El episodio vivido por la abogada de la ASJ preocupa a la organización no gubernamental en un contexto en el cual se persigue a los/las defensoras de derechos humanos y en donde reina la impunidad.
La organización cristiana determinó por adoptar las medidas del caso y denunciar públicamente, en una conferencia de prensa, el hostigamiento que la abogada venía sufriendo desde semanas atrás y que culminó con su secuestro, a borde de un taxi, por dos individuos que la amenazaron con matarla.
Ante la gravedad del caso, la ASJ emitió un comunicado público y dio a conocer los hechos a los diversos organismos internacionales. El comunicado a continuación:
COMUNICADO PÚBLICO
Preguntándole si estaba investigando a la empresa Seguridad Técnica de Honduras –SETECH, el pasado martes 19 de octubre, dos individuos secuestraron durante unos 40 minutos y amenazaron con “ejecutar”, a una abogada que labora para la Asociación para una Sociedad más Justa – ASJ.
En semanas anteriores la afectada también había sido abordada por tres empleados de la Secretaría de Trabajo, quienes le increparon sobre el riesgo del trabajo que hacía, al recabar información concerniente la aplicación, por parte de los funcionarios competentes, de la ley laboral que protege a las trabajadoras de limpieza y guardias de seguridad.
El 19 de Octubre a las 2:15 p.m. la abogada, cuyo nombre por razones de seguridad omitimos, esperaba un taxi en las cercanías de las instalaciones de la ASJ. Dos hombres se le acercaron mientras negociaba con el conductor de taxi; la tomaron de un brazo y la obligaron a subirse al automotor en el cual ellos también se desplazaron.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, los sujetos dieron la orden al taxista de tomar la ruta que conduce al anillo periférico para salir a la zona del Carrizal. Una vez en marcha el taxi, los sujetos intercambiaron pistolas y entre ellos comentaron: “Sabés que nos pagaron para ejecutarla, tenemos que hacerlo”.
Luego le preguntaron a la víctima, “¿trabajás para ASJ? ¿quién te paga? ¿cuánto te paga? ¿estás investigando a SETECH?” Ante la negativa de la abogada de contestarles, uno le dijo “hija de la gran p…a, te estamos haciendo una pregunta, contestá”. Mientras el otro dijo “Sí, ella es quien anda investigando a la SETECH”.
Después de 40 minutos en el vehículo, la afectada narra que sorprendentemente, los facinerosos comenzaron a sentir temor. Sin razón alguna, entre ellos se vociferaban que no podían mover sus manos, por lo cual le ordenaron al taxista cambiar de ruta. Frente a la ferretería “Mega Larach” le dijeron, “bájate ya, y que Dios te proteja”. El taxi siguió su curso con los hombres adentro.
Personal de la Secretaría de Trabajo también intimidó a abogada
Desde principios del mes de septiembre del presente año, la abogada realizaba una investigación, en condición de consultora para la ASJ, relacionada con la responsabilidad de algunas entidades gubernamentales en la sistemática violación de los derechos laborales de las trabajadoras de limpieza y de las/los guardias de seguridad, entre estos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, El Instituto Hondureño del Seguro Social, la Fiscalía de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer –INAM- y la Procuraduría General de la República. La investigación NO apuntaba a ninguna empresa de aseo o seguridad, en particular.
El día martes 21 de Septiembre, mientras la consultora de la ASJ realizaba inspecciones de varios libros en diferentes oficinas de la Secretaría de Trabajo, recibió advertencias y amenazas de tres diferentes empleados de esa entidad:
En horas de la mañana, la jefa de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Aura Teresa Malta, llamó a la abogada para entregarle una información que había solicitada. Afirma que le dijo además que todos los días el Sub-Secretario, Carlos Montes, le preguntaba si la abogada había venido a traer la información. Además el Sr. Montes le decía que quería conocerla y saber para quien estaba trabajando.
A las 12:10 p.m., mientras la abogada hacía un trabajo en la Procuraduría General de Trabajo, una señora de nombre “Norma” se le acercó y le aconsejó dejar su investigación o hacerlo de manera muy superficial, ya que con las empresas de seguridad había que tener cuidado. Hizo mención al caso del abogado de la ASJ, Dionisio Díaz García (QDDG) y del asesinato del mismo. “Mire que Dionisio andaba haciendo lo mismo que usted, investigando empresas”, dijo.
También le increpó que, “aquí hay un funcionario que representa intereses y sobre todo las Empresas de Seguridad, y tenga mucho cuidado ya que estas empresas tienen hasta Sicarios. Creo que usted está investigando a SETECH, si es así no lo haga”.
Quince minutos después de esta conversación, se le acercó otro empleado de la Secretaría de Trabajo de nombre “Harol”, quien le preguntó si estaba investigando a la SETECH. A pesar de que la abogada le explicó que su investigación no iba dirigida a empresa alguna en particular, el empleado de la Secretaría le dijo: “Párese y mire por esta ventana. Ahí abajo en la calle es donde usted agarra taxi cuando se va, y que fácil sería con unas cuantas ráfagas terminarla, no es conveniente que usted vaya a quedar tirada en un matorral”.
Secuestradores mencionan a la SETECH y a la ASJ
Los facinerosos nombran las siglas de nuestra institución y el de la Seguridad Técnica de Honduras (SETECH), empresa que ha gozado de millonarios contratos con el gobierno, a pesar de que mediante denuncias de sus propios empleados, abusa y violenta derechos laborales.
La situación preocupa por la vinculación que la SETECH ha tenido con la ASJ. En el 2006 la empresa realizó una serie de acciones intimidatorias para frenar el trabajo de investigación que se realizaba en el marco del proyecto de defensa de derechos laborales de la ASJ, que protege los derechos en esa materia, de empleados/as de las empresas de comidas rápidas, las mujeres de las compañías de limpieza y a las/os guardias de seguridad.
En fecha 19 de Septiembre del 2006, llegaron sin preaviso a las instalaciones de la ASJ Selvin Richard Swasey, propietario de la empresa SETECH, acompañado por varios asesores, entre ellos Carlos Montes, actual Subsecretario de Trabajo y ex-gerente de la SETECH, y la abogada Olga Suyapa Irías. Evidencias fotográficas demuestran la presencia de estos individuos, tanto como la manera amenazante en que hablaron al personal de la ASJ y a Dionisio Díaz García, abogado que representaba a decenas de guardias ante los juzgados del ramo, por la conculcación de sus derechos laborales. Entre estos, de la SETECH.
En el mes de octubre del mismo año, la SETECH interpuso ante los juzgados correspondientes, una querella por difamación contra varios de los periodistas que laboraban en ese entonces, en la ASJ. La acción judicial fue declarada sin lugar.
El 4 de diciembre del año 2006, dos sicarios desde una motocicleta, asesinan al abogado Dionisio Díaz García, cuando se trasladaba a la Corte Suprema de Justicia a conocer el avance de los casos. Una investigación que comienza y culmina con un juicio oral y público, a través del cual se sentencia a prisión a un ex guardia de seguridad de la SETECH y a un agente de la Dirección Nacional de Investigación –DNI- se llevó a cabo entre los años 2007 y 2009.
Los abogados Marcelino Vargas y Olga Suyapa Irías, fueron los apoderados legales de los dos sujetos sentenciados como culpables del asesinato de Dionisio Díaz García.
La ASJ ha denunciado en reiteradas ocasiones, la vinculación que ha mantenido el actual Subsecretario de Trabajo, Carlos Montes con la SETECH, empresa de la cual ha sido gerente general, tal como lo confirma la publicación del diario oficial La Gaceta en su edición número 31, 661, de fecha 17 de julio del año 2008, bajo decreto número 66-2008, relacionado a la ampliación del contrato de seguridad y vigilancia suscrito entre HONDUTEL y la empresa Seguridad Técnica de Honduras –SETECH. En ese documento se establece que Montes Rodríguez, fue Gerente General y Representante Legal de la Sociedad de la empresa en mención.
En el sitio Web de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, se establece que Montes es socio de un bufete legal cuyos otros socios principales incluyen Olga Suyapa Irías y José Marcelino Vargas (honduras.usembassy.gov/root/pdfs/attnylist_020910.pdf, página 43).
La ASJ exige al gobierno de Porfirio Lobo Sosa:
- Una investigación exhaustiva del caso descrito
- Que la Secretaría de Seguridad cumpla con lo que les ordena la ley, respecto a la regulación de las empresas de seguridad
- La destitución del cargo del Subsecretario de Trabajo, al señor Carlos Montes.
