Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe titulado “Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado” en el que confirma dos realidades que los golpistas han tratado de negar sin éxito: que lo ocurrido en el país el 28 de junio del año pasado fue un golpe de Estado que produjo la ruptura del orden democrático y constitucional, y que las autoridades de facto militares, civiles y policiales han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Este informe es el resultado de la visita realizada por la Comisión Interamericana del 17 al 21 de agosto de 2009, durante la cual verificó la existencia de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que incluye muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos.
La Comisión Interamericana también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos y el alto grado de deslegitimación institucional por la participación en el golpe de Estado del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas.
El informe de la Comisión Interamericana ratifica la necesidad urgente de reformar profundamente las instituciones hondureñas y constituye una herramienta jurídica fundamental para el establecimiento de una Comisión de la Verdad independiente, profesional e imparcial que facilite la individualización de los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de facto.
Y sobre todo, este informe representa una prueba contundente contra los altos responsables civiles, militares y policiales del régimen que han sido denunciados ante la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, los cuales, tarde o temprano, tendrán que pagar por sus crímenes.
jueves, 28 de enero de 2010
La amnistía y la justicia penal internacional
Durante más de 6 meses el pueblo hondureño en resistencia democrática ha sufrido la violencia de las armas que el General Romeo Vásquez Velásquez ha puesto al servicio de los sectores que idearon y ejecutaron el golpe de Estado.
En el marco de dicha violencia, militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos que son consideradas crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.
Por ello, Micheletti, Romeo Vásquez y otros altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto enfrentan una seria denuncia ante la oficinal del Fiscal de la Corte Penal Internacional que actualmente está siendo valorada.
Una de las condiciones para que este tribunal Internacional actúe es que el Estado hondureño no tenga voluntad o capacidad para perseguir a las personas denunciadas. Evidentemente, cuando todo el sistema de justicia hondureño está involucrado en el más alto nivel jerárquico en el golpe de Estado, no puede existir ni capacidad ni voluntad.
A ello se suma el anuncio por parte del congreso nacional de la posible aprobación de una ley de amnistía para intentar limpiar el expediente criminal de los involucrados en el golpe de Estado.
Sin embargo, los golpistas deben saber que una ley de esta clase jamás puede servir para dejar sin castigo a los violadores de los derechos humanos pues al hacerlo, se estaría contraviniendo el derecho internacional y activando automáticamente la competencia de la Corte Penal Internacional para perseguir a estos criminales.
La justicia penal internacional camina despacio pero avanza firme en la lucha contra la impunidad, y por eso el pueblo hondureño en resistencia, tarde o temprano podrá ver a Micheletti, a Romeo Vásquez y a otros de sus victimarios pagando por todos sus crímenes.
En el marco de dicha violencia, militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos que son consideradas crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.
Por ello, Micheletti, Romeo Vásquez y otros altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto enfrentan una seria denuncia ante la oficinal del Fiscal de la Corte Penal Internacional que actualmente está siendo valorada.
Una de las condiciones para que este tribunal Internacional actúe es que el Estado hondureño no tenga voluntad o capacidad para perseguir a las personas denunciadas. Evidentemente, cuando todo el sistema de justicia hondureño está involucrado en el más alto nivel jerárquico en el golpe de Estado, no puede existir ni capacidad ni voluntad.
A ello se suma el anuncio por parte del congreso nacional de la posible aprobación de una ley de amnistía para intentar limpiar el expediente criminal de los involucrados en el golpe de Estado.
Sin embargo, los golpistas deben saber que una ley de esta clase jamás puede servir para dejar sin castigo a los violadores de los derechos humanos pues al hacerlo, se estaría contraviniendo el derecho internacional y activando automáticamente la competencia de la Corte Penal Internacional para perseguir a estos criminales.
La justicia penal internacional camina despacio pero avanza firme en la lucha contra la impunidad, y por eso el pueblo hondureño en resistencia, tarde o temprano podrá ver a Micheletti, a Romeo Vásquez y a otros de sus victimarios pagando por todos sus crímenes.
Un ejemplo más de que habrá justicia
El 22 de septiembre del año pasado, el ex militar argentino Julio Alberto Poch fue detenido en España por su implicación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Poch también tenía la nacionalidad holandesa y trabajaba para una línea área de ese país; según testimonios de sus compañeros de trabajo, se jactaba de haber participado en los “vuelos de la muerte” en los que los prisioneros políticos de la dictadura eran arrojados amarrados al mar o al río de La Plata desde aviones militares en pleno vuelo.
A pesar del tiempo transcurrido desde que este militar cometió sus crímenes y de que había logrado llevar una vida normal y tranquila en Holanda, la justicia internacional por fin lo ha alcanzado y enfrenta procesos penales en España y en Argentina por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Al igual que los altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto en Honduras, el ex militar Poch se burlaba de la memoria de sus víctimas y se creyó intocable y todopoderoso pues su soberbia no le permitió reflexionar sobre la gravedad de sus delitos.
Los máximos responsables de las violaciones de derechos humanos en Honduras en el marco del golpe de Estado deberían entender que por mucho que se declaren héroes nacionales y salvadores de la democracia, sus crímenes contra el pueblo hondureño son de tanta gravedad que tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia penal internacional.
El caso del ex militar Poch es un ejemplo más de lo que les espera a Micheletti, Romeo Vásquez y demás responsables del golpe de Estado.
Poch también tenía la nacionalidad holandesa y trabajaba para una línea área de ese país; según testimonios de sus compañeros de trabajo, se jactaba de haber participado en los “vuelos de la muerte” en los que los prisioneros políticos de la dictadura eran arrojados amarrados al mar o al río de La Plata desde aviones militares en pleno vuelo.
