Intervención militar no da tregua de Navidad a campesinado del Aguán

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. 22 Diciembre 2010. El Frente Nacional de Resistencia Popular en El Aguán (FNRP-Aguán), denunció, este martes, que durante la mañana del 23 y del 24 de diciembre, intensos operativos militares fueron montados en las cercanías de los asentamientos campesinos del Valle de El Aguán.

Integrantes del FNRP-Aguán narran que dos helicópteros de las fuerzas armadas de Honduras sobrevolaron repetidas veces las comunidades campesinas, y que en la ciudad de Tocoa la población casi permanece en estado de sitio.

El cuasi estado de sitio ocurre por una la presencia constante de movilizaciones militares que se produce para seguridad personal de altos oficiales de la Policía y del Ejército, lo que hace que la población civil se refugie temprano en sus hogares, revela el FNRP-Aguán.

Policías de todo el país realizan operativos cada dos cuadras durante el día y durante la noche. En tanto eso ocurre, la población es víctima de todo tipo de actos violatorios a sus derechos, denuncian.

Persecución y detenciones.
El FNRP-Aguán relata que tuvo que trasladar a cien familias de la empresa campesina Paso Aguán, desalojada el 16 de diciembre, y a lo largo del recorrido desde la colonia Guadalupe Karney ,sede del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), fueron seguidos por hombres armados y enmascarados en carros con placa particular, hasta las cercanía del asentamiento campesino La Marañones.

Dos labriegos fueron detenidos mientras se intervenía militarmente los grupos campesinos del Movimiento Auténtico de Reivindicación Campesina del Aguán (MARCA), el 22 de diciembre en la margen izquierda del Río Aguán. Igual ocurrió en el desalojo de Paso Aguán donde también apresaron un hombre y una mujer.

Los cuatro detenidos son acusados de posesión ilegal de armas arguyendo haberles encontrado en su poder unas escopetas viejas. Los cuatro fueron trasladados, en fechas diferentes, al municipio de Trujillo en carros particulares con civiles que portaban armas de grueso calibre propiedad de los empresarios terratenientes, explican.

Y aseveran que los civiles paramilitares actúan en los operativos permanentemente junto con los operadores de justicia, informan.

Tortura sicológica.

El FNRP-Aguán asegura que hay una “guerra sicológica”, en El Aguán. El titular de la Secretaria de Seguridad, Óscar Álvarez, los amenaza con que al iniciar el año 2011, más de mil personas irán a la cárcel acusadas de “terrorismo de estado”, al tiempo que les dice que Porfirio Lobo “no negociará con delincuentes”.

Les envían mensajes mediante personajes económicamente influyentes y políticos diciendo que “es mejor que nos vayamos de la región antes que nos maten o nos metan presos”, cuentan.

Régimen intenta nuevo engaño encabezado por titular del INA, sostienen.
Los denunciantes expresan que la comisión enviada por el Régimen encabezada por el titular del Instituto Nacional Agrario (INA), Cesar Ham, a quien llaman “ministro mandadero”, intenta separar a los grupos campesinos del FNRP-Aguán, “sin darse cuenta que hay unidad granítica ante el proceso de intervención militar que se practica en la zona”.

Además, agregan, Ham amenaza de no atenderles, de no resolver sus problemas y lo acusan de pretender ignorar a la mayor parte de los grupos campesinos y de ser “radical” en algunas situaciones que “en el fondo favorecen a los terratenientes”.

Indica el FNRP-Aguán que la nueva “jugada” del Régimen es intentar “sacar” a los campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), proponiéndoles proyectos fuera del convenio firmado en el que los labradores obtendrían once mil hectáreas al cabo de un año, plazo que ya fracasó, para “legitimar” el incumplimiento del acta.

La propuesta es rechazada por una mayoría del MUCA, porque además, buscan separar del convenio el agregado firmado por los campesinos del MARCA, para seguir posesionados de la tierra hasta resolverse el litigio por la vía judicial, manifiestan.

El FNRP-Aguán considera que otra “jugada” del Régimen es realizar un censo del MUCA, el que utilizarían para aplicar una estrategia militar en el momento preciso. Por cuarta vez se impone levantar un nuevo censo en los asentamientos como condición para continuar negociando, “tratando de ganar tiempo que ya no tienen”.

La personalidad jurídica, que está lista para entregase a los grupos campesinos de la margen izquierda, en particular de La Marañones, es retenida “caprichosamente por órdenes del titular del INA”, en las oficinas centrales en Tegucigalpa, acusan.

El FNRP-Aguán reclama que Ham no tuvo la autoridad para entrar a las instalaciones del INA cuando fue militarizada, que tampoco haya conversado con los trabajadores que han estado fuera de las oficinas, en tanto que pasó por el lugar “como alma que se la lleva el diablo”.

Cuestionan que haya navidad para el campesinado de El Aguán.

“¿A quién se le ocurre una feliz navidad para quienes duermen en el vivo suelo junto a sus hijos e hijas? ¿Cual navidad si ni siquiera se tiene la mesa, mucho menos el pan de una cena?”, cuestionan los integrantes del FNRP-Aguán.

Preguntan si puede haber navidad para los hijos, las hijas y las viudas de los asesinados y si es posible la navidad para quienes “duermen en champas de plástico con una temperatura de diez grados”.

“Pero ¿cuántos patriotas y revolucionarios, demócratas, se emborracharon con el sentimiento de la navidad; y cuantos brindaron por la paz de los oligarcas, aún sabiendo que en plena Navidad hay una guerra declarada contra el pueblo del Bajo Aguán?”, concluyen.

Asesinado hoy el décimo periodista en Honduras

Alerta/28 de diciembre de 2010.

Tegucigalpa,(Honduras)- El décimo periodista hondureño asesinado este año
es Henry Suazo, quien cayó hoy 28 de diciembre abatido de dos balazos,
frente a su vivienda en San Juan Pueblo, Departamento de Atlántida, en la
costa norte del país.

Según testigos, que por razones obvias no revelaron sus nombres, el
comunicador social Henry Suazo fue asesinado de dos disparos en la cabeza,
un poco antes de las nueve de la mañana cuando se dirigía en motocicleta a
su trabajo en Canal 9 de San Juan Pueblo. Uno de los testigos trató de
ayudar a Henry Suazo, también corresponsal de la capitalina HRN, pero
falleció minutos después.

