A un año de ejecutarse el golpe de Estado en Honduras las voces de la solidaridad internacional se han dejado escuchar para exigir un alto a las violaciones a los derechos humanos y el fin de la impunidad de sus actores materiales e intelectuales.
Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Comité por la Libre Expresión señalan en un comunicado conjunto que el rompimiento del orden constitucional representa uno de los mayores fracasos de las libertades fundamentales en el país y que el régimen de Lobo Sosa pasará a la historia como el gobierno durante el cual han sido asesinados ocho periodistas entre marzo y junio de este año.
Por su parte, 27 congresistas estadounidenses enviaron una carta a la Secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hilary Clinton, en la que manifiestan su preocupación por la violencia política e inseguridad que se vive en Honduras, razón por la cual no es admisible que el gobierno estadounidense le dé un apoyo adicional al régimen de Lobo Sosa sin que exista un informe fiable sobre la situación de los derechos humanos.
A su vez, un número importante de redes de la sociedad civil europea, latinoamericana e internacional dirigieron una carta a la responsable de la política Exterior de la Unión Europea en la que demandan un compromiso proactivo para el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho, lo cual sólo puede lograrse mediante la depuración de los poderes públicos, la superación de las violaciones a los derechos humanos y de la impunidad, y el respeto a los derechos de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Finalmente, esta semana llegaron a Honduras Luis Carlos Nieto de España, Craig Scott de Canadá, Nora Cortiñas de Argentina, Elsy Monge de Ecuador; Mirna Perla de El Salvador y Francisco Aguilar de Costa Rica, quienes son especialistas en investigación en violaciones de derechos humanos y que forman parte de la Comisión de la Verdad alternativa impulsada por la Plataforma de Derechos Humanos con el aval de las víctimas y del Frente Nacional de Resistencia Popular.
A diferencia de los miembros de la Comisión oficialista, los comisionados de esta Comisión de la Verdad tienen un alto grado de compromiso con los derechos humanos, lo cual se refleja en que realizarán su trabajo ad honoren, sin salario ni estipendios, sólo impulsados por la esperanza de asegurar que las víctimas conozcan qué pasó y vean sancionados a los responsables de las violaciones a sus derechos.
Para lograrlo, cuentan con el apoyo de todo un pueblo en resistencia y de la solidaridad internacional de personas, organizaciones y algunos gobiernos que tienen claro que en Honduras no puede haber borrón y cuenta nueva, y que la reconciliación obligadamente pasa por el conocimiento de la verdad y el castigo a los criminales que, sin lograrlo, quisieron robarnos la esperanza de una nueva Honduras.
martes, 29 de junio de 2010
lunes, 28 de junio de 2010
Honduras sigue en deuda con la democracia y los derechos humanos
Hoy, 28 de junio de 2010, se cumple un año del golpe de Estado ocurrido en Honduras y la democracia en este país continúa siendo un anhelo lejano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su última visita a Honduras realizada en el mes de mayo expresó “su preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto de golpe de Estado”. En esta ocasión, la CIDH manifestó haber recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, así como “sobre una serie de amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia ”. Para la CIDH estos hechos “no cuentan con las debidas investigaciones por parte de la justicia”.
De igual manera, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que “El golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes. Además, reveló y exacerbó problemas estructurales existentes que afectan a los derechos humanos, intensificó una atmósfera política y social difícil y tensa, y profundizó la polarización dentro de la mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad en general.”
CEJIL ha insistido reiteradamente que el golpe de Estado ha significado un terrible precedente para la democracia en las Américas. Asimismo, en la actualidad las instituciones estatales continúan siendo ineficaces para hacer frente a las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, se han emitido decretos de amnistía ambiguos, se ha sobreseído a funcionarios relacionados directamente con el golpe de Estado, las investigaciones de violaciones de derechos humanos se encuentran estancadas en la Fiscalía , se adoptó un decreto de creación de una Comisión de la Verdad que no cumple con los estándares internacionales en la materia, se mantiene el nombramiento de Roberto Micheletti como diputado vitalicio al igual que el de Romeo Vásquez Velásquez, General de las Fuerzas Armadas directamente vinculado con el golpe de Estado como gerente de Hondutel y han sido asesinados 8 periodistas de marzo a junio de este año en situaciones aún no aclaradas.
Ante este panorama, y al cumplirse un año del fatídico golpe de Estado, el Estado de Honduras debe tomar algunas acciones para avanzar hacia una verdadera democracia con instituciones garantistas e independientes. En tal sentido, el Estado de Honduras debería:
1. Cesar de todo acto de persecución política contra las personas que han manifestado su oposición al golpe de Estado.
2. Realizar una revisión de la propuesta actual de la Comisión de la Verdad a la luz de los estándares internacionales en la materia.
3. Implementar las recomendaciones establecidas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009; y en las Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
4. Extender la solicitud a la OACNUDH para la instalación en Honduras de una oficina de dicho órgano con mandato amplio para acompañar en los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho.
5. Abstenerse de realizar actos y nombramientos que fomentan la impunidad de quienes participaron activamente en el golpe de Estado;
6. Realizar acciones concretas que fortalezcan la independencia judicial en Honduras, tales como la creación de un Consejo de la Judicatura ; la reforma de la Ley de la Carrera Judicial ; y la rectificación de la resolución de remoción arbitraria, el pasado mes de mayo, de cuatro jueces hondureños por su oposición al golpe de Estado.
Finalmente, CEJIL desea reconocer la destacada labor que han cumplido los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras. Ante el comportamiento arbitrario de las instituciones llamadas a garantizar el ejercicio de los derechos, los defensores y las defensoras han asumido hasta el límite de sus posibilidades algunas obligaciones que dependen del Estado, como la documentación, denuncia y protección de los derechos humanos, sacrificándose de manera admirable y algunos hasta han dado sus vidas.
A la comunidad internacional, CEJIL solicita realizar todos los esfuerzos necesarios para apoyar la labor que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
CEJIL urge a las autoridades estatales para que garanticen la actividad de los defensores de derechos humanos e implementen todas las medidas necesarias para protegerlos de agresiones e interferencias ilegítimas.
Finalmente se exhorta al Estado de Honduras y a la comunidad internacional de Estados para que recuerden un principio fundamental de la Carta Democrática Interamericana cual es “que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática.”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su última visita a Honduras realizada en el mes de mayo expresó “su preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto de golpe de Estado”. En esta ocasión, la CIDH manifestó haber recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, así como “sobre una serie de amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia ”. Para la CIDH estos hechos “no cuentan con las debidas investigaciones por parte de la justicia”.
De igual manera, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que “El golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes. Además, reveló y exacerbó problemas estructurales existentes que afectan a los derechos humanos, intensificó una atmósfera política y social difícil y tensa, y profundizó la polarización dentro de la mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad en general.”
CEJIL ha insistido reiteradamente que el golpe de Estado ha significado un terrible precedente para la democracia en las Américas. Asimismo, en la actualidad las instituciones estatales continúan siendo ineficaces para hacer frente a las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, se han emitido decretos de amnistía ambiguos, se ha sobreseído a funcionarios relacionados directamente con el golpe de Estado, las investigaciones de violaciones de derechos humanos se encuentran estancadas en la Fiscalía , se adoptó un decreto de creación de una Comisión de la Verdad que no cumple con los estándares internacionales en la materia, se mantiene el nombramiento de Roberto Micheletti como diputado vitalicio al igual que el de Romeo Vásquez Velásquez, General de las Fuerzas Armadas directamente vinculado con el golpe de Estado como gerente de Hondutel y han sido asesinados 8 periodistas de marzo a junio de este año en situaciones aún no aclaradas.
Ante este panorama, y al cumplirse un año del fatídico golpe de Estado, el Estado de Honduras debe tomar algunas acciones para avanzar hacia una verdadera democracia con instituciones garantistas e independientes. En tal sentido, el Estado de Honduras debería:
1. Cesar de todo acto de persecución política contra las personas que han manifestado su oposición al golpe de Estado.
2. Realizar una revisión de la propuesta actual de la Comisión de la Verdad a la luz de los estándares internacionales en la materia.
3. Implementar las recomendaciones establecidas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009; y en las Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
4. Extender la solicitud a la OACNUDH para la instalación en Honduras de una oficina de dicho órgano con mandato amplio para acompañar en los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho.
5. Abstenerse de realizar actos y nombramientos que fomentan la impunidad de quienes participaron activamente en el golpe de Estado;
6. Realizar acciones concretas que fortalezcan la independencia judicial en Honduras, tales como la creación de un Consejo de la Judicatura ; la reforma de la Ley de la Carrera Judicial ; y la rectificación de la resolución de remoción arbitraria, el pasado mes de mayo, de cuatro jueces hondureños por su oposición al golpe de Estado.
Finalmente, CEJIL desea reconocer la destacada labor que han cumplido los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras. Ante el comportamiento arbitrario de las instituciones llamadas a garantizar el ejercicio de los derechos, los defensores y las defensoras han asumido hasta el límite de sus posibilidades algunas obligaciones que dependen del Estado, como la documentación, denuncia y protección de los derechos humanos, sacrificándose de manera admirable y algunos hasta han dado sus vidas.
A la comunidad internacional, CEJIL solicita realizar todos los esfuerzos necesarios para apoyar la labor que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
CEJIL urge a las autoridades estatales para que garanticen la actividad de los defensores de derechos humanos e implementen todas las medidas necesarias para protegerlos de agresiones e interferencias ilegítimas.
Finalmente se exhorta al Estado de Honduras y a la comunidad internacional de Estados para que recuerden un principio fundamental de la Carta Democrática Interamericana cual es “que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática.”
Publicación del libro "El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos"
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) presentamos el libro "El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos", el cual es el resultado del esfuerzo colectivo de 20 especialistas nacionales e internacionales.
Vale la pena mencionar que entre los autores y autoras internacionales se encuentran el ex Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad del Ecuador, un abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) oficina para Mesoamérica, el Coordinador del Observatorio Internacional de Justicia Electoral de la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros (as).
A un año del golpe militar en Honduras, el MADJ y el ERIC-SJ consideran necesaria una lectura de este hecho desde una perspectiva integral de los derechos humanos. Por ello, en este libro los autores y autoras han aportado su pensamiento para unirse al clamor por el respeto a la democracia y a la dignidad humana.
Formalmente, el día 02 de julio se harán dos presentaciones del libro. A las 2:00 de la tarde en las instalaciones del ERIC en El Progreso dentro del análisis de realidad que ofrece el primer viernes de cada mes y a las 5:30 de la tarde en el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula, en el marco del análisis de realidad que realiza mensualmente la Librería Caminantes.
A partir de esta semana, los libros estarán a la venta en Librería Guaymuras en Tegucigalpa, en Librería Caminantes en San Pedro Sula, en el ERIC y Radio Progreso en El Progreso. Además, en el transcurso del día la versión electrónica estará disponible en las páginas web de Radio Progreso y el ERIC.
Los temas tratados en el libro son:
1. Estado oligárquico, crisis política y corrupción pública (Marvin Barahona)
2. De cargos ilegales al golpe militar en Honduras (José María Rodríguez González)
3. El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva jurídica (Omar Menjívar Rosales)
4. Las mujeres y el golpe de Estado (Maritza Paredes y Carolina Sierra)
5. Una aproximación al impacto del golpe de Estado a las instituciones culturales (Yesenia Martínez García)
6. Bipartidismo, pobreza y golpe de Estado (Recaredo Fernández)
7. Elecciones libres y candidaturas golpistas (Luis Efrén Ríos Vega)
8. La Comisión de la Verdad en Honduras: Apuesta por la justicia o consagración de la impunidad (Romel Jurado Vargas)
9. Reflexiones en torno a la implementación de la Comisión de la Verdad en Honduras (Alejandra Nuño y Marcia Aguiluz)
10. Rendición de cuentas con el pasado y con el presente (Gerardo Ballesteros y Daniela Ramírez)
11. Golpe de Estado y acceso a la justicia internacional (Joaquín A. Mejía R.)
12. El acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras (Marcia Aguiluz y Luis Diego Obando)
13. Los decretos de amnistía a la luz del derecho internacional (Oswaldo Ruíz Chiriboga y Gina Donoso)
14. Las violaciones a los derechos humanos y el principio de jurisdicción universal (José R. Grijalva Eternod)
15. Honduras: De la crisis política a la emergencia de un nuevo actor social (Álvaro Cálix)
Golpe de Estado, un año después: un fracaso vertiginoso del Estado de derecho y de las libertades públicas
Reporteros sin Fronteras
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
Comité por la libre expresión (C-Libre)
Comunicado de prensa
28 de junio de 2010
Honduras
Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC) y el Comité por la libre expresión (C-Libre) han decidido
pronunciarse juntos, un año después del golpe de Estado del 28 de junio de
2009. Este acontecimiento ha marcado probablemente uno de los más
vertiginosos fracasos de las libertades fundamentales en un país – en
particular la de informar y ser informado – hasta el punto de hacerlo caer
al peor rango mundial para la libertad de los periodistas.
Destacan dos principales períodos en estos acontecimientos. El primero –
que va del derrocamiento de Manuel Zelaya por el ejército hasta la
investidura de Porfirio Lobo Sosa, el pasado 27 de enero – se ha
caracterizado a nivel mediático por actos de censura, sabotajes,
brutalidades y militarizaciones de medios de comunicación conocidos por su
línea de oposición al golpe. Fue el caso de la cadena Canal 36 Cholusat,
Radio Globo, Radio Progreso, Radio Uno así como de medios comunitarios
como la radio garífuna Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce), devastada por un
incendio criminal, el pasado 6 de enero y en cuya reconstrucción
participaron nuestras tres organizaciones. La censura y el sabotaje
también afectaron a la prensa extranjera desde las primeras horas del
golpe de Estado, y medios tan distintos como CNN Español o Telesur, de los
que una decena de periodistas resultaron expulsados del país.
El segundo período, post-golpe de Estado, va de la última investidura
presidencial a este primer “aniversario”, y se distingue sobre todo por el
asesinato de ocho profesionales de los medios de comunicación desde marzo
a junio de 2010:
-Joseph Ochoa, cadena Canal 51, 1 de marzo
-David Meza Montesinos, cadena Abriendo Brecha y radio El Patio, 11 de
marzo
-Nahúm Palacios, cadena Televisora de Aguán – Canal 5, 14 de marzo
-Bayardo Mairena, cadena Canal 4, 26 de marzo
-Manuel Juárez, Radio Excélsior, 26 de marzo
-Luis Antonio Chévez, emisora W 105, 11 de abril de 2010 (locutor)
-Georgino Orellana, Televisión de Honduras, 20 de abril
-Luis Arturo Mondragón, cadena Canal 19, 14 de junio
Se añaden a esta lista defensores de derechos humanos, como Walter
Tróchez, secuestrado y asesinado en el mes de diciembre. Es posible que
todos estos asesinatos no estén relacionados con la violencia política que
afecta al país desde hace un año. Pero no justifica en ningún caso la
actitud de las autoridades que consiste en excluir sistemáticamente, y a
priori, cualquier relación entre estos dramas y dicha violencia. No
obstante, Nahúm Palacios Arteaga denunció frecuentes persecuciones por
parte del ejército del que era víctima antes de que lo matasen. Georgino
Orellana se expuso personalmente al abandonar por razones editoriales sus
anteriores redacciones de La Prensa y Televicentro, dos medios de
comunicación favorables al golpe de Estado. Joseph Ochoa, por su parte,
fue blanco de un atentado destinado a su compañera de la cadena Canal 8,
Karol Cabrera, por apoyo al golpe de Estado, refugiada desde entonces en
Canadá.
¿Cómo negar la constancia de la violencia política contra los medios de
comunicación tras el increíble asalto llevado a cabo, el pasado 3 de
junio, por militares y policías contra la recién creada radio comunitaria
La Voz de Zacate Grande, voz de una comunidad rural en conflicto con el
magnate de la agroindustria Miguel Facussé? ¿Cómo interpretar la
nominación al mando de la empresa pública de telecomunicaciones Hondutel,
el 8 de marzo, del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, instaurador
de la censura justo después del golpe de Estado? ¿Cómo entender el
silencio de las autoridades tras dos conminaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a favor de la protección física de los
periodistas de Radio Progreso y de su director, Ismael Moreno, amenazados
de muerte?
De la voluntad de las autoridades actuales en responder de manera concreta
a esta situación depende la reintegración de Honduras en la Organización
de los Estados Americanos, suspendida de la misma desde de hace un año.
Hasta ahora solo han confirmado la lógica nacida del golpe de Estado.
En su ámbito de competencias, nuestras organizaciones demandan:
-La instalación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos
permanente para Honduras, en tanto no se dé una mejoría notable del
ejercicio de la libertad de expresión
-Que una comisión de investigación civil independiente constituida con el
apoyo de la OEA pueda ejercer sin impedimentos un poder de observación
sobre las investigaciones relativas a los asesinatos y agresiones a los
periodistas cometidos durante el primer semestre del año 2010, así como a
la verificación del cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a los
comunicadores y medios de comunicación.
-Que esta labor dé lugar a la creación de auténticos mecanismos de
protección a favor de los profesionales de los medios de comunicación y de
investigaciones que den los responsables y terminen con la impunidad en
que se encuentran los asesinatos y agresiones en contra de periodistas y
medios de comunicación.
-Que se registren y restituyan los equipamientos de los medios de
comunicación víctimas de una ocupación militar desde el 28 de junio de
2009 en base de criterios democráticos que garanticen la pluralidad y la
diversidad informativa para los sectores comercial, público y comunitario.
-Que se realice un recuento de las frecuencias audiovisuales junto con una
reestructuración de su sistema de atribución.
-Que la legislación hondureña en materia de acceso a la información, de
delitos de libertad de expresión, de diversidad de los medios de
comunicación y de pluralismo se adapte cuanto antes a las normas jurídicas
internacionales y a los marcos de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
Comité por la libre expresión (C-Libre)
Comunicado de prensa
28 de junio de 2010
Honduras
Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC) y el Comité por la libre expresión (C-Libre) han decidido
pronunciarse juntos, un año después del golpe de Estado del 28 de junio de
2009. Este acontecimiento ha marcado probablemente uno de los más
vertiginosos fracasos de las libertades fundamentales en un país – en
particular la de informar y ser informado – hasta el punto de hacerlo caer
al peor rango mundial para la libertad de los periodistas.
Destacan dos principales períodos en estos acontecimientos. El primero –
que va del derrocamiento de Manuel Zelaya por el ejército hasta la
investidura de Porfirio Lobo Sosa, el pasado 27 de enero – se ha
caracterizado a nivel mediático por actos de censura, sabotajes,
brutalidades y militarizaciones de medios de comunicación conocidos por su
línea de oposición al golpe. Fue el caso de la cadena Canal 36 Cholusat,
Radio Globo, Radio Progreso, Radio Uno así como de medios comunitarios
como la radio garífuna Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce), devastada por un
incendio criminal, el pasado 6 de enero y en cuya reconstrucción
participaron nuestras tres organizaciones. La censura y el sabotaje
también afectaron a la prensa extranjera desde las primeras horas del
golpe de Estado, y medios tan distintos como CNN Español o Telesur, de los
que una decena de periodistas resultaron expulsados del país.
