Aprendiendo de los falsos positivos en Colombia

A finales del año 2008, saltó el escándalo de los falsos positivos en Colombia que consistió en el asesinato de civiles inocentes a quienes se les hizo pasar como guerrilleros muertos en combate entre elementos del ejército y las guerrillas.

En la madrugada del domingo 27 de diciembre, miembros de la Fuerza Naval atacaron a un grupo de Garífunas que se encontraban en Iriona, Colón, intentando mover un carro que estaba atascado en la playa.

Según la versión de varios testigos, aproximadamente 20 militares llegaron disparando sin mediar palabra contra las personas que se encontraban en el lugar y asesinaron a los jóvenes Joel Palacios Lino y Elvis Armando García.

Inmediatamente, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que aseguraron que las muertes fueron el resultado del fuego cruzado entre elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) y los garífunas, dejando entrever que dicha acción estaba relacionada con el tráfico de drogas.

Aunque siempre que los militares se han visto involucrados en acciones ilegales han tenido una excusa para justificarse, cada vez es más recurrente el argumento de la lucha contra el narcotráfico, lo cual debe llamarnos la atención y ponernos en alerta a la luz de lo sucedido en Colombia con los falsos positivos.

El mismo argumento de la lucha contra el tráfico de drogas fue utilizado cuando en un operativo militar murieron 4 indígenas misquitos y 7 resultaron heridos en Ahúas.

Estos ejemplos ratifican lo que hemos venido señalando en el sentido que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna crea más problemas de los que resuelve y desvía los limitados fondos públicos que deberían promover una institucionalidad policial profesional, civil y democrática, y fortalecer los órganos civiles de investigación y administración de justicia.

Si todavía se insiste en la participación militar en estos asuntos, debemos recordar que las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los artículos 272 y 284 de la Constitución de la República, siempre han tenido la obligación de proteger las fronteras terrestres, áreas y marítimas.

Por tanto, si el tráfico de drogas ha aumentado, las Fuerzas Armadas deberían de explicarle a la sociedad hondureña por qué ha habido un incremento del narcotráfico a través de las fronteras que toda la vida han estado bajo su protección y custodia. 

¿Por qué las candidaturas de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ser rechazadas por la Junta Nominadora?

El 12 de Marzo de 1923 los 5 Estados centroamericanos -Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica- adoptaron un Tratado General de Paz y Amistad con el fin de continuar con las buenas relaciones entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de un escenario de paz en el istmo.

En virtud de este tratado, los Estados centroamericanos se comprometieron a cumplir 3 principios fundamentales para el fortalecimiento y la defensa común de la consolidación democrática en la región.

En primer lugar, mantener en las Constituciones nacionales el principio de no reelección del Presidente y Vicepresidente de la República, y promover la respectiva reforma constitucional para prohibirla en caso que estuviera permitida al momento de adoptar el Tratado General.

En segundo lugar, considerar una amenaza para la paz regional todo acto, disposición o medida que altere el orden democrático, ya sea que proceda de algún poder público o de particulares, y no reconocer a gobiernos de ninguna de las 5 repúblicas que surjan de un golpe de Estado.

Y en tercer lugar, inhabilitar para las altas magistraturas del Estado a los líderes de una ruptura del orden constitucional.

De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lone y otros contra Honduras, el pleno de la Corte Suprema de Justicia cometió un hecho ilícito internacional al participar activamente en el golpe de Estado de 2009.

Los 4 magistrados actuales que inexplicablemente pasaron el primer filtro de la Junta Nominadora -Jacobo Antonio Cálix, Rosa de Lourdes Paz Haslam, Raúl Antonio Henríquez Interiano y Víctor Manuel Martínez Silva-, sin duda alguna fueron piezas fundamentales para consolidar la ruptura del orden democrático.

Por tanto, las candidaturas de estos magistrados debieron ser rechazadas ipso facto por la Junta Nominadora, ya que al integrar y liderar uno de los poderes públicos que atentó contra la democracia, y a la luz de la citada sentencia de la Corte Interamericana y del Tratado General de Paz y Amistad, se colocaron en una condición de inelegibilidad para ocupar cualquier alta magistratura del Estado.

