“¿Cuánta más violencia soportará Honduras?”

En un excelente reportaje realizado para Radio Nederland, el periodista Manuel Torres Calderón señala que Honduras cierra el 2011 como “el año más violento de su historia, con sicarios adolescentes sembrando de muerte una sociedad que la CEPAL caracteriza como la de mayor crecimiento de la pobreza y las desigualdades en América Latina”.

Frente a este panorama desolador de muerte y exclusión social, con él nos preguntamos “¿cuánta violencia común y política soportará Honduras o cabe todavía hundirse más?” en el 2012.

¿Acaso seguiremos soportando la violencia policial y militar que desde los años 80, pasando por el golpe de Estado y hasta hoy sigue reprimiendo las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño a punta de fusil, torturas, detenciones ilegales, ejecuciones arbitrarias y extorsiones.

¿Acaso seguiremos soportando la impunidad de los verdugos que pese a tener sus manos manchadas de sangre son condecorados, ascendidos, declarados héroes nacionales y lanzados como precandidatos presidenciales en abierto desprecio por la dignidad de las víctimas?

¿Acaso seguiremos soportando el discurso de los voceros de los poderes políticos, militares, religiosos, económicos y culturales cuyo cinismo e hipocresía es tan violenta como las propias causas que mantienen a un alto porcentaje de la población en las garras de la exclusión total y de la vida indigna?

Desafortunadamente, hasta el momento se ven más sombras que luces para el 2012 y si no iniciamos urgentemente un verdadero diálogo nacional sobre las bases de acuerdos básicos que nos convoquen, el país seguirá desangrándose en el altar de la violencia, de la depredación de los bienes naturales, de la corrupción, de la impunidad y de la migración forzada.

Periodista es agredido e intimidado por elementos de la Policía Nacional

Alertas C-Libre
25 de diciembre de 2011

Tegucigalpa, Honduras (C-Libre). El pasado 23 de diciembre alrededor de las 9:35 de la noche, cuando el periodista Leonel Espinoza se conducía en su vehículo, marca Honda Civic, color gris, sin placas, a la altura de la colonia San José de la Peña, en el extremo sur de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, fue víctima de arresto, agresión e intimidación por parte de elementos de la Policía Nacional.

El también catedrático universitario y corresponsal de la Cadena NTN-21 de Bogotá Colombia, relató que cuando se dirigía a recoger unos nacatamales (comida típica hondureña) a la casa de su madre, fue interceptado por dos policías que se conducían en una motocicleta que le hicieron señal de parada en un lugar oscuro y desolado.

En entrevista con C-libre el periodista dijo: “sinceramente el escenario me pareció muy inseguro y confuso, por eso decidí continuar y tratar de llegar a un lugar que estuviese iluminado, pero los motorizados me detuvieron a punta de pistola y una vez que me detuve inicio mi pesadilla”, relató Espinoza.

“De manera violenta me obligaron a bajarme de mi automóvil, yo creí que me iban a matar, por eso tuve que salir corriendo y gritar”.

“Ayúdenme soy periodista me quieren matar no permitan que me lleven le suplique a una señora y le tire mi teléfono celular para que llamara al Secretario de Seguridad y a Héctor Iván Mejía (Portavoz Policial), lamentablemente nunca respondieron sus teléfonos, pero así fue como logre el apoyo de la gente y eso fue definitivamente lo que me salvo mi vida”, explicó el comunicador.

“Me esposaron, (colocar aros de presión en ambas muñecas de las manos), hasta llegar a lastimarme mis muñecas, me quitaron mis tenis, con total abuso de autoridad me humillaron públicamente y nunca se retractaron por su accionar, yo espere una disculpa pero ni siquiera me dieron un argumento coherente del porque me trataron de manera tan degradante, porque a la gente que se aglutinó le dijeron que me detuvieron porque mi carro anda sin placas, pero eso tiene una explicación; tengo el permiso de la Dirección General de Ingresos (DGI) que vence en enero del 2012.

“Finamente a eso de las 10:40 de la noche me quitaron las esposas y sin mediar palabra se marcharon, indicó Espinoza.

La represión a los periodistas es política del gobierno

“Desde el mismo Gobierno Central hay una política de represión para los periodistas, veamos los recientes casos de represión a la libertad de expresión hacia medios de comunicación y hacia periodistas, yo públicamente responsabilizó a la policía por cualquier cosa que me llegase a suceder a mí y a mis familiares”, denunció Espinoza.

