La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó su período de
sesiones número 153, en el marco del cual realizará audiencias entre el 27 de
octubre al 7 de noviembre sobre diferentes situaciones relativas a derechos
humanos en la región.
Sobre
Honduras se celebrarán 3 audiencias específicas y varias reuniones de trabajo
privadas. Entre las audiencias se encuentra la solicitada por la Coordinadora
de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus
Derechos (COIPRODEN) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), relativa la situación de derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes en el Bajo Aguán.
La
segunda audiencia fue solicitada por el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH) sobre el caso de Ángel Pacheco León, quien
había ganado el primer lugar en las elecciones primarias del Partido Nacional
realizadas en el Departamento del Valle y era candidato a diputado para al
Congreso Nacional en las elecciones que se realizarían el 25 de noviembre de
2001.
Las
altas autoridades de ese partido le pidieron a Pacheco que renunciara a su
candidatura, a lo que él no aceptó. A partir de ahí comenzó a recibir amenazas
a muerte que se concretaron el 23 de noviembre de 2001. Hasta el momento, las
autoridades de Honduras no han realizado una investigación seria y diligente
para determinar la responsabilidad de su asesinato.
La
tercera audiencia fue solicitada por la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
y CEJIL, y está relacionada con la situación de los derechos económicos,
sociales y culturales de las mujeres.
A
su vez, se realizarán varias reuniones de trabajo con la CIDH, entre las que
destacan, la relativa a la situación de violencia, amenazas y coacciones que
viven las comunidades del Nueva Esperanza en Atlántida por oponerse a
actividades mineras ilegales; la relacionada con la inefectividad de las
medidas de protección a favor del personal de Radio Progreso.
Y
la relativa a la violencia contra los pobladores de la colonia Cerrito Lindo en
San Pedro Sula, quienes son víctimas de asesinatos, amenazas, coacciones y
desplazamientos debido a un conflicto de tierras que el Estado es incapaz y no
tiene voluntad de resolver.
Esperamos que colocar al Estado de Honduras en la
palestra pública como violador de derechos humanos presione para que se adopten
medidas efectivas que permitan revertir las situaciones que generan este tipo
de violaciones a los derechos de la gente.