La Junta Nominadora tiene ante sí dos opciones: expulsar inmediatamente de la lista a los magistrados Cálix, Paz Haslam, Henríquez Interiano y Martínez Silva, con lo que enviaría un mensaje de confianza simbólico a la sociedad, o mantenerlos y ratificar que esta elección, al igual que las anteriores, está marcada por la influencia de los poderes fácticos del país. 

Sobre el proceso de reforma de seguridad y justicia en Honduras

1)     Logros y desafíos: Introducción: La Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), ha realizado durante esta semana, su sexta visita a Honduras, desde el año 2013; al igual que en las ocasiones anteriores, nos hemos reunido con altas funcionarios del Estado, operadores de justicia, dirigentes de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Desde nuestra visita en diciembre de 2014 hasta ahora, constatamos que ha habido algunos avances en el fortalecimiento del sistema de investigación criminal, como la creación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la consolidación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público (MP), así como la iniciativa de instalar una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos OEA). Sin embargo, vemos con preocupación que pese a la reducción de la tasa de homicidios, la situación de inseguridad y los niveles de impunidad en el país siguen siendo alarmantes, que el proceso de depuración policial se encuentra estancado y que la Policía Nacional no contempla una reestructuración institucional de su alto mando que responda al perfil de policía comunitario que sale graduado del Instituto Tecnológico Policial (ITP).

2)    Depuración: Hace un año manifestamos nuestra preocupación porque el proceso de depuración policial era un fracaso, lo cual reafirmamos en esta visita, ya que tres años después y pese a las declaraciones de compromiso y manifestaciones de voluntad política por parte de las altas autoridades policiales y de la Secretaría de Seguridad, las mismas no se han traducido en acciones contundentes para impulsar un efectivo proceso de investigación, evaluación y acción disciplinaria que permita limpiar a la institución policial de los miembros y redes internas vinculadas con el crimen y el delito. Tal cual ha sido consenso en el discurso oficial y en el clamor popular, la depuración policial en Honduras, es una tarea inconclusa que solamente podrá concluirse si se investiga, juzga y sanciona a los oficiales y agentes de escala básica que hayan cometido faltas, delitos, crímenes y otros actos ilícitos.

3)    Educación policial: Vemos en términos positivos el proceso de reforma integral del sistema de educación policial que incluye, entre otras cosas, la graduación de 1,564 policías bajo una nueva curricula enfocada en la seguridad comunitaria y el respeto a los derechos humanos; la creación de cuatro nuevos centros de formación policial que fortalecerán la formación inicial, la formación continua, la capacitación y perfeccionamiento, y la formación de formadores; y la proyección de formación de policías para obtener en el año 2019 una relación de 1 policía por cada 402 habitantes. Sin embargo, lamentamos que la reforma del sistema de educación contrasta con los obstáculos y el estancamiento en la depuración policial, lo cual representa una grave amenaza a la consolidación de una nueva generación de policías que en el día a día deberá enfrentarse a una estructura institucional jerárquica, militarizada y deslegitimada. Los procesos de modernización en la formación de los nuevos agentes de escala básica de la Policía Nacional, debe –obligatoriamente- ser complementados por otros que actualicen y orienten la conducta de los altos oficiales a los nuevos estándares y exigencias en donde se le de privilegio al enfoque comunitario y de respeto a los derechos humanos. Los avances mostrados en la formación de nuevos agentes policiales, contrasta con la falta de transparencia, flexibilidad y evaluación en las prácticas cotidianas policiales, aspectos que son fundamentales no solo para una policía comunitaria exitosa, sino también para contar con una policía orientada a los problemas de inseguridad en vez de su propia estructura.

4)      Investigación criminal: Valoramos positivamente la creación de la DPI y la dotación de recursos humanos y logísticos para fortalecer la investigación criminal. En este sentido, aplaudimos las detenciones de líderes de redes criminales en los últimos tres meses, la elaboración y pronta aprobación de un Manual Único de Investigación Criminal que armonizará los mecanismos y protocolos de todos los actores involucrados en la investigación en el país, y fortalecerá la coordinación interinstitucional, así como la dotación de modernos laboratorios criminalísticos móviles y de recurso humano capacitado y comprometido. No obstante, nos preocupa la falta de equipos criminalísticos individuales, de materiales básicos como hisopos y sobres de manila que en lo cotidiano son tan útiles, y sobre todo, la ausencia de un plan estratégico de mediano y largo plazo que garantice la continuidad y sostenibilidad financiera de la gestión institucional. El fortalecimiento de la investigación criminal también debe mejorar los mecanismos de colaboración con la ciudadanía para que la policía investigue los delitos que más afectan a la sociedad.