Pobladores de la zona manifestaron al programa de TV “Hable Como Habla”,
que Suazo tenía un programa de denuncia en la televisión local y defendía
las causas del pueblo, porque hablaba con la verdad.

También aseguraron que era un hombre de conducta intachable y que
recientemente había hecho algunas denuncias fuertes. El cuerpo de Suazo fue
llevado a casa de su padre, don Ramón Suazo, en el cercano municipio de
Esparta, donde será velado.

C – Libre consultó con la policía de San Juan Pueblo pero le dijeron que no
estaban siguiendo ninguna investigación pues cuando llegaron al sitio, el
cuerpo del periodista Suazo había sido levantado por sus familiares y
amigos.

El pasado 3 de julio del 2009 es asesinado en este mismo pueblo, Gabriel
Fino Noriega había denunciado el tráfico de plazas públicas para la
instalación juegos de azar, fue atacado cuando salía en motocicleta de la
radioemisora “Estelar”.

El uno de marzo del 2010 Joseph Hernández Ochoa, de Canal 51, muere
acribillado en su vehículo, en el sector norte de Tegucigalpa, cuando
viajaba con otra colega, quien se salvó de milagro. El muere por supuesta
venganza personal contra su familia.

El 11 de marzo del 2010 sujetos encapuchados acribillan a tiros al
periodista David Enrique Meza Montesinos en la ciudad de La Ceiba,
Atlántida. El periodista habría tenido problemas personales con miembros
del crimen organizado.

Mientras que la noche del domingo 14 de marzo en la norteña ciudad de
Tocoa, Colón, es asesinado el periodista Nahúm Palacios Arteaga, en un
ataque perpetrado por sujetos no identificados que también hirieron de
gravedad a uno de sus acompañantes.

Palacios Arteaga, de 34 años, retornaba a su vivienda en la Colonia Los
Pinos cuando desconocidos, le dispararon con fusiles automáticos AK-47,
recibiendo por lo menos 20 impactos de bala, una semana antes el periodista
había recibido amenazas, advirtiéndoles que dejara de defender a los
pobres.

El 26 de marzo, son acribillados a balazos José Bayardo Mairena y Víctor
Manuel Juárez Vásquez en las cercanías de Juticalpa, en el oriental
Departamento de Olancho.

El 21 de abril, el periodista Jorge Alberto Orellana es asesinado de un
disparo en la cabeza cuando salía del canal Televisión de Honduras en San
Pedro Sula, La policía establece que el móvil del crimen fue el robo de su
celular y el responsable de su muerte fue detenido.

Mientras que el 14 de junio asesinan en El Paraíso, en el oriental
Departamento de El Paraíso, a Luís Arturo Mondragón, quien recibió dos
balazos, uno en la cabeza y otro en el abdomen, falleciendo en el acto.

Otro periodista asesinado es Israel Zelaya Díaz, su muerte ocurrió el
pasado 24 de agosto y su cuerpo fue encontrado en un cañaveral de
Villanueva, en el norteño Departamento de Cortés. Según la policía lo único
que se ha determinado es que su muerte no se debió al ejercicio de su
profesión.

Fuente: El Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

15 recomendaciones más para el régimen de Lobo Sosa en materia de derechos humanos

Entre el 6 y 10 de diciembre, una misión de alto nivel de la Comisión Internacional de Juristas visitó Honduras con el objetivo de observar la situación de la independencia judicial, para lo cual se reunió con organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarios, dirigentes sociales, altas autoridades de gobierno, representantes de la comunidad internacional, representantes del poder legislativo y otros sectores relacionados con la justicia.

La delegación estuvo integrada por José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo Español; Philippe Texier, ex Magistrado de Casación de Francia y experto del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; Belisario Dos Santos Jr. ex Ministro de Justicia del Estado de Sao Paulo, Brasil y jurista experto en derechos humanos y Ramón Cadena, Director de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica.

Como resultado de su visita, la Comisión presentó 15 consideraciones, conclusiones y recomendaciones generales al gobierno, entre las que destacan:
1. Que la falta de independencia judicial, agravada con el golpe de Estado, ha facilitado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y permitido una mayor impunidad.

2. Que el despido injustificado de los jueces Ramón Barrios, Luis Chévez y Guillermo López y la magistrada Tirsa Flores, atenta contra la libertad de expresión, el derecho de asociación y reunión y la defensa de la democracia.

3. Que el asesinato de 9 periodistas cuyos casos no se han esclarecido, así como otras ejecuciones extrajudiciales; y la existencia de dirigentes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos detenidos ilegalmente demuestran que con el golpe de Estado se deterioró aún más la grave situación de los derechos humanos en el país.

4. Que la impunidad de los femicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros crímenes de lesa humanidad se mantiene, y que es preocupante que los delitos comunes cometidos por militares durante y después del golpe de Estado están siendo juzgados por tribunales militares.

5. Que la restitución del orden constitucional no se materializa únicamente con la convocatoria y realización de elecciones generales, pues la vuelta a la legalidad democrática exige, entre otras medidas, depurar la responsabilidad de quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos de la población.

6. Que es necesario la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y de una oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con mandato para observar la situación del respeto a los derechos humanos en Honduras, ya que las instituciones nacionales han perdido totalmente su credibilidad y legitimidad.

Las conclusiones de la Comisión Internacional de Juristas ratifican una vez más, al igual que lo hizo el reciente informe de Human Rights Watch, que el discurso de respeto de los derechos humanos del régimen de Lobo Sosa sigue completamente alejado de la realidad.

Proclama por la dignidad... contra la impunidad

Nosotros hombres y mujeres, jóvenes y adultos, militantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, reunidos en Asamblea Nacional, en la ciudad de El Progreso, Yoro, luego de las deliberaciones propias de la jornada sobre la actual coyuntura nacional y nuestro accionar en el contexto de la continuidad del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, garantizada por un gobierno elegido en la ilegalidad, proclamamos ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional, lo siguiente:

PRIMERO: Que los hondureños y hondureñas vivimos aún bajo los devastadores efectos producidos por el golpe de Estado civil militar perpetrado por las fuerzas más oscurantistas de la clase económica y política que mantiene capturado el país, manejándolo a su antojo y conveniencia instrumentalizando toda su institucionalidad para favorecer sus mezquinos intereses, afianzando cada vez más un verdadero sistema de impunidad, exclusión y desmedida corrupción, que atropella la dignidad de las mayorías, condenándolas a la miseria y a la muerte.