Asociación para una Sociedad más Justa –ASJ-
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de octubre 2010.
Fuente: http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1513%3Asecuestran-y-amenazan-con-ejecutar-a-defensora-de-derechos-laborales-de-la-asj&catid=19%3Aproyectos&Itemid=19
miércoles, 27 de octubre de 2010
El Estado de Honduras irrespeta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Audiencias ante la CIDH
26-10-10
Washington, D.C., 25 de octubre de 2010
En una audiencia, representantes del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), del Equipo de Investigación, Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), explicaron a la CIDH los múltiples obstáculos que enfrentan diariamente para proteger a las personas en Honduras, pese a la obligación que tiene el Estado de hacerlo.
Las organizaciones representaron a 197 beneficiarios de medidas cautelares cuyo común denominador es haber expresado su oposición al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio del año 2009. Este grupo de personas en riesgo está conformado principalmente por funcionarios del gobierno del Presidente Manuel Zelaya Rosales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, mujeres, periodistas y comunicadores sociales, medios de comunicación, incluyendo radios comunitarias, líderes del Frente Nacional de Resistencia Popular, familiares de defensores u otras personas en riesgo y ciudadanos opuestos al golpe.
Se denunció que en lo que va del año 2010, dos personas con medidas ordenadas por la CIDH fueron asesinados, tres han sufrido atentados, 35 personas beneficiarias han continuado recibiendo amenazas a muerte, y nueve personas con sus respectivas familias han tenido que exiliarse por temor a perder sus vidas.
Pese al riesgo, las autoridades estatales responden tardíamente, ofrecen seguridad personal pero los beneficiarios deben asumir los costos de la seguridad, y no cumplen con las limitadas medidas que ofrecen. Además, las organizaciones denunciaron la existencia de un nuevo patrón de comportamiento: se amenaza a personas de alto perfil político o social pero sufren la agresión otras personas relacionadas con el beneficiario. Esto tiene un efecto intimidatorio para los beneficiarios en el ejercicio de legítima labor de denuncia y defensa.
Por otra parte, ninguna de las muertes, atentados, amenazas y actos de hostigamiento han sido efectivamente investigados. Según se señaló en la audiencia, hasta la fecha ninguna persona ha sido sancionada por estos delitos.
Representantes del Estado de Honduras participaron en la audiencia e intentaron señalar como responsables de las múltiples fallas evidenciadas, a los propios beneficiarios o a las organizaciones de derechos humanos. Esta actitud demuestra que en Honduras no existe voluntad, en la práctica, de cumplir con las disposiciones de la CIDH.
Por su parte, la Comisión Interamericana mostró su disconformidad y preocupación ante respuestas incompletas, evasivas e insuficientes, y recordó al Estado hondureño sus obligaciones internacionales de garantizar y respetar la vida de las personas, en especial de los defensores y defensoras de derechos humanos. Felipe González, Presidente de la CIDH manifestó que subsisten la mayoría de preocupaciones que la Comisión señaló al Estado en su última visita a Honduras durante el mes de mayo anterior.
Las peticionarias también presentaron a la Comisión una propuesta de criterios mínimos para la creación de un mecanismo de protección efectivo para personas en riesgo en Honduras.
El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), el Equipo de Investigación, Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hacen un llamado a la comunidad internacional para que se exija al Estado de Honduras pasar del discurso a la acción y garantizar la vida de las personas en riesgo.
Adicionalmente se solicita a la Comisión Interamericana continuar monitoreando estrictamente la situación de derechos humanos en Honduras, y en particular la implementación de medidas cautelares.
El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió información que demuestra que las autoridades del Estado hondureño no están protegiendo efectivamente a los beneficiarios de medidas de protección (cautelares) ordenadas por éste órgano regional.
Contato de prensa:
Milli Legrain. Coordinadora de Comunicación Tel: +1.202.319.3000 Fax: + 1.202.319.3019.
mlegrain@cejil.org
Fuente: https://cejil.org/comunicados/el-estado-de-honduras-irrespeta-a-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos
26-10-10
Washington, D.C., 25 de octubre de 2010
En una audiencia, representantes del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), del Equipo de Investigación, Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), explicaron a la CIDH los múltiples obstáculos que enfrentan diariamente para proteger a las personas en Honduras, pese a la obligación que tiene el Estado de hacerlo.
Las organizaciones representaron a 197 beneficiarios de medidas cautelares cuyo común denominador es haber expresado su oposición al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio del año 2009. Este grupo de personas en riesgo está conformado principalmente por funcionarios del gobierno del Presidente Manuel Zelaya Rosales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, mujeres, periodistas y comunicadores sociales, medios de comunicación, incluyendo radios comunitarias, líderes del Frente Nacional de Resistencia Popular, familiares de defensores u otras personas en riesgo y ciudadanos opuestos al golpe.
Se denunció que en lo que va del año 2010, dos personas con medidas ordenadas por la CIDH fueron asesinados, tres han sufrido atentados, 35 personas beneficiarias han continuado recibiendo amenazas a muerte, y nueve personas con sus respectivas familias han tenido que exiliarse por temor a perder sus vidas.
Pese al riesgo, las autoridades estatales responden tardíamente, ofrecen seguridad personal pero los beneficiarios deben asumir los costos de la seguridad, y no cumplen con las limitadas medidas que ofrecen. Además, las organizaciones denunciaron la existencia de un nuevo patrón de comportamiento: se amenaza a personas de alto perfil político o social pero sufren la agresión otras personas relacionadas con el beneficiario. Esto tiene un efecto intimidatorio para los beneficiarios en el ejercicio de legítima labor de denuncia y defensa.
Por otra parte, ninguna de las muertes, atentados, amenazas y actos de hostigamiento han sido efectivamente investigados. Según se señaló en la audiencia, hasta la fecha ninguna persona ha sido sancionada por estos delitos.
Representantes del Estado de Honduras participaron en la audiencia e intentaron señalar como responsables de las múltiples fallas evidenciadas, a los propios beneficiarios o a las organizaciones de derechos humanos. Esta actitud demuestra que en Honduras no existe voluntad, en la práctica, de cumplir con las disposiciones de la CIDH.
Por su parte, la Comisión Interamericana mostró su disconformidad y preocupación ante respuestas incompletas, evasivas e insuficientes, y recordó al Estado hondureño sus obligaciones internacionales de garantizar y respetar la vida de las personas, en especial de los defensores y defensoras de derechos humanos. Felipe González, Presidente de la CIDH manifestó que subsisten la mayoría de preocupaciones que la Comisión señaló al Estado en su última visita a Honduras durante el mes de mayo anterior.
Las peticionarias también presentaron a la Comisión una propuesta de criterios mínimos para la creación de un mecanismo de protección efectivo para personas en riesgo en Honduras.
El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), el Equipo de Investigación, Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hacen un llamado a la comunidad internacional para que se exija al Estado de Honduras pasar del discurso a la acción y garantizar la vida de las personas en riesgo.
Adicionalmente se solicita a la Comisión Interamericana continuar monitoreando estrictamente la situación de derechos humanos en Honduras, y en particular la implementación de medidas cautelares.
El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió información que demuestra que las autoridades del Estado hondureño no están protegiendo efectivamente a los beneficiarios de medidas de protección (cautelares) ordenadas por éste órgano regional.
Contato de prensa:
Milli Legrain. Coordinadora de Comunicación Tel: +1.202.319.3000 Fax: + 1.202.319.3019.
mlegrain@cejil.org
Fuente: https://cejil.org/comunicados/el-estado-de-honduras-irrespeta-a-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos
martes, 26 de octubre de 2010
La ridícula defensa del Estado hondureño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El día lunes 25 de octubre se celebraron en Washington, Estados Unidos, dos audiencias públicas sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, que se desarrollaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La primera audiencia trató sobre la aplicación de las medidas cautelares por parte del Estado hondureño para proteger la vida e integridad de más de 200 personas que corren un serio peligro por su trabajo en defensa de los derechos humanos y la democracia en el marco de la situación de impunidad generada por el golpe de Estado.
La segunda audiencia versó sobre la libertad de expresión en Honduras, cuyo ejercicio desde el rompimiento del orden constitucional le ha costado la vida a más de una decena de periodistas y comunicadores sociales, convirtiendo a nuestro país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer este derecho.