EL periodista confesó que para sobrevivir, siguió su propio instinto, así mismo dijo que también obedeció las indicaciones que los mismos voceros de la Policía Nacional han establecido, “siempre se nos ha dicho que nos detengamos cuando hay un reten policial y nos hagan señal de parada, pero que estén debidamente identificados, y ese no fue el caso de mi detención arbitraria”.

“Yo como persona, que vive la realidad en el tema de la violencia y la inseguridad de Honduras, no me podía arriesgar a que me mataran”, aseguro Espinoza.

Por miedo a la Policía Nacional, solicita seguridad en la Embajada Norteamericana

Ante la gravedad del caso, el comunicador nos informó que recurrió a la Embajada de los Estados Unidos de América a solicitar protección.

“temo por mi vida y por la de mis familiares, como corresponsal no tengo la culpa, que lo que tenga que informar es mas lo malo que pasa en nuestro país, que lo bueno”, dijo en tono nervioso, el comunicador.

Después de este hecho lesivo a los derechos humanos, Espinoza también interpuso la denuncia ante el Fiscal de turno y la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), pero ante los daños físicos y psicológicos sufridos, también se realizó un examen médico forense para dejar constancia de la brutalidad policial.

Otras agresiones

El 10 de agosto de 2011, el periodista Leonel Espinoza fue despojado de su vehículo por policías motorizados; “cuando regresaba de impartir clases en la Universidad Católica, justamente cuando estaba esperando en un semáforo, unos motorizados me exigieron que me bajara del vehículo, porque en mi carro supuestamente unas horas atrás se había perpetrado un asesinato”.

Una vez fuera del carro me registraron y me quitaron las llaves y cuando me estaban sacando mi billetera, salí corriendo, así fue como se llevaron mi vehículo el cual a la fecha no se he recuperado pese ha haber interpuesto la denuncia correspondiente ante Delitos Comunes, DGIC e INTERPOL”, aclaró, Espinoza.

El comunicador relató que: “yo decidí desistir de recuperar mi automóvil porque una persona dentro de la policía me dijo que mi carro se lo había robado una banda de policías que operaba desde la posta policial de la Granja”.

Como se recordara a los estudiantes universitarios Rafael Castellanos y su amigo Carlos Pineda, el primero hijo de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, los asesinaron policías que estaban asignados a la posta policial ubicada en el barrio La Granja de la ciudad capital.

“Por esas razones y con los antecedentes que yo conocía, meses antes de estos asesinatos, es que reacciono de esta manera e hice lo que tenía que hacer el pasado jueves 22 de diciembre, para salvar mi vida”. Concluyó Leonel Espinoza.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Libro "La exigiblidad de los DESC en el ámbito convencional de la ONU"

Título: La exigiblidad de los DESC en el ámbito convencional de la ONU
Autor: Joaquín A. Mejía R.
Editorial: Casa San Ignacio
Año: 2011

La adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) representa uno de los logros más importantes en la protección de los derechos humanos en los últimos años. Además, es uno de los instrumentos internacionales más esperados, pues tuvieron que pasar dos largas décadas para su aprobación final.

Sin embargo, el reto apenas comienza; su difusión, conocimiento y aplicación por parte de la sociedad civil y los Estados, son algunos de los desafíos más importantes a enfrentar. Es por ello que este libro tiene, además del mérito de ser un aporte sustantivo, el de ser oportuno.

Como afirma Francisco Quintana García en el Prólogo, "podemos concluir que se trata de un gran aporte a la bibliografía jurídica del derecho internacional de los derechos humanos, que deberá ser de consulta obligada para expertos y estudiosos en la materia, no sólo por la profundidad de su contenido, sino también por la forma sencilla y clara de su redacción".

Ante un Estado fallido, un nuevo Pacto Social

Un Estado de derecho se caracteriza por el sometimiento de todos y todas al imperio de la ley, por la independencia de poderes, por el control de la legalidad por parte de un poder judicial independiente e imparcial, y por el respeto y garantía de los derechos humanos.

El extremo contrario del Estado de derecho es el Estado fallido, es decir, el Estado parcial e impotente, el Estado que ha fracasado al dejar de cumplir sus funciones fundamentales como la seguridad humana, la cohesión social, la garantía de los derechos humanos, etc.

El Estado fallido, como el que tenemos en Honduras, ha dejado de ser de todos, ha perdido su condición de organización soberana sobre todos los demás intereses, no para que uno solo decida, sino para que todos convivamos en paz, respeto y libertad.

Aunque en sentido estricto Honduras nunca ha sido un auténtico Estado de Derecho, con el golpe de Estado se aceleró el proceso de degeneración a un Estado fallido que ya no tiene la voluntad ni la capacidad para garantizar las condiciones mínimas de dignidad humana.