SEGUNDO: Que en ese contexto, el gobierno continuador del golpe de Estado, y que preside Porfirio Lobo Sosa, ha convocado a un falso diálogo nacional, con la sola intención de ocultar lo inocultable, ya que la fuerza y la violencia represiva y asesina sigue imponiéndose sobre los grupos o sectores más vulnerables que con dignidad luchan por mejores condiciones de vida y, tras esas manifestaciones violentas, es clara la presencia y dirección de las verdaderas fuerzas de poder fáctico que lideraron el golpe de Estado, y que descaradamente siguen definiendo las decisiones fundamentales del país.

Una clara muestra de lo anterior, lo constituye la permanente agresión y despojo del que son víctimas los campesinos del Valle del Aguan y la Comunidad de Zacate Grande en el sur del país, donde las fuerzas represivas del Estado y paramilitares armados por los terratenientes, liderados por el voraz Miguel Facussé, impunemente asesinan, atropellan e ilegalmente se apropian de las tierras que por justicia y derecho les corresponde a los campesinos.

Ese violento e inescrupuloso grupo de poder fáctico que cuenta con el aplauso y promoción de los también poderosos medios corporativos de comunicación, es el que determinó la aprobación de un decreto de amnistía con el que pretenden cubrir de impunidad y excluir de responsabilidad a los que amparados en el golpe de Estado, cometieron las más terribles violaciones a los derechos humanos; son los mismos que también decidieron la aprobación de una ley de empleo temporal que aniquila los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y por los cuales la clase obrera luchó desde la histórica huelga de 1954 y se burló de los y las asalariadas del país, aprobando un insignificante salario mínimo, propiciando además la ocasión para cercenar derechos constitucionalmente garantizados al magisterio nacional y otros sectores que fueron des indexados de los beneficios del salario mínimo.

Esa misma clase oligárquica es la que ahora ha decidido criminalizar formalmente la lucha de los sectores sociales, al amparo de una ley antiterrorista que coloca bajo la lupa de la sospecha y convierte a su antojo en blanco de persecución penal a todos y todas quienes luchamos por forjar una Honduras más justa, libre y equitativa.

Son los mismos que hoy están avocados a la feroz campaña de apropiación de los recursos naturales, despojando a las comunidades más postergadas del país de la riqueza que les pertenece por derecho natural y humano, expropiándoles su futuro.

TERCERO: Ante la ruptura del orden constitucional provocada por el golpe de Estado, la realidad planteada nos coloca frente al reto de construir una propuesta que nazca del conocimiento de las auténticas aspiraciones del pueblo, y le permita al soberano ejercer su poder constituyente para refundar la nación, bajo un nuevo pacto social que contenga los consensos mínimos que han de expresarse en profundas transformaciones políticas, sociales, culturales y, especialmente, transformaciones al sistema económico que aseguren a los hombres y mujeres de Honduras la realización plena de su dignidad como seres humanos.

Con ese propósito, nos declaramos en permanente resistencia, impulsando las acciones del Frente Nacional de Resistencia Popular, del cual somos parte integrante y ante el cual manifestamos nuestro compromiso de contribuir permanentemente en su fortalecimiento, reconociendo en él, el instrumento político que en la coyuntura actual debe propiciar al pueblo la construcción del verdadero poder popular, con miras al derrocamiento del oprobioso sistema de dominación y explotación vigente y sustituirlo por un modelo de sociedad humana digna justa y libre con igualdad de oportunidades para todos.

No obstante consideramos legítimo demandar del FNRP, el permanente compromiso de trascender lo meramente declarativo y ser un espacio esencialmente democrático, transparente, depurado y con la necesaria claridad estratégica hacia el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente y la construcción del poder popular, que le impida sucumbir ante la vorágine electorera que fomenta el anacrónico y perverso sistema de partidos políticos. Estamos convencidos que en las condiciones actuales, la vía electoral únicamente contribuye a legitimar el decadente, inhumano, explotador, criminal y corrupto sistema de dominación vigente.

CUARTO: Fieles y consientes de nuestro compromiso con la refundación de Honduras, estimamos como un deber permanente, extender la cobertura organizativa del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y la resistencia hondureña, hacia territorios en los que aún no se tiene presencia y fortalecer las estructuras en aquellos territorios en los que ya existimos orgánicamente. Igualmente seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades de propuesta y denuncia, a partir de procesos de formación permanente, fincados en los principios éticos que sustenta el MADJ.

Ese esfuerzo organizativo, ha de ser conducido por el camino de la ética, combatiendo y superando los intereses personales, protagonismos insanos, el caudillismo, sectarismo, dogmatismos, fundamentalismos, sexismos, racismos, etc., despreciando en general todo lo que nazca desde una línea vertical, e impositiva y privilegiando todo lo que nazca de las bases y la deliberación crítica y consiente.

QUINTO: Ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando frontalmente contra la corrupción fomentada por la criminal clase política y empresarial dominante, exhortando a todo el pueblo en general, a las organizaciones del movimiento popular y social de Honduras, a los hombres y las mujeres organizadas y no organizadas, a persistir en la lucha contra la corrupción, entendiendo que este no es un fenómeno aislado del sistema, sino mas bien que el mismo sistema se nutre y se sostiene sobre su práctica.

Esa lucha frontal, la reafirmamos también en defensa de los recursos naturales que hoy son objeto de repartición inmisericorde entre la oligarquía nacional, con absoluto desprecio de la soberanía popular y la vida de los seres humanos que habitan las comunidades que es a quienes pertenece la riqueza del agua, la tierra, el bosque y el aire.

SEXTO: Finalmente proclamamos que continuaremos promoviendo la inserción activa de la juventud y la mujer en las diferentes acciones del MADJ, reafirmando nuestro compromiso por la equidad de género e inclusión democrática, activa y decisiva de todos los sectores que conforman la sociedad hondureña.