Las audiencias públicas fueron transmitidas en vivo desde la página electrónica de la OEA y para quienes tuvimos la ocasión de seguirlas, pudimos observar con entusiasmo y esperanza cómo los representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos fueron contundentes y asertivos al aportar pruebas irrebatibles acerca de la profundización de la crisis política y de la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, pudimos observar con vergüenza ajena cómo los representantes del Estado demostraron su falta de formación, información y sobre todo, falta de ética y compromiso con la verdad y la justicia dado que intentaron infructuosamente defender lo indefendible y ante la solidez de los argumentos de los representantes de la sociedad civil, hicieron uso de descalificativos y cayeron en graves contradicciones.
Ante tal situación, Felipe González, presidente de la Comisión Interamericana manifestó en nombre de ésta su preocupación por la violencia política en Honduras y por la persistente impunidad de los violadores a los derechos humanos desde el golpe de Estado.
Una vez más, el Estado de Honduras quedó en evidencia ante la comunidad internacional y demostró que su discurso sobre el respeto de los derechos humanos son sólo palabras pues en los hechos, los derechos del pueblo hondureño siguen siendo pisoteados por las instituciones que deberían promoverlos y defenderlos.
sábado, 23 de octubre de 2010
Audiencias sobre Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El lunes 25 de octubre la CIDH celebrará las siguientes audiencias públicas sobre la situación de los derechos humanos en Honduras:
1. Mecanismo para la implementación de medidas cautelares (3:15-4:15 de la tarde).
2. Situación del derecho a la libertad de expresión (4:30-5:30 de la tarde).
Las audiencias pueden seguirse en vivo en http://www.oas.org/en/media_center/webcast.asp
1. Mecanismo para la implementación de medidas cautelares (3:15-4:15 de la tarde).
2. Situación del derecho a la libertad de expresión (4:30-5:30 de la tarde).
Las audiencias pueden seguirse en vivo en http://www.oas.org/en/media_center/webcast.asp
viernes, 22 de octubre de 2010
Asesinan a hermana del coordinador de la Resistencia en Catacamas
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 19 de octubre de 2010. Una hermana del Coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular FRNP, de la ciudad de Catacamas en el departamento de Olancho, fue asesinada hoy en horas de la mañana mientras se desarrollaba la Asamblea General en Tegucigalpa.
Se trata de Suyapa Mejía, hermana de Jorge Yanes coordinador junto con el doctor Marlon Escoto y el profesor Jeremías López, del Frente de Resistencia en la ciudad olanchana.
Mejía, administraba un pequeño negocio en la ciudad, en el que recibió la visita de dos supuestos clientes, quienes le pidieron dos refrescos y cuando se aprestaba a servírselos le dispararon provocándole la muerte de inmediato.
En declaraciones a la Red Morazánica de Información, Jorge Yanes quién se encontraba en la Asamblea del FNRP, lamentó la muerte de su hermana al tiempo que expresó que no se explicaba de donde podría provenirle la muerte.
Yanes explicó que ni su hermana ni su familia tienen enemigos y que tampoco había recibido amenazas de ningún tipo.
Yanes es un reconocido miembro del FNRP en la ciudad de Catacamas, miembro del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
Tegucigalpa 19 de octubre de 2010. Una hermana del Coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular FRNP, de la ciudad de Catacamas en el departamento de Olancho, fue asesinada hoy en horas de la mañana mientras se desarrollaba la Asamblea General en Tegucigalpa.
Se trata de Suyapa Mejía, hermana de Jorge Yanes coordinador junto con el doctor Marlon Escoto y el profesor Jeremías López, del Frente de Resistencia en la ciudad olanchana.
Mejía, administraba un pequeño negocio en la ciudad, en el que recibió la visita de dos supuestos clientes, quienes le pidieron dos refrescos y cuando se aprestaba a servírselos le dispararon provocándole la muerte de inmediato.
En declaraciones a la Red Morazánica de Información, Jorge Yanes quién se encontraba en la Asamblea del FNRP, lamentó la muerte de su hermana al tiempo que expresó que no se explicaba de donde podría provenirle la muerte.
Yanes explicó que ni su hermana ni su familia tienen enemigos y que tampoco había recibido amenazas de ningún tipo.
Yanes es un reconocido miembro del FNRP en la ciudad de Catacamas, miembro del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
martes, 19 de octubre de 2010
Dos premios contra la impunidad
Esta semana se entregan dos de los premios internacionales más importantes en materia de derechos humanos: El premio Letelier-Moffit, otorgado por el Instituto de Estudios Políticos de Washington y el premio Hans Litten otorgado por la Asociación de Juristas Demócratas de Alemania.
El Premio Letelier-Moffit fue otorgado a la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras integrada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y FIAN de Honduras.
La Plataforma se hizo de este reconocimiento por su labor fundamental en la protección de los derechos humanos a partir del golpe de Estado y en la denuncia de los asesinatos, torturas, cierres de medios de comunicación, allanamientos y detenciones ilegales cometidos por el ejército y la policía.
El Premio Hans Litten fue otorgado a la magistrada Tirza Flores y la Asociación de Jueces por la Democracia por su lucha por la independencia judicial y una justicia democrática y transparente después del golpe de Estado. A esta asociación pertenecen los jueces destituidos ilegalmente Ramón Barrios, Guillermo López Lone y Luis Chévez de la Rocha.
Estos importantes premios concedidos a las organizaciones y personas mencionadas representan un reconocimiento a quienes aún a costa de sus vidas, su integridad y sus trabajos, mantuvieron una posición firme y digna en la defensa y protección de los derechos humanos ante la inoperancia y corrupción de instituciones estatales como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, estos premios ratifican que todas las instituciones del Estado del sector justicia han colapsado y que abiertamente se han puesto al servicio de los poderes políticos, militares y económicos que promovieron el golpe de Estado, por lo que han sido los propios hondureños y hondureñas y sus organizaciones quienes han sumido el rol fundamental de luchar por la democratización del país y por la construcción de nuevas instituciones y de una sociedad más justa y solidaria.
El Premio Letelier-Moffit fue otorgado a la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras integrada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y FIAN de Honduras.
La Plataforma se hizo de este reconocimiento por su labor fundamental en la protección de los derechos humanos a partir del golpe de Estado y en la denuncia de los asesinatos, torturas, cierres de medios de comunicación, allanamientos y detenciones ilegales cometidos por el ejército y la policía.
El Premio Hans Litten fue otorgado a la magistrada Tirza Flores y la Asociación de Jueces por la Democracia por su lucha por la independencia judicial y una justicia democrática y transparente después del golpe de Estado. A esta asociación pertenecen los jueces destituidos ilegalmente Ramón Barrios, Guillermo López Lone y Luis Chévez de la Rocha.
Estos importantes premios concedidos a las organizaciones y personas mencionadas representan un reconocimiento a quienes aún a costa de sus vidas, su integridad y sus trabajos, mantuvieron una posición firme y digna en la defensa y protección de los derechos humanos ante la inoperancia y corrupción de instituciones estatales como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, estos premios ratifican que todas las instituciones del Estado del sector justicia han colapsado y que abiertamente se han puesto al servicio de los poderes políticos, militares y económicos que promovieron el golpe de Estado, por lo que han sido los propios hondureños y hondureñas y sus organizaciones quienes han sumido el rol fundamental de luchar por la democratización del país y por la construcción de nuevas instituciones y de una sociedad más justa y solidaria.
Seis mujeres asesinadas cada semana, Ministerio Público es inoperante, denuncian Feministas en Resistencia
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 18 Octubre 2010. El movimiento Feministas en Resistencia, denunció que los femicidios siguen en incremento a una “escala sin precedentes”; un promedio de seis mujeres son asesinadas por semana; más de 200 casos se registran en el transcurso del año; y más de mil 500 se cometieron en el ultimo sexenio.
El 41 por ciento de las asesinadas son mujeres jóvenes entre 16 y 30 años; los crímenes continúan quedando impunes, y las mujeres “viven en medio del peligro y la inseguridad, mientras la Policía dedica esfuerzos a reprimir a la población hondureña en resistencia y a proporcionarles seguridad personal a los responsables del Golpe de Estado”.
Las Feministas en Resistencia cuestionan, la “inoperancia” e “ineficiencia” del Ministerio Público y demás administradores de justicia, que no investigan para encontrar a los responsables de los crímenes contra las mujeres hondureñas.