El segundo período, post-golpe de Estado, va de la última investidura
presidencial a este primer “aniversario”, y se distingue sobre todo por el
asesinato de ocho profesionales de los medios de comunicación desde marzo
a junio de 2010:
-Joseph Ochoa, cadena Canal 51, 1 de marzo
-David Meza Montesinos, cadena Abriendo Brecha y radio El Patio, 11 de
marzo
-Nahúm Palacios, cadena Televisora de Aguán – Canal 5, 14 de marzo
-Bayardo Mairena, cadena Canal 4, 26 de marzo
-Manuel Juárez, Radio Excélsior, 26 de marzo
-Luis Antonio Chévez, emisora W 105, 11 de abril de 2010 (locutor)
-Georgino Orellana, Televisión de Honduras, 20 de abril
-Luis Arturo Mondragón, cadena Canal 19, 14 de junio
Se añaden a esta lista defensores de derechos humanos, como Walter
Tróchez, secuestrado y asesinado en el mes de diciembre. Es posible que
todos estos asesinatos no estén relacionados con la violencia política que
afecta al país desde hace un año. Pero no justifica en ningún caso la
actitud de las autoridades que consiste en excluir sistemáticamente, y a
priori, cualquier relación entre estos dramas y dicha violencia. No
obstante, Nahúm Palacios Arteaga denunció frecuentes persecuciones por
parte del ejército del que era víctima antes de que lo matasen. Georgino
Orellana se expuso personalmente al abandonar por razones editoriales sus
anteriores redacciones de La Prensa y Televicentro, dos medios de
comunicación favorables al golpe de Estado. Joseph Ochoa, por su parte,
fue blanco de un atentado destinado a su compañera de la cadena Canal 8,
Karol Cabrera, por apoyo al golpe de Estado, refugiada desde entonces en
Canadá.
¿Cómo negar la constancia de la violencia política contra los medios de
comunicación tras el increíble asalto llevado a cabo, el pasado 3 de
junio, por militares y policías contra la recién creada radio comunitaria
La Voz de Zacate Grande, voz de una comunidad rural en conflicto con el
magnate de la agroindustria Miguel Facussé? ¿Cómo interpretar la
nominación al mando de la empresa pública de telecomunicaciones Hondutel,
el 8 de marzo, del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, instaurador
de la censura justo después del golpe de Estado? ¿Cómo entender el
silencio de las autoridades tras dos conminaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a favor de la protección física de los
periodistas de Radio Progreso y de su director, Ismael Moreno, amenazados
de muerte?
De la voluntad de las autoridades actuales en responder de manera concreta
a esta situación depende la reintegración de Honduras en la Organización
de los Estados Americanos, suspendida de la misma desde de hace un año.
Hasta ahora solo han confirmado la lógica nacida del golpe de Estado.
En su ámbito de competencias, nuestras organizaciones demandan:
-La instalación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos
permanente para Honduras, en tanto no se dé una mejoría notable del
ejercicio de la libertad de expresión
-Que una comisión de investigación civil independiente constituida con el
apoyo de la OEA pueda ejercer sin impedimentos un poder de observación
sobre las investigaciones relativas a los asesinatos y agresiones a los
periodistas cometidos durante el primer semestre del año 2010, así como a
la verificación del cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a los
comunicadores y medios de comunicación.
-Que esta labor dé lugar a la creación de auténticos mecanismos de
protección a favor de los profesionales de los medios de comunicación y de
investigaciones que den los responsables y terminen con la impunidad en
que se encuentran los asesinatos y agresiones en contra de periodistas y
medios de comunicación.
-Que se registren y restituyan los equipamientos de los medios de
comunicación víctimas de una ocupación militar desde el 28 de junio de
2009 en base de criterios democráticos que garanticen la pluralidad y la
diversidad informativa para los sectores comercial, público y comunitario.
-Que se realice un recuento de las frecuencias audiovisuales junto con una
reestructuración de su sistema de atribución.
-Que la legislación hondureña en materia de acceso a la información, de
delitos de libertad de expresión, de diversidad de los medios de
comunicación y de pluralismo se adapte cuanto antes a las normas jurídicas
internacionales y a los marcos de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
A un año del golpe de Estado en Honduras: La sociedad civil demanda mayor firmeza de la UE frente a la situación del país
Comunicado de Prensa
Bruselas, 28 de Junio de 2010.
El 25 de junio de 2010 un número importante de redes de la sociedad civil Europea, Latinoamericana e Internacional: ALOP, CIFCA, FIAN, APRODEV y el Grupo SUR, han dirigido una carta a la Sra. Catherine Asthon, como responsable de la política Exterior de la UE, y a las presidencias rotativas salientes y entrantes, España y Bélgica respectivamente, en la cual se demanda un compromiso proactivo para el restablecimiento de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en Honduras.
Las redes esperan de la UE acciones afirmativas que contribuyan a la depuración de los poderes públicos, la superación de las violaciones a los derechos humanos y de la impunidad y el respeto a los derechos de verdad, justicia y reparación para las víctimas, tras considerar que existe una ambigüedad de la política europea frente a la situación de Honduras, fruto de su “interés por legitimar al nuevo gobierno y pasar página del golpe de Estado”, afirma la carta.
Las redes de la sociedad civil plantean también una serie de interrogantes sobre el accionar de la UE referidos a: el restablecimiento de los programas de cooperación con el país, las sanciones por parte de la UE hacia personas comprometidas con el golpe, la situación de derechos humanos, la posibilidad de establecer un diálogo bilateral sobre derechos humanos con participación de la sociedad civil y sus compromisos para con la Comisión de la Verdad creada por el actual gobierno, así como su posible apoyo a la Comisión Alternativa de Verdad.
Las redes recuerdan igualmente, que hoy, al cumplirse un año del Golpe de Estado en Honduras, se va a instalar una Comisión Alternativa de Verdad que cuenta con el respaldo de la Plataforma de DH de Honduras y numerosas organizaciones de la Sociedad Civil. Dicha Comisión busca contribuir eficazmente a la superación de la impunidad y realización de los derechos de las víctimas.
Bruselas, 28 de Junio de 2010.
El 25 de junio de 2010 un número importante de redes de la sociedad civil Europea, Latinoamericana e Internacional: ALOP, CIFCA, FIAN, APRODEV y el Grupo SUR, han dirigido una carta a la Sra. Catherine Asthon, como responsable de la política Exterior de la UE, y a las presidencias rotativas salientes y entrantes, España y Bélgica respectivamente, en la cual se demanda un compromiso proactivo para el restablecimiento de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en Honduras.
Las redes esperan de la UE acciones afirmativas que contribuyan a la depuración de los poderes públicos, la superación de las violaciones a los derechos humanos y de la impunidad y el respeto a los derechos de verdad, justicia y reparación para las víctimas, tras considerar que existe una ambigüedad de la política europea frente a la situación de Honduras, fruto de su “interés por legitimar al nuevo gobierno y pasar página del golpe de Estado”, afirma la carta.
Las redes de la sociedad civil plantean también una serie de interrogantes sobre el accionar de la UE referidos a: el restablecimiento de los programas de cooperación con el país, las sanciones por parte de la UE hacia personas comprometidas con el golpe, la situación de derechos humanos, la posibilidad de establecer un diálogo bilateral sobre derechos humanos con participación de la sociedad civil y sus compromisos para con la Comisión de la Verdad creada por el actual gobierno, así como su posible apoyo a la Comisión Alternativa de Verdad.
Las redes recuerdan igualmente, que hoy, al cumplirse un año del Golpe de Estado en Honduras, se va a instalar una Comisión Alternativa de Verdad que cuenta con el respaldo de la Plataforma de DH de Honduras y numerosas organizaciones de la Sociedad Civil. Dicha Comisión busca contribuir eficazmente a la superación de la impunidad y realización de los derechos de las víctimas.
Cerrado acceso a la Casa Presidencial y denuncian detenciones en Intibucá
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 28 junio 2010. El acceso a la Casa Presidencial ya ha sido militarizado, mientras en La Esperanza, Intibucá, fue detenida y liberada, Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), según informó, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Andrés Pavón.
Berta Cáceres habría sido detenida por preguntar la causa de su detención a un policía, quien reaccionó molesto cuando ella le comentó que “con la nueva Constitución no habrán militares, y quizá una policía decente”, reportó el Codeh.
Agregó Pavón que: “El oficial reaccionó con violencia, la tomó de un brazo y la llevó hasta la estación policial, lo mismo hizo con el compañero, Ramón Castro”.
A pesar de varias áreas militarizadas desde esta noche, se observa el ingreso a la Capital de varios buses interurbanos procedentes de distintas localidades del país, que vendrían a participar de los actos para rememorar un año del golpe de Estado y el surgimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Tegucigalpa. 28 junio 2010. El acceso a la Casa Presidencial ya ha sido militarizado, mientras en La Esperanza, Intibucá, fue detenida y liberada, Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), según informó, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Andrés Pavón.
Berta Cáceres habría sido detenida por preguntar la causa de su detención a un policía, quien reaccionó molesto cuando ella le comentó que “con la nueva Constitución no habrán militares, y quizá una policía decente”, reportó el Codeh.
Agregó Pavón que: “El oficial reaccionó con violencia, la tomó de un brazo y la llevó hasta la estación policial, lo mismo hizo con el compañero, Ramón Castro”.
A pesar de varias áreas militarizadas desde esta noche, se observa el ingreso a la Capital de varios buses interurbanos procedentes de distintas localidades del país, que vendrían a participar de los actos para rememorar un año del golpe de Estado y el surgimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Única en el mundo Comisión de la Verdad Alterna, después de Guatemala
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 28 junio 2010. La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, destacó que “es la primera vez en la historia que una Comisión [de la Verdad] Alternativa, nace desde el pueblo”, después del Informe REMI en Guatemala.
El Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMI), fue coordinada por Monseñor Juan Gerardi Conedera, por el que fue asesinado después.
La CVA se instala este 28 de junio en el auditorio del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), con un acto solemne de lanzamiento con los comisionados nacionales e internacionales.
“Estamos conscientes de nuestra responsabilidad histórica, que se nos puede ir la vida a más de alguno de la Plataforma [de derechos Humanos], porque sabemos también que este caso es único en el mundo”, confió Oliva.
Refirió que son treinta las comisiones de la verdad que se han instalado, sólo "después de una aproximación con el pueblo que está en desencuentro, para integrar a ambos sectores", pero “esta es una Comisión que sale y nace desde el pueblo”.
Explicó que “en la Plataforma queríamos que la decisión fuese avalada por la victimas del horror y del terror. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) oficial, carece de ese propósito”.
Oliva estima que, “Necesitábamos darles un aliento de esperanza a las víctimas y sus familiares, al pueblo que se concentra en la Resistencia, una gran ausencia de la VCR”.
A diferencia de la Comisión del régimen, la CVA coordinada por la Plataforma “está siendo avalada, y son parte, los familiares y las víctimas; la propuesta fue sometida a discusión con el FRP, antes de lanzarla, para ver si ellos coincidían con nuestros propósitos”.
Explicó que los miembros de la CVA son personas muy reconocidas en el mundo, y son comprometidas con la defensa de los derechos humanos.
“Otra carencia de la CVR oficial: los nombrados no vibran ni conocen el tema de derechos humanos. Son gente con experticia y sensibilidad en el tema [los miembros de la CVA]”, contrapuso.
Agregó: “Por lo tanto estamos depositando [en ellos] que pondrán esperanza y esfuerzo en los resultados de la misma”.
La utilidad del informe que resulte de la CV alternativa es el registro y permanencia histórica de los que se vivió a partir del 28 de junio. “Hemos visto que hay un propósito absoluto y el intento de los que atentan contra los derechos humanos por borrar la historia”, advirtió.
Otro objetivo, es que vendrá a ser un insumo que servirá para acudir a la demanda de justicia ante el sistema de protección universal de los derechos humanos, “va a reflejar lo vivido”, aseguró.
“Creemos que registrar los atentados contra los derechos humanos es necesario, urgente y, además, una obligación de las organizaciones y de los defensores y defensoras de los derechos humanos”, completó.
Aclaró que no pretenden “descalificar los integrantes de la CVR, porque ellos solos, con sus actuaciones públicas, se descalifican por sí mismos. Son ellos mismos los que se han descalificado. Para hacer este trabajo es necesario tener compromiso vibrar y abrazar una causa noble como la de los derechos humanos”.
Sesiones de trabajo
La primera sesión de trabajo se realizaría el 5 de julio para conmemorar la muerte del joven Isis Obed Murillo, asesinado por un francotirador mientras esperaba el retorno del presidente Zelaya que intentaba aterrizar en Toncontín.
Fue de este hecho que el Comisionado, Ramón Custodio, dijo que eran “balas de goma”, lo que le valió ese apodo y el repudio popular a su trabajo.
La forma de contacto que el pueblo tendrá con la Comisión se determinaré por los mecanismos de trabajo que ellos establezcan. Pues se pretende “garantizarles su independencia”, afirmó.
Oliva comparó que en tanto la CVR oficial tendrá la protección del Estado, la CVA tendrá la seguridad de la Resistencia, de órganos de derechos humanos, del propio pueblo, que le darán la "legitimidad".
Los miembros son especialistas en investigación en violaciones de derechos humanos, personas que los han hecho en todo el tiempo que tiene compromiso con los derechos humanos. Son “cargos ad honores, ni salario, ni estipendios, se arriesgan su seguridad en Honduras por el compromiso que tienen”, aclaró.
Claudia Hermandofer, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) justificó que la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR), oficial, surge de un pacto que ya estaba roto, el Acuerdo San José-Tegucigalpa, que endosó a Honduras constituir una CVR para explicar, lo qué ocurrió antes y después del 28 de junio.
"El Acuerdo había establecido la restitución del presidente Manuel Zelaya, pero eso no se cumplió. Sin embargo, se continuó con él pacto para dar la cara a la comunidad internacional", criticó.
Estimó que va a haber cierta incidencia internacional para que en esa CVA se retome las violaciones a los derechos humanos, porque “es una vergüenza que no sea ese el tema central”. Dijo que sus miembros "son juez y parte, se han manifestado, públicamente, a favor del golpe de Estado, lo que da una idea de lo que será esa comisión de verdad".
La CVR es "un paliativo para dar la cara ante la comunidad internacional, esconder lo que ocurrió y llamar la comunidad internacional para que rescate a Honduras, las víctimas quedan a un lado”, según Hermandofer.
Ambas defensoras de derechos humanos hicieron el análisis como parte de los estudios de la Resistencia para la transformación de Honduras.
Miembros de la CVA
Estarán presentes los comisionados nacionales e internacionales: Luis Carlos Nieto, de España; Craig Scott de Canadá; Nora Cortiñas, de Argentina; Elsy Monge de Ecuador; Mirna Perla, de El Salvador; Francisco Aguilar, de Costa Rica; Hellen Umaña y el Padre Fausto Milla, ambos de Honduras.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel 1980, no podrá asistir al acto inaugural y enviará su representante, pero particpara del trabajo de la CVA.
La Plataforma
La Plataforma de Derechos Humanos está conformada por el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT).
Tegucigalpa. 28 junio 2010. La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, destacó que “es la primera vez en la historia que una Comisión [de la Verdad] Alternativa, nace desde el pueblo”, después del Informe REMI en Guatemala.
El Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMI), fue coordinada por Monseñor Juan Gerardi Conedera, por el que fue asesinado después.
La CVA se instala este 28 de junio en el auditorio del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), con un acto solemne de lanzamiento con los comisionados nacionales e internacionales.
“Estamos conscientes de nuestra responsabilidad histórica, que se nos puede ir la vida a más de alguno de la Plataforma [de derechos Humanos], porque sabemos también que este caso es único en el mundo”, confió Oliva.
Refirió que son treinta las comisiones de la verdad que se han instalado, sólo "después de una aproximación con el pueblo que está en desencuentro, para integrar a ambos sectores", pero “esta es una Comisión que sale y nace desde el pueblo”.
Explicó que “en la Plataforma queríamos que la decisión fuese avalada por la victimas del horror y del terror. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) oficial, carece de ese propósito”.
Oliva estima que, “Necesitábamos darles un aliento de esperanza a las víctimas y sus familiares, al pueblo que se concentra en la Resistencia, una gran ausencia de la VCR”.
A diferencia de la Comisión del régimen, la CVA coordinada por la Plataforma “está siendo avalada, y son parte, los familiares y las víctimas; la propuesta fue sometida a discusión con el FRP, antes de lanzarla, para ver si ellos coincidían con nuestros propósitos”.
Explicó que los miembros de la CVA son personas muy reconocidas en el mundo, y son comprometidas con la defensa de los derechos humanos.
“Otra carencia de la CVR oficial: los nombrados no vibran ni conocen el tema de derechos humanos. Son gente con experticia y sensibilidad en el tema [los miembros de la CVA]”, contrapuso.
Agregó: “Por lo tanto estamos depositando [en ellos] que pondrán esperanza y esfuerzo en los resultados de la misma”.
La utilidad del informe que resulte de la CV alternativa es el registro y permanencia histórica de los que se vivió a partir del 28 de junio. “Hemos visto que hay un propósito absoluto y el intento de los que atentan contra los derechos humanos por borrar la historia”, advirtió.
Otro objetivo, es que vendrá a ser un insumo que servirá para acudir a la demanda de justicia ante el sistema de protección universal de los derechos humanos, “va a reflejar lo vivido”, aseguró.
“Creemos que registrar los atentados contra los derechos humanos es necesario, urgente y, además, una obligación de las organizaciones y de los defensores y defensoras de los derechos humanos”, completó.
Aclaró que no pretenden “descalificar los integrantes de la CVR, porque ellos solos, con sus actuaciones públicas, se descalifican por sí mismos. Son ellos mismos los que se han descalificado. Para hacer este trabajo es necesario tener compromiso vibrar y abrazar una causa noble como la de los derechos humanos”.
Sesiones de trabajo
La primera sesión de trabajo se realizaría el 5 de julio para conmemorar la muerte del joven Isis Obed Murillo, asesinado por un francotirador mientras esperaba el retorno del presidente Zelaya que intentaba aterrizar en Toncontín.
Fue de este hecho que el Comisionado, Ramón Custodio, dijo que eran “balas de goma”, lo que le valió ese apodo y el repudio popular a su trabajo.
La forma de contacto que el pueblo tendrá con la Comisión se determinaré por los mecanismos de trabajo que ellos establezcan. Pues se pretende “garantizarles su independencia”, afirmó.
Oliva comparó que en tanto la CVR oficial tendrá la protección del Estado, la CVA tendrá la seguridad de la Resistencia, de órganos de derechos humanos, del propio pueblo, que le darán la "legitimidad".
Los miembros son especialistas en investigación en violaciones de derechos humanos, personas que los han hecho en todo el tiempo que tiene compromiso con los derechos humanos. Son “cargos ad honores, ni salario, ni estipendios, se arriesgan su seguridad en Honduras por el compromiso que tienen”, aclaró.
Claudia Hermandofer, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) justificó que la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR), oficial, surge de un pacto que ya estaba roto, el Acuerdo San José-Tegucigalpa, que endosó a Honduras constituir una CVR para explicar, lo qué ocurrió antes y después del 28 de junio.
