jueves, 19 de diciembre de 2019

Cárceles de máxima seguridad y militares



El asesinato de al menos cinco personas en un supuesto amotinamiento en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva” o “El Pozo II”, vuelve a dejar claro que lo único seguro en las megacárceles creadas por el régimen es la muerte.

El régimen vendió la falsa idea de que con estas cárceles se mejoraría la convivencia entre las personas privadas de libertad consideradas peligrosas y se les controlaría con efectividad, ya que pese a estar bajo la custodia del Estado, continuaban sus actividades delictivas desde el interior de los presidios.

Con esta lógica, se militarizó la función penitenciaria, lo que implicó entregar a los militares la custodia y control de las cárceles de máxima seguridad; no obstante, hasta la fecha los militares demuestran una vez más que son unos incompetentes. Para muestra dos botones.

Han sido incapaces para cuidar las fronteras nacionales con el fin de evitar que el narcotráfico transporte la cocaína que cruza el territorio nacional en su paso hacia Estados Unidos, tal y como lo confirma el caso del hermano del presidente de facto, Tony Hernández.

También han sido incapaces, a pesar de su poderío armamentístico, para evitar que se cometan 5 masacres cada mes y que el número de ellas, 58 en este año, represente un aumento del 50% en comparación con el año pasado en el que se registraron 43 masacres.

Y a esto se le suma su incapacidad para evitar que en las cárceles de máxima de seguridad se haya asesinado a 16 personas privadas de libertad, entre ellas, a Magdaleno Meza, dueño de las narcolibretas que evidenciaron el vínculo de los hermanos Hernández con el narcotráfico.

No hay ninguna duda que los militares solo sirven para violentar los derechos humanos y consumir enormes recursos del presupuesto nacional que deberían usarse con el fin de garantizar condiciones dignas del casi 70% de la población que vive en pobreza.

La ciudadanía democrática debemos continuar exigiendo que se cumpla lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que el Estado debe desvincular a las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias que deben ser asumidas por el poder civil.

Además, como lo señala la Mesa Penitenciaria de Honduras, se debe investigar de manera pronta y efectiva los crímenes, e implementar una política pública cuyo enfoque sea la seguridad social, la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad.

jueves, 12 de diciembre de 2019

Ser macho mata

“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú”.

Así comienza la canción creada en Chile por el colectivo artístico Las Tesis, que denuncia la violencia sexual ejercida por el Estado hacia las mujeres. En tan solo unos días se ha convertido en un fenómeno mundial y en un potente himno feminista que ha sido interpretada en decenas de ciudades del mundo.

Honduras no podía ser la excepción. El movimiento feminista ha hecho suya esta canción y la ha adaptado a nuestra realidad para denunciar la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas, y que sufren de manera diferenciada en uno de los países más violentos del mundo.

Sin embargo, la reacción de muchos hombres ha sido la burla, el enojo e incluso el absurdo de vincular esta reivindicación con el comunismo y el chavismo. Esta postura ignora que cada 22 horas una mujer es asesinada y que cada día se denuncian 58 hechos de violencia doméstica.

A ello se suma que en la última década más de 50 mil niñas han sufrido abusos sexuales y que cada 3 horas una mujer es víctima de agresión sexual. En el 86% de los casos de violencia sexual las víctimas son mujeres y niñas.

Se debe llamar la atención que la característica más común de esta violencia de género es que los victimarios son hombres de todas las edades, religiones, formación y nivel académico o social. En este sentido, esta plaga de violencia tiene su origen y corresponde con la manera hegemónica de ser hombre.

Y esta forma de ser varón está basada en gran medida en el uso de la fuerza, ligada al poder y al dominio, y, por tanto, no es exagerado afirmar, como señala Octavio Salazar, que “ser macho mata”.

Los hombres debemos entender que cuando se denuncia la violencia del patriarcado no implica necesariamente que todos los hombres son violadores, femicidas y golpeadores, sino que se llama la atención sobre el hecho indiscutible de que la violencia de género es provocada mayoritariamente por hombres.