Exigen que la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida de la Mujer, rinda un informe a la población hondureña, que revele el estado de los casos de femicidios acontecidos en los años anteriores y sobre los que han sido perpetrados hasta la fecha en el 2010.
Acusan que el modelo económico neoliberal es responsable por el aumento de la violencia contra las mujeres, además de las “grandes desigualdades sociales y del hambre” en la que vive la población hondureña.
Las Feministas en Resistencia han repudiado, con indignación, “la impunidad social y la indiferencia de las y de los administradores de justicia del país”, que no logran y, además, “se niegan a tomar las medidas”, para detener la violencia y los femicidios que en forma reiterada demandan los movimiento de mujeres y de feministas.
“El femicidio es la forma extrema de violencia específica contra las mujeres de todas las edades; el homicidio, o asesinato de una mujer o niña por manos masculinas en contextos o relaciones desiguales de poder por el sólo hecho de ser mujeres”, explican en un manifiesto que Feministas en Resistencia iniciaron a divulgar el 15 de octubre de 2010.
Tegucigalpa. 18 Octubre 2010. El movimiento Feministas en Resistencia, denunció que los femicidios siguen en incremento a una “escala sin precedentes”; un promedio de seis mujeres son asesinadas por semana; más de 200 casos se registran en el transcurso del año; y más de mil 500 se cometieron en el ultimo sexenio.
El 41 por ciento de las asesinadas son mujeres jóvenes entre 16 y 30 años; los crímenes continúan quedando impunes, y las mujeres “viven en medio del peligro y la inseguridad, mientras la Policía dedica esfuerzos a reprimir a la población hondureña en resistencia y a proporcionarles seguridad personal a los responsables del Golpe de Estado”.
Las Feministas en Resistencia cuestionan, la “inoperancia” e “ineficiencia” del Ministerio Público y demás administradores de justicia, que no investigan para encontrar a los responsables de los crímenes contra las mujeres hondureñas.
Exigen que la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida de la Mujer, rinda un informe a la población hondureña, que revele el estado de los casos de femicidios acontecidos en los años anteriores y sobre los que han sido perpetrados hasta la fecha en el 2010.
Acusan que el modelo económico neoliberal es responsable por el aumento de la violencia contra las mujeres, además de las “grandes desigualdades sociales y del hambre” en la que vive la población hondureña.
Las Feministas en Resistencia han repudiado, con indignación, “la impunidad social y la indiferencia de las y de los administradores de justicia del país”, que no logran y, además, “se niegan a tomar las medidas”, para detener la violencia y los femicidios que en forma reiterada demandan los movimiento de mujeres y de feministas.
“El femicidio es la forma extrema de violencia específica contra las mujeres de todas las edades; el homicidio, o asesinato de una mujer o niña por manos masculinas en contextos o relaciones desiguales de poder por el sólo hecho de ser mujeres”, explican en un manifiesto que Feministas en Resistencia iniciaron a divulgar el 15 de octubre de 2010.
lunes, 18 de octubre de 2010
Gobierno omite las muertes y violaciones a derechos humanos después del golpe en informe ante la ONU
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 18 de octubre del 2010. Honduras prerrentará el próximo 04 de noviembre, por primera vez su Examen Periódico Universal, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU, sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el marco del primer golpe de estado del siglo XXI, con un gobierno calificado como de facto por la mayoría de la población.
Para el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH, el informe que presentará el Estado de Honduras, es calificado como “eminentemente declarativo ya que en gran parte de su contenido se orienta a citar artículos constitucionales y de Convenios que hacen alusión” a los derechos humanos, olvidado por completo el objetivo del Estado que es la protección de la persona humana.
El informe que llevara Honduras, es una “descripción que no hace mención de la recurrente violación a derechos civiles y políticos que ha caracterizado al país desde el golpe de estado”, mientras resalta supuestos logros como la creación de nuevas instituciones como la secretaría de Derecho Humanos o la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR.
En el informe el Estado hondureño se olvida, “que el objeto de todo Estado de Derecho y de sus instituciones, se centra en la pretensión de lograr una suficiente garantía y seguridad jurídica para los Derechos de la persona humana”, dice el abogado Celso Alvarado en representación del CIPRODEH.
La presentación del documento resulta contradictoria desde su inicio en la parte introductoria en donde se afirma que “Honduras es un Estado de Derecho”, omitiendo también que en Honduras ocurrió un golpe de Estado, que derrocó a un Presidente Constitucional.
El informe no menciona en ninguna de sus partes las muertes ocurridas después del golpe de Estado, ni la situación de los perseguidos políticos, que como el Presidente Zelaya se encuentran fuera del país.
“Una cosa es que un Estado posea un ordenamiento jurídico y otra es que por el hecho de poseerlo forzosamente sea un Estado de Derecho”, cuestiona el abogado Alvarado, al informe que presentará el gobierno.
El CIPRODEH, cuestiona que es evidente la pérdida de la dimensión humana en el informe, “ya que los logros que se exponen se focalizan más en acciones abstractas como el impulso a normativas específicas, inversión en una que otra infraestructura, que se cuenta con institucionalidad así como la existencia de un marco normativo, evitando citar siquiera casos emblemáticos”.
El informe se esfuerza en presentar logros de hace mucho tiempo como si fueran actuales, como el otorgamiento de personería jurídica a los grupos de Lesbianas Bisexuales Transexuales y Bisexuales LGTB, ocurrido en el año 2004, la creación de la Fiscalía Especial de las Etnias y el Patrimonio Cultural también de 1994.
En el examen también se presentará como un logro el aumento al salario mínimo aprobado durante la Administración de Zelaya Rosales durante el año 2009.
Tegucigalpa 18 de octubre del 2010. Honduras prerrentará el próximo 04 de noviembre, por primera vez su Examen Periódico Universal, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU, sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el marco del primer golpe de estado del siglo XXI, con un gobierno calificado como de facto por la mayoría de la población.
Para el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH, el informe que presentará el Estado de Honduras, es calificado como “eminentemente declarativo ya que en gran parte de su contenido se orienta a citar artículos constitucionales y de Convenios que hacen alusión” a los derechos humanos, olvidado por completo el objetivo del Estado que es la protección de la persona humana.
El informe que llevara Honduras, es una “descripción que no hace mención de la recurrente violación a derechos civiles y políticos que ha caracterizado al país desde el golpe de estado”, mientras resalta supuestos logros como la creación de nuevas instituciones como la secretaría de Derecho Humanos o la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR.
En el informe el Estado hondureño se olvida, “que el objeto de todo Estado de Derecho y de sus instituciones, se centra en la pretensión de lograr una suficiente garantía y seguridad jurídica para los Derechos de la persona humana”, dice el abogado Celso Alvarado en representación del CIPRODEH.
La presentación del documento resulta contradictoria desde su inicio en la parte introductoria en donde se afirma que “Honduras es un Estado de Derecho”, omitiendo también que en Honduras ocurrió un golpe de Estado, que derrocó a un Presidente Constitucional.
El informe no menciona en ninguna de sus partes las muertes ocurridas después del golpe de Estado, ni la situación de los perseguidos políticos, que como el Presidente Zelaya se encuentran fuera del país.
“Una cosa es que un Estado posea un ordenamiento jurídico y otra es que por el hecho de poseerlo forzosamente sea un Estado de Derecho”, cuestiona el abogado Alvarado, al informe que presentará el gobierno.
El CIPRODEH, cuestiona que es evidente la pérdida de la dimensión humana en el informe, “ya que los logros que se exponen se focalizan más en acciones abstractas como el impulso a normativas específicas, inversión en una que otra infraestructura, que se cuenta con institucionalidad así como la existencia de un marco normativo, evitando citar siquiera casos emblemáticos”.
El informe se esfuerza en presentar logros de hace mucho tiempo como si fueran actuales, como el otorgamiento de personería jurídica a los grupos de Lesbianas Bisexuales Transexuales y Bisexuales LGTB, ocurrido en el año 2004, la creación de la Fiscalía Especial de las Etnias y el Patrimonio Cultural también de 1994.
