho de Prensa Latina
En ese plano, la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) adscrita a la FELAP, denunció la situación de peligro en que se encuentran en Tegucigalpa el periodista de nacionalidad sueca Dick Emanuelsson, corresponsal del periódico Norrskensflamman, y su esposa, la camarógrafa hondureña, Miriam Huezo. Ambos, apunta CIAP, son objeto de una campaña de difamación y persecución de la gran prensa de Honduras que se pueden entender como amenazas de muerte.
NÓMINA DE VÍCTIMAS
México
-Miguel Angel Bueno Méndez, el 26/6/10. Su cadáver fue hallado en Huisquitecan, Estado de México;
-Francisco Rodríguez Ríos, el 28/6/10 en Cayuca de Benítez, tiroteado cuando era corresponsal de “El Sol de Acapulco” y del diario “Objetivo”, de Chilpancingo;
-María Elvira Hernández, esposa del anterior, también periodista y ultimada en el mismo atentado:
-Hugo Olivera Cartas, balaceado el 6/7/10 en Michoacán. Laboraba en el diario “El Día”;
-Marco Aurelio Martínez Tijerina, asesinado a balazos en julio pasado en Montemorelos, Nuevo León. Tenía 45 años y era director del noticiario Contrapunto en la radioemisora XERN y corresponsal de TV Azteca;
-Guillermo Alcaraz Trejo, también en julio pasado, de 24 años fue muerto con tiros de fusil HK-47.
Honduras
-Luis Arturo Mondragón, tiroteado el 13 de junio en la región de El Paraíso, informó el diario hondureño “El Heraldo”;
-Luis Chévez Hernández, en abril y tampoco anotado en primer cuatrimestre;
-Israel Zelaya Díaz, por tiros el 15/8/10. Su cadáver fue encontrado en una carretera;
-Nicolás Asfura, mencionado antes en esta nota.
Guatemala
En una misión extra peligrosa murió el 28/5/10 el reportero Aníbal Archilla cuando cubría una erupción del volcán “El Pacaya” que es considerado el más activo de Centroamérica. Este lamentable episodio rememora la veterana petición de medidas de protección y seguros de vida especiales para los reporteros en misiones peligrosas y que jamás han sido escuchadas por los empresarios de las noticias.
Conmoción en México
El siete de agosto los periodistas mexicanos realizaron marchas de protesta por los asesinatos, en el Distrito Federal, capital del país y en otras siete ciudades “en demanda de un alto a la impunidad y a las agresiones contra los comunicadores”, informó el diario “La Jornada”. La movilización se efectuó bajo el lema “Los queremos vivos” y comenzó con la lectura de los nombres de los 67 reporteros que han sido muertos desde el año 2000 a la fecha, agregó el despacho.
Expresiones multitudinarias como la de Ciudad de México ocurrieron asimismo en Tijuana, Torreón, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán. Con anterioridad, el ocho de julio informó Notimex que en Morelia “Medio centenar de reporteros, fotógrafos y camarógrafos marcharon en esta ciudad para demandar el esclarecimiento de los crímenes y desapariciones de periodistas tras la muerte de Hugo Olivera del diario El Día”. Desde 2006, cuatro periodistas están desaparecidos en Michoacán cuya capital es Morelia.
Ya suman 107 los periodistas asesinados desde 1983 a la fecha, 41 de ellos en lo que va de la actual administración federal, escribía el 30 de junio pasado Teodoro Rentería, vicepresidente mexicano de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP). En ese escrito Rentería aludió a la comunicación dirigida al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y que firmaron él, Roberto Piñón, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y Raúl Gómez por el Club Primera Plana.
En dicho documento sostienen en referencia a los constantes homicidios de gente de prensa: “Los hechos ameritan la inmediata indagación y detención de los responsables. Es necesario un alto a la impunidad. Señor Presidente: exigimos su decisión para instrumentar las medidas urgentes y necesarias que el asunto requiere, y que ya no admite dilación entre ellas la creación del Comité de Riesgo para los periodistas amenazados”.Se desconoce una respuesta a dicha petición.