5)   Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): Vemos como una oportunidad histórica para la sociedad hondureña la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estará en funciones durante este gobierno, el próximo y el subsiguiente. Teniendo en cuenta que la existencia de un Poder Judicial competente, independiente e imparcial constituye un elemento esencial para el fortalecimiento de la Democracia y del Estado de Derecho, exhortamos a la Junta Nominadora y al Congreso Nacional a realizar una elección basada en las mejores capacidades técnicas, integridad moral y experiencia de los candidatos y candidatas propuestas, y que no sea –como en el pasado- una elección marcada por la influencia partidaria, o de los grupos de poder político, económico o criminal en el país. También esperamos que se aproveche este proceso de selección para hacer públicas las opiniones de los candidatos y candidatas sobre cuestiones constitucionales fundamentales, como los límites del poder del Estado y los derechos humanos, y para buscar consenso con el fin de aprobar una Ley de Audiencias Públicas que uniformice y transparente los procesos de selección de todos los altos funcionarios del Estado.

6)  MACCIH: Exhortamos al gobierno de Honduras a instalar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y garantizar que esta sea un ente con carácter internacional, autónomo, independiente financieramente y con facultades para escoger e investigar todos los crímenes de alto impacto, y patrones de actuación ilícita y redes corruptas que operan en el país; autorizar a que tenga facultades para recibir denuncias –de la ciudadanía- actos al margen de la Ley que pudieran ser investigados y judicializados; acompañar y asesorar técnicamente a las fiscalías especiales del MP y demás instituciones del sector seguridad y justicia; ampliar la capacidad investigativa de estas instituciones; y proponer reformas políticas para fortalecer el sistema de justicia nacional. La MACCIH solamente podrá colaborar con la institucionalidad estatal que opera justicia y aplica la Ley, si cuenta con un mandato claramente definido, facultades para actuar con independencia y rinda cuentas de sus actuaciones a la población.

7)    Índice APJ: Valoramos positivamente la disponibilidad de las autoridades hondureñas de sumarse al esfuerzo de construcción e implementación del Índice de la APJ “Midiendo el progreso del sistema de seguridad y justicia”, cuyo objetivo es detectar las buenas prácticas, los obstáculos y los desafíos que se deben enfrentar y superar para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema de justicia y seguridad. Esperamos que este índice contribuya a optimizar los esfuerzos del Estado para hacer más transparentes sus propios programas, entre los cuales esta como caso emblemático la gestión financiera y operativa de la Tasa de Seguridad. Asimismo, instamos a que la Secretaría de Seguridad implemente lo antes posible el Plan de Mejoras presentado en torno a las falencias y debilidades mostradas en el más reciente informe de línea base del Convenio suscrito entre las autoridades gubernamentales, Transparencia Internacional (TI) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

8)  Cambios institucionales: Anhelamos que se pueda aprovechar la coyuntura del inicio de un nuevo ciclo político en el año 2016, para profundizar en los cambios institucionales que den respuesta a las demandas ciudadanas de un Estado transparente, capaz, eficiente y confiable que se necesita para poner fin a la impunidad.

Tegucigalpa, MDC - 18 de diciembre de 2015.

COMISIÓN MULTINACIONAL DE LA ALIANZA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA (APJ) 

El caso Callejas y la igualdad ante la ley

El artículo 60 de la Constitución de la República establece que en Honduras no hay clases privilegiadas y que todos los hondureños y hondureñas somos iguales ante la ley.

Esta afirmación significa que la ley es igual para todos y todas, lo cual constituye una promesa constitucional y un llamamiento a todos los poderes públicos y a las personas a trabajar por su cumplimiento pues solo así es posible construir una sociedad verdaderamente democrática.

En ese sentido, la igualdad de la que habla la Constitución es un valor supremo que es condición para una convivencia ordenada, feliz y civil, y para que todos y todas vivamos en libertad.