A pesar del tiempo transcurrido desde que este militar cometió sus crímenes y de que había logrado llevar una vida normal y tranquila en Holanda, la justicia internacional por fin lo ha alcanzado y enfrenta procesos penales en España y en Argentina por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Al igual que los altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto en Honduras, el ex militar Poch se burlaba de la memoria de sus víctimas y se creyó intocable y todopoderoso pues su soberbia no le permitió reflexionar sobre la gravedad de sus delitos.
Los máximos responsables de las violaciones de derechos humanos en Honduras en el marco del golpe de Estado deberían entender que por mucho que se declaren héroes nacionales y salvadores de la democracia, sus crímenes contra el pueblo hondureño son de tanta gravedad que tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia penal internacional.
El caso del ex militar Poch es un ejemplo más de lo que les espera a Micheletti, Romeo Vásquez y demás responsables del golpe de Estado.
Luces y sombras del 2009
El 2009 ha sido el año más oscuro de los últimos 30 años en Honduras. Con el golpe de Estado del pasado 28 de junio hemos regresado a regimenes dictatoriales y totalitarios que toda América Latina creía superados y que eran solamente terribles experiencias del pasado.
En los últimos 6 meses de este año hemos sido testigos del ascenso de las fuerzas armadas en el control del Estado y sus instituciones, y del sometimiento del poder civil al poder militar; como consecuencia, los pequeños avances democráticos han quedado destruidos y nos encontramos en una situación de emergencia ante las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto.
Por eso, aunque se hayan celebrado unas elecciones de por sí ilegítimas y no reconocidas por un gran número de países del mundo, el 2009 nos ha dejado, además de la experiencia de vivir bajo una dictadura encabezada por el general Romeo Vásquez y Roberto Micheletti, un nuevo gobierno elegido bajo la represión de las armas y que sólo tiene la fachada de civil al constituir una continuación del golpe de Estado y del poder militar.
Pero el 2009 también nos ha dejado la experiencia de la toma de conciencia de un buen porcentaje de la población que estaba adormecida y que nos hemos dado cuenta que la democracia que propugna la clase política sólo consiste en votar cada 4 años pero no en democratizar la riqueza y el bienestar.
Nos hemos dado cuenta que los intereses de las grandes mayorías nunca han estado representados en el congreso nacional y que todas las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia sólo han estado al servicio del poder económico, militar y político.
El 2009 ha dejado al descubierto que la clase política hondureña sólo habla de democracia cuando sus intereses no están en juego pero cuando el pueblo cuestiona el modelo que nos han impuesto están dispuestos a asesinar, torturar, violar, detener ilegalmente, desaparecer y pisotear cuantas veces sea la legalidad constitucional.
Seguramente el 2010 será un año difícil para el pueblo hondureño en materia económica, social y política pero también tendrá que ser un año de esperanza, de cambios, de pequeños signos que nos permitan ver en el horizonte, un país nuevo en donde la dignidad de cada hondureño y hondureña sea verdaderamente el fin supremo de la sociedad y del Estado.
En los últimos 6 meses de este año hemos sido testigos del ascenso de las fuerzas armadas en el control del Estado y sus instituciones, y del sometimiento del poder civil al poder militar; como consecuencia, los pequeños avances democráticos han quedado destruidos y nos encontramos en una situación de emergencia ante las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto.
Por eso, aunque se hayan celebrado unas elecciones de por sí ilegítimas y no reconocidas por un gran número de países del mundo, el 2009 nos ha dejado, además de la experiencia de vivir bajo una dictadura encabezada por el general Romeo Vásquez y Roberto Micheletti, un nuevo gobierno elegido bajo la represión de las armas y que sólo tiene la fachada de civil al constituir una continuación del golpe de Estado y del poder militar.
Pero el 2009 también nos ha dejado la experiencia de la toma de conciencia de un buen porcentaje de la población que estaba adormecida y que nos hemos dado cuenta que la democracia que propugna la clase política sólo consiste en votar cada 4 años pero no en democratizar la riqueza y el bienestar.
Nos hemos dado cuenta que los intereses de las grandes mayorías nunca han estado representados en el congreso nacional y que todas las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia sólo han estado al servicio del poder económico, militar y político.
El 2009 ha dejado al descubierto que la clase política hondureña sólo habla de democracia cuando sus intereses no están en juego pero cuando el pueblo cuestiona el modelo que nos han impuesto están dispuestos a asesinar, torturar, violar, detener ilegalmente, desaparecer y pisotear cuantas veces sea la legalidad constitucional.
Seguramente el 2010 será un año difícil para el pueblo hondureño en materia económica, social y política pero también tendrá que ser un año de esperanza, de cambios, de pequeños signos que nos permitan ver en el horizonte, un país nuevo en donde la dignidad de cada hondureño y hondureña sea verdaderamente el fin supremo de la sociedad y del Estado.
La condena a Fujimori y el futuro de los golpistas hondureños
Para quienes creemos y luchamos por la democracia, la justicia y los derechos humanos el año nuevo nos trajo la buena noticia de que la Corte Suprema del Perú ratificó la condena a 25 años de prisión para el ex presidente Alberto Fujimori por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante su mandato.
Fujimori fue juzgado como autor intelectual de las matanzas del barrio limeño de Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta donde resultaron muertas 15 y 10 personas, respectivamente. Estas masacres fueron ejecutadas por un comando paramilitar del ejército peruano en el marco de la guerra que el Gobierno había declarado contra el grupo rebelde Sendero Luminoso.
La Comisión de la Verdad que documentó el conflicto peruano constató que ninguna de las víctimas asesinadas tenía relación con la guerrilla, como presumían los organismos de seguridad del Estado, y con base a ello, la Corte Suprema del Perú determinó que los actos criminales realizados por Fujimori no constituyen delitos simples y comunes sino crímenes de lesa humanidad.