Este fracaso del Estado hondureño se refleja en la ejecución arbitraria de 7,041 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años desde 1998; en la violencia generalizada que coloca al país con la tasa de homicidios más alta del mundo, con 82 por cada 100,000 habitantes; en amplias zonas del territorio nacional que escapan del control del Estado y que son santuarios del narco-delito y del crimen organizado.

También se refleja en la impunidad que sonríe por igual al que le tira la basura al vecino que al sicario, policía o militar que tortura y asesina a sangre fría; en una manera de hacer política que premia a los corruptos y excluye a los honestos; en una administración pública convertida en patrimonio privado de los sectores poderosos; y en una ciudadanía de baja intensidad sometida violentamente al miedo y la miseria.

Sin duda alguna, cuando ha fallado el Estado al que le otorgamos la responsabilidad de protegernos y de garantizar nuestra dignidad, es imperativo un nuevo pacto social que promueva la creación de una nueva institucionalidad, de una nueva estructura organizativa política, económica, social y cultural que coloque a la persona humana como el verdadero fin a perseguir por la sociedad y el Estado.

Guardia de “Honor” Presidencial y Policía Nacional reprimen protesta de periodistas

Alertas C-Libre
13 de diciembre de 2011

Tegucigalpa, Honduras (C-Libre). Más de 50 periodistas, la mayoría mujeres, que protestaban pacíficamente para reclamar justicia por el asesinato de 24 periodistas desde el año 2003 y las constantes violaciones a la libertad de expresión en Honduras, fueron reprimidas, el 13 de diciembre, con toletes y bombas lacrimógenas, lanzadas por elementos de la Guardia de “Honor” Presidencial y Agentes Policiales que custodian la Casa de Gobierno.

Ante la ola de violencia que azota al gremio periodístico, las mujeres periodistas agrupadas en el colectivo Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión, decidieron convocar una caminata pacifica a favor de la paz; misma que inicio a partir de las 9:30 am desde la Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPFM) con rumbo a la Casa Presidencial.

Las y los comunicadores se encontraron una Casa Presidencial rodeada con vallas y resguardada por militares y policías, que sin mediar palabra los agredieron con sus toletes, para posteriormente lanzar de manera consecutiva tres bombas lacrimógenas.

Los distintos medios de comunicación que daban cobertura a la protesta registraron con imágenes el momento en que los militares y policías agredían a la prensa libre y de oposición que exigían cárcel para los asesinos de periodistas.

Después de sufrir estas agresiones los/as manifestantes se acostaron en el suelo en señal de indefensión para con el régimen e de igual manera condenaron la violencia con la que se les recibía en Casa presidencial.

Sobre un ataúd, que representaba la muerte, las y los periodistas colocaron los restos de las bombas lacrimógenas lanzadas en su contra y desde su posición inmóvil demandaron un alto al asesinato de comunicadores, así como el respeto a la libertad de expresión.

Dentro de las agresiones se registran severos golpes a defensores de la libertad de expresión en Honduras que acompañaron este acto contestatario.

El contenido de la Protesta

En un comunicado las y los periodistas establecen que “la censura, la manipulación de la información, el hostigamiento laboral, la interferencia y el cierre de medios de comunicación, particularmente alternativos, han sido situaciones que concentran la historia instrumentalizada de los medios de comunicación en Honduras por parte de los grupos de poder”, sin embargo, aseguran, “que los asesinatos, todos a manos de sicarios, se convierten en el desafío más grande que enfrentamos ahora, no solo las y los periodistas sino todas y todos los hondureños que alzan su voz de protesta ante un Estado cuyos gobiernos pasados y el presente lo han vuelto Fallido”.

En el comunicado que era repartido durante la trayectoria hacia la Casa de Gobierno, los periodistas expresaron que “tenemos temor, por eso salimos a las calles, pero el temor no frena el deseo y las fuerzas de luchar por un país libre, en donde no tengamos que informar sobre asesinatos, de mujeres niños, ancianos, hombres lesbianas y gays”.

Por otra parte explicaron que el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos, recrudece los femicidios en el país y es una escalada más en contra de la libertad de expresión y el derecho a la vida.

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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.

Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico alertas@clibrehonduras.com, para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite www.clibrehonduras.com
COMITE POR LA LIBRE EXPRESION
Colonia Palmira, Primera Calle, contiguo al Centro Cultural de España, 25 mts al norte del Redondel de los Artesanos, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Telefax. (504) 2237-9966
Alertas (504) 3229-6242

Más medidas, menos derechos

Indudablemente el golpe de Estado aceleró el proceso de conversión del Estado en un Estado militar que ve en la ciudadanía un enemigo que hay que controlar, vigilar, silenciar y violentar a través de la reducción de sus derechos y garantías.