El mayor aporte que podemos hacer los hombres es establecer alianzas con las mujeres sin asumir el protagonismo y trabajar por hacer igualitarios los espacios monopolizados por nosotros. Siguiendo a Salazar, ello implica perder el miedo al feminismo.

El espejismo de la militarización y la violencia

Desde el año 2003, Honduras ha sufrido un proceso de remilitarización de la sociedad y el Estado que se profundizó con el golpe de Estado.

La justificación fue el combate a la violencia y la criminalidad, pero el verdadero objetivo fue y es que los militares sirvan de sustento a un proyecto político narco-dictatorial representado en Juan Orlando Hernández.

A cambio, las Fuerzas Armadas, sobre todo su cúpula, reciben impunidad por la corrupción y las violaciones a derechos humanos cometidas, carta blanca para disponer sin rendición de cuentas grandes partidas del presupuesto público y mayor control sobre la institucionalidad del Estado.

Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso advertimos que la estrategia de involucrar a los militares en la seguridad pública solo creaba un frágil espejismo de mejora en los niveles de seguridad, ya que, si bien se puede experimentar la remisión de la violencia en los primeros momentos del despliegue inicial, los datos revelan que pronto vuelve a arremeter con fuerza.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras confirma este hecho al afirmar recientemente que la violencia en el año 2019 ha ocasionado un aumento en el número de muertes y que podría superar la cifra de los años anteriores.

Los sectores más vulnerables siguen siendo la niñez, la juventud y las mujeres, ya que el 55% de las muertes violentas son niños, niñas y jóvenes menores de 30 años. Por su parte, los femicidios han aumentado: hasta octubre de este año al menos 319 mujeres fueron asesinadas.

Se estima que entre el año 2006 y 2018 hubo 5,555 muertes violentas de mujeres, es decir, un promedio aproximado de 30 mensuales o una muerte diaria. El patrón en estas muertes incluye mutilaciones, desmembramiento de los cuerpos, violencia sexual y masacres.

El aumento de la violencia nos indica que la militarización de la seguridad pública no es la respuesta, al contrario, solo profundiza el autoritarismo, las violaciones a derechos humanos, la corrupción y la impunidad.

Es preciso comprender que la violencia está asociada con diversos factores de desigualdad social, económica, cultural y política, que seguirán profundizándose si no se abordan con políticas públicas que coloquen en el centro a la dignidad humana.

La libertad de expresión en tiempos de autoritarismo

La libertad de expresión es un derecho tan importante que, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, lo cual tiene tres implicaciones esenciales.

Primero, es necesaria para la formación de la opinión pública; segundo, es una condición para que quien desea incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, pueda desarrollarse plenamente; y, tercero, es una garantía de que ningún poder pueda criminalizar a quien manifieste sus opiniones críticas.

Por tanto, la libertad de expresión asegura que la ciudadanía ejerza un contrapeso a los poderes establecidos. De ahí que su máximo respeto es lo que distingue a un régimen democrático de un régimen autoritario.

Un régimen democrático fomenta una ciudadanía crítica, dispuesta a juzgar el poder y sus prácticas solo si favorece el desarrollo de la dignidad humana; un régimen autoritario reduce los espacios de participación y crítica ciudadana.

Hay tres datos que demuestran el carácter autoritario del régimen hondureño. Amnistía Internacional ha señalado que en Honduras no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones libremente y si lo hacen corren el riesgo de enfrentar toda la fuerza del aparato represivo del gobierno.

En la clasificación mundial de libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Honduras bajó cinco puntos, pasando del lugar 141 en 2018 al sitio 146 en 2019 entre 180 países, debido al escenario cada vez más peligroso para ejercer el periodismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el gobierno hondureño privilegia la represión frente al diálogo, todo conflicto, protesta o reivindicación es fuertemente reprimida y las personas son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales.

Solo en este contexto de autoritarismo es posible comprender que en el 2019 el asesinato de 6 personas periodistas y comunicadoras sociales engrosa la lista impune de más de 60 asesinadas desde el golpe de Estado de 2009.