PRONUNCIAMIENTO

Las organizaciones que integramos la COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD, ante los intentos de parte del sector fundamentalista religioso del país, a la opinión pública nacional e internacional, expresamos lo siguiente:

PRIMERO: Que en fecha 21 de Febrero del 2013, según decreto 144-83 el Congreso Nacional de la República de Honduras, aprobó una reforma al Código Penal, donde tipifica el delito de discriminación en sus artículos 321 y 321 A, que literalmente expresa: “ será sancionado con reclusión de tres a cinco años y multa de cuatro a siete salarios mínimos a la persona que arbitrariamente o ilegalmente obstruya, restrinja, disminuya o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o deniegue la prestación de un servicio profesional por motivos de sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, idioma, lengua, nacionalidad, religión, filiación familiar, condición económica o social, capacidades diferentes o incapacidad, condiciones de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de la víctima. […]”

SEGUNDO: En los últimos días dicho artículo ha sido objeto de críticas de parte de la Confraternidad de Iglesias Evángelicas de Honduras en particular del líder religioso Evelio Reyes, y otros sectores fundamentalistas religiosos, argumentando que dicho artículo contraviene la libertad de culto, religión y expresión, ya que según estas personas atenta contra la libertad y las buenas costumbres. Y llaman a integrantes de sus iglesias a usar dichas libertades para discriminar a un sector específico de la sociedad. Consideramos estas acciones son reprochables, pues atentan contra las acciones de defensores y defensoras de derechos humanos de la diversidad sexual quienes incoaron acciones ante las autoridades competentes, sin perjuicio de las y los defensores de derechos humanos que puedan incoarlas,  por otros cualquiera de los motivos que expresa dicho artículo, manifestamos que respetamos la libertad de culto y libre ejercicio de las religiones, garantía individual garantizada por la Constitución,  y retomamos lo estipulado por el principio No. 21 de Yogyacarta, Indonesia 2006,  sobre “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos por ser correlativo a la orientación sexual e identidad de género” que literalmente enuncia: “Estos derechos de libertad de conciencia y de religión no pueden ser invocados para justificar leyes políticas o prácticas que nieguen el derecho a igual protección ante la ley o que discriminen por motivos de orientación sexual o identidad de género”.

TERCERO: Para reafirmar nuestra posición concordante con la normativa nacional e internacional vigente llamamos al Estado de Honduras a que se comprometa a “prevenir, eliminar, prohibir y sancionar de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de [la citada convención], todas las manifestaciones de discriminación e intolerancia […], tal y como se estipula en la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA, ratificada por el 43° Período ordinario de sesiones por el Estado de Honduras en Junio del año 2013 en el hermano país de Guatemala, y aseguren a quienes iniciaron acciones ante las autoridades competentes un debido proceso.

CUARTO: Instamos a la sociedad hondureña a defender el Artículo 321 porque abarca a todos y todas las personas, y por ser un  deber ineludible construir un Estado Laico donde prevalezcan las disposiciones que coadyuven a la armonía y a la posibilidad que las personas vivamos en igualdad de derechos y deberes, y progresivamente se consoliden los caminos que procuren que toda la ciudadanía esté protegida en contra del odio, repudio y discriminación por el  perfil o condición personal, que en la libertad de cada cual decida.

SEXTO: Aprovechamos para recalcar que las intenciones de reformar dicho artículo atenta contra la libertad de todas y todos los que aspiramos a vivir en libertad y en el ejercicio de nuestras necesidades y visiones personales del mundo, de las relaciones y de nuestra idiosincrasia.

Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.    

Rosa Luxemburgo

26 de Agosto de 2013

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris - Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas - Colectivo Unidad Color Rosa - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso - Feministas Universitarias - Foro de Mujeres por la Vida - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres “Ramón Amaya Amador” - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los Femicidios

Ni una muerte más

El golpe de Estado sigue mostrando a sangre y fuego sus terribles consecuencias para el pueblo hondureño en materia de medio ambiente y recursos naturales. Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti fue el otorgamiento de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos en proporciones intolerables para la vida y la salud de la población.