Por la Dignidad… contra la impunidad

El Progreso, Honduras, 19 de diciembre de 2010

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Asaltan sede del Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla"

COMUNICADO URGENTE
ALERTA A TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES, ONGS, AGENCIAS DE COOPERACION.
AL FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR
ASALTARON NUESTRA SEDE PARA LLEVARSE INFORMACION

El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” INFORMA DE MANERA URGENTE que casi al final del día de ayer 21 de diciembre aprovechando la oscuridad de la noche , fue asaltada nuestra sede sita en la Colonia Reforma de Tegucigalpa y únicamente entraron a la oficina administrativa, sin que aparentemente se llevaran nada, pero si seleccionando documentación especifica que evidencia lo que buscan, sospechamos -porque está pendiente de confirmación- que entraron a las computadoras que técnicamente es posible aun cuando las tenemos debidamente protegidas.

Queremos hacer saber a todo el pueblo hondureño integrante de la Resistencia que esta acción delictiva la consideramos una manifestación más de la permanente vigilancia, acoso, persecución y represión de que somos objeto por resistirnos, desobedecer e ignorar al régimen de Porfirio Lobo Sosa que elabora estrategias, miente e inventa patrañas para justificar este tipo de operaciones como parte de las ultimas lecciones aprendidas en sus continuas capacitaciones dadas no solo por los Cuerpos Represivos de Colombia sino de otras fuentes de inteligencia como la CIA.

Acusamos al Ministro de Seguridad del Régimen actual, encargado de desarrollar toda la estrategia para debilitar al Movimiento de Resistencia porque ha implementado una política de terror y permanentes ataques tendenciosos contra personas y organizaciones en oposición al golpe de estado para luego atacarlas y salir limpio ante la opinión pública, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Responsabilizamos una vez más al Régimen de Porfirio Lobo Sosa porque aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado protección especial para nuestra organización y sus dirigentas, aun después de casi un año no hemos recibido ninguna, lejos de eso cada día nos sentimos cada vez mas perseguidas y reprimidas.

Declaramos nuestra firme decisión de continuar luchando en desobediencia y pleno desconocimiento a un régimen que representa, defiende y apoya a las clases dominantes de este país.

Llamamos al Frente Nacional de Resistencia Popular y a todas aquellas organizaciones que estamos a favor de la refundación de Honduras a no dejarnos atemorizar por los que sin ninguna vergüenza han entregado la Patria.

Tegucigalpa, MDC Diciembre 22, 2010
LA MITAD DEL PODER PARA LA MUJER
MOVIMIENTO DE MUJERES POR LA PAZ “VISITACION PADILLA”

Intentan secuestrar a periodista de Radio Uno

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa 21 de diciembre de 2010. Tres hombres fuertemente armados intentaron secuestrar esta mañana al periodista de radio Uno y columnista de Diario Tiempo, Eduardo David Ardón, mientras esperaba entrar a las oficinas de la Radio en San Pedro Sula.

Según el relato del afectado, a las 8:35 minutos de la mañana, estacionó su vehículo frente a radio uno, “cuando derrepente tres sujetos fuertemente armados empezaron a querer abrirle las puertas”, razón por la que obligado se bajó del vehículo y empezó a forcejear con los agresores.

Por un momento pensó que se trataba de un intento de robo del vehículo, pero todo cambió cuando los delincuentes lo tomaron por la fuerza y le anunciaron “por vos es que venimos”, mientras forceaban en plena calle.

De acuerdo con el relato de Ardón, los secuestradores no se lo llevaron por la ayuda de los vecinos del lugar que salieron de sus casas y por que las puertas de la radio que se abrieron.

El periodista denunció que lo ocurrido es “es parte del terrorismo de estado” que se vive en el país y que tendría como objetivo, callar los micrófonos de radio uno. No obstante el comunicador aseguró, que “no nos van a callar, vamos a continuar”.

“Denuncio ante las autoridades de facto que no me callan que seguiré escribiendo y trabajando en Radio Uno”, puntualizó el comunicador en una entrevista transmitida por la capitalina Radio Globo.

Ardón es un periodista critico del golpe de Estado y de los hechos posteriores que llevaron al poder a Porfirio Lobo Sosa.

Declaración conjunta sobre Wikileaks

Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.

Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

21 de diciembre de 2010 – Ante los acontecimientos relacionados con la divulgación de comunicaciones diplomáticas por parte de la organización Wikileaks y la posterior publicación de dicha información en los medios masivos de comunicación, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran oportuno poner de presente una serie de principios jurídicos internacionales. Los relatores hacen un llamado a los Estados y a los demás actores relevantes para que tengan en cuenta los mencionados principios al responder a los acontecimientos mencionados.

1. El derecho de acceso a la información en poder de autoridades públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de excepciones. El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública y a conocer las actuaciones de los gobiernos. Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido un alto grado de atención por parte de la comunidad internacional. Sin la garantía de este derecho sería imposible conocer la verdad, exigir una adecuada rendición de cuentas y ejercer de manera integral los derechos de participación política. Las autoridades nacionales deben adoptar medidas activas a fin de asegurar el principio de máxima transparencia, derrotar la cultura del secreto que todavía prevalece en muchos países y aumentar el flujo de información sujeta a divulgación.

2. En todo caso, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un sistema limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados preeminentes, como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las personas. Las leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta. Las excepciones al derecho de acceso a la información basadas, entre otras razones, en la seguridad nacional deberán aplicarse únicamente cuando exista un riesgo cierto de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea superior al interés general del público de consultar dicha información. Resulta contrario a los estándares internacionales considerar información reservada o clasificada la referente a violaciones de derechos humanos.

3. Es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes (“whistleblowers”) que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo.

4. La injerencia ilegítima o las presiones directas o indirectas de los gobiernos respecto de cualquier expresión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, para incidir en su contenido por razones políticas, deben estar prohibidas por la ley. Esta injerencia ilegítima incluye las acciones interpuestas por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes, y el bloqueo de sitios web y dominios de Internet por causas políticas. En particular, es inaceptable que los funcionarios públicos sugieran la comisión de actos ilegítimos de represalia contra quienes han difundido información reservada.

5. Los bloqueos o sistemas de filtración de Internet no controlados por usuarios finales, impuestos por un proveedor gubernamental o comercial del servicio son una forma de censura previa y no pueden ser justificados. Las empresas que proveen servicios de Internet deben esforzarse para asegurar que se respeten los derechos de sus clientes de usar Internet sin interferencias arbitrarias.

6. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad de las personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos códigos también resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos humanos.

Catalina Botero Marino
Relatora Especial de la para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Frank LaRue
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.

Un nuevo informe desnuda el doble discurso del régimen de Lobo Sosa en materia de derechos humanos

Human Rights Watch, una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos, acaba de publicar el informe “Después del golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras”.

En este informe de 76 páginas, Human Rights Watch documenta una serie de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras, entre las que se cuentan 47 casos de amenazas y ataques -incluidos 18 asesinatos- contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que ocurrieron después de que Porfirio Lobo Sosa asumió el poder en enero de este año.

Sumado a lo anterior, policías y militares realizaron detenciones arbitrarias, restringieron ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión, e hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, entre otras.

Además, las fuerzas de seguridad se han dedicado a obstruir las investigaciones de tales violaciones, avalados por una Corte Suprema de Justicia que en vez de promover la legalidad, destituyó a jueces y magistrados que se han opuesto al rompimiento del orden constitucional.

Hasta el momento no hay ninguna persona condenada penalmente por las violaciones a los derechos humanos documentadas, lo cual genera un clima de impunidad que fomenta un clima de temor, socavando de este modo el ejercicio de las libertades básicas en Honduras.

El contenido de este informe contrasta seriamente con el discurso del régimen de Pepe Lobo en el sentido de que ha habido grandes avances en cuanto al respeto y protección de los derechos de la población, y por tanto, deja al descubierto que el gobierno actual sólo es discurso vacío pues en la práctica la impunidad y la violencia contra los opositores políticos son el pan nuestro de cada día.

Human Rights Watch recomienda, entre otras cosas, crear una Comisión Internacional de Investigación para llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre las violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en Honduras, con lo cual se ratifica que toda la institucionalidad del sector justicia no tiene capacidad, voluntad ni legitimidad, es decir, que está completamente colapsada.

Informe completo: http://www.hrw.org/es/reports/2010/12/20/despu-s-del-golpe-de-estado-0

Francia condena en ausencia a militares era Pinoche

Un tribunal francés condenó el viernes a penas de entre 15 años y prisión perpetua a 12 militares chilenos y a un argentino por su participación en la desaparición de cuatro ciudadanos franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La justicia penal francesa encontró a los militares, que fueron juzgados en ausencia, culpables del delito de "secuestro acompañado de torturas y de actos de barbarie". Sin embargo, los ex agentes de la dictadura chilena no cumplirán su condena, dado que Chile no acepta extraditar a los acusados.

Las familias de las víctimas expresaron su satisfacción con el fallo.

A través de una decisión especial se permitió que la audiencia y la lectura del veredicto fueran filmados para quedar en los archivos históricos.

Manuel Contreras, actualmente de 81 años y quien lideró la policía secreta, conocida como DINA, durante el Gobierno de Pinochet, y su ex lugarteniente Pedro Espinosa Bravo fueron condenados a prisión perpetua, la pena máxima dentro del sistema judicial francés.

Tras 12 años de instrucción del caso y otros tres de juicio, los magistrados a cargo del tribunal condenaron también a otros 11 acusados, 10 chilenos y un argentino. Tres de ellos recibieron penas de 30 años, seis de 25, uno de 20 y el restante una condena de 15 años.

El tribunal confirmó las órdenes de arresto contra los acusados emitidas en el 2005. Algunos de ellos, como Contreras, ya cumplen condenas de cárcel o de arresto domiciliario en Chile por otras causas.

La causa se abrió en 1998, cuando Pinochet estaba detenido en Londres a pedido de la justicia española, y gira en torno a la desaparición el 11 de septiembre de 1973 en Chile del ciudadano francés Georges Klein, asesor del gabinete del presidente socialista Salvador Allende, quien fue derrocado por Pinochet ese mismo día.

También se investigan las desapariciones de Etienne Pesle, el 19 de septiembre del mismo año, y de dos miembros del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR): Alphonse Chanfreau, el 30 de julio de 1974, y Jean-Yves Claudet-Fernández, el 1 de noviembre de 1975.

"La investigación ha reunido numerosas pruebas que permiten establecer que el presidente Augusto Pinochet, que dirigía personalmente la DINA, condujo una política destinada a eliminar y hacer desaparecer a adversarios políticos", señaló la resolución judicial.

Durante la dictadura de Pinochet, que gobernó Chile con mano de hierro entre 1973 y 1990, se produjeron 3.197 asesinatos y desapariciones, según un informe oficial elaborado tras el regreso de la democracia.

Reporte de Thierry Lévêque, Traducido en español por Inés Guzmán en la Mesa de Edición en español en Santiago de Chile).

Fuente: http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/francia-condena-en-ausencia-a-militares-era-pinochet,08db06d8c85fc210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html

Grupo de jueces y de fiscales intentan secuestrar archivos confidenciales de víctimas, denuncia COFADEH

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. 17 Diciembre 2010. La Coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, denunció, ayer, que un grupo integrado por jueces y fiscales del Ministerio Público (MP), se presentó a la oficina de la organización para exigir les entregaran documentación confidencial, relacionada a las personas que han sido violentadas en sus derechos humanos.

Oliva afirmó, indignada, que Cofadeh jamás entregará archivos confidenciales, bajo cualquier artículo de código, o ley, sobre información pertinente a las víctimas, porque tienen la responsabilidad de proteger a las y los denunciantes que confían sus datos personales y la narración de hechos que los pondrían en mayor riesgo.

La Coordinadora del Cofadeh, afirmó, en breves declaraciones radiales, que con acciones de ese tipo, lo que ya se intenta, desde el régimen, es poner en práctica la ley antiterrorista para intervenir en las organizaciones de derechos humanos y las demás de carácter social.

Explicó, todavía conmocionada, que los jueces y fiscales que se presentaron a la sede de ese organismo no gubernamental, “trastocaron nuestra agenda de trabajo” y hubo necesidad de modificar parte de sus actividades; entre las que se incluía congratularse con el pueblo, por el premio Tulipan, otorgado recién al trabajo histórico en derechos humanos a la Coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva.

Violencia de tropas encapuchadas causa daño irreparable emocional a niños y niñas en El Aguán

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. 16 Diciembre 2010. “El trauma y terror, y la tortura psicológica a los infantes, ‘sin infancia’, ocasionado por la violencia de las tropas encapuchadas; está causando un daño irreparable, emocional y mental…”, asegura el Director del Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y de sus Familiares (CPTRT), Juan Almendárez.

