El día lunes 25 de octubre se celebraron en Washington, Estados Unidos, dos audiencias públicas sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, que se desarrollaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La primera audiencia trató sobre la aplicación de las medidas cautelares por parte del Estado hondureño para proteger la vida e integridad de más de 200 personas que corren un serio peligro por su trabajo en defensa de los derechos humanos y la democracia en el marco de la situación de impunidad generada por el golpe de Estado.
La segunda audiencia versó sobre la libertad de expresión en Honduras, cuyo ejercicio desde el rompimiento del orden constitucional le ha costado la vida a más de una decena de periodistas y comunicadores sociales, convirtiendo a nuestro país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer este derecho.
Las audiencias públicas fueron transmitidas en vivo desde la página electrónica de la OEA y para quienes tuvimos la ocasión de seguirlas, pudimos observar con entusiasmo y esperanza cómo los representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos fueron contundentes y asertivos al aportar pruebas irrebatibles acerca de la profundización de la crisis política y de la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, pudimos observar con vergüenza ajena cómo los representantes del Estado demostraron su falta de formación, información y sobre todo, falta de ética y compromiso con la verdad y la justicia dado que intentaron infructuosamente defender lo indefendible y ante la solidez de los argumentos de los representantes de la sociedad civil, hicieron uso de descalificativos y cayeron en graves contradicciones.
Ante tal situación, Felipe González, presidente de la Comisión Interamericana manifestó en nombre de ésta su preocupación por la violencia política en Honduras y por la persistente impunidad de los violadores a los derechos humanos desde el golpe de Estado.
Una vez más, el Estado de Honduras quedó en evidencia ante la comunidad internacional y demostró que su discurso sobre el respeto de los derechos humanos son sólo palabras pues en los hechos, los derechos del pueblo hondureño siguen siendo pisoteados por las instituciones que deberían promoverlos y defenderlos.
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