(
*) Periodista, presidente de CIAP
Fuente: Informe CIAP-FELAP mayo/agosto/10
miércoles, 1 de septiembre de 2010
Asesinan campesino Secretario General de ANACH de Francisco Morazán
Martes 31 de Agosto de 2010 17:26 Dina Meza.
El campesino Santos Remigio Ávila (45), que fungía como Secretario General de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH por el departamento de Francisco Morazán y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, fue asesinado por un desconocido que le infirió un balazo en la cabeza cuando se aprestaba a guardar su carro, en la comunidad de Los Jobos, en Guaymaca, Francisco Morazán, el pasado 28 de agosto.
La denuncia la hizo la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), La Vía Campesina en Honduras y El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras en Resistencia y renovado (COCOCH) a través de un comunicado público.
Santos Remigio Ávila tenía 17 años de estar luchando arduamente para el movimiento campesino, laboró del 2001 al 2006 como conserje en el Congreso Nacional de la República por parte del Partido Unificación Democrática, UD. L momento de su asesinato era miembro del grupo campesino 11 de Diciembre de la comunidad de los Jobos en Guaymaca.
Era padre de tres hijos, uno de cinco años, otro de 10 y el último de 14 años, quienes quedan desamparados ya que su madre se encuentra fuera del país desde hace varios años.
Desconocido lo esperaba
El hecho se produjo a eso de las 10:00 de la noche del 28 de agosto la víctima regresaba del hospital de Guaymaca de visitar a su hijo menor de 5 años que se encontraba interno con dengue en ese centro asistencial.
Cuando llegó a su vivienda le dijo a su hijo mayor quien lo acompañaba que se bajara a abrirle el portón de entrada al garaje para guardar el vehículo, pero los delincuentes lo habían amarrado de tal forma que su hijo no pudo abrirlo, por lo el campesino se vio obligado a bajarse del auto, en ese momento un sujeto desconocido hizo primero un disparo al aire y luego le disparó un certero balazo en la cabeza, lo que le ocasionò la muerte al instante.
La ANACH y el COCOCH exigieron al Ministerio Público y a la Secretaria de Seguridad Pública, el esclarecimiento del asesinato.
Desde la llegada al poder del actual régimen de Porfirio Lobo Sosa, los asesinatos selectivos de los miembros de la resistencia, se han convertido en una constante. Las formas de los crímenes son similares y según las denuncias de diversas organizaciones de lo que se trata es de sembrar el temor en el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP y evitar de esta forma la refundación del país, una exigencia unánime del pueblo hondureño.
Se suman los crímenes contra 11 campesinos del Movimiento Unificado del Aguán, MUCA, así como los asesinatos de nueve periodistas. Además de la persecución, hostigamientos, sabotajes contra vehículos de miembros y miembras de la resistencia popular y las amenazas a muerte.
Este es el texto ìntegro del comunicado difundido por ANACH y COCOCH:
Asesinato del compañero Santos Remigio Ávila
La Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), La Vía Campesina en Honduras y El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras en Resistencia y renovado (COCOCH) exigimos al Ministerio Público, a la Secretaria de Seguridad Pública, el esclarecimiento del asesinato del compañero Santos Remigio Ávila y de otros movimientos sociales, así como también castigo a los responsables de estos abominables hechos.
Nuevamente el campesinado hondureño está de luto otra víctima se suma a la lista de las y los compañeros asesinados, este vez le toco al compañero y Santos Remigio Ávila de 45 años de edad actualmente secretario general de la ANACH por el departamento de Francisco Morazán, miembro del grupo campesino 11 de Diciembre de la comunidad de los Jobos en Guaymaca francisco Morazán, también miembro coordinador del frente Nacional de Resistencia popular.
El compañero Santos Remigio Ávila tenía 17 años de estar luchando arduamente para el movimiento campesino, laboró del 2001 al 2006 como conserje en el Congreso Nacional de la república por parte del partido Unificación Democrática .Este compañero fue vilmente asesinado el sábado 28 de Agosto a las 10:00 de la noche cuando regresaba del hospital de Guaymaca de visitar a hijo menor de 5 años que se encontraba interno con dengue en ese centro asistencial.