El caso del ex presidente Callejas es una muestra más de que la promesa de igualdad ante la ley sigue siendo una simple declaración de buenas intenciones que no ha podido ser concretada debido a que la clase política hondureña se ha encargado de producir una especie de legitimación social al abuso y a la impunidad.

Callejas representa a esa subespecie ciudadana que se considera intocable y fiel practicante de la expresión “El Estado soy yo”, en el sentido de creer legítima la manipulación de las instituciones públicas a su favor pues piensa que no hay nada, ni el Estado ni la sociedad, por encima de ella.

Mientras otros extraditables fueron capturados, presentados a los medios de comunicación y al respectivo juez de extradición, y enviados a Estados Unidos para responder por sus supuestos crímenes, a Callejas no se le capturó ni se le incautó ningún bien y se le permitió, aunque presionado, que viajara en avión privado para presentarse ante la justicia estadounidense.

Sin duda alguna, la presión de Estados Unidos fue tanta que a última hora el gobierno hondureño no tuvo otra opción que entregar a una de las figuras más emblemáticas de la corrupción y la impunidad, y que hasta hace poco se conducía y era tratada como si fuera un ciudadano inocente y ejemplar.

La institucionalidad está tan deteriorada y deslegitimada que ha tenido que venir un gobierno extranjero a mostrarle a un “intocable” que en un Estado de derecho nadie debe estar por encima de la ley.

En esta ocasión, los intereses de justicia de Estados Unidos coinciden con los intereses de la sociedad hondureña, ya que lo que los ciudadanos y ciudadanas aspiramos es que de una vez por todas se cumpla la promesa constitucional de que en Honduras no existan clases privilegiadas para poder avanzar en la construcción de un país más justo y más solidario.

Extradiciones, poder judicial y vida democrática

El Diccionario Jurídico Elemental de Cabanelas de Torres define la extradición como la “[e]ntrega que un país hace a otro, cuando éste así lo reclama, del acusado de ciertos delitos para ser juzgado donde se suponen cometi­dos”.

Para septiembre de este año había 26 solicitudes de extradición en manos de la Corte Suprema de Justicia, sobre las cuales había emitido 15 órdenes de captura de extraditables y 11 se encontraban entrampadas, algunas de ellas porque los magistrados que actúan como jueces de extradición no habían emitido la resolución y en otros porque las órdenes de captura no habían sido enviadas a la Secretaría de Seguridad.

Las extradiciones en sí mismas y la lentitud con la que la Corte Suprema de Justicia las está procesando refleja dos cosas: En primer lugar, como lo señala Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, que el Poder Judicial es una institución “que ha sido opaca, poco transparente, sin rendición de cuentas, que permite que este tipo de omisiones pueda estar tras bambalinas o de forma subterránea en total oscuridad”.

En segundo lugar, que las extradiciones es el reflejo trágico de la situación de la justicia hondureña que no es capaz de juzgar y sancionar a los grandes criminales que tienen al país hundido en la violencia y la corrupción, y que al verse seguros de su impunidad, siguen cometiendo sus crímenes, alimentando de este modo el miedo en la sociedad e impidiendo la plena realización del Estado de derecho y la democracia.

El Poder Judicial hondureño a lo largo de su historia ha jugado un papel crucial para que la ley se aplique diferenciadamente si se trata de personajes con poder político o económico como Callejas, Michelleti o Vásquez Velásquez, o si se trata de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas quienes debemos afrontar la actuación efectiva de las normas y de la fuerza pública.

La ciudadanía debemos estar conscientes que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia no es un simple reparto político de puestos públicos sin ningún impacto para nuestras vidas. Lo que está en juego es la existencia misma de la sociedad y el Estado democrático de derecho, pues la presencia de un poder judicial independiente e imparcial es fundamental para acabar con la impunidad y la corrupción, y para la vigencia efectiva de los derechos humanos.

Los nombres siniestros de la lista de la Junta Nominadora

En la historia de Honduras nunca ha existido un sistema judicial que se entienda y que actúe como tal, sino que hemos tenido —con algunas excepciones de funcionarios y funcionarias judiciales honestas— un “servicio judicial” que se obtiene en el mercado de las influencias en donde los grupos económicos, políticos y religiosos tienen el poder para comprarlo.