"El Acuerdo había establecido la restitución del presidente Manuel Zelaya, pero eso no se cumplió. Sin embargo, se continuó con él pacto para dar la cara a la comunidad internacional", criticó.
Estimó que va a haber cierta incidencia internacional para que en esa CVA se retome las violaciones a los derechos humanos, porque “es una vergüenza que no sea ese el tema central”. Dijo que sus miembros "son juez y parte, se han manifestado, públicamente, a favor del golpe de Estado, lo que da una idea de lo que será esa comisión de verdad".
La CVR es "un paliativo para dar la cara ante la comunidad internacional, esconder lo que ocurrió y llamar la comunidad internacional para que rescate a Honduras, las víctimas quedan a un lado”, según Hermandofer.
Ambas defensoras de derechos humanos hicieron el análisis como parte de los estudios de la Resistencia para la transformación de Honduras.
Miembros de la CVA
Estarán presentes los comisionados nacionales e internacionales: Luis Carlos Nieto, de España; Craig Scott de Canadá; Nora Cortiñas, de Argentina; Elsy Monge de Ecuador; Mirna Perla, de El Salvador; Francisco Aguilar, de Costa Rica; Hellen Umaña y el Padre Fausto Milla, ambos de Honduras.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel 1980, no podrá asistir al acto inaugural y enviará su representante, pero particpara del trabajo de la CVA.
La Plataforma
La Plataforma de Derechos Humanos está conformada por el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT).
sábado, 26 de junio de 2010
Congresistas piden informe claro a Hillary Clinton sobre derechos humanos en Honduras para más ayuda
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 26 junio 2010. “Shttp://joaquinmejiarivera.blogspot.com/in un informe, temprano y exacto, estaríamos renuentes a considerar la ayuda continuada, de los Estados Unidos a Honduras, sin restricciones significativas”, indica una carta a la Secretaria del Departamento de Estados de Estados Unidos, Hilary Clinton, firmada por veintisiete congresistas estadunidenses.
“En el Congreso no podemos admitir un apoyo adicional para el gobierno de Honduras, sin un informe fiable sobre la situación de los derechos humanos y políticos, que prevalecen durante la presidencia de Lobo [titular del régimen], y un plan para direccionar estas condiciones efectivamente”, explican.
Los congresistas contradicen a Clinton que, durante su reciente visita a América Latina, hubiera afirmado que “Honduras ha hecho progresos desde que el presidente Lobo asumió el cargo en enero de 2010”.
Sin embargo, “es nuestra opinión que la violencia política continua en Honduras y la inseguridad sobrecoge a mucha población”, contraponen.
“Firme y respetuosamente recomendamos, indique al Secretario Asistente para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Michael Posner, visite Honduras y haga una evaluación precisa de lo que ocurre allí, con respecto a los derechos humanos y políticos”, le dicen a Clinton.
Además, que Posner “informe a usted y a nosotros, tan pronto cuanto sea posible, incluyendo, pero no limitado a, los siguientes puntos”:
1. Los asesinatos, agresiones, amenazas y exilio de periodistas.
2. Los asesinatos, agresiones, amenazas y exilio de los miembros del Movimiento de la Resistencia, organizaciones sindicales, y las comunidades afro descendientes, indígenas y LGBT.
3. La destitución por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de jueces que se opusieron al golpe de Estado.
4. Los recursos y el mandato a disposición de Ana Pineda, asesor especial del presidente Lobo sobre derechos humanos, para llevar a cabo su trabajo.
5. El potencial de la Comisión de la Verdad para conducir a la justicia y la reconciliación.
El Congreso necesita una evaluación, “clara y franca”, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, referente a las condiciones, “en el terreno”, sobre Honduras “tal como son – no como desearíamos o como imaginamos que son”.
Cuestionan que los informes indican que muchos hondureños temen por su seguridad, no confían en la ley y están sujetos a los “caprichos de los poderosos”, incluyendo a los “arquitectos y a los apoyadores” del golpe de Estado, quienes están “protegidos por un clima de impunidad”.
El “presidente Lobo está dispuesto, según sus palabras, de enterrar el pasado”, pero estas violaciones de los derechos humanos y al orden democrático “persisten en Honduras, bajo su cuidado”, critican los congresistas.
Destacan que oficiales militares sospechosos de participar en el Golpe, han sido asignados a cargos ejecutivos de gobierno. El caso “más preocupante” es el del general, Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto que lideró el golpe, ahora gerente general de la estatal telefónica.
“Posición que le permite controlar los teléfonos Internet y líneas de fax, en el país, en un momento en que defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de oposición, temen estar siendo perseguido por su activismo”, advierten en la carta.
Honduras “ha fracasado” en cumplir con su cometido respecto a la Comisión de la Verdad y el establecimiento de un gobierno de unidad nacional que, el año pasado, Estados Unidos considerara requisitos previos para Honduras retornar a la legitimidad de un gobierno democrático, afirman.
Y aclaran, en la carta, que reconocen “el reto” que enfrenta Porfirio Lobo y saludan los esfuerzos por reconciliar el país y fortalecer el imperio de la ley, “que sean consistentes con los derechos humanos y la ley humanitaria”.
Tegucigalpa. 26 junio 2010. “Shttp://joaquinmejiarivera.blogspot.com/in un informe, temprano y exacto, estaríamos renuentes a considerar la ayuda continuada, de los Estados Unidos a Honduras, sin restricciones significativas”, indica una carta a la Secretaria del Departamento de Estados de Estados Unidos, Hilary Clinton, firmada por veintisiete congresistas estadunidenses.
“En el Congreso no podemos admitir un apoyo adicional para el gobierno de Honduras, sin un informe fiable sobre la situación de los derechos humanos y políticos, que prevalecen durante la presidencia de Lobo [titular del régimen], y un plan para direccionar estas condiciones efectivamente”, explican.
Los congresistas contradicen a Clinton que, durante su reciente visita a América Latina, hubiera afirmado que “Honduras ha hecho progresos desde que el presidente Lobo asumió el cargo en enero de 2010”.
Sin embargo, “es nuestra opinión que la violencia política continua en Honduras y la inseguridad sobrecoge a mucha población”, contraponen.
“Firme y respetuosamente recomendamos, indique al Secretario Asistente para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Michael Posner, visite Honduras y haga una evaluación precisa de lo que ocurre allí, con respecto a los derechos humanos y políticos”, le dicen a Clinton.
Además, que Posner “informe a usted y a nosotros, tan pronto cuanto sea posible, incluyendo, pero no limitado a, los siguientes puntos”:
1. Los asesinatos, agresiones, amenazas y exilio de periodistas.
2. Los asesinatos, agresiones, amenazas y exilio de los miembros del Movimiento de la Resistencia, organizaciones sindicales, y las comunidades afro descendientes, indígenas y LGBT.
3. La destitución por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de jueces que se opusieron al golpe de Estado.
4. Los recursos y el mandato a disposición de Ana Pineda, asesor especial del presidente Lobo sobre derechos humanos, para llevar a cabo su trabajo.
5. El potencial de la Comisión de la Verdad para conducir a la justicia y la reconciliación.
El Congreso necesita una evaluación, “clara y franca”, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, referente a las condiciones, “en el terreno”, sobre Honduras “tal como son – no como desearíamos o como imaginamos que son”.
Cuestionan que los informes indican que muchos hondureños temen por su seguridad, no confían en la ley y están sujetos a los “caprichos de los poderosos”, incluyendo a los “arquitectos y a los apoyadores” del golpe de Estado, quienes están “protegidos por un clima de impunidad”.
El “presidente Lobo está dispuesto, según sus palabras, de enterrar el pasado”, pero estas violaciones de los derechos humanos y al orden democrático “persisten en Honduras, bajo su cuidado”, critican los congresistas.
Destacan que oficiales militares sospechosos de participar en el Golpe, han sido asignados a cargos ejecutivos de gobierno. El caso “más preocupante” es el del general, Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto que lideró el golpe, ahora gerente general de la estatal telefónica.
“Posición que le permite controlar los teléfonos Internet y líneas de fax, en el país, en un momento en que defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de oposición, temen estar siendo perseguido por su activismo”, advierten en la carta.
Honduras “ha fracasado” en cumplir con su cometido respecto a la Comisión de la Verdad y el establecimiento de un gobierno de unidad nacional que, el año pasado, Estados Unidos considerara requisitos previos para Honduras retornar a la legitimidad de un gobierno democrático, afirman.
Y aclaran, en la carta, que reconocen “el reto” que enfrenta Porfirio Lobo y saludan los esfuerzos por reconciliar el país y fortalecer el imperio de la ley, “que sean consistentes con los derechos humanos y la ley humanitaria”.
viernes, 25 de junio de 2010
¿Hacia dónde va Honduras?
Por: Padre Ismael Moreno, sj.
1. Continuidad de los dinamismos del golpe de Estado
La propuesta de gobierno que encabeza Porfirio Lobo Sosa tiene en su interior todos los dinamismos desestabilizadores presentes en el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009. En lugar de ruptura hay continuidad, por mucho que se quiera hacer ver lo contrario, o del desmarcaje que el gobernante se esfuerza en establecer en relación con el régimen golpista que culminó el 27 de enero del 2010.
Los signos apuntan a mayor inestabilidad, como ocurre con la denuncia sobre un complot para defenestrarlo que hizo pública el propio Lobo Sosa antes de salir hacia Sudáfrica a dar su respaldo a la Selección Nacional en su participación en la copa mundial de fútbol. Hoy más que nunca, el poder del Estado ha dejado de residir en Casa Presidencial, y la reducida cuota reservada para el Ejecutivo no llega a ser suficiente para negociar decisiones políticas fundamentales del país. El deslizamiento del poder en Honduras resulta evidente. El Estado más que ser concentrador, es referente o argumento de un poder que se ha deslizado hacia otros escenarios. En el momento más agudo del conflicto en la región del Aguán, por ejemplo, el empresario Miguel Facussé logró desplazar hacia allí al ejército, la naval, y hasta la fuerza aérea y la policía para hacer sentir quién tiene el poder al momento de las negociaciones entre los agroindustriales y las organizaciones campesinas. El principal poder en el país reside actualmente en sectores empresariales y políticos que lo ejercen a través de mecanismos e instancias no formales, y capitalizan a su favor la institucionalidad formal del Estado; es decir, las principales decisiones políticas y económicas que actualmente se implementan no pasan necesariamente por los partidos políticos o los gremios empresariales ni menos por las instancias oficiales del Estado. Un golpe decisivo del golpe de Estado fue haber reducido a escombros una institucionalidad que ya estaba en situación precaria, y consiguientemente, haber dado carta de ciudadanía a los poderes fácticos, los cuales hoy conservan su propio espacio de poder, el cual lo defienden y lo ejercen sobre la sociedad a través de los únicos factores que en la actual inestabilidad resultan convincentes: la violencia y muerte.
Esos poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- que formalmente oímos decir que configuran el Estado de Derecho, cada grupo de poder los utiliza para sus “fincas” particulares, que en los hechos se han convertido en pequeños gobiernos, con cuotas importantes de autonomía. Un ejemplo, el sábado cinco de junio, a pocos minutos de las cinco de la mañana, un accidente de tránsito en la ciudad de El Progreso, en el valle de Sula, en el norte hondureño, dejó como saldo un muerto y tres heridos muy graves. Un accidente más, de esos que ocurren en nuestras ciudades, con frecuencia con tan pocas señalizaciones. La diferencia es que el provocador del accidente venía muy borracho –previsiblemente drogado--, había salido de un lugar de exclusivo servicio de bebidas alcohólicas, iba a exceso de velocidad y antes de provocar el accidente, ya había irrespetado dos señales de alto. Resulta que la ley estableció que el accidente fue provocado por otra persona distinta a la que venía conduciendo, que el vehículo propiedad del Estado, estaba cumpliendo su misión de hacer rondas, y el muerto y los heridos ocurrieron como resultado de sus propias irresponsabilidades. El hecho quedó irremediablemente en el olvidó. Los familiares de las víctimas no pueden hablar. Y Nadie tiene capacidad para hacer valer otra verdad que la oficial, porque la policía –poder Ejecutivo—los diputados del departamento –poder legislativo—y los jueces –poder judicial—ya dieron su veredicto inapelable. Y la razón es muy sencilla: el motorista y el provocador del accidente tiene un nombre: Aldo Micheletti, hijo de Roberto Micheletti Baín, quien por sí mismo, conserva una cuota de poder que le permite garantizar una vida en impunidad para él, los suyos y sus allegados.
En este marco de lectura es en el que habría que situar y explicar el asesinato de nueve comunicadores sociales en un tiempo tan corto, no conocido en otras experiencias o contextos de violencia, ni siquiera en la realidad colombiana o del Medio Oriente. Estos asesinatos no tienen como patrón común el factor político contestatario al golpe de Estado, sino una libertad de expresión sometida a los caprichos de tantos poderes dispersos y cada uno con capacidad para tomar decisiones con un grado importante de autonomía. En el actual contexto hondureño, no existe capacidad para tener control sobre decisiones que se toman sin un hilo común de mando, y en una localidad cualquiera, cualquier noticia que difunda un comunicador social está sometida al escrutinio arbitrario de poderes que en los hechos se sitúan por encima o al margen de los poderes públicos formales. La sanción a lo que se hace desde un medio de comunicación reside en estos poderes dispersos, que es el lugar en donde se ejerce la justicia, a partir de la estricta ley del más fuerte. Y la sanción no tiene términos medios: sólo se paga con la vida. Esto es lo que en sentido estricto se llama ingobernabilidad. Y no hay señales de que por la vía del tradicional control del Estado y de la economía, las reducidas elites políticas y empresariales estén en disposición de avanzar hacia una ruta de salida. Como ha quedado establecido tras varios meses de avanzar con el rumbo errático de tantos poderes dispersos, y con la violencia como única referente para dirimir conflictos, en lugar de resolverse la crisis, las elecciones y el nuevo gobierno, han contribuido más bien a ahondarla.
El gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea han decidido jugar la suerte en Honduras con el régimen de Lobo Sosa. “Es lo único que tenemos”, lo dijo uno de los embajadores europeos. Para ello, demandan de Lobo Sosa una garantía para que la Comisión de la Verdad cumpla con su misión, y se garanticen condiciones mínimas para el respeto a los derechos humanos, así como el retorno de Zelaya Rosales. Más de fondo, la administración de los Estados Unidos estaría buscando que se consolide el régimen de Lobo Sosa, se estabilice la situación política a partir de una propuesta: administrar y buscar resolver la crisis política actual desde una transición moderada, que siente las bases para impulsar su proyecto latinoamericano de “democracia autoritaria”, como base para la inversión del capital de las multinacionales y contrarrestar el bloque latinoamericano liderado por Hugo Chávez.
Sin embargo, el régimen de Lobo Sosa no tiene capacidad de responder a los requerimientos de los Estados Unidos y Europa porque se encuentra atrapado y es víctima de sus propias contradicciones. Por una parte, necesita el reconocimiento internacional, sabiendo que para lograrlo deberá cumplir con los compromisos que le demandan los gringos y los europeos, pero por otra, Lobo Sosa, con su extrema debilidad, tiene la presión de los sectores de poder, golpistas de pura cepa, y de los que recibió un fuerte respaldo para lograr la presidencia de la República, para que no haga ninguna concesión que cuestione el control que actualmente tienen del Estado. Y mientras el régimen se esfuerza en ganar reconocimiento, y la comunidad internacional de los gringos y los europeos hacen lo suyo para sacar adelante su apuesta por Lobo Sosa, el piso hondureño lo serruchan esas pocas familias cuya visión no tiene capacidad de superar sus propias ganancias, y en esta labor de mezquindad cuentan con el respaldo de los sectores de la derecha extremista del continente.
2. La encrucijada hondureña
Por el rumbo errático actual, el país no parece apuntar a otra salida que no sea la violencia como el factor desde donde los diversos y dispersos grupos de poder definen y establecen su posicionamiento en la vida pública, y la sospecha el criterio para establecer las relaciones de los grupos de poder entre sí y de los mismos con la sociedad en general. Parece tratarse de una violencia que cruza toda la sociedad, pero sin hilos de autoridad nacionales, y por ello mismo, los costos sociales y sobre todo en muertes y destrucción serán cada vez crecientes e incalculables. Los datos actuales de esta violencia son apenas pequeños adelantos de lo que se nos vendría en caso de seguir por la actual ruta de destrucción. Todos los signos podrían estar coincidiendo en el descalabro del modelo bipartidista y en el umbral político de un nuevo período político. El modelo sostenido sobre un reducido grupo de familias acaudaladas, no sólo no puede resolver el asunto fundamental de la inequidad y de ingobernabilidad, sino que en el actual contexto sólo se sostiene a costa de trampas y produciendo insaciablemente más violencia e inequidad.
3. Nuevo Pacto Social
Honduras ha quedado atrapada en la encrucijada más profunda de su historia moderna. Y la ingobernabilidad o su destrucción, es uno de los caminos en esa encrucijada a la que ha llegado la sociedad hondureña. Y si ya estamos experimentando los efectos y consecuencias del camino por donde nos conduce este modelo excluyente y elitista, hemos de apostar por el otro camino de la encrucijada. Y aquí es donde se encuentra la tranca o la oportunidad hondureña para su futuro.
Por el rumbo perdido actual el país no tiene más salida que la violencia en todas sus expresiones, y al carecer de líneas de decisión y de autoridad comunes, los costos sociales y sobre todo humanos, resultan incalculables. Los datos actuales de esta violencia son apenas pequeños adelantos de lo que se nos vendrá en caso de seguir por la actual ruta de destrucción. Un modelo que se sostenga con el liderazgo de una reducida cantidad de familias acaudaladas, es un modelo productor de violencia y de ingobernabilidad. Sin embargo, ese es uno de los caminos en la encrucijada a la que ha llegado la sociedad hondureña. Y si ya estamos experimentando los efectos y consecuencias del camino por donde nos conduce este modelo excluyente y elitista, hemos de apostar por el otro camino de la encrucijada. Diversos sectores de la sociedad desvinculados de las elites gobernantes concuerdan en reiterar la necesidad de un Nuevo Pacto Social –o plan estratégico de lucha, como preferirían llamarlo algunos sectores organizados en la resistencia popular hondureña--, y que tendría al menos los tres componentes siguientes:
Primer componente: definir contenidos
Estos contenidos se agrupan en tres bloques.
Primer bloque: demandas por los recursos naturales, la tierra y el ambiente, y que políticamente tiene que ver con la soberanía, entendida como el control y la decisión del Estado y de la ciudadanía sobre su patrimonio. Soberanía es el mayor déficit que tiene el país y tiene que ver con contenidos patrimoniales. Una reforma agraria que rompa con la lógica de un puñado de empresarios que acaparan las tierras más fértiles de los valles hondureños, y que subordina la alimentación y la vida misma de la población campesina a los intereses de las multinacionales agroexportadoras. Lo mismo habría que decir sobre los bosques, el agua, la energía y la minería y todas las riquezas naturales, como es el caso de la potencial existencia de petróleo en las tierras bajas y costeras del atlántico hondureño.