El doctor Juan Almendárez Bonilla agrega que el perjuicio sicológico ocasionado a la infancia en El Aguán, se suma a la desnutrición crónica que afecta profundamente el cerebro de la niñez en tal condición. Y, además, las niñas, los niños y las familias de la Comunidad Guadalupe Carney, históricamente han sufrido el síndrome de las tres “T” (Trauma, Terror y Tortura)…”.

Tomando en cuenta, asimismo, que las comunidades campesinas, indígenas, misquitas y garífunas han vivido, por décadas, la brutalidad policial y la militar en los frecuentes desalojos violentos por los “discípulos y héroes de la Escuela de las Américas”, afirma Almendárez Bonilla.

El director del CPTRT analiza que los movimientos campesino de El Aguán, son convertidos en el enemigo externo en la “guerra mediática, sicológica y perversa”, caracterizada por “inventar mentiras sobre la idea del enemigo interno y externo”, desatada luego del golpe militar del 28 de junio 2009.

El enemigo interno es configurado sobre los movimientos campesinos de El Aguán: el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y el Movimiento Auténtico de Reivindicación Campesina del Aguán (MARCA), puntualiza.

Y colocaron como amenaza externa, la presencia de miles de cubanos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y nicaragüenses forzando hacerlo aparecer como que pertenecen al narcotráfico y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), añade el director del CPTRT.

Almendárez expresa que la comunidad nacional y la internacional mostraron que tales invenciones eran totalmente falsas y que correspondían a los planes de Doctrina de la Seguridad Nacional, la Guerra de Conflictos de Baja Intensidad y la Guerra Irregular.

Sin embargo, nuevos planes con propósito geopolítico del Pentágono de los Estados Unidos se articulan a la remilitarización, y a nuevos golpes en América Latina, para “crear una guerra entre nosotros” y entre los pueblos de Honduras-Nicaragua y Nicaragua- Costa Rica, para después agredir a Venezuela, Bolivia y Ecuador, anticipa.

“Lo que ocurre en Honduras, y particularmente en El Aguán, es clave para la paz en América Latina”, es parte de un plan para criminalizar el legítimo reclamo de las tierras por los campesinos, acusándolos de gestar una guerra en Honduras y vinculándolos al narcotráfico y a las FARC.

Almendárez concluye que, “en esencia, el complejo militar minero agroindustrial y energético tiene como objetivo aniquilar los movimientos campesinos y desalojarlos, en forma violenta, para expandir el capital multinacional, aliado con la oligarquía local y regional.

Y expone varios elementos que configuran las condiciones que propician la tarea de aniquilamiento a la población campesina de El Aguán; como la proximidad del Décimo Quinto Batallón y la Fuerza Naval a la colonia campesina, Guadalupe Carney; los asesinatos a campesinos del MCA; la operaciones de drogas y de grupos con armas pesadas y prohibidas por el Estado.

La aprobación de una ley que reproduce la experiencia de terror en Irak; el tratado militar Honduras- Colombia; capturas arbitrarias, intentos de secuestro y persecución a dirigentes campesinos en las Zonas de Zacate Grande, Santa Bárbara, Copán, Choluteca; y a personas luchadoras de derechos humanos, cita Almendárez Bonilla.

Denuncia, todavía, que campesinos del MCA, observaron el 15 de diciembre que sicarios y guardias privados de los terratenientes responsables de los crímenes contra familias campesinas circulaban conjuntamente con los cuerpos represivos del Estado. Y que, en el Tumbador, donde ocurrió el asesinato de cinco campesinos, MCA, “sujetos fuertemente armados operan a vista y paciencia de los cuerpos represivos del Estado”.

Tras varios meses, el Ejército, la Policía, los sicarios y guardias privados no han podido demostrar ni la existencia de armas en el Instituto Nacional Agrario, ni en las familias campesinas. En Navidad, como parte de una acción terrorista del Estado, los cuerpos represivos han convertido la Comunidad Guadalupe Carney en campo de concentración militar, resiente.

Almendárez Bonilla fue premiado como médico luchador internacional contra la tortura y es el único miembro de un país tercermundista en el Comité Ético de Responsabilidad de la Ciencia, de la Academia del Avance de las Ciencias en los Estados Unidos.

Cuatro defensores de derechos humanos del Codeh agredidos en el mismo día.

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. 16 Diciembre 2010. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), informó este miércoles que, pasadas las cuatro de la tarde, fue secuestrado el defensor de derechos humanos, Milton Omar Benítez, testigo clave en el asesinato del docente, Roger Abrham Vallejo, y en el caso del joven, Pedro Magdiel Muñoz.

“Milton llamó diciendo que al bajar de un taxi en el Mayoreo (no se sabe cuál de los mercados existentes en Honduras), hombres encapuchados bajaron de un carro y pretendían subirlo de manera violenta, enseñó el carnet del Codeh y lo ignoraron”, informa el Codeh.

“Él nos logró manifestar que varias personas intentaban evitar la captura, en ese momento se escuchó a Milton decir qué porque le golpeaban y su teléfono dejo de funcionar”, continua el relato del Codeh.

Benítez trabaja en el Programa de Educación de la Oficina Central de esa organización y es miembro activo del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA).

El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos ha hecho un llamamiento a la comunidad nacional e internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “para que genere una alerta en tanto que nuestro compañero goza de medidas cautelares”.

Este miércoles en la mañana fueron detenidos las defensoras integrantes voluntarias del Codeh, Elia Hernández, Suyapa Flores, Elba Yolibeth Rubio, en la comunidad del Coyolito, municipio de Amapala, departamento de Valle.

“El Ministerio Público pretende criminalizar el trabajo de las compañeras acusándolos de obstruir la justicia”, expresa el Codeh.

Además, fue apresado José Mauricio Cruz, quien apenas estaba pasando por el lugar donde ocurrió la detención.