Primero fue la reforma constitucional del plazo de detención que pasó de 24 a 48 horas, con sus graves implicaciones para la vida y la integridad física y psíquica de las personas que durante dos días podrán estar en manos de la Policía que está involucrada en los crímenes más terribles.

Luego fue la reforma del artículo 92 constitucional que permite que un simple informe policial que contenga la declaración del detenido sea suficiente para que un juez decrete su procesamiento.

Luego vino la reforma constitucional que de manera ilegítima e ilegal les otorga a los militares las facultades de patrullar, capturar sospechosos, realizar allanamientos y controlar el tránsito.

Ahora nos sorprenden con la aprobación de Ley de Escuchas Telefónicas mediante la cual se autoriza la intervención de cartas, mensajes y llamadas telefónicas, recibos de servicios públicos, tarjetas de crédito, entre otros, violando de esta manera el derecho constitucional a la privacidad.

Todas estas reformas violentan el principio constitucional e internacional de progresividad que obliga a Honduras a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

A pesar de que el artículo 64 constitucional prohíbe la aplicación de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías, si los disminuyen, restringen o tergiversan, el Congreso Nacional capitaneado por Juan Orlando Hernández y el ejecutivo al mando de Lobo Sosa, demuestran una vez más su desprecio por los principios democráticos, la dignidad humana y los altos valores que representan los derechos humanos.

El guión del golpe de Estado sigue cumpliéndose a la perfección

Cada día los hechos demuestran que el golpe de Estado en Honduras ha sido todo un éxito. Pese a que continúan las amenazas, hostigamientos, asesinatos políticos, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos, los dinamismos del golpe de Estado se fortalecen con el paso del tiempo.

Y hasta el momento, no hay ninguna persona responsable sancionado por ello, provocando una impunidad que tiene un efecto devastador para la realización del Estado de derecho y la democracia, ya que fomenta la vulnerabilidad de las personas al generar la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin recibir castigo y se envía a toda la sociedad un mensaje intimidatorio que causa temor generalizado, y desanima y silencia las denuncias, reclamos y reivindicaciones legítimas.

El guión trazado desde el rompimiento del orden constitucional se está cumpliendo a raja tabla. Primero, se dio el golpe de Estado y los militares fueron presentados como los salvadores de la democracia.

Segundo, los militares y policías fueron declarados héroes nacionales y premiados con ascensos importantes por los servicios prestados; tercero, fueron absueltos por la “casa de la justicia” en palabras del poeta Sosa o amnistiados por obra y gracia de un decreto del régimen de Lobo Sosa.

Cuarto, Lobo Sosa le entregó a los militares instituciones civiles estratégicas que se les habían quitado en el proceso de desmilitarización de la sociedad a mediados de los años 90; quinto, los militares se presentan como civiles reciclados para participar en la contienda electoral, pese a la ilegalidad e ilegitimidad de sus candidaturas.

Sexto, a los militares se les entrega la seguridad pública y se les declara garantes de la seguridad ciudadana y los baluartes de la lucha contra el crimen y la violencia.

El éxito del guión traspasa nuestras fronteras nacionales y además del reconocimiento del régimen por la comunidad internacional con su reintegro a la Organización de Estados Americanos, Lobo Sosa se funde en un abrazo con Hugo Chávez en el marco de la CELAC, quien ya no lo llama golpista y títere de los militares, sino “presidente Lobo”.

Comunicado de la misión de observación de la Red Iberoamericana de Jueces en Honduras

Después de cuatro días en el país, entrevistando a diferentes actores de la sociedad civil, integrantes del poder ejecutivo y poder judicial, los comisionados informantes comunican al pueblo hondureño y a la comunidad internacional el siguiente resultado preliminar de su informe:

1.- Los comisionados REDIJ ven con preocupación la falta de acceso a la justicia del pueblo hondureño en todas sus instancias, lo cual se expresa en la falta de investigación, seguimiento y castigo de hechos de extrema gravedad, acentuando y generando inseguridad, provocada por estos hechos, que en los que están denunciados como posibles autores personas que integran el régimen o un sector de él.

Se ha podido constatar la falta de garantías individuales mínimas de los ciudadanos y cientos de casos de violaciones de estas garantías, por hechos de lesa humanidad, consistentes en asesinatos a sangre fría y desaparición forzada de personas, sin respuesta alguna de parte del sistema de justicia ni político.