Segundo bloque: Demandas sociales que tienen que ver con educación, salud, vivienda, salarios, respeto a etnias y a minorías sexuales, respeto y promoción de la organización y movilización social. Saber situar las demandas sociales vinculadas con las demandas por la soberanía y recursos naturales, es un modo estratégico de garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad, sin dejar que sean las elites de siempre quienes acaben imponiendo sus demandas como si fuesen demandas nacionales únicas.
Tercer bloque: las demandas político-jurídico-institucionales que tienen que ver con las transformaciones que necesita el Estado hondureño para que en efecto se avance en eso que los sectores en resistencia llaman “refundación de Honduras”. Aquí es donde se sitúa la demanda por una Asamblea Nacional constituyente, la misma utilizada por las elites hondureñas como argumento para dar al traste con la administración de Manuel Zelaya Rosales, y lo que actualmente representa el factor político que aglutina y convoca a los sectores organizados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Segundo componente:
Definir el sujeto político y social. Aquí se encuentra el debate en torno a los partidos políticos y los movimientos sociales, la relación y la diferencia entre ambos, la identidad que ha de asumir el Frente Nacional de Resistencia Popular. El debate actualmente pasa al menos por establecer la relación y las diferencias en torno a tres posturas.
Primera postura: Que la resistencia se convierta en una corriente interna del Partido Liberal, con el fin de recuperar ese instituto político en manos de quienes dieron el golpe de Estado, y desde allí ir a elecciones que permita recuperar el poder del Estado para retomar las transformaciones truncadas con el golpe de Estado. Existen sectores liberales vinculados con el liderazgo de Zelaya Rosales que realizan una actividad muy fuerte para convertir esta postura en un hecho. Y no es que los liberales no tengan el legítimo derecho de empujar la resistencia hacia su partido como la mejor opción. Pero si la resistencia se reduce a una corriente del partido liberal, la misma deberá someterse a negociaciones con quienes tradicionalmente tiene la mayor capacidad de decisión en ese partido, y que tuvieron una altísima cuota de responsabilidad en el diseño e implementación del golpe de Estado. Y una vez que la resistencia sea corriente interna liberal, muchos sectores deberán tomar otros caminos, porque los liberales no tienen propiamente una tradición de lucha popular. Los liberales en resistencia tienen el derecho de luchar por su partido, así como los sectores de la resistencia tienen el derecho de mantenerse al margen del partido liberal y de cualquier otro partido político, como lo ha establecido el FNRP en su posicionamiento político en el mes de febrero del año en curso.
Segunda postura: Convertir el FNRP en partido político que luche por las transformaciones contenidas en el primer componente de este Nuevo Pacto social. Quienes así piensan, afirman que el país se encuentra ante el impostergable desafío de luchar por la toma del poder político, y que descartada la lucha armada, dicha toma sólo se logrará a través de elecciones. Sin embargo, otros piensan que convertir el FNRP en partido político sería reducir la fuerza de la resistencia nacional, tan amplia y sostenida en muchísimas expresiones de base, en una estricta lucha electoral, lo cual acabaría debilitando la lucha popular. Cualquier sector tiene el derecho legítimo de luchar por construir su partido político, y si su declaración o principios políticos sostiene su oposición al sistema y al modelo neoliberal, es mucho mejor, puesto que ello puede permitir alianzas futuras. Sin embargo, para diversos sectores, la existencia del FNRP como instancia amplia de masas es garantía para una lucha política más honda, y que en determinados períodos o coyunturas puede establecer alianzas con partidos políticos sin perder su identidad de movimiento social.
Tercera postura: El FNRP debe tener una identidad permanente como un frente amplio que canalice como movimiento social las diversas demandas de los sectores populares y sociales de todo el país, tanto de los gremiales como de los sectores organizados comunitariamente en los diversos territorios del país. EL FNRP, en tanto movimiento de lucha social amplia, debía tener dos modos de lucha en el presente período: el primer modo el de la lucha de presión por debilitar, denunciar y desenmascarar el actual régimen político como estricto continuador del golpe de Estado hasta obligar a que se convoque una Asamblea nacional Constituyente; y el segundo modo, ir avanzando en la definición de una propuesta de candidaturas independientes que se convierte en una fórmula exitosa para las próximas elecciones generales.
Tercer componente:
Definir la participación en los procesos políticos electorales. Una vez definida la identidad del FNRP, se debe garantizar la lucha por democratizar los mecanismos de participación popular con el fin de que los procesos electorales dejen de ser expresiones legitimadores del control del Estado por parte de una reducida elite, como condición de posibilidad para la participación ciudadana en la construcción de la democracia y del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede existir sin democracia y vigencia de los derechos humanos. En el caso hondureño, no es asunto de un deficiente Estado de Derecho, es cuestión de ausencia de Estado de Derecho, y las elites políticas y empresariales utilizan el término para imponer la ley del más fuerte y violar los derechos humanos de la ciudadanía.
4. Sobre el sujeto político y social
Todas esas transformaciones que encarnen ese camino que salve al país del despeñadero, sólo pueden impulsarse desde un sujeto político y social, que en el actual contexto no acaba de alcanzar un perfil con capacidad conductora y aglutinadora. Y ese es sin duda uno de los mayores desafíos hondureños que debían situar a los diversos sectores de la sociedad que rechazan la propuesta destructiva de las elites empresariales y políticas hondureñas, en estado de debate constructivo y propositivo.
Una de las preocupaciones políticas fundamentales para los sectores populares hondureños, en el actual contexto de debacle del modelo económico y político de la oligarquía, es si existe la capacidad y las condiciones subjetivas para el debate abierto, constructivo, propositivo, transparente y franco y tolerante al interior de los diversos sectores que se agrupan o se sienten remitidos al FNRP, como para conducir al mismo a constituirse en instancia nacional con capacidad para capitalizar la crisis de ingobernabilidad y convertirla en oportunidad para una liderar el impulso de un período de democracia participativa en el país para las próximas décadas. Añadido a las limitaciones propias en el análisis de los sectores populares hondureños --los cuales tienden a dejarse llevar, y vivir atrapados en la consigna, muy entusiasta, pero sin sustento y en las acciones movilizadoras continuas y sin reposo, como si en sí mismas esas actividades anidaran acumulaciones mágicas de fuerza, y soluciones mesiánicas--, el contexto de convulsión tras el golpe de Estado, contribuyó enormemente a la polarización y a la intolerancia al interior de los diversos sectores populares que se agruparon en el FNRP. La carencia en la visión estratégica y la dosis muy reducida de tolerancia y de profundidad en el análisis que jalone hacia una lectura de la realidad histórica, más que a la lectura a partir de folletos petrificados, ha acentuado desconfianzas, descalificaciones, aversión a los análisis y al propio debate, y a usar la expresión “golpista” ante cualquier expresión o postura que no sea la que dicte la consigna o que se salga del esquema maniqueo “golpismo/zelayismo”. Quien grita más o quien insulta más a los enemigos parecen tener mayor liderazgo en esta coyuntura en la que el sosiego, el debate, el análisis, la búsqueda de claridad, la tolerancia en la diversidad y la construcción de pensamiento político son fundamentales para definir el camino hacia la construcción de poder popular para llenar el vacío que ya no pueden llenar los grupos oligárquicos hondureños.
Construir el sujeto político y social es sin duda un objetivo político esencial en el actual contexto de ingobernabilidad. Las condiciones políticas y la correlación de fuerzas al interior de los grupos de poder que han liderado el Estado y la vida del país, dejan señales evidentes de un desplome que por su propia naturaleza no parece que sea reversible. Los sectores oligárquicos se afanan por buscar soluciones a la crisis, pero su círculo de propuestas se inscribe dentro de la lógica de conducción total del proceso, adecentar el pacto social de comienzos de los ochentas, sin reconocer la inviabilidad de sus propuestas económicas y políticas en una sociedad convulsionada. Los altos dirigentes empresariales y políticos se esfuerzan en hacer cambios, pero sin cambiar la lógica de la acumulación, productora de inequidad y de violencia. Por parte de los sectores oligárquicos, no existe capacidad ni voluntad política de abrirse a una nueva lógica que signifique sacrificar privilegios, que cuestione el modelo de acumulación y el país se abra hacia una búsqueda conjunta con todos los sectores de la sociedad hondureña, en igualdad de condiciones para el debate y para las decisiones. Las condiciones objetivas, entonces, están dadas para un cambio de rumbo. Sin embargo, ¿Quiénes han liderar este proceso? ¿Están los sectores populares en madurez política, ideológica, cultural y ética para ser los conductores de este nuevo proceso de “refundación”, como le llaman al interior de los sectores conjuntados en la resistencia, o de nuevo pacto social como le hemos venido llamando desde nuestro análisis?
5. Diez sugerencias a las dirigencias y participantes de los sectores populares de cara a ese monumental desafío de construir el sujeto político y social
1) Situarnos en estado de debate, bajo la aceptación de que en este proceso de búsqueda nadie tiene toda la verdad, y que nadie tampoco puede ser tachado de estar completamente en el error.
2) Bajar los niveles subjetivos de prejuicios, descalificaciones y estigmatizaciones que en la historia de la izquierda y del movimiento popular hondureño nos ha dejado daños a veces irreparables y heridas que con el correr de los años siguen laceradas y sangrantes.
3) Ni la gente que vive y se organiza en Tegucigalpa puede adjudicarse el derecho a ser conductora del proceso, y por eso mismo, adquirir derechos o prerrogativas de tomar decisiones como si fuese en nombre de todo el movimiento popular o de la resistencia de todo Honduras, ni las organizaciones populares de las otras regiones del país deberán estar ausentes de la capital, sobre la base de que es allí en donde se encuentra el centro neurálgico de la política, y en donde se deberán articular y coincidir diversas acciones políticas que se desarrollan en las diversas regiones del país.
4) En el debate y en la búsqueda se debería evitar prácticas que parezcan excluyentes, vanguardistas, iluminadas, superiores o de menosprecio hacia ciertos sectores de la sociedad. La inclusión, la horizontalidad y la complementariedad en la participación, son criterios que contribuirán a la confianza y al ambiente constructivo.
5) Ni las organizaciones son más relevantes o valen mucho más porque tienen más antigüedad o porque han ofrecido más mártires a la causa, ni las organizaciones No Gubernamentales tienen derecho a imponer sus agendas porque contribuyen con dinero para los encuentros y las movilizaciones, ni los gremios son vanguardia de las luchas ni las organizaciones comunitarias pueden ser sólo relleno, que sirven sólo para poner gente en las calles, ni las organizaciones de profesionales son menos porque no son obreras o porque sus miembros ganan más o tienen mayores beneficios salariales. Todas tienen su capacidad de aportar, todas tienen su especificidad en la lucha, cada organización aporta desde su propio campo, y todas son complementarias a partir de la diversidad de pensamiento, antigüedad, composición, género y cultura.
6) No se puede calificar la “pureza” popular o revolucionaria de una persona por repetir y ser fiel a una consigna y porque no se sale del molde que han establecido unos cuantos dirigentes. La pluralidad y diversidad en el pensamiento sólo puede ser riqueza para la lucha y la construcción del sujeto político y social. A nadie se le debía excluir, descalificar o negar su presencia en este proceso por expresar su disenso en relación con la lucha. El pensamiento único y las concepciones teóricas “puras” difícilmente pueden tener cabida en el actual desarrollo de las ideas y de la cultura del siglo XXI.
7) En lo posible, se debía evitar la injerencia en plan de control de los partidos políticos, cualquiera sea su orientación ideológica, sin negar por ello, que dirigentes de los mismos puedan participar en el debate, siempre que los mismos no hayan participado en actos públicos y evidentes de traición a la soberanía, que hayan contribuido a entregar los recursos naturales y la tierra del país a grupos o multinacionales extranjeras o hayan participado en actos evidentes de corrupción de los bienes públicos. De igual manera, se debía evitar la injerencia de líderes o sectores religiosos o empresariales, sin que por ello se niegue su participación en igualdad de condiciones de los demás en el proceso de búsqueda, siempre que los mismos no estén evidentemente vinculados a los actos relacionados con los dirigentes de partidos políticos.
8) Buscar el aporte y el testimonio de personas y organizaciones de otros países para enriquecer el debate y la construcción del sujeto político y social, es una condición complementaria necesaria y enriquecedora, siempre que los mismos sean aportes y no parezcan imposiciones, o que con ello se busque trasladar mecánicamente a una realidad hondureña con sus propias peculiaridades.
9) El aporte de intelectuales en este debate y en la construcción del sujeto político y social no puede ser desestimado. El aporte de la investigación en la economía, la sociología, la historia, la antropología y otras ramas del quehacer intelectual se constituye en un complemento plenamente necesario para la lucha y la construcción de propuestas. No se trata de que los intelectuales estén separados de los procesos, o que sean personas o sectores que por la oportunidad que tuvieron de formarse académicamente, hagan valer sus aportes como verdades a seguir. Son aportes complementarios y no dogmas a seguir. Ni los intelectuales debían menospreciar la lucha y el aporte de los dirigentes populares actuales, ni éstos despreciar el aporte teórico de los intelectuales. La inserción en los procesos de lucha es condición de posibilidad para que los sectores profesionales e intelectuales acerquen sus aportes a la realidad desafiante del movimiento popular hondureño. “Intelectuales orgánicos”, como nos recuerda Gramsci, es lo que necesitamos en este proceso de debate y construcción.
10) El aporte de la juventud, muchachas y muchachos, debe representar una verdadera novedad para la construcción del sujeto político y social. Las dirigencias actuales en todos los campos, deberían alcanzar el talante de “puente”, que van abriendo paso para que emerja la juventud con sus nuevos aportes y sus nuevos liderazgos. Contribuir a que el sujeto político y social esté notablemente liderado por una nueva generación comprometida con la transformación o “refundación” del país, es un factor decisivo y “revolucionario” en este proceso de llenar el vacío que ya ha dejado la reducida elite al haber perdido la capacidad y el derecho a proseguir con su proyecto de “pacto” desde arriba y sólo para los de arriba.
1. Continuidad de los dinamismos del golpe de Estado
La propuesta de gobierno que encabeza Porfirio Lobo Sosa tiene en su interior todos los dinamismos desestabilizadores presentes en el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009. En lugar de ruptura hay continuidad, por mucho que se quiera hacer ver lo contrario, o del desmarcaje que el gobernante se esfuerza en establecer en relación con el régimen golpista que culminó el 27 de enero del 2010.
Los signos apuntan a mayor inestabilidad, como ocurre con la denuncia sobre un complot para defenestrarlo que hizo pública el propio Lobo Sosa antes de salir hacia Sudáfrica a dar su respaldo a la Selección Nacional en su participación en la copa mundial de fútbol. Hoy más que nunca, el poder del Estado ha dejado de residir en Casa Presidencial, y la reducida cuota reservada para el Ejecutivo no llega a ser suficiente para negociar decisiones políticas fundamentales del país. El deslizamiento del poder en Honduras resulta evidente. El Estado más que ser concentrador, es referente o argumento de un poder que se ha deslizado hacia otros escenarios. En el momento más agudo del conflicto en la región del Aguán, por ejemplo, el empresario Miguel Facussé logró desplazar hacia allí al ejército, la naval, y hasta la fuerza aérea y la policía para hacer sentir quién tiene el poder al momento de las negociaciones entre los agroindustriales y las organizaciones campesinas. El principal poder en el país reside actualmente en sectores empresariales y políticos que lo ejercen a través de mecanismos e instancias no formales, y capitalizan a su favor la institucionalidad formal del Estado; es decir, las principales decisiones políticas y económicas que actualmente se implementan no pasan necesariamente por los partidos políticos o los gremios empresariales ni menos por las instancias oficiales del Estado. Un golpe decisivo del golpe de Estado fue haber reducido a escombros una institucionalidad que ya estaba en situación precaria, y consiguientemente, haber dado carta de ciudadanía a los poderes fácticos, los cuales hoy conservan su propio espacio de poder, el cual lo defienden y lo ejercen sobre la sociedad a través de los únicos factores que en la actual inestabilidad resultan convincentes: la violencia y muerte.
Esos poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- que formalmente oímos decir que configuran el Estado de Derecho, cada grupo de poder los utiliza para sus “fincas” particulares, que en los hechos se han convertido en pequeños gobiernos, con cuotas importantes de autonomía. Un ejemplo, el sábado cinco de junio, a pocos minutos de las cinco de la mañana, un accidente de tránsito en la ciudad de El Progreso, en el valle de Sula, en el norte hondureño, dejó como saldo un muerto y tres heridos muy graves. Un accidente más, de esos que ocurren en nuestras ciudades, con frecuencia con tan pocas señalizaciones. La diferencia es que el provocador del accidente venía muy borracho –previsiblemente drogado--, había salido de un lugar de exclusivo servicio de bebidas alcohólicas, iba a exceso de velocidad y antes de provocar el accidente, ya había irrespetado dos señales de alto. Resulta que la ley estableció que el accidente fue provocado por otra persona distinta a la que venía conduciendo, que el vehículo propiedad del Estado, estaba cumpliendo su misión de hacer rondas, y el muerto y los heridos ocurrieron como resultado de sus propias irresponsabilidades. El hecho quedó irremediablemente en el olvidó. Los familiares de las víctimas no pueden hablar. Y Nadie tiene capacidad para hacer valer otra verdad que la oficial, porque la policía –poder Ejecutivo—los diputados del departamento –poder legislativo—y los jueces –poder judicial—ya dieron su veredicto inapelable. Y la razón es muy sencilla: el motorista y el provocador del accidente tiene un nombre: Aldo Micheletti, hijo de Roberto Micheletti Baín, quien por sí mismo, conserva una cuota de poder que le permite garantizar una vida en impunidad para él, los suyos y sus allegados.
En este marco de lectura es en el que habría que situar y explicar el asesinato de nueve comunicadores sociales en un tiempo tan corto, no conocido en otras experiencias o contextos de violencia, ni siquiera en la realidad colombiana o del Medio Oriente. Estos asesinatos no tienen como patrón común el factor político contestatario al golpe de Estado, sino una libertad de expresión sometida a los caprichos de tantos poderes dispersos y cada uno con capacidad para tomar decisiones con un grado importante de autonomía. En el actual contexto hondureño, no existe capacidad para tener control sobre decisiones que se toman sin un hilo común de mando, y en una localidad cualquiera, cualquier noticia que difunda un comunicador social está sometida al escrutinio arbitrario de poderes que en los hechos se sitúan por encima o al margen de los poderes públicos formales. La sanción a lo que se hace desde un medio de comunicación reside en estos poderes dispersos, que es el lugar en donde se ejerce la justicia, a partir de la estricta ley del más fuerte. Y la sanción no tiene términos medios: sólo se paga con la vida. Esto es lo que en sentido estricto se llama ingobernabilidad. Y no hay señales de que por la vía del tradicional control del Estado y de la economía, las reducidas elites políticas y empresariales estén en disposición de avanzar hacia una ruta de salida. Como ha quedado establecido tras varios meses de avanzar con el rumbo errático de tantos poderes dispersos, y con la violencia como única referente para dirimir conflictos, en lugar de resolverse la crisis, las elecciones y el nuevo gobierno, han contribuido más bien a ahondarla.
El gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea han decidido jugar la suerte en Honduras con el régimen de Lobo Sosa. “Es lo único que tenemos”, lo dijo uno de los embajadores europeos. Para ello, demandan de Lobo Sosa una garantía para que la Comisión de la Verdad cumpla con su misión, y se garanticen condiciones mínimas para el respeto a los derechos humanos, así como el retorno de Zelaya Rosales. Más de fondo, la administración de los Estados Unidos estaría buscando que se consolide el régimen de Lobo Sosa, se estabilice la situación política a partir de una propuesta: administrar y buscar resolver la crisis política actual desde una transición moderada, que siente las bases para impulsar su proyecto latinoamericano de “democracia autoritaria”, como base para la inversión del capital de las multinacionales y contrarrestar el bloque latinoamericano liderado por Hugo Chávez.
Sin embargo, el régimen de Lobo Sosa no tiene capacidad de responder a los requerimientos de los Estados Unidos y Europa porque se encuentra atrapado y es víctima de sus propias contradicciones. Por una parte, necesita el reconocimiento internacional, sabiendo que para lograrlo deberá cumplir con los compromisos que le demandan los gringos y los europeos, pero por otra, Lobo Sosa, con su extrema debilidad, tiene la presión de los sectores de poder, golpistas de pura cepa, y de los que recibió un fuerte respaldo para lograr la presidencia de la República, para que no haga ninguna concesión que cuestione el control que actualmente tienen del Estado. Y mientras el régimen se esfuerza en ganar reconocimiento, y la comunidad internacional de los gringos y los europeos hacen lo suyo para sacar adelante su apuesta por Lobo Sosa, el piso hondureño lo serruchan esas pocas familias cuya visión no tiene capacidad de superar sus propias ganancias, y en esta labor de mezquindad cuentan con el respaldo de los sectores de la derecha extremista del continente.
2. La encrucijada hondureña
Por el rumbo errático actual, el país no parece apuntar a otra salida que no sea la violencia como el factor desde donde los diversos y dispersos grupos de poder definen y establecen su posicionamiento en la vida pública, y la sospecha el criterio para establecer las relaciones de los grupos de poder entre sí y de los mismos con la sociedad en general. Parece tratarse de una violencia que cruza toda la sociedad, pero sin hilos de autoridad nacionales, y por ello mismo, los costos sociales y sobre todo en muertes y destrucción serán cada vez crecientes e incalculables. Los datos actuales de esta violencia son apenas pequeños adelantos de lo que se nos vendría en caso de seguir por la actual ruta de destrucción. Todos los signos podrían estar coincidiendo en el descalabro del modelo bipartidista y en el umbral político de un nuevo período político. El modelo sostenido sobre un reducido grupo de familias acaudaladas, no sólo no puede resolver el asunto fundamental de la inequidad y de ingobernabilidad, sino que en el actual contexto sólo se sostiene a costa de trampas y produciendo insaciablemente más violencia e inequidad.
3. Nuevo Pacto Social
Honduras ha quedado atrapada en la encrucijada más profunda de su historia moderna. Y la ingobernabilidad o su destrucción, es uno de los caminos en esa encrucijada a la que ha llegado la sociedad hondureña. Y si ya estamos experimentando los efectos y consecuencias del camino por donde nos conduce este modelo excluyente y elitista, hemos de apostar por el otro camino de la encrucijada. Y aquí es donde se encuentra la tranca o la oportunidad hondureña para su futuro.
Por el rumbo perdido actual el país no tiene más salida que la violencia en todas sus expresiones, y al carecer de líneas de decisión y de autoridad comunes, los costos sociales y sobre todo humanos, resultan incalculables. Los datos actuales de esta violencia son apenas pequeños adelantos de lo que se nos vendrá en caso de seguir por la actual ruta de destrucción. Un modelo que se sostenga con el liderazgo de una reducida cantidad de familias acaudaladas, es un modelo productor de violencia y de ingobernabilidad. Sin embargo, ese es uno de los caminos en la encrucijada a la que ha llegado la sociedad hondureña. Y si ya estamos experimentando los efectos y consecuencias del camino por donde nos conduce este modelo excluyente y elitista, hemos de apostar por el otro camino de la encrucijada. Diversos sectores de la sociedad desvinculados de las elites gobernantes concuerdan en reiterar la necesidad de un Nuevo Pacto Social –o plan estratégico de lucha, como preferirían llamarlo algunos sectores organizados en la resistencia popular hondureña--, y que tendría al menos los tres componentes siguientes:
Primer componente: definir contenidos
Estos contenidos se agrupan en tres bloques.
Primer bloque: demandas por los recursos naturales, la tierra y el ambiente, y que políticamente tiene que ver con la soberanía, entendida como el control y la decisión del Estado y de la ciudadanía sobre su patrimonio. Soberanía es el mayor déficit que tiene el país y tiene que ver con contenidos patrimoniales. Una reforma agraria que rompa con la lógica de un puñado de empresarios que acaparan las tierras más fértiles de los valles hondureños, y que subordina la alimentación y la vida misma de la población campesina a los intereses de las multinacionales agroexportadoras. Lo mismo habría que decir sobre los bosques, el agua, la energía y la minería y todas las riquezas naturales, como es el caso de la potencial existencia de petróleo en las tierras bajas y costeras del atlántico hondureño.
Segundo bloque: Demandas sociales que tienen que ver con educación, salud, vivienda, salarios, respeto a etnias y a minorías sexuales, respeto y promoción de la organización y movilización social. Saber situar las demandas sociales vinculadas con las demandas por la soberanía y recursos naturales, es un modo estratégico de garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad, sin dejar que sean las elites de siempre quienes acaben imponiendo sus demandas como si fuesen demandas nacionales únicas.
Tercer bloque: las demandas político-jurídico-institucionales que tienen que ver con las transformaciones que necesita el Estado hondureño para que en efecto se avance en eso que los sectores en resistencia llaman “refundación de Honduras”. Aquí es donde se sitúa la demanda por una Asamblea Nacional constituyente, la misma utilizada por las elites hondureñas como argumento para dar al traste con la administración de Manuel Zelaya Rosales, y lo que actualmente representa el factor político que aglutina y convoca a los sectores organizados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Segundo componente:
Definir el sujeto político y social. Aquí se encuentra el debate en torno a los partidos políticos y los movimientos sociales, la relación y la diferencia entre ambos, la identidad que ha de asumir el Frente Nacional de Resistencia Popular. El debate actualmente pasa al menos por establecer la relación y las diferencias en torno a tres posturas.
Primera postura: Que la resistencia se convierta en una corriente interna del Partido Liberal, con el fin de recuperar ese instituto político en manos de quienes dieron el golpe de Estado, y desde allí ir a elecciones que permita recuperar el poder del Estado para retomar las transformaciones truncadas con el golpe de Estado. Existen sectores liberales vinculados con el liderazgo de Zelaya Rosales que realizan una actividad muy fuerte para convertir esta postura en un hecho. Y no es que los liberales no tengan el legítimo derecho de empujar la resistencia hacia su partido como la mejor opción. Pero si la resistencia se reduce a una corriente del partido liberal, la misma deberá someterse a negociaciones con quienes tradicionalmente tiene la mayor capacidad de decisión en ese partido, y que tuvieron una altísima cuota de responsabilidad en el diseño e implementación del golpe de Estado. Y una vez que la resistencia sea corriente interna liberal, muchos sectores deberán tomar otros caminos, porque los liberales no tienen propiamente una tradición de lucha popular. Los liberales en resistencia tienen el derecho de luchar por su partido, así como los sectores de la resistencia tienen el derecho de mantenerse al margen del partido liberal y de cualquier otro partido político, como lo ha establecido el FNRP en su posicionamiento político en el mes de febrero del año en curso.
Segunda postura: Convertir el FNRP en partido político que luche por las transformaciones contenidas en el primer componente de este Nuevo Pacto social. Quienes así piensan, afirman que el país se encuentra ante el impostergable desafío de luchar por la toma del poder político, y que descartada la lucha armada, dicha toma sólo se logrará a través de elecciones. Sin embargo, otros piensan que convertir el FNRP en partido político sería reducir la fuerza de la resistencia nacional, tan amplia y sostenida en muchísimas expresiones de base, en una estricta lucha electoral, lo cual acabaría debilitando la lucha popular. Cualquier sector tiene el derecho legítimo de luchar por construir su partido político, y si su declaración o principios políticos sostiene su oposición al sistema y al modelo neoliberal, es mucho mejor, puesto que ello puede permitir alianzas futuras. Sin embargo, para diversos sectores, la existencia del FNRP como instancia amplia de masas es garantía para una lucha política más honda, y que en determinados períodos o coyunturas puede establecer alianzas con partidos políticos sin perder su identidad de movimiento social.
Tercera postura: El FNRP debe tener una identidad permanente como un frente amplio que canalice como movimiento social las diversas demandas de los sectores populares y sociales de todo el país, tanto de los gremiales como de los sectores organizados comunitariamente en los diversos territorios del país. EL FNRP, en tanto movimiento de lucha social amplia, debía tener dos modos de lucha en el presente período: el primer modo el de la lucha de presión por debilitar, denunciar y desenmascarar el actual régimen político como estricto continuador del golpe de Estado hasta obligar a que se convoque una Asamblea nacional Constituyente; y el segundo modo, ir avanzando en la definición de una propuesta de candidaturas independientes que se convierte en una fórmula exitosa para las próximas elecciones generales.
Tercer componente:
Definir la participación en los procesos políticos electorales. Una vez definida la identidad del FNRP, se debe garantizar la lucha por democratizar los mecanismos de participación popular con el fin de que los procesos electorales dejen de ser expresiones legitimadores del control del Estado por parte de una reducida elite, como condición de posibilidad para la participación ciudadana en la construcción de la democracia y del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede existir sin democracia y vigencia de los derechos humanos. En el caso hondureño, no es asunto de un deficiente Estado de Derecho, es cuestión de ausencia de Estado de Derecho, y las elites políticas y empresariales utilizan el término para imponer la ley del más fuerte y violar los derechos humanos de la ciudadanía.
4. Sobre el sujeto político y social
Todas esas transformaciones que encarnen ese camino que salve al país del despeñadero, sólo pueden impulsarse desde un sujeto político y social, que en el actual contexto no acaba de alcanzar un perfil con capacidad conductora y aglutinadora. Y ese es sin duda uno de los mayores desafíos hondureños que debían situar a los diversos sectores de la sociedad que rechazan la propuesta destructiva de las elites empresariales y políticas hondureñas, en estado de debate constructivo y propositivo.
Una de las preocupaciones políticas fundamentales para los sectores populares hondureños, en el actual contexto de debacle del modelo económico y político de la oligarquía, es si existe la capacidad y las condiciones subjetivas para el debate abierto, constructivo, propositivo, transparente y franco y tolerante al interior de los diversos sectores que se agrupan o se sienten remitidos al FNRP, como para conducir al mismo a constituirse en instancia nacional con capacidad para capitalizar la crisis de ingobernabilidad y convertirla en oportunidad para una liderar el impulso de un período de democracia participativa en el país para las próximas décadas. Añadido a las limitaciones propias en el análisis de los sectores populares hondureños --los cuales tienden a dejarse llevar, y vivir atrapados en la consigna, muy entusiasta, pero sin sustento y en las acciones movilizadoras continuas y sin reposo, como si en sí mismas esas actividades anidaran acumulaciones mágicas de fuerza, y soluciones mesiánicas--, el contexto de convulsión tras el golpe de Estado, contribuyó enormemente a la polarización y a la intolerancia al interior de los diversos sectores populares que se agruparon en el FNRP. La carencia en la visión estratégica y la dosis muy reducida de tolerancia y de profundidad en el análisis que jalone hacia una lectura de la realidad histórica, más que a la lectura a partir de folletos petrificados, ha acentuado desconfianzas, descalificaciones, aversión a los análisis y al propio debate, y a usar la expresión “golpista” ante cualquier expresión o postura que no sea la que dicte la consigna o que se salga del esquema maniqueo “golpismo/zelayismo”. Quien grita más o quien insulta más a los enemigos parecen tener mayor liderazgo en esta coyuntura en la que el sosiego, el debate, el análisis, la búsqueda de claridad, la tolerancia en la diversidad y la construcción de pensamiento político son fundamentales para definir el camino hacia la construcción de poder popular para llenar el vacío que ya no pueden llenar los grupos oligárquicos hondureños.
Construir el sujeto político y social es sin duda un objetivo político esencial en el actual contexto de ingobernabilidad. Las condiciones políticas y la correlación de fuerzas al interior de los grupos de poder que han liderado el Estado y la vida del país, dejan señales evidentes de un desplome que por su propia naturaleza no parece que sea reversible. Los sectores oligárquicos se afanan por buscar soluciones a la crisis, pero su círculo de propuestas se inscribe dentro de la lógica de conducción total del proceso, adecentar el pacto social de comienzos de los ochentas, sin reconocer la inviabilidad de sus propuestas económicas y políticas en una sociedad convulsionada. Los altos dirigentes empresariales y políticos se esfuerzan en hacer cambios, pero sin cambiar la lógica de la acumulación, productora de inequidad y de violencia. Por parte de los sectores oligárquicos, no existe capacidad ni voluntad política de abrirse a una nueva lógica que signifique sacrificar privilegios, que cuestione el modelo de acumulación y el país se abra hacia una búsqueda conjunta con todos los sectores de la sociedad hondureña, en igualdad de condiciones para el debate y para las decisiones. Las condiciones objetivas, entonces, están dadas para un cambio de rumbo. Sin embargo, ¿Quiénes han liderar este proceso? ¿Están los sectores populares en madurez política, ideológica, cultural y ética para ser los conductores de este nuevo proceso de “refundación”, como le llaman al interior de los sectores conjuntados en la resistencia, o de nuevo pacto social como le hemos venido llamando desde nuestro análisis?
5. Diez sugerencias a las dirigencias y participantes de los sectores populares de cara a ese monumental desafío de construir el sujeto político y social
1) Situarnos en estado de debate, bajo la aceptación de que en este proceso de búsqueda nadie tiene toda la verdad, y que nadie tampoco puede ser tachado de estar completamente en el error.
2) Bajar los niveles subjetivos de prejuicios, descalificaciones y estigmatizaciones que en la historia de la izquierda y del movimiento popular hondureño nos ha dejado daños a veces irreparables y heridas que con el correr de los años siguen laceradas y sangrantes.
3) Ni la gente que vive y se organiza en Tegucigalpa puede adjudicarse el derecho a ser conductora del proceso, y por eso mismo, adquirir derechos o prerrogativas de tomar decisiones como si fuese en nombre de todo el movimiento popular o de la resistencia de todo Honduras, ni las organizaciones populares de las otras regiones del país deberán estar ausentes de la capital, sobre la base de que es allí en donde se encuentra el centro neurálgico de la política, y en donde se deberán articular y coincidir diversas acciones políticas que se desarrollan en las diversas regiones del país.
4) En el debate y en la búsqueda se debería evitar prácticas que parezcan excluyentes, vanguardistas, iluminadas, superiores o de menosprecio hacia ciertos sectores de la sociedad. La inclusión, la horizontalidad y la complementariedad en la participación, son criterios que contribuirán a la confianza y al ambiente constructivo.
5) Ni las organizaciones son más relevantes o valen mucho más porque tienen más antigüedad o porque han ofrecido más mártires a la causa, ni las organizaciones No Gubernamentales tienen derecho a imponer sus agendas porque contribuyen con dinero para los encuentros y las movilizaciones, ni los gremios son vanguardia de las luchas ni las organizaciones comunitarias pueden ser sólo relleno, que sirven sólo para poner gente en las calles, ni las organizaciones de profesionales son menos porque no son obreras o porque sus miembros ganan más o tienen mayores beneficios salariales. Todas tienen su capacidad de aportar, todas tienen su especificidad en la lucha, cada organización aporta desde su propio campo, y todas son complementarias a partir de la diversidad de pensamiento, antigüedad, composición, género y cultura.
6) No se puede calificar la “pureza” popular o revolucionaria de una persona por repetir y ser fiel a una consigna y porque no se sale del molde que han establecido unos cuantos dirigentes. La pluralidad y diversidad en el pensamiento sólo puede ser riqueza para la lucha y la construcción del sujeto político y social. A nadie se le debía excluir, descalificar o negar su presencia en este proceso por expresar su disenso en relación con la lucha. El pensamiento único y las concepciones teóricas “puras” difícilmente pueden tener cabida en el actual desarrollo de las ideas y de la cultura del siglo XXI.
7) En lo posible, se debía evitar la injerencia en plan de control de los partidos políticos, cualquiera sea su orientación ideológica, sin negar por ello, que dirigentes de los mismos puedan participar en el debate, siempre que los mismos no hayan participado en actos públicos y evidentes de traición a la soberanía, que hayan contribuido a entregar los recursos naturales y la tierra del país a grupos o multinacionales extranjeras o hayan participado en actos evidentes de corrupción de los bienes públicos. De igual manera, se debía evitar la injerencia de líderes o sectores religiosos o empresariales, sin que por ello se niegue su participación en igualdad de condiciones de los demás en el proceso de búsqueda, siempre que los mismos no estén evidentemente vinculados a los actos relacionados con los dirigentes de partidos políticos.
8) Buscar el aporte y el testimonio de personas y organizaciones de otros países para enriquecer el debate y la construcción del sujeto político y social, es una condición complementaria necesaria y enriquecedora, siempre que los mismos sean aportes y no parezcan imposiciones, o que con ello se busque trasladar mecánicamente a una realidad hondureña con sus propias peculiaridades.
9) El aporte de intelectuales en este debate y en la construcción del sujeto político y social no puede ser desestimado. El aporte de la investigación en la economía, la sociología, la historia, la antropología y otras ramas del quehacer intelectual se constituye en un complemento plenamente necesario para la lucha y la construcción de propuestas. No se trata de que los intelectuales estén separados de los procesos, o que sean personas o sectores que por la oportunidad que tuvieron de formarse académicamente, hagan valer sus aportes como verdades a seguir. Son aportes complementarios y no dogmas a seguir. Ni los intelectuales debían menospreciar la lucha y el aporte de los dirigentes populares actuales, ni éstos despreciar el aporte teórico de los intelectuales. La inserción en los procesos de lucha es condición de posibilidad para que los sectores profesionales e intelectuales acerquen sus aportes a la realidad desafiante del movimiento popular hondureño. “Intelectuales orgánicos”, como nos recuerda Gramsci, es lo que necesitamos en este proceso de debate y construcción.
10) El aporte de la juventud, muchachas y muchachos, debe representar una verdadera novedad para la construcción del sujeto político y social. Las dirigencias actuales en todos los campos, deberían alcanzar el talante de “puente”, que van abriendo paso para que emerja la juventud con sus nuevos aportes y sus nuevos liderazgos. Contribuir a que el sujeto político y social esté notablemente liderado por una nueva generación comprometida con la transformación o “refundación” del país, es un factor decisivo y “revolucionario” en este proceso de llenar el vacío que ya ha dejado la reducida elite al haber perdido la capacidad y el derecho a proseguir con su proyecto de “pacto” desde arriba y sólo para los de arriba.
