Refundación institucional

Los sectores que apoyan el golpe de Estado cívico-militar están apostando todo a las elecciones generales a pesar de que serán celebradas en un clima de violencia, de represión policial y militar, de falta de oportunidades de debate y difusión de las ideas y programas políticos, y de limitaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.

Con estas condiciones, es evidente que tales elecciones no gozan de la legitimidad necesaria para que sean consideradas libres y justas por gran parte de la ciudadanía, y para que sus resultados sean reconocidos por una gran mayoría de Estados en el concierto internacional.

Aún así, los sectores golpistas están acostumbrados a que el pueblo hondureño olvidé rápidamente y por eso creen que las elecciones, como por arte de magia, harán olvidar los asesinatos, las torturas, las detenciones ilegales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto durante más de 4 meses.

Sin embargo, los que apoyan el golpe de Estado olvidan que durante este tiempo de resistencia democrática una gran parte de la población ha adquirido importantes niveles de conciencia política que ha comenzado a sentar las bases para la refundación del Estado y sus instituciones.

Por ello, es imperativo que los movimientos sociales y populares comprometidos con los valores democráticos intensifiquemos nuestro proceso de formación política que nos permita fortalecer nuestras herramientas de lucha pacífica por la democracia, por el Estado de derecho y por el respeto de los derechos humanos, que son los tres pilares fundamentales de toda sociedad que se precie justa y libre.

El nuevo gobierno, aunque ilegítimo, no sólo tendrá que enfrentarse a un importante aislamiento de la comunidad internacional, sino también a un pueblo exigiendo la verdad de lo sucedido desde el 28 de junio; el castigo de los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto; y la purificación de las instituciones estatales mediante la creación de una nueva institucionalidad en donde la persona y su dignidad realmente sea el fin supremo a perseguir.