Los altos responsables del golpe de Estado en Honduras deberían verse reflejados en la condena a Fujimori pues al igual que él, los actos criminales que han cometido y siguen cometiendo contra el pueblo hondureño, son crímenes de lesa humanidad por los que tarde o temprano tendrán que responder, ya sea ante la Corte Penal Internacional o ante la justicia de alguno de los de más de 100 Estados en el mundo que reconocen la justicia universal.
Si Micheletti, Romeo Vásquez y demás responsables civiles, militares y policiales tuvieran algún sentido de responsabilidad para reflexionar sobre las implicaciones de la gravedad de sus actos, se darían cuenta que lo que les espera en un futuro no muy lejano es sentarse ante el banquillo de los acusados para responder por sus crímenes, tal y como ha sucedido y está sucediendo con los grandes criminales que ha habido en América Latina y el mundo.
Quizá hoy se sientan todopoderosos e intocables, así como se sintió Fujimori, pero la justicia relacionada con crímenes de lesa humanidad nunca se detiene ni con el paso del tiempo y pronto las víctimas de sus actos criminales podrán verlos juzgados por la justicia penal y por la historia.
Fujimori fue juzgado como autor intelectual de las matanzas del barrio limeño de Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta donde resultaron muertas 15 y 10 personas, respectivamente. Estas masacres fueron ejecutadas por un comando paramilitar del ejército peruano en el marco de la guerra que el Gobierno había declarado contra el grupo rebelde Sendero Luminoso.
La Comisión de la Verdad que documentó el conflicto peruano constató que ninguna de las víctimas asesinadas tenía relación con la guerrilla, como presumían los organismos de seguridad del Estado, y con base a ello, la Corte Suprema del Perú determinó que los actos criminales realizados por Fujimori no constituyen delitos simples y comunes sino crímenes de lesa humanidad.
Los altos responsables del golpe de Estado en Honduras deberían verse reflejados en la condena a Fujimori pues al igual que él, los actos criminales que han cometido y siguen cometiendo contra el pueblo hondureño, son crímenes de lesa humanidad por los que tarde o temprano tendrán que responder, ya sea ante la Corte Penal Internacional o ante la justicia de alguno de los de más de 100 Estados en el mundo que reconocen la justicia universal.
Si Micheletti, Romeo Vásquez y demás responsables civiles, militares y policiales tuvieran algún sentido de responsabilidad para reflexionar sobre las implicaciones de la gravedad de sus actos, se darían cuenta que lo que les espera en un futuro no muy lejano es sentarse ante el banquillo de los acusados para responder por sus crímenes, tal y como ha sucedido y está sucediendo con los grandes criminales que ha habido en América Latina y el mundo.
Quizá hoy se sientan todopoderosos e intocables, así como se sintió Fujimori, pero la justicia relacionada con crímenes de lesa humanidad nunca se detiene ni con el paso del tiempo y pronto las víctimas de sus actos criminales podrán verlos juzgados por la justicia penal y por la historia.
Sin justicia no habrá reconciliación
En los últimos días diversos sectores políticos y empresariales han puesto de moda la palabra amnistía, que en su acepción original significa amnesia u olvido.
En este sentido, se han mostrado favorables a que el Congreso Nacional apruebe un decreto de amnistía para que tanto los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado del 28 de junio como el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales sean perdonados por los supuestos delitos cometidos.
En otras palabras, un decreto de amnistía implicaría un perdón general, dar vuelta a la página, olvidar el pasado y avanzar en el proceso de reconciliación nacional.
No obstante, se debe recordar que una amnistía sólo es posible para perdonar los delitos políticos como el de traición a la patria o la sedición pero nunca para perdonar los delitos relacionados con las violaciones a los derechos humanos, tal como ha sucedido en Honduras a partir del golpe de Estado en que los más elementales derechos han sido masiva y sistemáticamente violados por las fuerzas militares, policiales y paramilitares que sostienen al gobierno de facto.
Por tanto, el congreso nacional no está facultado para dictar cualquier legislación que tenga por efecto conceder impunidad a los responsables de los graves hechos que todos conocemos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en diversas ocasiones que son inadmisibles los decretos de amnistía que traten de impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones arbitrarias, las detenciones ilegales, los asesinatos y las desapariciones forzadas.
El congreso nacional debería saber que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional, y más aún cuando están en juego asuntos tan importantes como la justicia y la verdad.
Tanto Pinochet en Chile como Fujimori en Perú aprobaron sendas leyes de amnistía que supuestamente aseguraban la impunidad de las violaciones a los derechos humanos que cometieron; sin embargo finalmente fueron llevados ante la justicia porque ese tipo de leyes son contrarias al derecho internacional y es legalmente imposible sostenerlas en el tiempo.
Para que exista un verdadero proceso de reconciliación es necesario que se investigue y sancione a los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto, ya que no puede haber reconciliación nacional si antes no se castiga a los violadores de los derechos humanos del pueblo en resistencia democrática.
En este sentido, se han mostrado favorables a que el Congreso Nacional apruebe un decreto de amnistía para que tanto los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado del 28 de junio como el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales sean perdonados por los supuestos delitos cometidos.
En otras palabras, un decreto de amnistía implicaría un perdón general, dar vuelta a la página, olvidar el pasado y avanzar en el proceso de reconciliación nacional.
No obstante, se debe recordar que una amnistía sólo es posible para perdonar los delitos políticos como el de traición a la patria o la sedición pero nunca para perdonar los delitos relacionados con las violaciones a los derechos humanos, tal como ha sucedido en Honduras a partir del golpe de Estado en que los más elementales derechos han sido masiva y sistemáticamente violados por las fuerzas militares, policiales y paramilitares que sostienen al gobierno de facto.