Con escobas y jabón ocho feministas en resistencia “lavan dignidad nacional” ante presencia de Micheletti
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 25 junio 2010. Al conocerse la presencia del ex gobernante de facto, Roberto Micheletti, quien reapareció en público, ayer, en un canal hondureño de televisión, un grupo de apenas ocho mujeres en resistencia, se apostaron, de inmediato, en un costado de ese edificio, para protestar por la presencia del hombre símbolo del golpe de Estado.
Las mujeres, vestidas con ropa de faena, en camisetas del movimiento feminista en resistencia, chores, faldas, pantalones y sandalias, reventaban con ímpetu bolsas de agua contra el piso, tiraban detergente para espumar el área, y restregaban con escobas de palma, tradicionales en el país, una plancha de cemento que sirve como acera.
“¡A lavar, a lavar, nuestra dignidad nacional!, repetían, mientras también levantaban cartulinas en las que se leía la misma consigna.
“¡Asesino, asesino, asesino!”, le gritaban indignadas, las mujeres a Micheletti, a través de un megáfono, mientras permanecieron al lado de las mallas de seguridad y eran vigiladas por una cantidad de policías de a pie, en patrullas y motos, que casi triplicaba el número del grupo de las manifestantes.
Ante los agentes, que las miraban con sorpresa, unos, y hasta admiración, con sonrisa burlona otros, que se cuchicheaban entre sí, las mujeres siguieron gritando, sin ninguna muestra de temor: “¡Fuera golpistas, fueras golpistas, fuera asesino, Micheletti asesino, dictador, violador de mujeres!”.
Para identificarse, en tanto alzaban los brazos y levantaban los puños, coreaban gritando: “¡La gente se pregunta: y esas quienes son, somos feministas en revolución!”.
Micheletti, en visible señal de no intimidarse ante el grupo de feministas en resistencia, decidió salir y se detuvo de espaldas a las puertas de vidrio espejeado, en la entrada del edificio, para responder a las preguntas de periodistas.
El ex gobernante de facto acusó a los países del G16, de tener “doble cara”, porque llagaban al Congreso, cuando él era presidente del órgano legislativo, “a poner quejas de la incorrecta actuación de Zelaya y, de repente, ya hoy aparecen dando apoyo a Zelaya”, satirizó.
Sobre los cuestionamientos de “asesino”, Micheletti, quien reapareció a cinco meses del régimen de Porfirio Lobo, y a escasos días de cumplirse un año del Golpe, respondió que él no ha asesinado a nadie.
Micheletti, repitió su discurso de unidad y democracia y denunció que Hugo Llorens, embajador de Honduras en Tegucigalpa había intentado imponer como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a Marlina Dubon, esposa de Enrique Flores Lanza, ministro de la presidencia de Manuel Zelaya, presidente defenestrado con el golpe de Estado.
Tegucigalpa. 25 junio 2010. Al conocerse la presencia del ex gobernante de facto, Roberto Micheletti, quien reapareció en público, ayer, en un canal hondureño de televisión, un grupo de apenas ocho mujeres en resistencia, se apostaron, de inmediato, en un costado de ese edificio, para protestar por la presencia del hombre símbolo del golpe de Estado.
Las mujeres, vestidas con ropa de faena, en camisetas del movimiento feminista en resistencia, chores, faldas, pantalones y sandalias, reventaban con ímpetu bolsas de agua contra el piso, tiraban detergente para espumar el área, y restregaban con escobas de palma, tradicionales en el país, una plancha de cemento que sirve como acera.
“¡A lavar, a lavar, nuestra dignidad nacional!, repetían, mientras también levantaban cartulinas en las que se leía la misma consigna.
“¡Asesino, asesino, asesino!”, le gritaban indignadas, las mujeres a Micheletti, a través de un megáfono, mientras permanecieron al lado de las mallas de seguridad y eran vigiladas por una cantidad de policías de a pie, en patrullas y motos, que casi triplicaba el número del grupo de las manifestantes.
Ante los agentes, que las miraban con sorpresa, unos, y hasta admiración, con sonrisa burlona otros, que se cuchicheaban entre sí, las mujeres siguieron gritando, sin ninguna muestra de temor: “¡Fuera golpistas, fueras golpistas, fuera asesino, Micheletti asesino, dictador, violador de mujeres!”.
Para identificarse, en tanto alzaban los brazos y levantaban los puños, coreaban gritando: “¡La gente se pregunta: y esas quienes son, somos feministas en revolución!”.
Micheletti, en visible señal de no intimidarse ante el grupo de feministas en resistencia, decidió salir y se detuvo de espaldas a las puertas de vidrio espejeado, en la entrada del edificio, para responder a las preguntas de periodistas.
El ex gobernante de facto acusó a los países del G16, de tener “doble cara”, porque llagaban al Congreso, cuando él era presidente del órgano legislativo, “a poner quejas de la incorrecta actuación de Zelaya y, de repente, ya hoy aparecen dando apoyo a Zelaya”, satirizó.
Sobre los cuestionamientos de “asesino”, Micheletti, quien reapareció a cinco meses del régimen de Porfirio Lobo, y a escasos días de cumplirse un año del Golpe, respondió que él no ha asesinado a nadie.
Micheletti, repitió su discurso de unidad y democracia y denunció que Hugo Llorens, embajador de Honduras en Tegucigalpa había intentado imponer como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a Marlina Dubon, esposa de Enrique Flores Lanza, ministro de la presidencia de Manuel Zelaya, presidente defenestrado con el golpe de Estado.
jueves, 24 de junio de 2010
Atentan contra presidente de Junta de Agua en Mezapa
Fuente: Radio Progreso Honduras
El presidente de la Junta de Agua Potable de la comunidad de Santa Rosa del Norte, Mezapa, Atlántida, Marcos Lanza, fue víctima de un atentado junto a su familia, cuando desconocidos tirotearon su casa de habitación al filo de la medianoche del pasado domingo, denunció mediante un comunicado el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, MADJ.
Por fortuna los Lanza lograron salir ilesos del ataque criminal que solo dejó daños materiales; varios orificios de bala en la pared frontal de uno de los cuartos del inmueble y en el automóvil que en el momento del tiroteo estaba aparcado en el garaje.
El MADJ señaló que el mismo domingo del atentado, durante una asamblea comunitaria convocada por el patronato para presentar el informe anual, Marcos Lanzas criticó al Regidor de la municipalidad de Tela, Ángel María García, también presente en la reunión. Lanza le dijo al Regidor que pasara al frente a informar “lo poco o nada” que ha hecho en beneficio de la comunidad.
En la misma reunión Lanza también denunció la intención de algunas personas de cambiar la directiva de la Junta de Agua que él preside, para permitir la privatización del agua en dicha comunicada y se construya una represa hidroeléctrica propiedad de Jason Hawit.
Al mismo tiempo que Lanza se refería durante la reunión a la privatización del agua, “una hermana de Ángel García gritaba -¡que se privatice!, detalla el pronunciamiento del MADJ.
Para el MADJ “este acto criminal es uno más en la escalada de presiones que están sufriendo las comunidades del departamento de Atlántida por parte de numerosas empresas que violentando las leyes, quieren apropiarse de los recursos hídricos del departamento”, denunció la organización.
Arnaldo Natarem del MADJ en dicha zona, afirmó a Radio Progreso que, “no es nada seguro” que el atentado que sufrió la familia Lanza, esté vinculado con la actividad de Marcos Lanza en la protección a los recursos naturales, sin embargo tampoco lo descartó.
El presidente de la Junta de Agua Potable de la comunidad de Santa Rosa del Norte, Mezapa, Atlántida, Marcos Lanza, fue víctima de un atentado junto a su familia, cuando desconocidos tirotearon su casa de habitación al filo de la medianoche del pasado domingo, denunció mediante un comunicado el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, MADJ.
Por fortuna los Lanza lograron salir ilesos del ataque criminal que solo dejó daños materiales; varios orificios de bala en la pared frontal de uno de los cuartos del inmueble y en el automóvil que en el momento del tiroteo estaba aparcado en el garaje.
El MADJ señaló que el mismo domingo del atentado, durante una asamblea comunitaria convocada por el patronato para presentar el informe anual, Marcos Lanzas criticó al Regidor de la municipalidad de Tela, Ángel María García, también presente en la reunión. Lanza le dijo al Regidor que pasara al frente a informar “lo poco o nada” que ha hecho en beneficio de la comunidad.
En la misma reunión Lanza también denunció la intención de algunas personas de cambiar la directiva de la Junta de Agua que él preside, para permitir la privatización del agua en dicha comunicada y se construya una represa hidroeléctrica propiedad de Jason Hawit.
Al mismo tiempo que Lanza se refería durante la reunión a la privatización del agua, “una hermana de Ángel García gritaba -¡que se privatice!, detalla el pronunciamiento del MADJ.
Para el MADJ “este acto criminal es uno más en la escalada de presiones que están sufriendo las comunidades del departamento de Atlántida por parte de numerosas empresas que violentando las leyes, quieren apropiarse de los recursos hídricos del departamento”, denunció la organización.
Arnaldo Natarem del MADJ en dicha zona, afirmó a Radio Progreso que, “no es nada seguro” que el atentado que sufrió la familia Lanza, esté vinculado con la actividad de Marcos Lanza en la protección a los recursos naturales, sin embargo tampoco lo descartó.
lunes, 21 de junio de 2010
Cancelado el partido España-Honduras
Con este titular abre la sección de noticas de la página electrónica de la Coordinadora Asturiana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CONGD) de España, la cual tiene entre sus objetivos, cooperar al desarrollo de las comunidades empobrecidas del mundo.
En el contenido de la noticia se señala que “En una reunión de esta mañana el gobierno de España ha decidido cancelar el partido de la selección ante Honduras de hoy debido a la situación crítica que se vive en el país centroamericano desde el golpe de estado de hace un año”.
Continua la nota que la situación en Honduras se caracteriza por la “Militarización de la sociedad, destitución de jueces y magistrados, asesinatos de periodistas, sindicalistas, estudiantes, campesinos... y más de 700 violaciones de derechos humanos desde amenazas, atentados, secuestros, violaciones y ataques contra medios de comunicación independientes. La impunidad frente a las violaciones de derechos humanos continúa siendo la regla general que favorece que las mismas se sigan perpetrando”.
Al final de la noticia, la CONGD lamenta que esta noticia no sea cierta pues si lo fuera, toda la prensa mundial y todas las cadenas de televisión estarían contándonos esta importante e histórica primicia noticiosa.
Pero además, si la noticia fuera cierta, quienes apoyan el golpe de Estado y su continuismo estarían lamentándose de no tener la excusa perfecta que facilita el fútbol para desviar la atención sobre los verdaderos problemas del país como la violencia, la pobreza y la ingobernabilidad.
A 7 días de cumplirse un año del golpe militar en Honduras, la prensa nacional que apoyó la ruptura constitucional insiste en la unidad del pueblo hondureño mediante el apoyo a la selección nacional y promueve un falso patriotismo que se limita a comprar una camiseta del equipo, a portar banderas en los carros, motos y bicicletas, y a apelar a la garra catracha para hacernos creer que es posible hacer historia en el mundial.
Dentro de poco, lo que será historia es el mundial pero los graves problemas del país seguirán igual o peor, y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en el régimen de Lobo Sosa continuarán siendo ocultadas por la prensa hondureña.
Sin embargo, los golpistas fallaron al no tomar en cuenta la solidaridad de pueblos y organizaciones civiles del mundo ni con la valentía y compromiso con la democracia de los países de UNASUR para condicionar el retorno de Honduras a la OEA al respeto de los derechos del pueblo hondureño.
En el contenido de la noticia se señala que “En una reunión de esta mañana el gobierno de España ha decidido cancelar el partido de la selección ante Honduras de hoy debido a la situación crítica que se vive en el país centroamericano desde el golpe de estado de hace un año”.
Continua la nota que la situación en Honduras se caracteriza por la “Militarización de la sociedad, destitución de jueces y magistrados, asesinatos de periodistas, sindicalistas, estudiantes, campesinos... y más de 700 violaciones de derechos humanos desde amenazas, atentados, secuestros, violaciones y ataques contra medios de comunicación independientes. La impunidad frente a las violaciones de derechos humanos continúa siendo la regla general que favorece que las mismas se sigan perpetrando”.
Al final de la noticia, la CONGD lamenta que esta noticia no sea cierta pues si lo fuera, toda la prensa mundial y todas las cadenas de televisión estarían contándonos esta importante e histórica primicia noticiosa.
Pero además, si la noticia fuera cierta, quienes apoyan el golpe de Estado y su continuismo estarían lamentándose de no tener la excusa perfecta que facilita el fútbol para desviar la atención sobre los verdaderos problemas del país como la violencia, la pobreza y la ingobernabilidad.
A 7 días de cumplirse un año del golpe militar en Honduras, la prensa nacional que apoyó la ruptura constitucional insiste en la unidad del pueblo hondureño mediante el apoyo a la selección nacional y promueve un falso patriotismo que se limita a comprar una camiseta del equipo, a portar banderas en los carros, motos y bicicletas, y a apelar a la garra catracha para hacernos creer que es posible hacer historia en el mundial.
Dentro de poco, lo que será historia es el mundial pero los graves problemas del país seguirán igual o peor, y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en el régimen de Lobo Sosa continuarán siendo ocultadas por la prensa hondureña.
Sin embargo, los golpistas fallaron al no tomar en cuenta la solidaridad de pueblos y organizaciones civiles del mundo ni con la valentía y compromiso con la democracia de los países de UNASUR para condicionar el retorno de Honduras a la OEA al respeto de los derechos del pueblo hondureño.
Asesinan campesino de MUCA en el asentamiento La Aurora
Comunicado
Asesinan campesino de MUCA en el asentamiento La Aurora
De acuerdo a dirigentes del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), hoy, a las 9:00 de la mañana, miembros del batallón Cobra, Policía Preventiva y guardias de seguridad de la empresa Orión entraron a la finca La Aurora agrediendo a los campesinos asentados en ella por el Instituto Nacional Agrario (INA).
La misma fuente informa que del operativo resultó muerto el campesino Oscar Yovani Ramírez, 17 años, quien fue encontrado sin vida en una camalotera cerca del área donde se escenificó el asalto armado, como si los perpetradores del hecho criminal hubieran intentado ocultar el cuerpo.
Pese a las dudas sobre la imparcialidad de la policía, los dirigentes campesinos siguen esperando a esta hora que se presenten al lugar del hecho para el levantamiento del cuerpo y den inicio a las investigaciones pertinentes.
También han sido capturados los campesinos Jairo Rubén Milla Gutiérrez, Miguel Ángel Ramos Reyes, Jaime Noel Ramos Ramírez, José María García y Oscar Daniel Moreno. De acuerdo a la información ofrecida por el abogado defensor de los campesinos, la policía los acusa de asociación ilícita y portación ilegal de armas.
Enfrentamos la historia de nunca acabar. Sigue el asesinato, la persecución y diferentes agresiones físicas y sicológicas. Cuando las 24 organizaciones campesinas afiliadas a MUCA suscribieron el convenio con el régimen de Porfirio Lobo Sosa entendieron que terminarían las agresiones de la policía y de particulares armados, pero los hechos actuales desdicen tal creencia.
Recordamos que esas 24 organizaciones de MUCA, cumpliendo con el acuerdo, se retiraron de igual número de fincas y se concentraron en cinco (La Lempira, La Confianza, La Aurora, La Concepción y Camarones) mientras se les entregan las restantes hasta completar las 11 mil hectáreas convenidas. Con lo que no queda duda que el incumplimiento viene del régimen de Lobo Sosa.
La pregunta que asalta a cualquiera que se preocupe por la violencia desatada a raíz del conflicto agrario en esa región es ¿A quién acudir?: ¿A la policía? ¿A la fiscalía general de la República?... Todas las gestiones son vanas, sin resultados que no van más allá del pretexto y el discurso burocrático.
Vivimos un estado de ingobernabilidad y, en él, quienes más sufren son los indefensos de siempre, los menos favorecidos en un sistema distinguido por la inequidad y la injusticia. Nos queda apenas la denuncia con la esperanza de que llegue a la conciencia de los hondureños y sea considerada por la opinión internacional organizada y ésta promueva presiones sobre un régimen cuya agenda no va más allá de buscar el reconocimiento del concierto de naciones y de los organismos de financiamiento internacional.
Tegucigalpa MDC, 20 de junio de 2010, 11:48 a.m.
jueves, 17 de junio de 2010
Corte Suprema de Justicia pretende "blanquear" el despido de jueces
La Corte Suprema de Justicia, CSJ, hondureña “pretende alegar” que no dio la orden de circular el comunicado que invitó a los funcionarios y empleados del Poder Judicial, a participar en una marcha pro legitimación del régimen de facto de Roberto Michelleti el año pasado, al querer despedir a una empleada administrativa que firmó la nota, señaló uno de los jueces despedidos, Guillermo López Lone.
“Se está tratando de encubrir la participación directa que tuvo la CSJ convocando a los jueces y empleados a participar en esas marchas, ya que necesitan encontrar una salida a los cuestionamientos” que han recibido tras ratificar el despido de los jueces Guillermo López Lone, Ramón Barrios, Luis Chévez y la magistrada Tirza Flores.
La circular que los funcionarios despedidos han difundido y presentado a las autoridades nacionales sin ningún efecto, dice:
“Atendiendo instrucciones superiores se les invita a los funcionarios y empleados del Poder Judicial, a participar en la Marcha por la Paz en Honduras la cual se llevará a cabo en el parque central de la ciudad de Tegucigalpa, el día de hoy martes 30 de junio en un horario de 9:30 am a 1:00 pm”. Fue firmada por la jefa de personal Sandra Lizeth Rivera Gallo, de la Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial.
Y se envió copia al director de ese departamento, José Antonio Salazar Madrid.
El lunes anterior trascendió que el pleno de magistrados de la CSJ, tomará en los próximos días la determinación de despedir a personal administrativo que estuvieron implicados en la elaboración y distribución de dicho comunicado por “promover actividades de índole político”.
“Nos parece incompresible desde todo punto de vista que una persona que es jefa de personal pueda firmar una nota, redactarla en esos términos, sin que haya existido la orden de las autoridades” dijo el juez Lone.
Fuente: http://radioprogresohonduras.blogspot.com/2010/06/corte-suprema-de-justicia-pretende.html
Marcada represión y muerte vive la Resistencia al final de primera quincena de junio
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 16 junio 2010. Una oleada de asedio y de hostigamiento –mortal, en algún caso- han vivido, en los últimos días, varios integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en Honduras, tiempo en el que soportaron ataques armados contra sus vehículos, intentos de secuestro, o de asesinato, según los propios denunciantes.
Las acometidas violentas, se han intensificado de manera consecutiva, una tras otra, entre el 10 y el 15 de junio, en que ocurrieron, al menos reportadas, dos en un mismo día, el jueves 10 y el sábado 12 de junio de 2010. Todas las víctimas habían sufrido, antes, amenaza verbal, vía celular, y actos intimidatorios diversos.
El patrón de los hechos sugiere una acción sistemática de cuerpos especiales. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Andrés Pavón, aseguró que en Honduras hay una “colombianización” [comparativo del tipo de violencia en Colombia] promovida por grupos para-empresariales.