Santos era padre de tres hijos, uno de 5, 10 14 años respectivamente lo más lamentable de la muerte de este compañero de lucha es que él deja desamparados a sus tres vástagos, pues su esposa se encuentra fuera del país desde hace varios años y el era quien cuidaba de pequeños.
El hecho sucedió cuando el compañero llegaba a su casa acompañado de su hijo mayor un joven de 14 años y él le dijo que se bajara a abrirle el portón de entrada al garaje para guardar el vehículo, pero los delincuentes lo habían amarrado de tal forma que su hijo no pudo abrirlo , por lo que el compañero se vio obligado a bajarse del auto en ese momento un sujeto desconocido hizo primero un disparo al aire y luego disparo un certero balazo en la cabeza de Santos muriendo al instante.
Sobre este crimen hay varias versiones, pero lo fundamental es que su familia y compañeros y compañeras del lucha exigen que este crimen sea investigado y se de con el o los responsables de este asesinato.
Por lo tanto las organizaciones campesinas exigimos:
1- A las autoridades correspondientes que este nuevo crimen sea investigado y que den con el paradero del ó los responsables del asesinato de Santos Remigio Ávila.
2- Al gobierno de la República que proporcione a la población hondureña mayor seguridad a todos y todas los hondureños y especialmente a las personas que luchan día a día por el respeto a los derechos de los mas desposeídos las y los campesinos.
3- Exigimos el cese de tanta represión, persecución y asesinatos contra miembros y dirigentes de organizaciones sociales y populares del país.
4- Demandamos a las autoridades correspondientes que investiguen a fondo con tanto asesinato de compañeros y compañeras campesinas, líderes de nuestras organizaciones.
Sobre este crimen hay varias versiones, pero lo importantes para su familia y compañeros y compañeras de lucha es que este crimen sea investigado y se de con el o los responsables del mismo y no quede en la impunidad como muchos tantos en el pais.
SANGRE DE MARTIRES, SEMILLA DE LIBERTAD
PORQUE LA TIERRA NOS PERTENECE, LUCHAREMOS HASTE EL FINAL
El campesino Santos Remigio Ávila (45), que fungía como Secretario General de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH por el departamento de Francisco Morazán y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, fue asesinado por un desconocido que le infirió un balazo en la cabeza cuando se aprestaba a guardar su carro, en la comunidad de Los Jobos, en Guaymaca, Francisco Morazán, el pasado 28 de agosto.
La denuncia la hizo la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), La Vía Campesina en Honduras y El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras en Resistencia y renovado (COCOCH) a través de un comunicado público.
Santos Remigio Ávila tenía 17 años de estar luchando arduamente para el movimiento campesino, laboró del 2001 al 2006 como conserje en el Congreso Nacional de la República por parte del Partido Unificación Democrática, UD. L momento de su asesinato era miembro del grupo campesino 11 de Diciembre de la comunidad de los Jobos en Guaymaca.
Era padre de tres hijos, uno de cinco años, otro de 10 y el último de 14 años, quienes quedan desamparados ya que su madre se encuentra fuera del país desde hace varios años.
Desconocido lo esperaba
El hecho se produjo a eso de las 10:00 de la noche del 28 de agosto la víctima regresaba del hospital de Guaymaca de visitar a su hijo menor de 5 años que se encontraba interno con dengue en ese centro asistencial.
Cuando llegó a su vivienda le dijo a su hijo mayor quien lo acompañaba que se bajara a abrirle el portón de entrada al garaje para guardar el vehículo, pero los delincuentes lo habían amarrado de tal forma que su hijo no pudo abrirlo, por lo el campesino se vio obligado a bajarse del auto, en ese momento un sujeto desconocido hizo primero un disparo al aire y luego le disparó un certero balazo en la cabeza, lo que le ocasionò la muerte al instante.
La ANACH y el COCOCH exigieron al Ministerio Público y a la Secretaria de Seguridad Pública, el esclarecimiento del asesinato.