En el examen también se presentará como un logro el aumento al salario mínimo aprobado durante la Administración de Zelaya Rosales durante el año 2009.
jueves, 14 de octubre de 2010
Argentina mantiene una posición férrea frente al caso de Honduras. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina
Rel-UITA
http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/democradura/nota_ministerio_rree_felatrac.htm
En agosto pasado, dirigentes de 64 organizaciones sindicales provenientes de doce países de América Latina que participaron en el 3er Encuentro de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Coca Cola (FELATRAC), que integra la Rel-UITA, enviaron una carta a los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Uruguay y Venezuela apoyando su decisión de no reconocer el gobierno de Porfirio Lobo, ni aceptar el reintegro de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno de la República Argentina respondió la misiva. Lo que sigue es el texto de esa respuesta.
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Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
Estimados señoras/es
Participantes del Encuentro Latinoamericano de Trabajadores de las Bebidas:
Por instrucción de la Presidencia de la Nación tengo el agrado de dirigirme a ustedes en relación a su nota del pasado 23 de agosto, recibida en esta Cancillería el día 27 de septiembre.
En primer lugar, agradecemos sus comentarios y análisis sobre la actualidad política hondureña y queremos transmitirles una síntesis de la posición de la República Argentina ante la crisis institucional que sufrió Honduras.
-Desde el inicio de la crisis la Argentina condenó enérgicamente el golpe de Estado perpetrado contra el gobierno legítimamente electo en Honduras e instó a la restitución incondicional e inmediata del presidente José Manuel Zelaya Rosales. Asimismo, la posición argentina ha sido clara y firme en cuanto al no reconocimiento del resultado de las elecciones del 29 de noviembre de 2009 si se efectuaban bajo el régimen de facto. En consecuencia, nuestro país no reconoce al gobierno de Porfirio Lobo.
-La Argentina lamenta las muertes violentas de ocho profesionales de la prensa durante 2010, así como el asesinato del ex diputado y ex Ministro del Programa de Desarrollo Rural Sostenible durante el gobierno del presidente Zelaya, señor Luis Rolando Valenzuela Ulloa, lo cual demuestra la grave situación de indefensión y vulnerabilidad de la prensa en ese país.
-El gobierno argentino coincide con las conclusiones a las que llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ocasión de la visita realizada a Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010, manifestando su profunda preocupación por la continuidad de las violaciones a los derechos humanos.
-Los temas que más preocupan a la Argentina en particular son: el regreso del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, con el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, la situación de las personas vinculadas con el golpe, la cuestión de los derechos humanos y las limitaciones en el ejercicio de los derechos políticos.
-Cabe señalar que, en ocasión de la instalación de la “Comisión de la Verdad Alternativa” el pasado 28 de junio de 2010 en Tegucigalpa, esta Cancillería ha prestado su colaboración a la señora Nora Cortiñas en su viaje a esa ciudad.
En relación al tratamiento del caso Honduras en la OEA -en el marco de la Comisión de Alto Nivel- la Argentina presentó el pasado 28 de julio una Declaración de Posición, siendo el único país en hacerlo (como Anexo se adjunta el texto completo de la misma).
En el marco de la reciente Asamblea General de la ONU, septiembre de 2010, se mantuvieron contactos de alto nivel con representantes de países de la región así como de Europa, reafirmando la férrea posición argentina frente al caso de Honduras.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para reiterarles las seguridades de mi consideración más distinguida.
Ana C. Berta de Alberto
Embajadora
Directora de América Central, Caribe y México
Anexo
“La Argentina reconoce los esfuerzos que lleva adelante el secretario general en relación con la situación en Honduras.
-Todos lo miembros de la OEA debemos adherir estrictamente a la Carta y los instrumentos esenciales de la organización, incluyendo la Carta Democrática Interamericana, y actuar de conformidad con las prácticas, propósitos y principios de la OEA.
-La democracia se apoya esencialmente en un proceso eleccionario pero no sólo en ello, sino que conlleva la adhesión a un conjunto de valores.
-Atento a que el proceso político hondureño tiene que incluir a todas las expresiones legítimas, consideramos pertinente reclamar un diálogo político amplio. Asimismo, entendemos que el informe debiera haber incluido mayor información sobre la marcha de la democracia en Honduras y vemos con preocupación la impunidad de los responsables del golpe de Estado a los que incluso se les ha dado funciones en la administración actual, al tiempo que el ex presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales sigue sin poder retornar a su país.
-Particular relevancia tiene el estricto respeto a los derechos humanos y, en ese sentido, tenemos profunda preocupación por los informes transmitidos por la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en donde la realidad, lejos de mejorar, pareciera haber empeorado. La clase dirigente de Honduras, incluyendo a quienes hoy están a cargo de su administración, debe comprender, respetar y llevar a la práctica las expresiones específicas y las recomendaciones puntuales que la CIDH ha hecho sobre la situación en ese país, para que no se sigan registrando asesinatos y atentados contra activistas sindicales, sociales, políticos, mujeres y periodistas.
La Argentina continuará prestando la mayor atención a la evolución de la situación en Honduras, a los efectos de evaluar los pasos a seguir”.
http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/democradura/nota_ministerio_rree_felatrac.htm
En agosto pasado, dirigentes de 64 organizaciones sindicales provenientes de doce países de América Latina que participaron en el 3er Encuentro de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Coca Cola (FELATRAC), que integra la Rel-UITA, enviaron una carta a los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Uruguay y Venezuela apoyando su decisión de no reconocer el gobierno de Porfirio Lobo, ni aceptar el reintegro de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno de la República Argentina respondió la misiva. Lo que sigue es el texto de esa respuesta.
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Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
Estimados señoras/es
Participantes del Encuentro Latinoamericano de Trabajadores de las Bebidas:
Por instrucción de la Presidencia de la Nación tengo el agrado de dirigirme a ustedes en relación a su nota del pasado 23 de agosto, recibida en esta Cancillería el día 27 de septiembre.
En primer lugar, agradecemos sus comentarios y análisis sobre la actualidad política hondureña y queremos transmitirles una síntesis de la posición de la República Argentina ante la crisis institucional que sufrió Honduras.
-Desde el inicio de la crisis la Argentina condenó enérgicamente el golpe de Estado perpetrado contra el gobierno legítimamente electo en Honduras e instó a la restitución incondicional e inmediata del presidente José Manuel Zelaya Rosales. Asimismo, la posición argentina ha sido clara y firme en cuanto al no reconocimiento del resultado de las elecciones del 29 de noviembre de 2009 si se efectuaban bajo el régimen de facto. En consecuencia, nuestro país no reconoce al gobierno de Porfirio Lobo.
-La Argentina lamenta las muertes violentas de ocho profesionales de la prensa durante 2010, así como el asesinato del ex diputado y ex Ministro del Programa de Desarrollo Rural Sostenible durante el gobierno del presidente Zelaya, señor Luis Rolando Valenzuela Ulloa, lo cual demuestra la grave situación de indefensión y vulnerabilidad de la prensa en ese país.
-El gobierno argentino coincide con las conclusiones a las que llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ocasión de la visita realizada a Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010, manifestando su profunda preocupación por la continuidad de las violaciones a los derechos humanos.
-Los temas que más preocupan a la Argentina en particular son: el regreso del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, con el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, la situación de las personas vinculadas con el golpe, la cuestión de los derechos humanos y las limitaciones en el ejercicio de los derechos políticos.
-Cabe señalar que, en ocasión de la instalación de la “Comisión de la Verdad Alternativa” el pasado 28 de junio de 2010 en Tegucigalpa, esta Cancillería ha prestado su colaboración a la señora Nora Cortiñas en su viaje a esa ciudad.
En relación al tratamiento del caso Honduras en la OEA -en el marco de la Comisión de Alto Nivel- la Argentina presentó el pasado 28 de julio una Declaración de Posición, siendo el único país en hacerlo (como Anexo se adjunta el texto completo de la misma).
En el marco de la reciente Asamblea General de la ONU, septiembre de 2010, se mantuvieron contactos de alto nivel con representantes de países de la región así como de Europa, reafirmando la férrea posición argentina frente al caso de Honduras.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para reiterarles las seguridades de mi consideración más distinguida.
Ana C. Berta de Alberto
Embajadora
Directora de América Central, Caribe y México
Anexo
“La Argentina reconoce los esfuerzos que lleva adelante el secretario general en relación con la situación en Honduras.
-Todos lo miembros de la OEA debemos adherir estrictamente a la Carta y los instrumentos esenciales de la organización, incluyendo la Carta Democrática Interamericana, y actuar de conformidad con las prácticas, propósitos y principios de la OEA.
-La democracia se apoya esencialmente en un proceso eleccionario pero no sólo en ello, sino que conlleva la adhesión a un conjunto de valores.