Dijo que en los casos de Carolina Pineda y Luis Baquedano, podría haberse “instalado un chip” en sus carros para monitorear el movimiento vehicular y perseguirlos. Y que, en el Codeh, “tenemos plenamente identificados a quienes han agredido a colaboradores” de esa organización.
Fue contundente al afirmar que el “Secretario de Seguridad está controlado por el crimen organizado”, y es apoyada con “dinero de gobiernos como España”. Ayer entregó 45 millones de lempiras para proyecto locales de seguridad, en las alcadías y ONGs, con un costo de hasta 300 mil cada uno, según Gobernación y Justicia.
El martes 15 de junio, en la noche, el exministro del presidente exilado, Manuel Zelaya, en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders), Luis Rolando Valenzuela Ulloa, fue asesinado, en un restaurante de San Pedro Sula, por al empresario, Carlos Alberto Yacamán Meza, fugitivo, según vocero policial.
Valenzuela, era miembro activo de Liberales en Resistencia, amigo personal y colaborador del presidente Zelaya. A pesar de que la Policia ve este, y demás asesinatos, como no politicos, y que intentó ocultar el nombre del hechor, la DGIC ya investigaba a Yacamán por “homicidio y amenazas” y lo vincula a “situaciones complicadas por actividades ilícitas”, reveló otro policía.
El lunes 14 de junio de 2010, temprano en la mañana, Sergio Armando Rivera Martínez, docente, y vicepresidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de la Torturas y sus Familiares (CPTRT), sufrió un intento de detención arbitraria por un hombre y una mujer, guardias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras él intentaba transportar al paciente, Oscar Armando Padilla, hasta el Hospital Escuela.
Rivera, denunció ante el Observatorio Ecuménico de DH del CLAI, que una policía, traída por los dos agentes de seguridad del IHSS, intentó detenerlo después de que afirmará, a la pregunta de esa policial, que si él era de la Resistencia. La agente pretendía obligarlo a “acompañarla”, sin ninguna causa, por lo que Rivera dio de gritos, para alarmar que intentaban llevarlo quien sabe dónde.
Lo que provocó que el grupo de seguridad que lo acechaba fuera a llamar a otro policía, quien no portaba la placa de su nombre, y le anunció que estaba detenido. Y al intentar aproximársele para “reducirme a la impotencia”, una mujer desconocida pidió a los policías que se retiraran porque perturbaban la paz del hospital. Otro policía, desde la entrada, “llamó a los que intentaban secuestrarme para que se fueran”, relató.
El domingo 13 de junio, desapareció el joven taxista, Oslin Obando Cáceres. Sus familiares perdieron contacto con él desde las 4:30 de la tarde, y su taxi fue hallado dos horas después, abandonado en Los Cedros. La familia teme por la vida de Oslin, pues hace tres semanas un hombre amenazó a muerte al padre de éste, Eliodoro Cáceres, coordinador del FNRP, en Tela, Atlántida, denunció al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
El sábado 12 de junio, Ruy Díaz, de la coordinación del FNRP; junto a Germán Zepeda, presidente de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Honduras (Cosibah); y, a Héctor García, de la Resistencia de Choloma, Cortés, fueron detenidos por la Policía, bajo el cargo de "pintas prohibidas", cuando participaban de una asamblea nacional del Frente, en Siguatepeque.
El mismo sábado 12 de Junio, por la noche, el fiscal de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH) y dirigente del FNRP, José Luís Baquedano, fue interceptado por un microbús gris de vidrios polarizados, y hombres armados con pistola, dispararon, desde dentro, contra el vehículo en el que iban: Baquedano, quien logró huir, un hijo, una hija y tres nietos. Nadie salió herido.
Antes, lo persiguieron un tiempo, desde la vivienda de él, hasta las cercanías de un centro comercial. Después, fue detenido por la Policía, acusado de haber sido él quien disparó, lo que favoreció fugarse a los agresores. Declaró haber sido amenazado por teléfono y su casa es vigilada por extraños.
El jueves 10 de junio, por la tarde, Porfirio Ponce, coordinador departamental del FNRP, y vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), fue embestido por dos hombres que se bajaron de un vehículo al detenerse en un semáforo, hicieron 42 disparos contra el carro en el que viajaban: Ponce, el padre de éste, de igual nombre, y su esposa, Griselda Ponce.
En el ataque, mataron a quien conducía, Oscar Molina, cuñado de Porfirio Ponce, y fueron heridos el padre y la esposa de este último.
El mismo 10 de junio, pasadas las seis de la mañana, la fiscal de la Directiva Central del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Carolina Pineda, huyó a salvo luego de que cuatro encapuchados intentaran secuestrarla cuando ella se dirigía a Comayagua a la altura del desvió a La Paz.
Los asechadores se bajaron de un carro negro, doble cabina, sin placas, que se detuvo a la par del microbús que ella conducía, se fueron y regresaron, desde donde hicieron ráfagas al aire por dos veces, según denunció el presidente del Copemh, Jaime Rodríguez.
Además, el martes 01 de junio, pasadas las tres de la tarde, el dirigente del FNRP, Juan Ramón Flores, de ciudad Comayagua, fue secuestrado en la proximidad de Siguatepeque, por seis encapuchados armados a bordo de un vehículo, cuatro permanecieron dentro y dos se bajaron, lo encañonaron y se lo llevaron. Dejaron amarradas a 14 personas en el taller de donde lo sustrajeron.
Reveló que por cinco horas lo tuvieron arrodillado, manos a la cabeza, en tanto le apuntaban con pistola, y supone querían matarlo. Logró escapar, reveló el Codeh.
Flores, quien fue candidato a diputado del Partido Liberal por Comayagua, afirmó que los secuestradores eran militares y policías y uno de ellos se identificó como agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), mientras pasaban por retenes policiales.
De acuerdo a Luis Baquedano, varios dirigentes del Stibys y del Copemh fueron amenazados a muerte y atentados contra su vida. El 28 de mayo de 2010, Carlos H. Reyes, miembro conductor del FNRP, reveló amenazas de muerte contra él.
Tegucigalpa. 16 junio 2010. Una oleada de asedio y de hostigamiento –mortal, en algún caso- han vivido, en los últimos días, varios integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en Honduras, tiempo en el que soportaron ataques armados contra sus vehículos, intentos de secuestro, o de asesinato, según los propios denunciantes.
Las acometidas violentas, se han intensificado de manera consecutiva, una tras otra, entre el 10 y el 15 de junio, en que ocurrieron, al menos reportadas, dos en un mismo día, el jueves 10 y el sábado 12 de junio de 2010. Todas las víctimas habían sufrido, antes, amenaza verbal, vía celular, y actos intimidatorios diversos.
El patrón de los hechos sugiere una acción sistemática de cuerpos especiales. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Andrés Pavón, aseguró que en Honduras hay una “colombianización” [comparativo del tipo de violencia en Colombia] promovida por grupos para-empresariales.
Dijo que en los casos de Carolina Pineda y Luis Baquedano, podría haberse “instalado un chip” en sus carros para monitorear el movimiento vehicular y perseguirlos. Y que, en el Codeh, “tenemos plenamente identificados a quienes han agredido a colaboradores” de esa organización.
Fue contundente al afirmar que el “Secretario de Seguridad está controlado por el crimen organizado”, y es apoyada con “dinero de gobiernos como España”. Ayer entregó 45 millones de lempiras para proyecto locales de seguridad, en las alcadías y ONGs, con un costo de hasta 300 mil cada uno, según Gobernación y Justicia.
El martes 15 de junio, en la noche, el exministro del presidente exilado, Manuel Zelaya, en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders), Luis Rolando Valenzuela Ulloa, fue asesinado, en un restaurante de San Pedro Sula, por al empresario, Carlos Alberto Yacamán Meza, fugitivo, según vocero policial.
Valenzuela, era miembro activo de Liberales en Resistencia, amigo personal y colaborador del presidente Zelaya. A pesar de que la Policia ve este, y demás asesinatos, como no politicos, y que intentó ocultar el nombre del hechor, la DGIC ya investigaba a Yacamán por “homicidio y amenazas” y lo vincula a “situaciones complicadas por actividades ilícitas”, reveló otro policía.
El lunes 14 de junio de 2010, temprano en la mañana, Sergio Armando Rivera Martínez, docente, y vicepresidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de la Torturas y sus Familiares (CPTRT), sufrió un intento de detención arbitraria por un hombre y una mujer, guardias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras él intentaba transportar al paciente, Oscar Armando Padilla, hasta el Hospital Escuela.
Rivera, denunció ante el Observatorio Ecuménico de DH del CLAI, que una policía, traída por los dos agentes de seguridad del IHSS, intentó detenerlo después de que afirmará, a la pregunta de esa policial, que si él era de la Resistencia. La agente pretendía obligarlo a “acompañarla”, sin ninguna causa, por lo que Rivera dio de gritos, para alarmar que intentaban llevarlo quien sabe dónde.
Lo que provocó que el grupo de seguridad que lo acechaba fuera a llamar a otro policía, quien no portaba la placa de su nombre, y le anunció que estaba detenido. Y al intentar aproximársele para “reducirme a la impotencia”, una mujer desconocida pidió a los policías que se retiraran porque perturbaban la paz del hospital. Otro policía, desde la entrada, “llamó a los que intentaban secuestrarme para que se fueran”, relató.
El domingo 13 de junio, desapareció el joven taxista, Oslin Obando Cáceres. Sus familiares perdieron contacto con él desde las 4:30 de la tarde, y su taxi fue hallado dos horas después, abandonado en Los Cedros. La familia teme por la vida de Oslin, pues hace tres semanas un hombre amenazó a muerte al padre de éste, Eliodoro Cáceres, coordinador del FNRP, en Tela, Atlántida, denunció al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
El sábado 12 de junio, Ruy Díaz, de la coordinación del FNRP; junto a Germán Zepeda, presidente de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Honduras (Cosibah); y, a Héctor García, de la Resistencia de Choloma, Cortés, fueron detenidos por la Policía, bajo el cargo de "pintas prohibidas", cuando participaban de una asamblea nacional del Frente, en Siguatepeque.
El mismo sábado 12 de Junio, por la noche, el fiscal de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH) y dirigente del FNRP, José Luís Baquedano, fue interceptado por un microbús gris de vidrios polarizados, y hombres armados con pistola, dispararon, desde dentro, contra el vehículo en el que iban: Baquedano, quien logró huir, un hijo, una hija y tres nietos. Nadie salió herido.
Antes, lo persiguieron un tiempo, desde la vivienda de él, hasta las cercanías de un centro comercial. Después, fue detenido por la Policía, acusado de haber sido él quien disparó, lo que favoreció fugarse a los agresores. Declaró haber sido amenazado por teléfono y su casa es vigilada por extraños.
El jueves 10 de junio, por la tarde, Porfirio Ponce, coordinador departamental del FNRP, y vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), fue embestido por dos hombres que se bajaron de un vehículo al detenerse en un semáforo, hicieron 42 disparos contra el carro en el que viajaban: Ponce, el padre de éste, de igual nombre, y su esposa, Griselda Ponce.
En el ataque, mataron a quien conducía, Oscar Molina, cuñado de Porfirio Ponce, y fueron heridos el padre y la esposa de este último.
El mismo 10 de junio, pasadas las seis de la mañana, la fiscal de la Directiva Central del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Carolina Pineda, huyó a salvo luego de que cuatro encapuchados intentaran secuestrarla cuando ella se dirigía a Comayagua a la altura del desvió a La Paz.
Los asechadores se bajaron de un carro negro, doble cabina, sin placas, que se detuvo a la par del microbús que ella conducía, se fueron y regresaron, desde donde hicieron ráfagas al aire por dos veces, según denunció el presidente del Copemh, Jaime Rodríguez.
Además, el martes 01 de junio, pasadas las tres de la tarde, el dirigente del FNRP, Juan Ramón Flores, de ciudad Comayagua, fue secuestrado en la proximidad de Siguatepeque, por seis encapuchados armados a bordo de un vehículo, cuatro permanecieron dentro y dos se bajaron, lo encañonaron y se lo llevaron. Dejaron amarradas a 14 personas en el taller de donde lo sustrajeron.
Reveló que por cinco horas lo tuvieron arrodillado, manos a la cabeza, en tanto le apuntaban con pistola, y supone querían matarlo. Logró escapar, reveló el Codeh.
Flores, quien fue candidato a diputado del Partido Liberal por Comayagua, afirmó que los secuestradores eran militares y policías y uno de ellos se identificó como agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), mientras pasaban por retenes policiales.
De acuerdo a Luis Baquedano, varios dirigentes del Stibys y del Copemh fueron amenazados a muerte y atentados contra su vida. El 28 de mayo de 2010, Carlos H. Reyes, miembro conductor del FNRP, reveló amenazas de muerte contra él.
Denunciarán a Lobo ante la Corte Penal Internacional por ignorar asesinatos de periodistas en Honduras
Fuente: TeleSUR
La Organización de Periodista Iberoamericanos (OPI) fundada en la isla de Margarita en 1997, anunció este miércoles que denunciará al Gobierno hondureño de Porfirio Lobo por los ya nueve asesinatos a periodistas que se han cometido en la nación centroamericana. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en la ciudad de Washington el reciente asesinato del director del canal 19 de Honduras, Luis Arturo Mondragón.
La Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) sostuvo este miércoles que denunciará ante el Tribunal Penal Internacional y otros organismos internacionales al cuestionado gobernante de Honduras, Porfirio Lobo por ignorar los múltiples asesinatos a periodistas que se han perpetrado en Honduras y que suman nueve en lo que va del 2010.
En un comunicado emitido por el gremio, expresaron que el Gobierno actual ha demostrado un total desprecio por los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos, particularmente la de los profesionales del periodismo.
Adicionalmente a los crímenes cometidos en contra de los comunicadores sociales, también existen denuncias por el asesinato de más de 50 abogados, políticos, empresarios y gente del pueblo a manos de bandas armadas que, presuntamente trabajan para el Estado.
Esta cantidad de fallecidos son contabilizados a partir del Golpe de Estado llevado a cabo contra del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, indicó el texto.
El documento de la OPI fue suscrito por el presidente del organismo, el venezolano, Álvaro Julio Martínez, quien aprovechó para instar a la comunidad internacional a que intervengan para que acaben estos asesinatos y se respeten los derechos de aquellos que sólo han cumplido con el deber de informar.
Hago un "llamado de urgencia a la comunidad internacional para que cesen estos asesinatos y se respeten los derechos de quienes no han hecho sino trabajar por el sagrado derecho de defender las instituciones y las tradiciones democráticas", afirmó.
La OPI fue fundada en 1997 durante la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno efectuada en la isla de Margarita a la cual asistieron 37 países.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en Washington el asesinato del periodista Mondragón y exigió al Gobierno de Lobo que tomara medidas para cambiar la situación de indefensión de la prensa hodureña.
La semana pasada el director de Canal 19, Luis Arturo Mondragón, fue asesinado en horas de la noche por un grupo de desconocidos que le dispararon desde un vehículo en movimiento en la ciudad del Paraíso.
Mondragón había hecho varias denuncias de amenazas por cuestionar la labor de varios funcionarios locales y diputados a quienes acusaba de corrupción
el director del canal 19 es el noveno periodista que es asesinado luego de que le pasado 18 de febrero asesinaran a Nicolás Asfura, de 42 años de edad quien fuera atado de pies y manos en la bañera de su vivienda.
Posteriormente, el 1 de marzo, el comunicador social, Joseph Hernández Ochoa, de 26 años fue ultimado mientras iba en su vehículo y el 11 de ese mismo mes, David Meza, de 51 años de edad fue acribillado.
El 14 de marzo se le dio muerte a Nahum Palacios Arteaga, de 34 años cuando también se desplazaba en su carro.
miércoles, 16 de junio de 2010
Relatoría Especial manifiesta preocupación por el nuevo asesinato de un periodista en Honduras y por la grave situación de indefensión de la prensa
COMUNICADO DE PRENSA Nº R62/10
Washington D.C., 16 de junio de 2010 - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Luis Arturo Mondragón, el pasado martes 14 de junio de 2010 en la ciudad de El Paraíso, Honduras. Este crimen constituye el séptimo asesinato de un periodista en ese país en el 2010 y con él se pone de presente, nuevamente, la grave situación de indefensión y vulnerabilidad de la prensa en Honduras. La Relatoría Especial exhorta de manera urgente al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes, proteger a los periodistas en riesgo y avanzar de manera pronta y decidida en las investigaciones correspondientes.
Según la información recibida, Mondragón recibió cuatro impactos de bala, al salir de las oficinas de la televisora de cable Canal 19, en la cual, además de ser el director de noticias, tenía un programa en el que informaba, entre otras cosas, sobre corrupción, crímenes y problemas ambientales. El periodista murió en el lugar de los hechos, como consecuencia de los disparos recibidos.
De acuerdo con la información recibida, durante los últimos dos años, Mondragón había sido constantemente amenazado a través de llamadas anónimas.
El homicidio de Mondragón es el séptimo asesinato de un periodista en lo que va corrido del 2010 en Honduras. El 1 de marzo de 2010 fue asesinado Joseph Hernández Ochoa, periodista del canal 51 de Tegucigalpa. El 11 de marzo de 2010 fue asesinado David Meza Montesinos, periodista del Canal 10 y de las Radios América y El Patio de la ciudad de La Ceiba. El 14 de marzo de 2010 fue asesinado en la ciudad de Tocoa el periodista Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán. El 26 de marzo de 2010 fueron asesinados los periodistas del Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior Bayardo Mairena y Manuel Juárez, quienes se encontraban en la carretera cercana a la ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho. El 20 de abril de 2010 fue asesinado Jorge Alberto (Georgino) Orellana, periodista del canal Televisión de Honduras.
La Relatoría Especial reitera su profunda preocupación por la gravísima situación que viven los periodistas hondureños y por el hecho de que aún no se conozca resultado alguno de las investigaciones, ni si los asesinatos tienen relación con la práctica de su profesión como periodistas. La Relatoría Especial urge al Estado a investigar los casos de manera eficiente y diligente, a través de cuerpos técnicos especializados, y a que capture y sancione adecuadamente a todos los responsables de estos crímenes.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.org/Relatoria/index.asp?lID=2
Washington D.C., 16 de junio de 2010 - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Luis Arturo Mondragón, el pasado martes 14 de junio de 2010 en la ciudad de El Paraíso, Honduras. Este crimen constituye el séptimo asesinato de un periodista en ese país en el 2010 y con él se pone de presente, nuevamente, la grave situación de indefensión y vulnerabilidad de la prensa en Honduras. La Relatoría Especial exhorta de manera urgente al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes, proteger a los periodistas en riesgo y avanzar de manera pronta y decidida en las investigaciones correspondientes.
Según la información recibida, Mondragón recibió cuatro impactos de bala, al salir de las oficinas de la televisora de cable Canal 19, en la cual, además de ser el director de noticias, tenía un programa en el que informaba, entre otras cosas, sobre corrupción, crímenes y problemas ambientales. El periodista murió en el lugar de los hechos, como consecuencia de los disparos recibidos.