Por tanto, el congreso nacional no está facultado para dictar cualquier legislación que tenga por efecto conceder impunidad a los responsables de los graves hechos que todos conocemos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en diversas ocasiones que son inadmisibles los decretos de amnistía que traten de impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones arbitrarias, las detenciones ilegales, los asesinatos y las desapariciones forzadas.
El congreso nacional debería saber que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional, y más aún cuando están en juego asuntos tan importantes como la justicia y la verdad.
Tanto Pinochet en Chile como Fujimori en Perú aprobaron sendas leyes de amnistía que supuestamente aseguraban la impunidad de las violaciones a los derechos humanos que cometieron; sin embargo finalmente fueron llevados ante la justicia porque ese tipo de leyes son contrarias al derecho internacional y es legalmente imposible sostenerlas en el tiempo.
Para que exista un verdadero proceso de reconciliación es necesario que se investigue y sancione a los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto, ya que no puede haber reconciliación nacional si antes no se castiga a los violadores de los derechos humanos del pueblo en resistencia democrática.
Elecciones y derechos humanos
No puede haber democracia ni Estado de derecho sin el respeto de los derechos humanos, ya que estos últimos constituyen un elemento fundamental para legitimar o deslegitimar cualquier acto u omisión de los poderes públicos.
En el marco de las elecciones generales del pasado 29 de noviembre, el respeto de los derechos humanos era una condición necesaria para catalogarlas de libres y justas, y por ello, cualquier análisis sobre su legitimidad no puede ignorar la situación de los derechos de la población antes y durante el ejercicio electoral.
Bajo estos parámetros y teniendo en cuenta que fueron realizadas por un gobierno de facto en el marco del golpe de Estado, se puede afirmar con contundencia que las elecciones generales en Honduras no han sido justas ni libres y por tanto, el gobierno surgido de las mismas no goza de la legitimidad necesaria en un Estado de derecho.
Desde la ejecución del golpe de Estado el 28 de junio la población hondureña ha vivido en un constante estado de sitio, con sus derechos y libertades prácticamente suprimidos y con altos niveles de militarización del país como si se tratase de un ambiente de guerra. Pese a que la Constitución y los tratados internacionales reconocen derechos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación y asociación, millones de hondureños que se han manifestado en contra del atentado a nuestra incipiente democracia han sido limitados en los mismos.
Como resultado de la persecución política que el gobierno de facto ha ejecutado a través de policías, militares y paramilitares en contra de las personas en resistencia democrática y pacífica, una veintena de ellas han sido asesinadas, más de 4 mil personas han sufrido diferentes tipos de violaciones a sus derechos humanos, decenas han sufrido atentados contra su vida e integridad, centenares de personas han sido amenazadas de muerte, centenares han sido acusadas y apresadas por motivos políticos, centeneras de personas han sido torturadas y otras miles lesionadas y heridas a causa de la represión, y miles de personas han sido detenidas ilegalmente.
Antes y durante las elecciones del 29 de noviembre, el gobierno de facto ha creado un clima de terror y de guerra psicológica mediante la militarización de la sociedad y la demostración del poderío policial-militar dispuesto a acallar cualquier disidencia. En este marco, la policía y los militares ejecutaron decenas de allanamientos de casas y organizaciones, desarrollaron retenes en las carreteras, detuvieron ilegalmente a decenas de personas, realizaron hostigamientos y amenazas, y militarizaron comunidades enteras.
En San Pedro Sula, una marcha pacífica en la que participaban familias enteras fue salvajemente reprimida por la policía y el ejército, resultando decenas de heridos y detenidos, incluidos un periodista internacional y un observador de una misión internacional de derechos humanos.
Si a todo este clima de represión le sumamos el alto abstencionismo, la falta de presencia de observadores electorales oficiales calificados y la violación de la Ley Electoral que prohíbe la presencia de militares a menos de 100 metros de los centros de votación, así como la supresión del uso de la tinta indeleble como requisito indispensable para el desarrollo de las elecciones, entre otras cosas, es más que evidente que las elecciones del 29 de noviembre no se desarrollaron en un clima de transparencia, igualdad, participación, libertad y legalidad.
Por tanto, es un deber moral y legal para con la democracia y la soberanía del pueblo hondureño que la mayoría de Estados que conforman la comunidad internacional se mantenga firme en no reconocer los resultados de esta pantomima de elecciones ni el gobierno espurio surgido de ellas.
En el marco de las elecciones generales del pasado 29 de noviembre, el respeto de los derechos humanos era una condición necesaria para catalogarlas de libres y justas, y por ello, cualquier análisis sobre su legitimidad no puede ignorar la situación de los derechos de la población antes y durante el ejercicio electoral.
Bajo estos parámetros y teniendo en cuenta que fueron realizadas por un gobierno de facto en el marco del golpe de Estado, se puede afirmar con contundencia que las elecciones generales en Honduras no han sido justas ni libres y por tanto, el gobierno surgido de las mismas no goza de la legitimidad necesaria en un Estado de derecho.
Desde la ejecución del golpe de Estado el 28 de junio la población hondureña ha vivido en un constante estado de sitio, con sus derechos y libertades prácticamente suprimidos y con altos niveles de militarización del país como si se tratase de un ambiente de guerra. Pese a que la Constitución y los tratados internacionales reconocen derechos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación y asociación, millones de hondureños que se han manifestado en contra del atentado a nuestra incipiente democracia han sido limitados en los mismos.
