En el año 2002, el entonces Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, denunciaba “sin temor a
la exageración, que estamos ante violaciones masivas y sistemáticas de los
derechos humanos de la población interna” en las cárceles del país.
11 años después, el Relator Especial para
las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Rodrigo Escobar Gil, señalaba que dicha situación no ha cambiado nada,
ya que el sistema penitenciario hondureño ha colapsado debido a las graves
deficiencias estructurales que sufre, lo cual provoca que se violen
sistemáticamente los derechos fundamentales de los reclusos.
Las declaraciones del comisionado Escobar
Gil se fundamentan en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas
privadas de libertad en Honduras presentado la semana pasada en Tegucigalpa, en
el cual se señalan los graves problemas carcelarios y se plantea la adopción de
una serie de medidas que, de ser efectivamente implementadas, tendrían un
impacto positivo relevante en las deficiencias estructurales existentes en
nuestro sistema penitenciario.
Uno de los puntos fundamentales de este
informe es señalar que el enfoque represivo para afrontar la violencia no es
eficiente pues utiliza la cárcel no como último recurso para la
solución del conflicto, sino como un mecanismo prioritario, convirtiendo las
prisiones en lo que el experto costarricense Roy Murillo llama “meras
bodegas o depósitos, jaulas o zonas de ‘no derecho’”.
Hasta el momento, el Estado de Honduras ha
reducido de forma simplista y falaz la seguridad ciudadana a discursos de mano
duro o tolerancia cero, ignorando, como lo señala la Comisión Interamericana, que esta “involucra la interrelación de
múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la
historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de
los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y
el escenario regional e internacional”.
En este sentido, es urgente y necesario la
adopción de “políticas públicas integrales orientadas a superar las graves
deficiencias estructurales presentes y lograr, finalmente, que el sistema
penitenciario esté realmente orientado al cumplimiento de los fines de las
penas privativas de libertad: la rehabilitación de las personas condenadas
penalmente”, tal y como lo ha establecido la Comisión Interamericana.
Si el Estado y la sociedad continuamos en
nuestra posición de mantener las cárceles en completo abandono, estas, lejos de
ser un lugar en donde no se delinque y se pueda construir un proyecto de vida
al margen del delito, será un lugar idóneo para convertir a las personas
privadas de libertad en lo que Cafferata Nores llamó verdaderos “catedráticos
del crimen”.
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