A partir de entonces se ha profundizado aceleradamente el deterioro de nuestros recursos a niveles alarmantes; así, lo que Honduras pierde de bosque equivale a 90 canchas de fútbol por día; para 2011 existían 119 concesiones en 6 departamentos del país, por lo que las concesiones de minería metálica cubrían el 31 por ciento del territorio nacional; y se derogaron leyes que prohibían los proyectos hidroeléctricos en las áreas protegidas del país.

En la actualidad nos encontramos con un marco jurídico y unas instituciones que en vez de apostar por la protección y salvaguarda de los recursos naturales que garantizan la supervivencia de pueblos y comunidades, están marcadas por un fuerte espíritu mercantil en la gestión de la tierra, el agua, los bosques, el aire, los recursos mineros, la vida silvestre y las garantías de propiedad sobre estos recursos.

Ante esta realidad, comunidades, organizaciones, líderes y lideresas sociales se han implicado como defensores y defensoras de derechos humanos ambientales en acciones de resistencia, denuncia y oposición al saqueo y la expoliación de los recursos naturales, y como consecuencia, han sido objeto de amenazas, secuestros, ataques violentos, persecución, criminalización y asesinatos.

Después del asesinato de Tomas García de Río Blanco y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, esta semana fueron asesinados los indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y  Ricardo Soto Fúnez, por realizar acciones de defensa de su territorio de la explotación ilegal de los recursos naturales que nos pertenecen a todos y todas.

Además de estos asesinatos, centenares de defensores ambientalistas corren serio peligro en Río Blanco, en las comunidades garífunas de Tela y Ceiba, en Locomapa, Yoro, en el sector de la Florida, Tela, en Zacate Grande y otras regiones del país donde las comunidades han decidido enfrentar a la muerte lenta que funcionarios y empresarios sin escrúpulos los han condenado con la desertificación, la contaminación y el envenenamiento de su tierra, de su agua, de su aire.

Si la sociedad hondureña no comprendemos que esta lucha por la defensa de los recursos naturales es una lucha de todos y todas por nuestra propia vida y de las futuras generaciones, en unos pocos años tendremos a este país verde y lleno de diversidad natural, convertido en un cementerio.

Soñar y hacer que otra Honduras sea posible

Honduras hace honor a su nombre. El país se encuentra en las honduras de la pobreza, de la miseria, de la violencia, de la migración forzada, de la desesperanza, de la desesperación, de la impotencia, de la falta de confianza en las instituciones y en las personas, del desprecio por la vida, de las desigualdades, de la corrupción y de la impunidad.

Pero toda la miseria a la que estamos condenados no es producto del orden natural de las cosas ni de designios divinos; es producto de una historia de saqueo, de malas administraciones y malos gobiernos, de hombres y mujeres que ven en lo público un patrimonio privado que pueden vender, alquilar, robar y destruir a costa de la dignidad de las comunidades a quienes miran con desprecio y aplican el terror de la fuerza militar, policial y paramilitar.

Por tanto, al no ser algo natural ni divino, el estado actual de cosas puede y debe ser transformado en un presente y un futuro más justo y solidario. Para ello se requiere mucha imaginación, participación popular y comunitaria, y sobre todo esperanza y necedad de que otra Honduras es posible.

Una Honduras donde los cuarteles militares se conviertan en escuelas y hospitales, y las balas y otras municiones se transformen en cuadernos, libros y colores. Una Honduras donde cada barrio tenga un centro de salud que ofrezca atención de calidad y donde ser médico y maestro sea visto con prestigio y respeto por su más alto compromiso con la dignidad de las personas.

Una Honduras donde los centros deportivos y centros culturales rebosen de canchas, de deportes, de talleres de pintura, de cerámica, de música, de teatro y de poesía, y las calles, las plazas y los parques se conviertan en escenarios idóneos para la explosión de la vida pública.

Como dice Eduardo Galeano, quizá soñar con estas cosas en medio de tanto desaliento es delirar pero es urgente que estos ataques de delirio sean más frecuentes y colectivos, y “desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

¿Un pacto con lobos?

La semana pasada, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos promovió la firma del llamado Gran Pacto Nacional por los Derechos Humanos, en virtud del cual todos los candidatos presidenciales de los partidos políticos deben comprometerse a respetar los derechos humanos en caso de ganar las elecciones generales.  