El profesor, Roger Abrahán Vallejo Soriano, afiliado al Colegio Magisterial de Educación Media (COPEMH), murió el uno de agosto 2009, al tercer día de hospitalizado después de que fue herido, el 30 de julio del mismo año, por un impacto de bala en la cara mientras participaba de una manifestación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Versiones indican que el asesinato a Vallejo Soriano fue realizado por un francotirador, a inmediaciones del mercado Zonal Belén, cuando trataba de escapar de la brutal represión policial militar contra la Resistencia, en el Durazno, salida de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula.

El joven maestro de albañilería, Pedro Magdiel Muñoz Salvador, fue hallado muerto, con señales de tortura y 42 puñaladas en su cuerpo, el 25 de julio de 2009, en Alauca, El Paraíso, a la mañana siguiente de haber sido detenido por militares y policías cuando intentaba ver al presidente hondureño expatriado, Manuel Zelaya, en un segundo intento de retorno al país.

Una fotografía publicada en primera plana por un periódico escrito, evidenció la detención de Magdiel y el informe policial contradice al forense sobre la hora de su muerte.

Defensor de derechos humanos, testigo en asesinatos a mártires del FNRP, escapa de encapuchados que intentaban secuestrarlo

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. 16 Diciembre 2010. El defensor, Milton Omar Benítez, logró soltarse de sus captores gracias a la participación de locatarios del Mercado Zonal Belén que intervinieron dando seguimiento a los victimarios, informó el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh).

Según testimonio, Milton Omar Benítez narró que unos hombres con capuchas o gorros pasamontañas, intentaban ingresarlo a un carro y en ese momento le
golpearon, cuando varias personas de la zona intervinieron él logro salir
corriendo.

El intento de secuestro ocurrió frente a las instalaciones de una tienda de electrodomésticos de nombre, ELECTRA, ubicada en el Mercado Zonal Belén, informa.

Benítez, es testigo clave en el asesinato del docente, Roger Abraham Vallejo, y en el caso del joven, Pedro Magdiel Muñoz, ambos miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP); trabaja en el Programa de Educación de la Oficina Central del Codeh y es miembro activo del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA).

Un hospitalizado en estado grave, son 14 los detenidos en ataque a pobladores de Zacate Grande

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. 16 Diciembre 2010. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), divulgó anoche una lista con los nombres de las 14 personas, siete hombres y siete mujeres, que fueron agredidas y detenidas en Coyolito, Zacate Grande, luego de un ataque policial militar que habría sido apoyado por guardias de seguridad de la transnacional bancaria, HSBC.

Doce de ellas fueron detenidas en la posta policial de la ciudad de Nacaome, departamento de Valle, en la región Sur de Honduras. Las otras dos, son: Marvin Alemán, en estado de grave en el Hospital de San Lorenzo, y Gladys Mejía; ambos necesitan encefalogramas.

“La salvajada represiva ha llegado al extremo de agredir aunque las personas estén en total indefensión, las mujeres detenidas todas están golpeadas”, describe la breve nota enviada por la presidenta del Copinh, Bertha Cáceres.

La información fue enviada por Aarón Rivera, corresponsal y operador de La Voz de Zacate Grande, integrante de la Red de Radios Comunitarias de Honduras.

Las 14 víctimas.

Marvin Alemán-Hospitalizado en estado grave

Gladys Mejía- necesita encefalograma


Detenidas en la posta policial de la ciudad de Nacaome:

Armando Maldonado Pérez

Jacqueline Flores

Nelly Colón

Carmen Granados

Elba Jolibeth Rubio Bonilla -Corresponsal de La Voz de Zacate Grande

Elia Xiomara Hernández - Corresponsal de La Voz de Zacate Grande

Edeybi Aleman

Santos Flores Lagos - Dirigente de Adepsa

Nazario Flores Lagos

Reynaldo Estrada Oliva

Erlin Cruz Rivera

Edwin Omar Flores Lagos

A pocas horas de audiencia: Torturador llega a intimidar a testigo de juicio contra policías

El Comisionado de Policía Elder Madrid Guerra, quien está acusado de detención ilegal, torturas y Abuso de Autoridad contra 24 personas, en el año 2009, llegó hasta las oficinas de una de las testigos del juicio que continúa este miércoles, con el claro propósito de que se enterara que él sabía hasta donde laboraba.

La visita de Madrid Guerra fue la tarde de este martes cuando la señora Raquel Hernández Zavala se encontraba en su oficina en un lugar de la capital, lo cual la llenó de mucho temor, pues aunque el comisionado de policía llegó con otro pretexto, se trataba de una intimidación velada.

La señora Hernández Zavala es la madre de Alan Samael Cruz, y está propuesta como testigo del caso, por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, donde llamó para denunciar las acciones de Madrid Guerra.

El 12 de agosto de 2009, la policía realizó masivas capturas contra personas que se encontraban manifestándose pacíficamente y otras que pasaban por el lugar. Fueron llevadas a los bajos del Congreso Nacional donde fueron torturadas salvajemente, posteriormente llevadas al Escuadrón COBRAS, donde fueron torturadas sicológicamente por varias horas.

Doña Raquel recibió una llamada desde el celular de su hijo donde le informaba que estaba detenido en el Escuadrón COBRAS, ella se movilizó y en esa sede se encontraba el Comisionado Madrid Guerra que negó que en el lugar hubiesen detenidos y adujo que allí era un campo de entrenamiento militar.

Ante la grave denuncia, Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH, llamó al ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, ante quien denunció el hecho y le solicitó tomar las medidas pertinentes para proteger la vida de la testigo, ante lo cual el funcionario prometió hacerlo.

El caso del 12 de agosto de 2009, como se le conoce, ha sufrido muchas dilatorias , entre ellas una muy grave y es la orientación hacia la impunidad que le está dando la defensa, hecho que detuvo el proceso y logró posponer la audiencia que se inició este lunes 13 de diciembre en los Juzgados de lo Penal de Comayaguela.

Esta ya es una práctica ilegal de la policía cuando se van a realizar audiencia en casos contra violadores de derechos humanos, como es el caso de la familia de Mario Orlando Sequeira Canales , quien fue detenido el 02 de junio de este año y posteriormente apareció asesinado. Vea más datos del caso.

A partir de que la familia Sequeira Canales interpuso las denuncias públicas en este caso, la patrulla 3-11 de la Policía Preventiva de Siguatepeque, además de carros particulares sin placas, han pasado constantemente frente a la casa de la familia.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1106:a-pocas-horas-de-audiencia-torturador-llega-a-intimidar-a-testigo-de-juicio-contra-policias-&catid=54:den&Itemid=171

Derechos humanos: Concepto vacío en Honduras

Cada 10 de diciembre el mundo entero celebra el día internacional de los derechos humanos.