-Atento a que el proceso político hondureño tiene que incluir a todas las expresiones legítimas, consideramos pertinente reclamar un diálogo político amplio. Asimismo, entendemos que el informe debiera haber incluido mayor información sobre la marcha de la democracia en Honduras y vemos con preocupación la impunidad de los responsables del golpe de Estado a los que incluso se les ha dado funciones en la administración actual, al tiempo que el ex presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales sigue sin poder retornar a su país.
-Particular relevancia tiene el estricto respeto a los derechos humanos y, en ese sentido, tenemos profunda preocupación por los informes transmitidos por la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en donde la realidad, lejos de mejorar, pareciera haber empeorado. La clase dirigente de Honduras, incluyendo a quienes hoy están a cargo de su administración, debe comprender, respetar y llevar a la práctica las expresiones específicas y las recomendaciones puntuales que la CIDH ha hecho sobre la situación en ese país, para que no se sigan registrando asesinatos y atentados contra activistas sindicales, sociales, políticos, mujeres y periodistas.
La Argentina continuará prestando la mayor atención a la evolución de la situación en Honduras, a los efectos de evaluar los pasos a seguir”.
Plataforma de Derechos Humanos de Honduras recibe premio Letelier-Moffitt, del Institute for Policy Studies
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa, 13 Octubre 2010. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras recibirá el premio internacional Letelier-Moffitt, otorgado por el Instituto de Estudios Políticos de Washington (Institute for Policy Studies, IPS), en la Trigésima Cuarta (34) Edición Anual de Derechos Humanos, este miércoles 13 de octubre en el National Press Club, en Washington.
La Plataforma Hondureña, se constituyó en un ente civil fundamental a la protección, investigación, registro y encaminamiento jurídico de las denuncias por violaciones a los derechos humanos de la población, en calidad de actor legítimo a nivel nacional como internacional, ante el colapso del sistema de protección oficial en el golpe de Estado, desde junio de 2009.
La Plataforma impulsó la iniciativa de constituir y desarrollar una Comisión de Verdad, instalada en junio de 2010, para esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía, que incluye asesinatos; personas heridas, torturadas, presas; el cierre de medios de comunicación; allanamientos a oficinas de organizaciones populares y campesinas integrantes del Frente de Resistencia.
El premio será recibido por la presidenta del Cofadeh, Bertha Oliva de Nativi, y por el director del C.T.P.R.T., Juan Almendárez Bonilla,según divulgó el IPS.
El Instituto de Estudios Políticos (IPS), se propone “celebrar la justicia social”, premiando los esfuerzos de tres organizaciones incluida la Plataforma Hondureña; otra por “persistir en ganar derechos para los trabajadores domésticos”; y una tercera, por su “voluntad en reunir y desclasificar el archivo más grande de documentos policiacos en Guatemala”.
Según la comunicación del Institute for Policy Studies, la Plataforma está integrada por seis organizaciones: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (Cptrt), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y FIAN de Honduras.
El premio anual, Letelier-Moffitt, conmemora a dos miembros del IPS: Ron ni Karpen Moffitt y Orlando Letelier, asesinados yendo a su trabajo por medio de un coche bomba, el 21 de septiembre de 1976. Su asesinato se vincula directamente al régimen del dictador chileno Augusto Pinochet, del cual Letelier era uno de sus críticos.
Tegucigalpa, 13 Octubre 2010. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras recibirá el premio internacional Letelier-Moffitt, otorgado por el Instituto de Estudios Políticos de Washington (Institute for Policy Studies, IPS), en la Trigésima Cuarta (34) Edición Anual de Derechos Humanos, este miércoles 13 de octubre en el National Press Club, en Washington.
La Plataforma Hondureña, se constituyó en un ente civil fundamental a la protección, investigación, registro y encaminamiento jurídico de las denuncias por violaciones a los derechos humanos de la población, en calidad de actor legítimo a nivel nacional como internacional, ante el colapso del sistema de protección oficial en el golpe de Estado, desde junio de 2009.
La Plataforma impulsó la iniciativa de constituir y desarrollar una Comisión de Verdad, instalada en junio de 2010, para esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía, que incluye asesinatos; personas heridas, torturadas, presas; el cierre de medios de comunicación; allanamientos a oficinas de organizaciones populares y campesinas integrantes del Frente de Resistencia.
El premio será recibido por la presidenta del Cofadeh, Bertha Oliva de Nativi, y por el director del C.T.P.R.T., Juan Almendárez Bonilla,según divulgó el IPS.
El Instituto de Estudios Políticos (IPS), se propone “celebrar la justicia social”, premiando los esfuerzos de tres organizaciones incluida la Plataforma Hondureña; otra por “persistir en ganar derechos para los trabajadores domésticos”; y una tercera, por su “voluntad en reunir y desclasificar el archivo más grande de documentos policiacos en Guatemala”.
Según la comunicación del Institute for Policy Studies, la Plataforma está integrada por seis organizaciones: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (Cptrt), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y FIAN de Honduras.
El premio anual, Letelier-Moffitt, conmemora a dos miembros del IPS: Ron ni Karpen Moffitt y Orlando Letelier, asesinados yendo a su trabajo por medio de un coche bomba, el 21 de septiembre de 1976. Su asesinato se vincula directamente al régimen del dictador chileno Augusto Pinochet, del cual Letelier era uno de sus críticos.
Un promedio de 6 mujeres son víctimas de femicidio cada semana
Las Organizaciones de Mujeres aglutinadas en Feministas en Resistencia, preocupadas por el alto número de femicidios y la impunidad que los encubre, más de 200 mujeres asesinadas en el año 2010 y más de 1500 en los últimos 5 años, estaremos realizando plantones frente al Ministerio Público de Tegucigalpa, todos los jueves de cada semana, a las 9:00 a.m.
Hacemos un llamado:
- A las Organizaciones de Mujeres, para que realicen acciones de protesta de manera simultanea todos los jueves frente a los entes de administración de justicia de todo el país.
- A la Resistencia hondureña, a respaldarnos con su presencia en estas acciones todos los jueves de cada semana.
PRIMERA ACCION:
Jueves 14 de Octubre del 2010
Frente al Ministerio Público de Tegucigalpa
Hora 9:00 a.m.
¡LAS ASESINADAS TIENEN NOMBRE, SUS ASESINOS TAMBIEN!
¡ALTO A LA IMPUNIDAD, NI UNA ASESINADA MAS, NO MAS FEMICIDIOS POLITICOS!
¡NI GOLPES DE ESTADO NI GOLPE A LAS MUJERES!
FEMINISTAS EN RESISTENCIA
Hacemos un llamado:
- A las Organizaciones de Mujeres, para que realicen acciones de protesta de manera simultanea todos los jueves frente a los entes de administración de justicia de todo el país.
- A la Resistencia hondureña, a respaldarnos con su presencia en estas acciones todos los jueves de cada semana.
PRIMERA ACCION:
Jueves 14 de Octubre del 2010
Frente al Ministerio Público de Tegucigalpa
Hora 9:00 a.m.
¡LAS ASESINADAS TIENEN NOMBRE, SUS ASESINOS TAMBIEN!
¡ALTO A LA IMPUNIDAD, NI UNA ASESINADA MAS, NO MAS FEMICIDIOS POLITICOS!
¡NI GOLPES DE ESTADO NI GOLPE A LAS MUJERES!
FEMINISTAS EN RESISTENCIA
martes, 12 de octubre de 2010
Las mentiras del Lobo y el Consejo de Derechos Humanos
El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados elegidos en votación secreta por la mayoría de los Estados miembros de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
La responsabilidad del Consejo consiste en fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Para cumplir con dicha función, el Consejo cuenta con varios mecanismos de protección.
Uno de esos mecanismos es el Examen Periódico Universal cuyo fin es determinar posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en alguno de los 192 Estados miembros de la ONU y darles la oportunidad de demostrar que han tomado acciones concretas para mejorar la situación de los derechos en sus territorios.
El 04 de noviembre de este año, el Estado de Honduras será examinado por el Consejo, para lo cual ha presentado por escrito un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. En términos generales, el Estado afirma que su interés primordial es el respeto de los derechos humanos a todos sus habitantes y que si bien ha habido violaciones de los mismos, ha sido responsabilidad de la delincuencia común.