Esta iniciativa tiene el noble objetivo de lograr que los candidatos incorporen en sus planes de gobierno la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; no obstante, la primera cuestión negativa durante la firma de este pacto ha sido la ausencia de Juan Orlando Hernández del partido Nacional y de Mauricio Villeda del partido Liberal, quienes enviaron a sus respectivos designados presidenciales.

Su ausencia es sin duda una muestra clara de la poca importancia que ambos candidatos le dan al respeto de la dignidad humana, lo cual han demostrado con sus hechos con su apoyo al rompimiento del orden constitucional en el 2009 y con la adopción de medidas desde el poder gubernamental que afectan seriamente los derechos de la población.

Y la segunda cuestión negativa es la presencia del general golpista Romeo Vásquez Velásquez como candidato del partido Alianza Patriótica, quien en un acto de cinismo firmó dicho pacto como si con la estampa de su firma pueden borrarse los graves crímenes ordenados por él durante el golpe de Estado.

Sin duda alguna, la iniciativa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es un acto necesario pero en un país sin institucionalidad y con altos niveles de impunidad y corrupción, creer que una simple firma va a comprometer a criminales sin escrúpulos puede considerarse un acto de ingenuidad que raya con la complicidad.

Por ello es fundamental traer a colación y hacer nuestras las palabras de Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, quien era una de las personas que presidía la mesa principal: “Debo dejar constancia como una condena ética, frente a la incapacidad del sistema de justicia, nuestra decisión de no acompañar con nuestra firma el pacto del señor Romeo Vásquez Velásquez porque no es admisible para nosotros, avalar la palabra de un hombre que lo tenemos demandado como violador de los derechos humanos, criminal de lesa humanidad y así que todo político que se atreva a violar los derechos humanos de nuestro sagrado pueblo deba ser condenado sino por la justicia, entonces moral y éticamente por el pueblo”.

Las cárceles y las cátedras del crimen

En el año 2002, el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, denunciaba “sin temor a la exageración, que estamos ante violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos de la población interna” en las cárceles del país.

11 años después, el Relator Especial para las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar Gil, señalaba que dicha situación no ha cambiado nada, ya que el sistema penitenciario hondureño ha colapsado debido a las graves deficiencias estructurales que sufre, lo cual provoca que se violen sistemáticamente los derechos fundamentales de los reclusos.

Las declaraciones del comisionado Escobar Gil se fundamentan en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras presentado la semana pasada en Tegucigalpa, en el cual se señalan los graves problemas carcelarios y se plantea la adopción de una serie de medidas que, de ser efectivamente implementadas, tendrían un impacto positivo relevante en las deficiencias estructurales existentes en nuestro sistema penitenciario.

Uno de los puntos fundamentales de este informe es señalar que el enfoque represivo para afrontar la violencia no es eficiente pues utiliza la cárcel no como último recurso para la solución del conflicto, sino como un mecanismo prioritario, convirtiendo las prisiones en lo que el experto costarricense Roy Murillo llama “meras bodegas o depósitos, jaulas o zonas de ‘no derecho’”.

Hasta el momento, el Estado de Honduras ha reducido de forma simplista y falaz la seguridad ciudadana a discursos de mano duro o tolerancia cero, ignorando, como lo señala la Comisión Interamericana, que esta “involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional”.

En este sentido, es urgente y necesario la adopción de “políticas públicas integrales orientadas a superar las graves deficiencias estructurales presentes y lograr, finalmente, que el sistema penitenciario esté realmente orientado al cumplimiento de los fines de las penas privativas de libertad: la rehabilitación de las personas condenadas penalmente”, tal y como lo ha establecido la Comisión Interamericana.

Si el Estado y la sociedad continuamos en nuestra posición de mantener las cárceles en completo abandono, estas, lejos de ser un lugar en donde no se delinque y se pueda construir un proyecto de vida al margen del delito, será un lugar idóneo para convertir a las personas privadas de libertad en lo que Cafferata Nores llamó verdaderos “catedráticos del crimen”.