Como resultado de la persecución política que el gobierno de facto ha ejecutado a través de policías, militares y paramilitares en contra de las personas en resistencia democrática y pacífica, una veintena de ellas han sido asesinadas, más de 4 mil personas han sufrido diferentes tipos de violaciones a sus derechos humanos, decenas han sufrido atentados contra su vida e integridad, centenares de personas han sido amenazadas de muerte, centenares han sido acusadas y apresadas por motivos políticos, centeneras de personas han sido torturadas y otras miles lesionadas y heridas a causa de la represión, y miles de personas han sido detenidas ilegalmente.
Antes y durante las elecciones del 29 de noviembre, el gobierno de facto ha creado un clima de terror y de guerra psicológica mediante la militarización de la sociedad y la demostración del poderío policial-militar dispuesto a acallar cualquier disidencia. En este marco, la policía y los militares ejecutaron decenas de allanamientos de casas y organizaciones, desarrollaron retenes en las carreteras, detuvieron ilegalmente a decenas de personas, realizaron hostigamientos y amenazas, y militarizaron comunidades enteras.
En San Pedro Sula, una marcha pacífica en la que participaban familias enteras fue salvajemente reprimida por la policía y el ejército, resultando decenas de heridos y detenidos, incluidos un periodista internacional y un observador de una misión internacional de derechos humanos.
Si a todo este clima de represión le sumamos el alto abstencionismo, la falta de presencia de observadores electorales oficiales calificados y la violación de la Ley Electoral que prohíbe la presencia de militares a menos de 100 metros de los centros de votación, así como la supresión del uso de la tinta indeleble como requisito indispensable para el desarrollo de las elecciones, entre otras cosas, es más que evidente que las elecciones del 29 de noviembre no se desarrollaron en un clima de transparencia, igualdad, participación, libertad y legalidad.
Por tanto, es un deber moral y legal para con la democracia y la soberanía del pueblo hondureño que la mayoría de Estados que conforman la comunidad internacional se mantenga firme en no reconocer los resultados de esta pantomima de elecciones ni el gobierno espurio surgido de ellas.
Del diálogo nacional a un nuevo pacto social
Para que un Estado sea verdaderamente democrático y de derecho es necesario que se respeten 4 elementos fundamentales: Primero, que todas y todos estemos sometidos a la Constitución y a las leyes; segundo, que exista una efectiva separación de poderes para evitar el absolutismo; tercero, que las actuaciones de las instituciones públicas sean acordes con la legalidad y estén sometidas a control judicial; y cuarto, que el respeto y la realización de los derechos humanos sean el fin supremo de la sociedad y el Estado.
Con base a estos elementos, si antes del 28 de junio existían serias dudas sobre la autenticidad de la democracia y el Estado de derecho, a partir del golpe cívico-militar se ha confirmado que Honduras es un Estado pero no un Estado de derecho.
A lo largo de 27 años de democracia formal, la clase política hondureña ha actuado con total desprecio por la legalidad y por los intereses de la sociedad en su conjunto; los poderes del Estado, y sobre todo, las instituciones fundamentales en materia de justicia como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se han vuelto cómplices de la ilegalidad y de la violencia contra el pueblo hondureño.
Y el respeto de los derechos humanos por parte de quienes están obligados a protegerlos, se ha convertido en un discurso vacío cuando se trata de las mayorías del país pero se vuelven plenamente efectivos cuando se trata de los pequeños grupos que tienen secuestrado al Estado y sus instituciones.
Los sectores que apoyan el golpe siguen creyendo que las elecciones del 29 de noviembre son la varita mágica para borrar de la memoria nacional lo ocurrido durante todos estos meses; sin embargo, los históricos niveles de abstención electoral son una señal clara de que el nuevo gobierno y la clase política vernácula han perdido sus últimas cuotas de legitimidad.
El único camino para rescatar al país del abismo en el que caeremos todos y todas es mediante el retorno a la constitucionalidad que permita conocer toda la verdad de lo sucedido y sobre todo, que allane el camino para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido, y reparar integralmente a las víctimas y sus familiares.
El retorno a la constitucionalidad sólo es el primer paso y a partir de allí se deben crear las condiciones para un verdadero diálogo nacional que concluya en un nuevo pacto social inclusivo.
Con base a estos elementos, si antes del 28 de junio existían serias dudas sobre la autenticidad de la democracia y el Estado de derecho, a partir del golpe cívico-militar se ha confirmado que Honduras es un Estado pero no un Estado de derecho.
A lo largo de 27 años de democracia formal, la clase política hondureña ha actuado con total desprecio por la legalidad y por los intereses de la sociedad en su conjunto; los poderes del Estado, y sobre todo, las instituciones fundamentales en materia de justicia como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se han vuelto cómplices de la ilegalidad y de la violencia contra el pueblo hondureño.
Y el respeto de los derechos humanos por parte de quienes están obligados a protegerlos, se ha convertido en un discurso vacío cuando se trata de las mayorías del país pero se vuelven plenamente efectivos cuando se trata de los pequeños grupos que tienen secuestrado al Estado y sus instituciones.
Los sectores que apoyan el golpe siguen creyendo que las elecciones del 29 de noviembre son la varita mágica para borrar de la memoria nacional lo ocurrido durante todos estos meses; sin embargo, los históricos niveles de abstención electoral son una señal clara de que el nuevo gobierno y la clase política vernácula han perdido sus últimas cuotas de legitimidad.
El único camino para rescatar al país del abismo en el que caeremos todos y todas es mediante el retorno a la constitucionalidad que permita conocer toda la verdad de lo sucedido y sobre todo, que allane el camino para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido, y reparar integralmente a las víctimas y sus familiares.
El retorno a la constitucionalidad sólo es el primer paso y a partir de allí se deben crear las condiciones para un verdadero diálogo nacional que concluya en un nuevo pacto social inclusivo.