Por eso es que a estos grupos les importa tanto controlar la Corte Suprema de Justicia, pues con la existencia de un poder judicial sin independencia e imparcialidad, logran proteger sus intereses con celeridad y diligencia, y garantizar la impunidad de sus delitos y perversiones políticas.

Al leer la lista de 97 candidatos y candidatas que continuarán participando en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, se reafirma que la Junta Nominadora es cómplice de continuar con la lógica del reparto político en materia de justicia. Para muestra un botón.

En esta lista aparecen 4 de los actuales magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia -Rosa de Lourdes Paz Haslam, Jacobo Antonio Cálix, Raúl Antonio Henríquez Interiano y Víctor Manuel Martínez Silva-, y 1 ex magistrado que fue destituido de la Sala de lo Constitucional -Gustavo Enrique Bustillo Palma-.

Durante la ruptura del orden constitucional estas personas se pusieron al servicio del gobierno de facto, profundizaron el estado general de impunidad, propiciaron la abstención y desidia judicial, y dejaron a las víctimas en una situación de absoluta indefensión y vulnerabilidad. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas personas participaron en pleno en el golpe de Estado defendiendo la ilegalidad. 

También en esta lista aparecen 3 concejales del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial -Celino Aguilera, Liliam Maldonado y José Francisco Quiroz-, quienes desde su nombramiento iniciaron un cuestionable proceso de “depuración judicial” que viola el principio de legalidad y representa un efectivo obstáculo a la independencia de jueces y juezas.

Que estas 8 personas hayan pasado el primer filtro del proceso de elección para magistrados y magistradas, pone en tela de juicio los criterios y controles ejercidos por la Junta Nominadora pues la sola participación directa en un golpe de Estado y el irrespeto a la legalidad, los deslegitima y descalifica súbitamente.

Sin negar que haya candidatos y candidatas idóneas en dicha lista, pareciera que solo servirán como un caballo de Troya que una vez más asaltará la “Casa de la Justicia” y la llenará de “jueces y juezas sombrías” para que continúe siendo, como decía el poeta Sosa, “un templo de encantadores de serpientes” que garantice que “todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”.

Militares, masacres e impunidad

Pese a la campaña mediática gubernamental de que “ahora se puede caminar tranquilamente por las calles”, la realidad de criminalidad a la que se enfrenta la gente de a pie es tan macabra que es imposible convencer a la población de que “Honduras está cambiando”.

En este sentido, la teoría del político alemán nazi, Joseph Goebbles, de que “una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”, fracasa estrepitosamente en Honduras.

Las 4 masacres en solo cuatro días que dejaron 27 personas asesinadas refleja la tragedia diaria de la población y el rotundo fracaso de la política de seguridad del gobierno de Juan Orlando Hernández empecinado en militarizar hasta el espacio más pequeño de la vida nacional.

Es un fracaso y un error monumental seguir creyendo que los militares son los guardianes de la democracia y de la seguridad cuando se atribuye al narcotráfico y al crimen organizado el incremento de la violencia.

Debemos recordar que los militares siempre han tenido el deber constitucional de proteger las fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Por eso hay que cuestionarse que si el narcotráfico ha aumentado su poder, es lógico que hayan usado el espacio aéreo, marítimo y terrestre para transportar la droga. ¿Y dónde han estado los militares que no se dieron cuenta que ha habido un aumento del tráfico de drogas por las fronteras que ellos tienen el deber de custodiar?

Argumentar que los militares son la salvación para la lucha contra el narcotráfico ya que la Policía Nacional ha sido penetrada por el crimen organizado, es darle más poder a quienes no pudieron o quisieron combatir seriamente el tráfico de drogas por las fronteras que permanentemente han estado bajo su control.

Militarizar la vida pública, debilitar a la Policía Nacional con un supuesto proceso de depuración que mantiene a los criminales en sus filas y provocar la falta de independencia, competencia e imparcialidad de los entes de investigación y judiciales, son los ingredientes perfectos para que germine con fuerza la impunidad, que no solo constituye una denegación de justicia para las víctimas, sino que también envía un mensaje social de que la violencia es tolerada por las autoridades.

Insistimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, la cual debe corresponder exclusivamente a una fuerza policial civil, eficiente, capacitada y respetuosa de los derechos humanos.