A su vez, señala que la falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos limita las posibilidades de investigación de dichas violaciones. No obstante, argumenta que hay avances en materia de derechos humanos porque se han creado nuevas instituciones para lograr su plena observancia.
De la lectura del informe del Estado hondureño, es evidente que oculta información y que no dice nada sobre los asesinatos, torturas, agresiones sexuales, secuestros, amenazas y hostigamientos por motivos políticos; tampoco dice nada sobre la impunidad de los perpetradores del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos, y que más bien han sido premiados por el gobierno de Lobo Sosa en puestos estratégicos de las estructuras del Estado.
Por eso, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han presentado sus propios informes para que el Consejo conozca lo que realmente pasa en el país y además participarán el día del examen para dejar en evidencia que el gobierno de Lobo miente o al menos oculta información sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras para lograr reconocimiento internacional.
La responsabilidad del Consejo consiste en fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Para cumplir con dicha función, el Consejo cuenta con varios mecanismos de protección.
Uno de esos mecanismos es el Examen Periódico Universal cuyo fin es determinar posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en alguno de los 192 Estados miembros de la ONU y darles la oportunidad de demostrar que han tomado acciones concretas para mejorar la situación de los derechos en sus territorios.
El 04 de noviembre de este año, el Estado de Honduras será examinado por el Consejo, para lo cual ha presentado por escrito un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. En términos generales, el Estado afirma que su interés primordial es el respeto de los derechos humanos a todos sus habitantes y que si bien ha habido violaciones de los mismos, ha sido responsabilidad de la delincuencia común.
A su vez, señala que la falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos limita las posibilidades de investigación de dichas violaciones. No obstante, argumenta que hay avances en materia de derechos humanos porque se han creado nuevas instituciones para lograr su plena observancia.
De la lectura del informe del Estado hondureño, es evidente que oculta información y que no dice nada sobre los asesinatos, torturas, agresiones sexuales, secuestros, amenazas y hostigamientos por motivos políticos; tampoco dice nada sobre la impunidad de los perpetradores del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos, y que más bien han sido premiados por el gobierno de Lobo Sosa en puestos estratégicos de las estructuras del Estado.
Por eso, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han presentado sus propios informes para que el Consejo conozca lo que realmente pasa en el país y además participarán el día del examen para dejar en evidencia que el gobierno de Lobo miente o al menos oculta información sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras para lograr reconocimiento internacional.
domingo, 10 de octubre de 2010
Jueza da sobreseimiento definitivo a la multinacional Entremares porque contaminó "sin querer".
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa, 08 Septiembre 2010. La jueza de Letras, seccional del Municipio de Talanga, Ingrid Banegas, dio sobreseimiento definitivo a la empresa Entremares, subsidiaria de la multinacional minera canadiense Goldcorp, acusada de provocar daños a la salud de la población y al ambiente en el Valle de Siria -departamento de Francisco Morazán-, donde operó por 10 años en la extracción de oro.
La jueza argumentó que la Entremares, muestra su “inocencia porque no tuvo intencionalidad, y la contaminación fue accidental”.
La Fiscalía del Ambiente, elevó ya un recurso de apelación al haber sido sobreseído los requeridos, Cristian Fabricio Roldan y Renán Eduardo Chávez, ambos ejecutivos de Entremares, y el gerente de ambiente de la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin), Gustavo Torres, a quien fue extendida la responsabilidad.
Durante la década en que permaneció en Honduras, Entremares excedió el consumo de agua disminuyendo la capacidad productiva de la población. Instaló un pozo que contaminó con arsénico, y al ser consumida el agua por la población, les ocasionó enfermedades dermatológicas y gastrointestinales; además, de abortos en mujeres y en el ganado.
Los pobladores del Valle de Siria, que han sido apoyados por el Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario (Cehprodec), estarían pensando en promover una demanda internacional contra el Estado de Honduras, por daños al ambiente.
Tegucigalpa, 08 Septiembre 2010. La jueza de Letras, seccional del Municipio de Talanga, Ingrid Banegas, dio sobreseimiento definitivo a la empresa Entremares, subsidiaria de la multinacional minera canadiense Goldcorp, acusada de provocar daños a la salud de la población y al ambiente en el Valle de Siria -departamento de Francisco Morazán-, donde operó por 10 años en la extracción de oro.
La jueza argumentó que la Entremares, muestra su “inocencia porque no tuvo intencionalidad, y la contaminación fue accidental”.
La Fiscalía del Ambiente, elevó ya un recurso de apelación al haber sido sobreseído los requeridos, Cristian Fabricio Roldan y Renán Eduardo Chávez, ambos ejecutivos de Entremares, y el gerente de ambiente de la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin), Gustavo Torres, a quien fue extendida la responsabilidad.
Durante la década en que permaneció en Honduras, Entremares excedió el consumo de agua disminuyendo la capacidad productiva de la población. Instaló un pozo que contaminó con arsénico, y al ser consumida el agua por la población, les ocasionó enfermedades dermatológicas y gastrointestinales; además, de abortos en mujeres y en el ganado.
Los pobladores del Valle de Siria, que han sido apoyados por el Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario (Cehprodec), estarían pensando en promover una demanda internacional contra el Estado de Honduras, por daños al ambiente.
viernes, 8 de octubre de 2010
Organizaciones europeas piden respuesta a la UE sobre violaciones a derechos humanos en Honduras
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 07 de octubre de 2010. Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos europeas, Instaron a la Unión Europea a “condicionar el Programa de Apoyo al Sector de Seguridad (PASS) hasta que el Estado de Honduras haya implementado acciones concretas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y la protección real de los defensores y defensoras de derechos humanos”.
Mediante una carta enviada a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Catherine Ashton, las organizaciones instan a la Unión Europea (UE), a tomar medidas para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos.
Según el Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras del Consejo Latinoamericano de Iglesias, el condicionamiento del programa supondría la suspensión de un desembolso de 44 millones de euros, para apoyo al sistema de seguridad y de justicia en Honduras.
La organizaciones solicitan a la UE que le exija al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, la investigación y juzgamiento de todos los responsables de violaciones a los derechos humanos, y asegurando reparación a las víctimas.
De igual manera, solicitan la adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la Resistencia, y jueces; así como el establecimiento de mecanismos para la implementación efectiva de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones urgieron una respuesta de la UE, “en el marco del primer Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Honduras el 4 de noviembre 2010, con esta carta queremos subrayar algunos de los problemas que enfrenta Honduras e instar a la Unión Europea a tomar medidas para contribuir a mejorar esta situación”, frente a las violaciones de derechos humanos, después del golpe de Estado.
Denuncian en la carta que desde el golpe de Estado, y después de la llegada al Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ha habido un incremento en las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, miembros de la resistencia y periodistas.
Así mismo, recuerdan a la UE, “que desde el mes de marzo de este año, se han cometido 10 asesinatos de periodistas o comunicadores sociales, cuyos crímenes no han sido esclarecidos hasta la fecha, algunos de los cuales como el caso del periodista Nahum Palacios”, sujeto a protección por parte del Estado por contar con medidas cautelares de la CIDH.
Las organizaciones le expresan a la Alta Comisionada que constataron que continúa la represión violenta incluyendo detenciones arbitrarias a manifestantes de la oposición
Aseguran en la carta que la impunidad sigue siendo uno de los problemas más serios en el país, “todavía no se ha iniciado ningún juicio en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidos después del golpe de Estado, incluyendo el caso conocido del asesinato del defensor LGBT Walter Tróchez el 13 de diciembre de 2009”.
Sobre la administración de justicia, señalan que los órganos que deberían asegurar el acceso de las víctimas a recursos efectivos han actuado abiertamente en contra de sus mandatos, evidenciando así su falta de independencia y politización.
En el caso del conflicto agrario en el Bajo Aguán, los defensores de los derechos humanos le expresan a la Alta Comisionada, que desde principios de este año, 11 campesinos han sido asesinados, y hasta la fecha no hay evidencia de que se hayan realizado investigaciones serias sobre éstos crímenes.
Acciones como la aprobación de un decreto de amnistía y el otorgamiento del cargo de diputado vitalicio a Roberto Micheletti debilita la legitimidad de instituciones estatales como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Sobre la recién creada Secretaria de Justicia y de Derechos Humanos, las organizaciones manifiestan que “aunque nos preocupa el rol que ha jugado el actual Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio López, opinamos que la creación de la Secretaria podría entrar en competencia con la actual institución del CONADEH, el cual es un órgano independiente del Estado”.