Elecciones, justicia e impunidad
Los sectores golpistas están a punto de lograr su objetivo de llevar a cabo las elecciones generales; a través de ellas pretenden consolidar el golpe de Estado cívico-militar y hacer creer al pueblo hondureño y a la comunidad internacional que a partir del 29 de noviembre habrá borrón y cuenta nueva.
Quienes dieron el golpe de Estado creen e intentan hacer creer que las elecciones son la fórmula mágica para salir de la crisis política que ellos mismos han provocado y como controlan a todas las instituciones del sistema de justicia, se sienten seguros de que los actos delictivos que han cometido quedarán en la impunidad y enterrados bajo la sombra del proceso electoral.
Sin embargo, los altos responsables del gobierno de facto y de las fuerzas militares y policiales están demostrando una total ignorancia de los compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño en relación con los derechos humanos, no solamente porque han cometido violaciones graves y sistemáticas de los derechos de gran parte de la población, sino también porque no han medido las consecuencias que tendrá para ellos la activación de la justicia penal internacional.
Posiblemente el sistema judicial hondureño continuará dando la espalda a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el gobierno de facto, pero de acuerdo con el derecho penal internacional y el principio de justicia universal, cuando un Estado como el hondureño no tiene la capacidad o la voluntad de juzgar y sancionar a los responsables de tales crímenes, se activan otras instancias como la Corte Penal Internacional a donde las víctimas pueden acudir.
No deben olvidar los golpistas que los crímenes que han cometido jamás prescriben y por tanto, no importa cuánto tiempo pase porque tarde o temprano serán perseguidos y juzgados por los asesinatos, las torturas, las violaciones, las detenciones ilegales y la persecución política que han cometido contra un pueblo que está luchando por la democracia. Pinochet, Videla, Fujimori, entre otros, son claros ejemplos de que la impunidad está perdiendo la batalla frente a la justicia.
Quienes dieron el golpe de Estado creen e intentan hacer creer que las elecciones son la fórmula mágica para salir de la crisis política que ellos mismos han provocado y como controlan a todas las instituciones del sistema de justicia, se sienten seguros de que los actos delictivos que han cometido quedarán en la impunidad y enterrados bajo la sombra del proceso electoral.
Sin embargo, los altos responsables del gobierno de facto y de las fuerzas militares y policiales están demostrando una total ignorancia de los compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño en relación con los derechos humanos, no solamente porque han cometido violaciones graves y sistemáticas de los derechos de gran parte de la población, sino también porque no han medido las consecuencias que tendrá para ellos la activación de la justicia penal internacional.
Posiblemente el sistema judicial hondureño continuará dando la espalda a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el gobierno de facto, pero de acuerdo con el derecho penal internacional y el principio de justicia universal, cuando un Estado como el hondureño no tiene la capacidad o la voluntad de juzgar y sancionar a los responsables de tales crímenes, se activan otras instancias como la Corte Penal Internacional a donde las víctimas pueden acudir.
No deben olvidar los golpistas que los crímenes que han cometido jamás prescriben y por tanto, no importa cuánto tiempo pase porque tarde o temprano serán perseguidos y juzgados por los asesinatos, las torturas, las violaciones, las detenciones ilegales y la persecución política que han cometido contra un pueblo que está luchando por la democracia. Pinochet, Videla, Fujimori, entre otros, son claros ejemplos de que la impunidad está perdiendo la batalla frente a la justicia.
Profundización de la crisis política
La Constitución de 1982 marcó el inicio del camino de la democracia con la esperanza de avanzar en la construcción de una sociedad política, económica y socialmente justa. Aunque durante este tiempo ha habido incipientes avances institucionales, el balance que nos dejan casi 3 décadas de democracia formal no es nada alentador.
Dicho balance nos muestra que algunas de las reformas en materia económica y jurídica realizadas sólo han servido para profundizar la violencia, la desigualdad y la exclusión; la economía construida durante estos años sólo ha significado la consolidación de un modelo que ha privilegiado los intereses de una elite, ha destruido el papel del Estado como factor de cohesión social, ha afectado la soberanía nacional, ha profundizado la desigualdad social y ha deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de los hondureños y hondureñas.
Las instituciones públicas se han convertido en pesadas cargas burocráticas caracterizadas por su ineficacia y su ineficiencia casi generalizada para cumplir con sus funciones constitucionales; los permanentes y frecuentes escándalos de corrupción económica y política han estado a la orden del día; el sistema judicial se ha mantenido al servicio de los sectores que detentan el poder económico y político; y se ha mantenido una sistemática violación de los derechos humanos de amplios sectores de la sociedad.
El golpe de Estado cívico-militar ha venido a profundizar la grave crisis estructural que venimos arrastrando por décadas; también ha desnudado que pese a que la Constitución de 1982 prevé los mecanismos mínimos para promover el Estado de derecho, la clase política hondureña sólo ha gobernado en función de sus propios intereses y ha mostrado su total incapacidad, desprecio y negligencia para responder a los intereses de las grandes mayorías.
Esta crisis multidimensional que afecta el ámbito político, social, ético, económico y cultural del país, es un claro síntoma del agotamiento del sistema actual y de su crisis de legitimidad y de gobernabilidad.
Por ello, es imperativo iniciar un proceso de refundación del país, de sus normas, de sus instituciones, de nuevas reglas democráticas que permitan una participación real y directa del pueblo en las decisiones jurídico-políticas y en los resultados medidos tanto en términos directamente económicos y sociales, como en reconocimiento de derechos y libertades.