Desde la llegada al poder del actual régimen de Porfirio Lobo Sosa, los asesinatos selectivos de los miembros de la resistencia, se han convertido en una constante. Las formas de los crímenes son similares y según las denuncias de diversas organizaciones de lo que se trata es de sembrar el temor en el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP y evitar de esta forma la refundación del país, una exigencia unánime del pueblo hondureño.
Se suman los crímenes contra 11 campesinos del Movimiento Unificado del Aguán, MUCA, así como los asesinatos de nueve periodistas. Además de la persecución, hostigamientos, sabotajes contra vehículos de miembros y miembras de la resistencia popular y las amenazas a muerte.
Este es el texto ìntegro del comunicado difundido por ANACH y COCOCH:
Asesinato del compañero Santos Remigio Ávila
La Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), La Vía Campesina en Honduras y El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras en Resistencia y renovado (COCOCH) exigimos al Ministerio Público, a la Secretaria de Seguridad Pública, el esclarecimiento del asesinato del compañero Santos Remigio Ávila y de otros movimientos sociales, así como también castigo a los responsables de estos abominables hechos.
Nuevamente el campesinado hondureño está de luto otra víctima se suma a la lista de las y los compañeros asesinados, este vez le toco al compañero y Santos Remigio Ávila de 45 años de edad actualmente secretario general de la ANACH por el departamento de Francisco Morazán, miembro del grupo campesino 11 de Diciembre de la comunidad de los Jobos en Guaymaca francisco Morazán, también miembro coordinador del frente Nacional de Resistencia popular.
El compañero Santos Remigio Ávila tenía 17 años de estar luchando arduamente para el movimiento campesino, laboró del 2001 al 2006 como conserje en el Congreso Nacional de la república por parte del partido Unificación Democrática .Este compañero fue vilmente asesinado el sábado 28 de Agosto a las 10:00 de la noche cuando regresaba del hospital de Guaymaca de visitar a hijo menor de 5 años que se encontraba interno con dengue en ese centro asistencial.
Santos era padre de tres hijos, uno de 5, 10 14 años respectivamente lo más lamentable de la muerte de este compañero de lucha es que él deja desamparados a sus tres vástagos, pues su esposa se encuentra fuera del país desde hace varios años y el era quien cuidaba de pequeños.
El hecho sucedió cuando el compañero llegaba a su casa acompañado de su hijo mayor un joven de 14 años y él le dijo que se bajara a abrirle el portón de entrada al garaje para guardar el vehículo, pero los delincuentes lo habían amarrado de tal forma que su hijo no pudo abrirlo , por lo que el compañero se vio obligado a bajarse del auto en ese momento un sujeto desconocido hizo primero un disparo al aire y luego disparo un certero balazo en la cabeza de Santos muriendo al instante.
Sobre este crimen hay varias versiones, pero lo fundamental es que su familia y compañeros y compañeras del lucha exigen que este crimen sea investigado y se de con el o los responsables de este asesinato.
Por lo tanto las organizaciones campesinas exigimos:
1- A las autoridades correspondientes que este nuevo crimen sea investigado y que den con el paradero del ó los responsables del asesinato de Santos Remigio Ávila.
2- Al gobierno de la República que proporcione a la población hondureña mayor seguridad a todos y todas los hondureños y especialmente a las personas que luchan día a día por el respeto a los derechos de los mas desposeídos las y los campesinos.
3- Exigimos el cese de tanta represión, persecución y asesinatos contra miembros y dirigentes de organizaciones sociales y populares del país.
4- Demandamos a las autoridades correspondientes que investiguen a fondo con tanto asesinato de compañeros y compañeras campesinas, líderes de nuestras organizaciones.
Sobre este crimen hay varias versiones, pero lo importantes para su familia y compañeros y compañeras de lucha es que este crimen sea investigado y se de con el o los responsables del mismo y no quede en la impunidad como muchos tantos en el pais.
SANGRE DE MARTIRES, SEMILLA DE LIBERTAD
PORQUE LA TIERRA NOS PERTENECE, LUCHAREMOS HASTE EL FINAL
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