De acuerdo con la información recibida, durante los últimos dos años, Mondragón había sido constantemente amenazado a través de llamadas anónimas.
El homicidio de Mondragón es el séptimo asesinato de un periodista en lo que va corrido del 2010 en Honduras. El 1 de marzo de 2010 fue asesinado Joseph Hernández Ochoa, periodista del canal 51 de Tegucigalpa. El 11 de marzo de 2010 fue asesinado David Meza Montesinos, periodista del Canal 10 y de las Radios América y El Patio de la ciudad de La Ceiba. El 14 de marzo de 2010 fue asesinado en la ciudad de Tocoa el periodista Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán. El 26 de marzo de 2010 fueron asesinados los periodistas del Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior Bayardo Mairena y Manuel Juárez, quienes se encontraban en la carretera cercana a la ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho. El 20 de abril de 2010 fue asesinado Jorge Alberto (Georgino) Orellana, periodista del canal Televisión de Honduras.
La Relatoría Especial reitera su profunda preocupación por la gravísima situación que viven los periodistas hondureños y por el hecho de que aún no se conozca resultado alguno de las investigaciones, ni si los asesinatos tienen relación con la práctica de su profesión como periodistas. La Relatoría Especial urge al Estado a investigar los casos de manera eficiente y diligente, a través de cuerpos técnicos especializados, y a que capture y sancione adecuadamente a todos los responsables de estos crímenes.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.org/Relatoria/index.asp?lID=2
martes, 15 de junio de 2010
Asesinan a otro periodista hondureño
TEGUCIGALPA - Un sicario mató al periodista Luis Arturo Mondragón Morazán, de 53 años a 9:40 de la noche de este lunes frente a su estación, 19 Paraíso TV en El Paraíso, departamento de El Paraíso.
Según parientes del difunto, el comunicador social estaba parado frente a su estación de televisión, de la cual era propietario y mientras hablaba por teléfono con uno de sus hijos, el sicario se le acercó y le infirió dos balazos por la espalda, quitándole la vida al instante.
Los familiares desconocen el móvil del crimen, pero no descartan que el origen sea por las constantes denuncias que Mondragon Morazán, hizo contra la corrupción, tala de bosques, narcotráfico, y crimen organizado.
Con la muerte de Mondragón son ocho los periodistas asesinados en este año sin que al momento haya alguien preso por estas muertes.
Fuente: http://www.tiempo.hn/web2/secciones/portada/17882-matan-a-otro-periodista-esta-vez-en-el-paraiso.html
Según parientes del difunto, el comunicador social estaba parado frente a su estación de televisión, de la cual era propietario y mientras hablaba por teléfono con uno de sus hijos, el sicario se le acercó y le infirió dos balazos por la espalda, quitándole la vida al instante.
Los familiares desconocen el móvil del crimen, pero no descartan que el origen sea por las constantes denuncias que Mondragon Morazán, hizo contra la corrupción, tala de bosques, narcotráfico, y crimen organizado.
Con la muerte de Mondragón son ocho los periodistas asesinados en este año sin que al momento haya alguien preso por estas muertes.
Fuente: http://www.tiempo.hn/web2/secciones/portada/17882-matan-a-otro-periodista-esta-vez-en-el-paraiso.html
El abismo entre las palabras y los hechos del gobierno de Lobo Sosa
Por mucho que el gobierno de Pepe Lobo y el de Estados Unidos intenten convencer a la comunidad internacional de que el primero ha tomado medidas significativas para reconciliar a la sociedad hondureña y superar definitivamente la crisis generada por el golpe de Estado, la realidad contradice sus afirmaciones y ratifica que las estructuras golpistas siguen intactas y con mucho poder de decisión.
Por ejemplo, Lobo Sosa habla de búsqueda de la verdad pero al mismo tiempo establece una comisión ignorando la opinión de las víctimas, garantizando la ocultación de la información por 10 años y evadiendo la posibilidad de que se establezcan responsabilidades de las personas involucradas en el golpe de Estado y en las violaciones a los derechos humanos.
Lobo Sosa habla de que su gobierno no tiene nada que ver con el rompimiento constitucional pero al mismo tiempo el Congreso Nacional dominado por una mayoría de su partido, asciende a los militares que participaron y planearon el golpe de Estado; y a su vez, él personalmente nombra a estos militares como máximos responsables de algunas instituciones claves del Estado.
Lobo Sosa habla de que su gobierno está comprometido con la defensa de los derechos pero la policía y el ejército no han sido depurados, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos siguen controlados por quienes formaron parte activa en el golpe de Estado y avalaron las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se han registrado 707 casos de agresiones por razones políticas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, entre ellas, 12 asesinatos por razones políticas, 6 asesinatos de periodistas, 2 atentados, 63 amenazas a muerte, 76 persecuciones e intimidaciones, 2 agresiones sexuales, 53 detenciones, 10 casos de tortura, 2 secuestros, 58 detenciones ilegales, 18 allanamientos.
Con este panorama, será muy difícil que Lobo Sosa bajo el padrinazgo de Estados Unidos pueda convencer a toda la comunidad internacional de que su gobierno merece el reconocimiento tan ansiado, pues la realidad ratifica que la violencia contra el pueblo hondureño sigue tan activa como en los peores días de gobierno de facto de Micheletti y Romeo Vásquez.
Por ejemplo, Lobo Sosa habla de búsqueda de la verdad pero al mismo tiempo establece una comisión ignorando la opinión de las víctimas, garantizando la ocultación de la información por 10 años y evadiendo la posibilidad de que se establezcan responsabilidades de las personas involucradas en el golpe de Estado y en las violaciones a los derechos humanos.
Lobo Sosa habla de que su gobierno no tiene nada que ver con el rompimiento constitucional pero al mismo tiempo el Congreso Nacional dominado por una mayoría de su partido, asciende a los militares que participaron y planearon el golpe de Estado; y a su vez, él personalmente nombra a estos militares como máximos responsables de algunas instituciones claves del Estado.
Lobo Sosa habla de que su gobierno está comprometido con la defensa de los derechos pero la policía y el ejército no han sido depurados, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos siguen controlados por quienes formaron parte activa en el golpe de Estado y avalaron las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se han registrado 707 casos de agresiones por razones políticas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, entre ellas, 12 asesinatos por razones políticas, 6 asesinatos de periodistas, 2 atentados, 63 amenazas a muerte, 76 persecuciones e intimidaciones, 2 agresiones sexuales, 53 detenciones, 10 casos de tortura, 2 secuestros, 58 detenciones ilegales, 18 allanamientos.
Con este panorama, será muy difícil que Lobo Sosa bajo el padrinazgo de Estados Unidos pueda convencer a toda la comunidad internacional de que su gobierno merece el reconocimiento tan ansiado, pues la realidad ratifica que la violencia contra el pueblo hondureño sigue tan activa como en los peores días de gobierno de facto de Micheletti y Romeo Vásquez.
lunes, 14 de junio de 2010
Legislativo hondureño ignora recomendación de la CIDH sobre militares en tareas de seguridad
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 11 de junio 2010. El Legislativo hondureño aprobó, ayer, un decreto en el que ordena que el Ejército asista a la Policía, para “frenar la violencia que vive el país”, pese a la preocupación manifiesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque en Honduras los militares realizan tareas de seguridad.
El nuevo decreto establece que Las Fuerzas Armadas deberán poner “el personal idóneo necesario a la disposición de la Policía”, a fin de que esta cumpla de manera “eficiente” el mantenimiento del orden público.
La “mayor presencia de militares será en el interior del país”, pues alegan que es allí donde esa Secretaría tiene “menos recurso humano y logístico”, según fue informado por un vocero policial a los medios.
A pesar de que, para crear el decreto, aducen el aumento de la violencia observada por organismos de derechos humanos, el Legislativo ignoró al principal organismo regional en esa materia, que “reitera su preocupación por la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ciudadana…”, según observó en la visita reciente al país.
Y que, en su entendido, “las mismas deben ser ejecutadas a través de las fuerzas civiles de seguridad”, según el informe publicado el lunes 7 de junio, sobre su última visita a Honduras, realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
El nuevo decreto legislativo es igual al Decreto Ejecutivo PCM-014-2010, publicado en La Gaceta el 14 de mayo de 2010, sobre el cual la CIDH, observa “con especial preocupación”, se haya aprobado, instruyendo a la Secretaría de Defensa a cooperar con “el personal y medios estrictamente necesarios de la Fuerzas Armadas”.
Con el fin de que la Policía Nacional “cumpla de manera eficiente y oportuna las funciones para el restablecimiento de la paz, la prevención, control y combate del delito”, dice el Informe.
“Al respecto, la Comisión insta a las autoridades de Honduras a revisar el contenido del referido decreto, y a adecuarlo, conforme a los estándares internacionales que rigen en la materia”, especifica lo observado por la CIDH.
Lo que causa preocupación es que, justo en el interior del país, en la zona del Bajo Aguán, los campesinos, que han realizado varias toma de recuperación de tierras, se defienden de los terratenientes que los acosan con la intervención de fuerzas militares, y “el conflicto experimentó una agudización por la militarización de la zona”, de acuerdo al informe de la misma CIDH.
La Constitución hondureña, rota por un golpe de Estado, cuya vigencia ha sido forzada por los grupos golpistas en el poder, no prevé tales tareas a las Fuerzas Armadas.
Tegucigalpa. 11 de junio 2010. El Legislativo hondureño aprobó, ayer, un decreto en el que ordena que el Ejército asista a la Policía, para “frenar la violencia que vive el país”, pese a la preocupación manifiesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque en Honduras los militares realizan tareas de seguridad.
El nuevo decreto establece que Las Fuerzas Armadas deberán poner “el personal idóneo necesario a la disposición de la Policía”, a fin de que esta cumpla de manera “eficiente” el mantenimiento del orden público.
La “mayor presencia de militares será en el interior del país”, pues alegan que es allí donde esa Secretaría tiene “menos recurso humano y logístico”, según fue informado por un vocero policial a los medios.
A pesar de que, para crear el decreto, aducen el aumento de la violencia observada por organismos de derechos humanos, el Legislativo ignoró al principal organismo regional en esa materia, que “reitera su preocupación por la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ciudadana…”, según observó en la visita reciente al país.
Y que, en su entendido, “las mismas deben ser ejecutadas a través de las fuerzas civiles de seguridad”, según el informe publicado el lunes 7 de junio, sobre su última visita a Honduras, realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
El nuevo decreto legislativo es igual al Decreto Ejecutivo PCM-014-2010, publicado en La Gaceta el 14 de mayo de 2010, sobre el cual la CIDH, observa “con especial preocupación”, se haya aprobado, instruyendo a la Secretaría de Defensa a cooperar con “el personal y medios estrictamente necesarios de la Fuerzas Armadas”.
Con el fin de que la Policía Nacional “cumpla de manera eficiente y oportuna las funciones para el restablecimiento de la paz, la prevención, control y combate del delito”, dice el Informe.
“Al respecto, la Comisión insta a las autoridades de Honduras a revisar el contenido del referido decreto, y a adecuarlo, conforme a los estándares internacionales que rigen en la materia”, especifica lo observado por la CIDH.
Lo que causa preocupación es que, justo en el interior del país, en la zona del Bajo Aguán, los campesinos, que han realizado varias toma de recuperación de tierras, se defienden de los terratenientes que los acosan con la intervención de fuerzas militares, y “el conflicto experimentó una agudización por la militarización de la zona”, de acuerdo al informe de la misma CIDH.
La Constitución hondureña, rota por un golpe de Estado, cuya vigencia ha sido forzada por los grupos golpistas en el poder, no prevé tales tareas a las Fuerzas Armadas.
sábado, 12 de junio de 2010
París juzgará a 17 ex aliados de Pinochet.
Reuters
Periódico La Jornada
Sábado 12 de junio de 2010, p. 21
París. Francia juzgará a 17 chilenos en ausencia por la desaparición en la década de 1970 de cuatro franceses y chilenos-franceses durante el gobierno del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Los 17, la mayoría militares, serán juzgados por acusaciones de "detención arbitraria acompañada, o seguida, de tortura y actos bárbaros" entre 1973 y 1975. El proceso ha sido retrasado en varias ocasiones, pero está previsto que comience en diciembre en una corte de París. Entre los acusados está el general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta chilena.
Periódico La Jornada
Sábado 12 de junio de 2010, p. 21
París. Francia juzgará a 17 chilenos en ausencia por la desaparición en la década de 1970 de cuatro franceses y chilenos-franceses durante el gobierno del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Los 17, la mayoría militares, serán juzgados por acusaciones de "detención arbitraria acompañada, o seguida, de tortura y actos bárbaros" entre 1973 y 1975. El proceso ha sido retrasado en varias ocasiones, pero está previsto que comience en diciembre en una corte de París. Entre los acusados está el general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta chilena.
El espejo de los golpistas hondureños: "Histórica", la sentencia contra ex coronel por desaparición de 11 colombianos
Periódico La Jornada
Sábado 12 de junio de 2010, p. 21
Bogotá, 11 de junio. Navi Pillay, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, calificó hoy de "histórica" la sentencia de 30 años de prisión al coronel colombiano en retiro Alfonso Plazas, por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas durante la batalla que el ejército sostuvo en 1985 con la organización guerrillera M-19 por la recuperación del Palacio de Justicia en esta capital.
"Expreso mi reconocimiento al Poder Judicial colombiano por su lucha contra la impunidad en este caso y exhorto al gobierno de Colombia a acatar y respetar la sentencia", señaló Pillay en una declaración difundida en Bogotá.
Pillay solicitó asimismo garantizar la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien recibió amenazas a raíz de su veredicto.
En el mismo sentido se pronunció el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras conocer que Jara fue amenazada por "presuntos grupos armados al margen de la ley".
La reacción de Pillay fue difundida horas después de que el presidente Álvaro Uribe se inconformó con el fallo y anunció su intención de crear un proyecto de ley para proteger a las fuerzas armadas de acusaciones que "desmoralizan a la tropa", dotándolas de prerrogativas procesales.
Sobre el proyecto de Uribe, el especialista de Amnistía Internacional en casos colombianos, Marcelo Pollack, dijo que "blindar las fuerzas de seguridad del procesamiento sería una mofa del gobierno a los reclamos sobre la impunidad y el respeto que debe tener de sus obligaciones internacionales para llevar a todos los abusadores de los derechos humanos ante la justicia".
Los efectivos de las fuerzas armadas son procesados actualmente por la Fiscalía General y los juzgados del Poder Judicial, y no por tribunales militares, como hasta hace algunos años.
Según Polack, "la crítica destemplada del gobierno y del alto mando militar a la decisión de condenar al ex coronel Plazas Vega es sólo el último de los muchos intentos de las autoridades por desacreditar al Poder Judicial y hacer descarrilar uno de los derechos humanos fundamentales".
Algunos militares colombianos han enfrentado acusaciones de tener vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha que surgieron en la década de 1980 como una alternativa de combate a las organizaciones guerrilleras.
Sábado 12 de junio de 2010, p. 21
Bogotá, 11 de junio. Navi Pillay, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, calificó hoy de "histórica" la sentencia de 30 años de prisión al coronel colombiano en retiro Alfonso Plazas, por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas durante la batalla que el ejército sostuvo en 1985 con la organización guerrillera M-19 por la recuperación del Palacio de Justicia en esta capital.
"Expreso mi reconocimiento al Poder Judicial colombiano por su lucha contra la impunidad en este caso y exhorto al gobierno de Colombia a acatar y respetar la sentencia", señaló Pillay en una declaración difundida en Bogotá.
Pillay solicitó asimismo garantizar la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien recibió amenazas a raíz de su veredicto.
En el mismo sentido se pronunció el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras conocer que Jara fue amenazada por "presuntos grupos armados al margen de la ley".
La reacción de Pillay fue difundida horas después de que el presidente Álvaro Uribe se inconformó con el fallo y anunció su intención de crear un proyecto de ley para proteger a las fuerzas armadas de acusaciones que "desmoralizan a la tropa", dotándolas de prerrogativas procesales.
Sobre el proyecto de Uribe, el especialista de Amnistía Internacional en casos colombianos, Marcelo Pollack, dijo que "blindar las fuerzas de seguridad del procesamiento sería una mofa del gobierno a los reclamos sobre la impunidad y el respeto que debe tener de sus obligaciones internacionales para llevar a todos los abusadores de los derechos humanos ante la justicia".
Los efectivos de las fuerzas armadas son procesados actualmente por la Fiscalía General y los juzgados del Poder Judicial, y no por tribunales militares, como hasta hace algunos años.
Según Polack, "la crítica destemplada del gobierno y del alto mando militar a la decisión de condenar al ex coronel Plazas Vega es sólo el último de los muchos intentos de las autoridades por desacreditar al Poder Judicial y hacer descarrilar uno de los derechos humanos fundamentales".
Algunos militares colombianos han enfrentado acusaciones de tener vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha que surgieron en la década de 1980 como una alternativa de combate a las organizaciones guerrilleras.
viernes, 11 de junio de 2010
Premian con ascenso a militar que dirigió rapto de ex presidente Zelaya
El Congreso Nacional ratificará hoy el asenso de 5 militares que “participaron y planearon” el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales, advirtió el diputado de la bancada Unificación Democrática, Sergio Castellanos.
Entre los ascensos resalta la promoción del Teniente Coronel, René Antonio Hepburn Bueso, quien ejecutó la orden de allanamiento dictada por la Corte Suprema de Justicia, a la vivienda del Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, seguido de su expulsión del país.
Según Castellanos, estos ascensos vuelven inútiles cualquier intento que Porfirio Lobo haga en procura de la legitimación de su gobierno y de la reconciliación nacional.
El acomodamiento de militares protagonistas del golpe de Estado ha sido evidente en el actual gobierno, como los casos del General golpista Romeo Vásquez Velásquez ubicado en la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE; el ex integrante de la junta de comandantes, Venancio Cervantes Suazo como titular de la Dirección General de Migración y Extranjería; y el general Manuel Enrique Cáceres Díaz como Director de Aeronáutica Civil.
Fuente: http://radioprogresohn.org/index.php/noticias/642-premian-con-ascenso-a-militar-que-dirigio-rapto-de-ex-presidente-zelaya
Entre los ascensos resalta la promoción del Teniente Coronel, René Antonio Hepburn Bueso, quien ejecutó la orden de allanamiento dictada por la Corte Suprema de Justicia, a la vivienda del Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, seguido de su expulsión del país.
Según Castellanos, estos ascensos vuelven inútiles cualquier intento que Porfirio Lobo haga en procura de la legitimación de su gobierno y de la reconciliación nacional.
El acomodamiento de militares protagonistas del golpe de Estado ha sido evidente en el actual gobierno, como los casos del General golpista Romeo Vásquez Velásquez ubicado en la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE; el ex integrante de la junta de comandantes, Venancio Cervantes Suazo como titular de la Dirección General de Migración y Extranjería; y el general Manuel Enrique Cáceres Díaz como Director de Aeronáutica Civil.
Fuente: http://radioprogresohn.org/index.php/noticias/642-premian-con-ascenso-a-militar-que-dirigio-rapto-de-ex-presidente-zelaya
Suscribirse a:
Entradas (Atom)