Dicho balance nos muestra que algunas de las reformas en materia económica y jurídica realizadas sólo han servido para profundizar la violencia, la desigualdad y la exclusión; la economía construida durante estos años sólo ha significado la consolidación de un modelo que ha privilegiado los intereses de una elite, ha destruido el papel del Estado como factor de cohesión social, ha afectado la soberanía nacional, ha profundizado la desigualdad social y ha deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de los hondureños y hondureñas.
Las instituciones públicas se han convertido en pesadas cargas burocráticas caracterizadas por su ineficacia y su ineficiencia casi generalizada para cumplir con sus funciones constitucionales; los permanentes y frecuentes escándalos de corrupción económica y política han estado a la orden del día; el sistema judicial se ha mantenido al servicio de los sectores que detentan el poder económico y político; y se ha mantenido una sistemática violación de los derechos humanos de amplios sectores de la sociedad.
El golpe de Estado cívico-militar ha venido a profundizar la grave crisis estructural que venimos arrastrando por décadas; también ha desnudado que pese a que la Constitución de 1982 prevé los mecanismos mínimos para promover el Estado de derecho, la clase política hondureña sólo ha gobernado en función de sus propios intereses y ha mostrado su total incapacidad, desprecio y negligencia para responder a los intereses de las grandes mayorías.
Esta crisis multidimensional que afecta el ámbito político, social, ético, económico y cultural del país, es un claro síntoma del agotamiento del sistema actual y de su crisis de legitimidad y de gobernabilidad.
Por ello, es imperativo iniciar un proceso de refundación del país, de sus normas, de sus instituciones, de nuevas reglas democráticas que permitan una participación real y directa del pueblo en las decisiones jurídico-políticas y en los resultados medidos tanto en términos directamente económicos y sociales, como en reconocimiento de derechos y libertades.
Refundación institucional
Los sectores que apoyan el golpe de Estado cívico-militar están apostando todo a las elecciones generales a pesar de que serán celebradas en un clima de violencia, de represión policial y militar, de falta de oportunidades de debate y difusión de las ideas y programas políticos, y de limitaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.
Con estas condiciones, es evidente que tales elecciones no gozan de la legitimidad necesaria para que sean consideradas libres y justas por gran parte de la ciudadanía, y para que sus resultados sean reconocidos por una gran mayoría de Estados en el concierto internacional.
Aún así, los sectores golpistas están acostumbrados a que el pueblo hondureño olvidé rápidamente y por eso creen que las elecciones, como por arte de magia, harán olvidar los asesinatos, las torturas, las detenciones ilegales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto durante más de 4 meses.
Sin embargo, los que apoyan el golpe de Estado olvidan que durante este tiempo de resistencia democrática una gran parte de la población ha adquirido importantes niveles de conciencia política que ha comenzado a sentar las bases para la refundación del Estado y sus instituciones.
Por ello, es imperativo que los movimientos sociales y populares comprometidos con los valores democráticos intensifiquemos nuestro proceso de formación política que nos permita fortalecer nuestras herramientas de lucha pacífica por la democracia, por el Estado de derecho y por el respeto de los derechos humanos, que son los tres pilares fundamentales de toda sociedad que se precie justa y libre.
El nuevo gobierno, aunque ilegítimo, no sólo tendrá que enfrentarse a un importante aislamiento de la comunidad internacional, sino también a un pueblo exigiendo la verdad de lo sucedido desde el 28 de junio; el castigo de los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto; y la purificación de las instituciones estatales mediante la creación de una nueva institucionalidad en donde la persona y su dignidad realmente sea el fin supremo a perseguir.
Con estas condiciones, es evidente que tales elecciones no gozan de la legitimidad necesaria para que sean consideradas libres y justas por gran parte de la ciudadanía, y para que sus resultados sean reconocidos por una gran mayoría de Estados en el concierto internacional.
Aún así, los sectores golpistas están acostumbrados a que el pueblo hondureño olvidé rápidamente y por eso creen que las elecciones, como por arte de magia, harán olvidar los asesinatos, las torturas, las detenciones ilegales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto durante más de 4 meses.
Sin embargo, los que apoyan el golpe de Estado olvidan que durante este tiempo de resistencia democrática una gran parte de la población ha adquirido importantes niveles de conciencia política que ha comenzado a sentar las bases para la refundación del Estado y sus instituciones.
Por ello, es imperativo que los movimientos sociales y populares comprometidos con los valores democráticos intensifiquemos nuestro proceso de formación política que nos permita fortalecer nuestras herramientas de lucha pacífica por la democracia, por el Estado de derecho y por el respeto de los derechos humanos, que son los tres pilares fundamentales de toda sociedad que se precie justa y libre.
El nuevo gobierno, aunque ilegítimo, no sólo tendrá que enfrentarse a un importante aislamiento de la comunidad internacional, sino también a un pueblo exigiendo la verdad de lo sucedido desde el 28 de junio; el castigo de los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto; y la purificación de las instituciones estatales mediante la creación de una nueva institucionalidad en donde la persona y su dignidad realmente sea el fin supremo a perseguir.
¿Elecciones libres bajo un gobierno de facto?
Todos los sectores que apoyan el golpe de Estado han iniciado una campaña sistemática para hacernos creer que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre son la salida a la crisis que ellos mismos han provocado con el golpe de Estado. Tratan de convencernos que serán unas elecciones libres y justas, y que a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno la crisis actual será un asunto del pasado.
Sin embargo, hablar de elecciones democráticas bajo un gobierno de facto es ignorar que para ello es imperativo la existencia de unas condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos y un régimen de libertades públicas que asegure permanentemente las libertades de pensamiento, de información, de expresión, de organización, de petición, de manifestación pacífica, etc., como elementos esenciales de la democracia participativa.