Cuestionan que en lugar de crear nuevas instituciones, el gobierno de Lobo Sosa debería tomar acción para reestablecer la credibilidad de la institucionalidad existente, como es el caso de la CONADEH, dando a entender que se debería destituir a Custodio López.
Otra acción cuestionada es la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que según lo observado por la misión que visitó Honduras, cuenta con una serie de limitaciones que comprometen la seriedad de su funcionamiento y los resultados que podría obtener.
Expresan en la carta, que el mandato de la Comisión excluye la obligación de investigar violaciones a los derechos humanos; a su vez el decreto presidencial que crea dicha Comisión carece de fuerza de ley de la República y por ello no vincula al poder Judicial y al poder Legislativo, quienes cooperaron con el golpe de Estado y quienes, de encontrarse responsables, deberían ser sujetos a las recomendaciones de la Comisión.
Las Organizaciones solicitan a la UE, apoyar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras para asegurar su labor clave en la protección y promoción de derechos humanos, ampliando la participación de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, a la Resistencia y a los movimientos sociales, así como el incremento del apoyo financiero al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras.
Las organizaciones firmantes son: Asociación latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo ALOP, APRODEV, Juntos en pro de la Justicia Global CIDSE, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México CIFCA, FIAN Internacional, Grupo SUR y OXFAM Internacional.
Tegucigalpa 07 de octubre de 2010. Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos europeas, Instaron a la Unión Europea a “condicionar el Programa de Apoyo al Sector de Seguridad (PASS) hasta que el Estado de Honduras haya implementado acciones concretas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y la protección real de los defensores y defensoras de derechos humanos”.
Mediante una carta enviada a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Catherine Ashton, las organizaciones instan a la Unión Europea (UE), a tomar medidas para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos.
Según el Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras del Consejo Latinoamericano de Iglesias, el condicionamiento del programa supondría la suspensión de un desembolso de 44 millones de euros, para apoyo al sistema de seguridad y de justicia en Honduras.
La organizaciones solicitan a la UE que le exija al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, la investigación y juzgamiento de todos los responsables de violaciones a los derechos humanos, y asegurando reparación a las víctimas.
De igual manera, solicitan la adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la Resistencia, y jueces; así como el establecimiento de mecanismos para la implementación efectiva de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones urgieron una respuesta de la UE, “en el marco del primer Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Honduras el 4 de noviembre 2010, con esta carta queremos subrayar algunos de los problemas que enfrenta Honduras e instar a la Unión Europea a tomar medidas para contribuir a mejorar esta situación”, frente a las violaciones de derechos humanos, después del golpe de Estado.
Denuncian en la carta que desde el golpe de Estado, y después de la llegada al Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ha habido un incremento en las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, miembros de la resistencia y periodistas.
Así mismo, recuerdan a la UE, “que desde el mes de marzo de este año, se han cometido 10 asesinatos de periodistas o comunicadores sociales, cuyos crímenes no han sido esclarecidos hasta la fecha, algunos de los cuales como el caso del periodista Nahum Palacios”, sujeto a protección por parte del Estado por contar con medidas cautelares de la CIDH.
Las organizaciones le expresan a la Alta Comisionada que constataron que continúa la represión violenta incluyendo detenciones arbitrarias a manifestantes de la oposición
Aseguran en la carta que la impunidad sigue siendo uno de los problemas más serios en el país, “todavía no se ha iniciado ningún juicio en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidos después del golpe de Estado, incluyendo el caso conocido del asesinato del defensor LGBT Walter Tróchez el 13 de diciembre de 2009”.
Sobre la administración de justicia, señalan que los órganos que deberían asegurar el acceso de las víctimas a recursos efectivos han actuado abiertamente en contra de sus mandatos, evidenciando así su falta de independencia y politización.
En el caso del conflicto agrario en el Bajo Aguán, los defensores de los derechos humanos le expresan a la Alta Comisionada, que desde principios de este año, 11 campesinos han sido asesinados, y hasta la fecha no hay evidencia de que se hayan realizado investigaciones serias sobre éstos crímenes.
Acciones como la aprobación de un decreto de amnistía y el otorgamiento del cargo de diputado vitalicio a Roberto Micheletti debilita la legitimidad de instituciones estatales como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Sobre la recién creada Secretaria de Justicia y de Derechos Humanos, las organizaciones manifiestan que “aunque nos preocupa el rol que ha jugado el actual Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio López, opinamos que la creación de la Secretaria podría entrar en competencia con la actual institución del CONADEH, el cual es un órgano independiente del Estado”.
Cuestionan que en lugar de crear nuevas instituciones, el gobierno de Lobo Sosa debería tomar acción para reestablecer la credibilidad de la institucionalidad existente, como es el caso de la CONADEH, dando a entender que se debería destituir a Custodio López.
Otra acción cuestionada es la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que según lo observado por la misión que visitó Honduras, cuenta con una serie de limitaciones que comprometen la seriedad de su funcionamiento y los resultados que podría obtener.
Expresan en la carta, que el mandato de la Comisión excluye la obligación de investigar violaciones a los derechos humanos; a su vez el decreto presidencial que crea dicha Comisión carece de fuerza de ley de la República y por ello no vincula al poder Judicial y al poder Legislativo, quienes cooperaron con el golpe de Estado y quienes, de encontrarse responsables, deberían ser sujetos a las recomendaciones de la Comisión.
Las Organizaciones solicitan a la UE, apoyar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras para asegurar su labor clave en la protección y promoción de derechos humanos, ampliando la participación de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, a la Resistencia y a los movimientos sociales, así como el incremento del apoyo financiero al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras.
Las organizaciones firmantes son: Asociación latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo ALOP, APRODEV, Juntos en pro de la Justicia Global CIDSE, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México CIFCA, FIAN Internacional, Grupo SUR y OXFAM Internacional.
martes, 5 de octubre de 2010
Uno más y la suma sigue en la cuenta de la justicia
Una buena noticia para los derechos humanos. Vladimiro Montesinos, asesor del ex presidente peruano Alberto Fujimori, fue condenado el viernes 01 de octubre a 25 años de prisión por la masacre de 15 personas ocurrida hace 10 años.
A Montesinos se le acusó de ser autor intelectual, junto con Fujimori, de la matanza de Barrios Altos, en la que 15 personas fueron asesinadas y 4 heridas gravemente por parte de miembros del Ejército peruano del escuadrón conocido como “Grupo Colina” que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo contra el grupo armado Sendero Luminoso.
Junto a Montesinos, también fueron condenados el ex jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos; Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara, ex jefe e integrante del Grupo Colina, respectivamente; el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo; el ex suboficial, Jesús Sosa Saavedra; y otras 13 personas más.
Aunque pasaron 10 años para que fueran condenados, el tiempo no fue un obstáculo para que las víctimas lograran justicia, y eso se debe a que las violaciones a los derechos humanos que cometieron son considerados crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser perseguidos en todo tiempo y en todo lugar.
Si los militares, civiles y policías hondureños responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado tuvieran consciencia de las graves implicaciones de sus actos en el marco del derecho internacional, verían reflejado su futuro en la condena de Montesinos y demás miembros del ejército peruano.
Y lo mejor que podrían hacer para evitar aumentar su caudal delictivo es detener la represión.
A Montesinos se le acusó de ser autor intelectual, junto con Fujimori, de la matanza de Barrios Altos, en la que 15 personas fueron asesinadas y 4 heridas gravemente por parte de miembros del Ejército peruano del escuadrón conocido como “Grupo Colina” que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo contra el grupo armado Sendero Luminoso.
Junto a Montesinos, también fueron condenados el ex jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos; Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara, ex jefe e integrante del Grupo Colina, respectivamente; el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo; el ex suboficial, Jesús Sosa Saavedra; y otras 13 personas más.
Aunque pasaron 10 años para que fueran condenados, el tiempo no fue un obstáculo para que las víctimas lograran justicia, y eso se debe a que las violaciones a los derechos humanos que cometieron son considerados crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser perseguidos en todo tiempo y en todo lugar.
Si los militares, civiles y policías hondureños responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado tuvieran consciencia de las graves implicaciones de sus actos en el marco del derecho internacional, verían reflejado su futuro en la condena de Montesinos y demás miembros del ejército peruano.
Y lo mejor que podrían hacer para evitar aumentar su caudal delictivo es detener la represión.
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