2 .- Que encontrándonos en el día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, los comisionados REDIJ expresamos nuestra indignación por la abrumadora cantidad de feminicidios en Honduras y la circunstancia de que no se observa una voluntad clara del Estado en prevenir, investigar y sancionar debidamente estos inaceptables crímenes.

3.- La falta de independencia del poder judicial, se manifiesta no solo en lo antes dicho, sino en la cantidad de jueces y juezas que han denunciado ante las autoridades amenazas y persecuciones, no respondiendo el estado a su protección debida que asegure su independencia.

4.- Los comisionados firmantes llaman la atención por la ley aprobada que crea las llamadas “ciudades modelos”, pues aparece como una flagrante violación a los derecho de los pueblos de Honduras a su territorio y externamos nuestra preocupación porque este proyecto se orienta a proteger a grupos de poder económico, no observándose ninguna ventaja cierta que beneficie a la mayoría de hondureños y hondureñas pobres que buscan y claman por justicia.

5.- Los comisionados abajo firmantes llaman al estado hondureño a asegurar la seguridad y vida de los campesinos del Bajo Aguán y a propiciar las condiciones necesarias para llegar a acuerdos que aseguren los derechos de los campesinos y la seguridad alimentaria de la región.

6.- Frente a la grave crisis de seguridad actual en Honduras, los comisionados informantes solicitan respetuosamente al estado hondureño la refundación de las instancias de justicia en el país, que asegure el acceso a ésta por parte de todos los hondureños y hondureñas. Puesto que dichas instituciones no están cumpliendo adecuadamente sus deberes constitucionales y especialmente la policía debe ser rediseñada y refundada bajo criterios democráticos y cercanos a la comunidad hondureña, depurando sus mandos técnicos y políticos.

7.- Los comisionados REDIJ expresan su satisfacción por haberse dejado sin efecto la prisión domiciliaria del Dr. Enrique Flores Lanza y llaman al estado hondureño para que garantice el cumplimiento del acuerdo de Cartagena y un debido proceso con plenas garantías para el Dr. Flores Lanza.

8.- Los comisionados señalan que uno de los motivos principales de la visita a Honduras es la situación de los despidos de los 4 jueces, despido sin garantías legales, y fundamentada solamente en razones de carácter político. Por eso conforme al mandato del Consejo de la REDIJ, llamamos al estado hondureño para que efectúe los esfuerzos necesarios para alcanzar una solución amistosa en el caso de los cuatro jueces, produciendo su reintegro inmediato sus cargos, bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La solución positiva de este delicado asunto es observada por la comunidad internacional en el marco del proceso de reconciliación y transición a la democracia de Honduras.

“Decíme cuánto respetás los derechos humanos y te diré qué tipo de Estado sos”

En 1651, Thomas Hobbes escribió el Leviatán, una de las primeras obras que aborda el tema sobre la naturaleza humana y el origen del Estado como producto de un pacto entre todas las personas para evitar la “guerra de todos contra todos”.

En el marco de este pacto, los derechos humanos constituyen la razón de ser del Estado dado que su falta o abusiva limitación impide su existencia y favorece la implantación de un sistema político absolutista, arbitrario o totalitario.

Retomando la metáfora de Hobbes, ante el hecho de que el “hombre es lobo del hombre”, la “persona artificial” que es el Estado ha sido establecida para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, en el contexto del golpe de Estado, el Estado hondureño terminó convirtiéndose en un “lobo artificial” más cruel y peligroso para los derechos humanos.

Las consecuentes violaciones a los derechos humanos y la impunidad que se ha institucionalizado de manera crónica, representan la amenaza más grave para la vida y la seguridad de los hondureños y hondureñas. Y gracias a dicha impunidad sobrevivimos en un escenario de violencia en donde el Estado de Honduras se ha convertido en un verdadero Leviatán temible e incontrolable que devora el fundamento mismo de su propia legitimidad, es decir, el respeto absoluto a los derechos humanos.

Por ello, mientras continúen intactos los dinamismos del golpe de Estado, seguirán las instituciones públicas estratégicas bajo el control de quienes lo ejecutaron, se profundizará la remilitarización de la sociedad, se continuarán adoptando leyes y celebrando juicios que sólo benefician a los violadores de derechos humanos, seguiremos observando con impotencia la premiación de los militares golpistas y la represión policial y militar contra cualquier expresión de disenso.

Ante un Estado autoritario y violento como el hondureño, se que requiere de una ciudadanía comprometida con los valores democráticos para impulsar las transformaciones que sólo pueden realizarse en el marco de un nuevo pacto social.