Los informes de las distintas misiones internacionales de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las organizaciones nacionales son contundentes al ratificar que en Honduras se están produciendo violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de la población; a su vez, el máximo organismo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por esta situación y ha condenado tales violaciones, y en este sentido, ha enviado al país una misión internacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para elaborar un informe al respecto.
Por tanto, estas elecciones promovidas por el gobierno de facto no reúnen uno de los requisitos fundamentales para que puedan ser catalogadas libres y justas, es decir, no se están respetando ni garantizando los derechos humanos de la población, y en este punto la comunidad internacional ha sido categórica: el gobierno que salga de estas elecciones no será reconocido. Así las cosas, el empecinamiento de llevar a cabo el proceso electoral sin el retorno a la constitucionalidad sólo profundizará la crisis que nos está llevando al abismo de un futuro incierto.
Sin embargo, hablar de elecciones democráticas bajo un gobierno de facto es ignorar que para ello es imperativo la existencia de unas condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos y un régimen de libertades públicas que asegure permanentemente las libertades de pensamiento, de información, de expresión, de organización, de petición, de manifestación pacífica, etc., como elementos esenciales de la democracia participativa.
Los informes de las distintas misiones internacionales de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las organizaciones nacionales son contundentes al ratificar que en Honduras se están produciendo violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de la población; a su vez, el máximo organismo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por esta situación y ha condenado tales violaciones, y en este sentido, ha enviado al país una misión internacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para elaborar un informe al respecto.
Por tanto, estas elecciones promovidas por el gobierno de facto no reúnen uno de los requisitos fundamentales para que puedan ser catalogadas libres y justas, es decir, no se están respetando ni garantizando los derechos humanos de la población, y en este punto la comunidad internacional ha sido categórica: el gobierno que salga de estas elecciones no será reconocido. Así las cosas, el empecinamiento de llevar a cabo el proceso electoral sin el retorno a la constitucionalidad sólo profundizará la crisis que nos está llevando al abismo de un futuro incierto.
Comisión de la Verdad
El 30 de octubre pasado se firmó el acuerdo que en teoría marca el inicio para poner fin a la crisis política desatada por el golpe de Estado cívico-militar. Este acuerdo consta de 12 puntos, uno de los cuales está relacionado con la creación de una Comisión de la Verdad, que deberá conformarse el primer semestre de 2010 y tendrá como objetivo “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009” e identificar “los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.
Una Comisión de la Verdad no es un cuerpo judicial ni sustituye los juicios penales. Es una entidad temporal que investiga patrones de abusos y violaciones de derechos humanos en un período de tiempo, en este caso, antes y después del 28 de junio.
Es temporal e independiente, y al dedicar su misión exclusivamente a establecer la verdad de lo que ha ocurrido, se convierte en un instrumento fundamental para la reconciliación nacional, puesto que establece los datos objetivos para que el sistema de justicia sancione debidamente a los autores intelectuales y materiales de los graves delitos cometidos en el marco del golpe de Estado.
Ante situaciones dramáticas, conocer la verdad es uno de los derechos primordiales de la sociedad, puesto que así toda la gente tiene acceso a la información sobre las violaciones a los derechos humanos y sobre sus autores, aunque los mismos estén encaramados en las más altas esferas del poder político, militar y económico.
Y conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas es, además, un derecho particular de los familiares de las víctimas, y es una lucha contra una impunidad que no solamente se expresa en la sanción a los responsables y en el resarcimiento a las víctimas y sus familiares, sino que ha de establecer un precedente para evitar a toda costa la repetición de las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión de la Verdad es, al final de cuentas, una oportunidad para luchar contra la impunidad en todos sus niveles, y por ello, no es cualquier cosa ni puede quedar rezagada entre los acuerdos.
Ha de ser una formidable ocasión para que todos los sectores de la sociedad que han sido golpeados por el golpe y que sienten dolor de patria, se hagan un solo racimo para que brote la verdad y se rompa para siempre el silencio en el que se ocultan los eternos violadores de las leyes y de los derechos humanos de nuestro país, merecedor de una suerte nueva.
Una Comisión de la Verdad no es un cuerpo judicial ni sustituye los juicios penales. Es una entidad temporal que investiga patrones de abusos y violaciones de derechos humanos en un período de tiempo, en este caso, antes y después del 28 de junio.
Es temporal e independiente, y al dedicar su misión exclusivamente a establecer la verdad de lo que ha ocurrido, se convierte en un instrumento fundamental para la reconciliación nacional, puesto que establece los datos objetivos para que el sistema de justicia sancione debidamente a los autores intelectuales y materiales de los graves delitos cometidos en el marco del golpe de Estado.
Ante situaciones dramáticas, conocer la verdad es uno de los derechos primordiales de la sociedad, puesto que así toda la gente tiene acceso a la información sobre las violaciones a los derechos humanos y sobre sus autores, aunque los mismos estén encaramados en las más altas esferas del poder político, militar y económico.
Y conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas es, además, un derecho particular de los familiares de las víctimas, y es una lucha contra una impunidad que no solamente se expresa en la sanción a los responsables y en el resarcimiento a las víctimas y sus familiares, sino que ha de establecer un precedente para evitar a toda costa la repetición de las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión de la Verdad es, al final de cuentas, una oportunidad para luchar contra la impunidad en todos sus niveles, y por ello, no es cualquier cosa ni puede quedar rezagada entre los acuerdos.
Ha de ser una formidable ocasión para que todos los sectores de la sociedad que han sido golpeados por el golpe y que sienten dolor de patria, se hagan un solo racimo para que brote la verdad y se rompa para siempre el silencio en el que se ocultan los eternos violadores de las leyes y de los derechos humanos de nuestro país, merecedor de una suerte nueva.
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