De esta manera se recuerda que en esa fecha de 1948 fue adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuya relevancia política y jurídica representa el parteaguas que marca el inicio de una nueva era caracterizada por la aceptación de que la protección de tales derechos ya no es más un asunto exclusivo de los Estados, sino de toda la comunidad internacional.

Por ello es que con la Declaración Universal se reafirma la idea de que el disfrute de los derechos humanos es un compromiso con la dignidad y la justicia universal, y no algo que se deba considerar un lujo o una aspiración.

No obstante, en países como Honduras el ejercicio de los derechos humanos sigue siendo un concepto vacío y una utopía lejos de alcanzar, pues la proclamada universalidad e igualdad en su disfrute se quiebra ante el constante arraigo de la pobreza y la desigualad, y ante la profundización de las condiciones que afectan ámbitos vitales para el desarrollo humano como el empleo, la salud, la educación y las oportunidades de participación social, económica y política.

Sin duda alguna el golpe de Estado agravó la situación de vulnerabilidad de los derechos de los hondureños y hondureñas, y a pesar del panorama desolador, la Declaración Universal es una referencia necesaria en nuestra lucha contra el olvido y la impunidad.

En ese sentido, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional se ha inspirado en la Declaración Universal para perseguir los crímenes más graves contra los derechos humanos.

Por tal razón, el anuncio del Fiscal de este tribunal internacional de que realizará un examen preliminar sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto, es una esperanzadora manera de que los hondureños y hondureñas celebremos los 62 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Coordinadora del COFADEH Bertha Oliva recibe el Tulipán de Derechos Humanos

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa 10 de diciembre de 2010. La Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), recibió hoy en la Haya, Holanda, el Premio Tulipán de los Derechos Humanos 2010, otorgado por el gobierno de holandés, a destacados defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo.

El premio fue entregado esta tarde en una ceremonia oficial en el Palacio Principal del Ministerio de Relaciones Exteriores, presidida por el Ministro, Uri Rosenthal, ceremonia a la que también asistieron las dos mujeres que recibieron este mismo galardón en los años 2008, Justine Masika, de la República Democrática del Congo y la iraní Shadi Sadr, en 2009.

Al acto también asistió, el ex ministro de Relaciones Exteriores Maxime Verhagen quién actualmente es el Vice Primer Ministro del Gobierno de Holanda, que creó el Premio Tulipan, igualmente participó la Directora de Derechos Humanos y Coordinadora de Género del Ministerio holandés de Relaciones Exteriores, Bea Ten Tusscher, ex embajadora en la república de Guatemala.

A la entrega también se hicieron presente, todos los representantes diplomáticos acreditados en esta capital, excepto las autoridades del régimen hondureño, que preside Porfirio Lobo Sosa.

Oliva fue acompañada en el acto, por la comunidad hondureña residente en Holanda y algunos invitados hondureños del gobierno de Holanda.

El COFADEH es una organización que “surge al iniciar la década de los años ochenta, en plena aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, marcada por la militarización de la sociedad y la subordinación extrema de las instituciones civiles a las fuerzas armadas”.

El COFADEH, es catalogado por ella misma, como una organización sobreviviente de la década de 1980, considerada como la “Década Perdida”, por el “uso de métodos y técnicas de terrorismo de Estado, que acabaron metiendo a la disidencia social y política a un callejón de 10 años teñidos de sangre e impunidad”.

Según el Ministro de Exteriores del Reino de los Países Bajos, Maxime Verhagen, el premio es “una distinción a la valentía ciudadana” que tiene por finalidad reconocer los esfuerzos de un hombre o mujer que haya demostrado un trabajo extraordinario en la en la protección y el fomento de los derechos humanos.

En su discurso de aceptación del premio, Oliva agradeció profundamente a quienes han hecho posible poder recibir el premió y afirmó que lo comparte “en la distancia con Honduras, toda esta proximidad de ustedes sea para una nación que vive y canta, a pesar de todo lo que enfrenta”.

“Personalmente considero un honor aceptar el Tulipan 2010 en el Día Internacional de los Derechos Humanos, de un estado que tiene una política exterior basada en principios y valores”, al afirmar que viene de un país que aún tiene camino por recorrer en el ámbito de los derechos humanos.

Recordó que el 30 de noviembre recién pasado la organización que dirige en Honduras, cumplió 29 años de vida plena y que “en 1981 fueron muchos los hondureños que sufrieron la práctica oprobiosa de la desaparición forzada”, entre ellos su compañero Tomás Nativí.

Relató que cuando iniciaron como organización, no pensaron que iban a sobrevivir el tiempo que han sobrevivido, lo que consideró como una ganancia, y agregó que “mucha más ganancia es la confianza que día a día deposita el pueblo hondureño en nosotras”.

“Nos hemos convertido en consulta obligada de nacionales y extranjeros en materia de derechos humanos” afirmó Oliva.

Otro de los logros, según la Coordinadora del COFADEH, es mantener viva la esperanza, mantener vivos los sueños, por que no se puede trabajar sin sueños y no se puede trabajar sin esperanza.

Oliva dijo que “reconocemos que no hay futuro para Honduras sin verdad ni justicia. De hecho afirmamos que la verdad es la extraordinaria oportunidad que tenemos para balancear el poder”.

Tenemos esperanza que la verdad será útil para toda la sociedad hondureña, que en el futuro próximo nos permitirá mirarnos de frente, sin olvidar el pasado, como proponen algunos sectores de la sociedad hondureña recalcó.

La ganadora del Tulipán 2010, anunció que con el apoyo del Premio Tulipán terminarán la sede del Hogar Contra el Olvido, iniciada su construcción en 1996 con apoyo del gobierno de Holanda, así mismo iniciará la construcción de un Museo de la Memoria y acondicionará talleres de formación e intercambio estudiantil.

“Los Países Bajos instauraron el Tulipán de los Derechos Humanos como reconocimiento para un hombre o una mujer que haya demostrado un coraje moral extraordinario en la protección y el fomento de los derechos de sus conciudadanos”, según una nota colgada en la página Web de la organización del premio.

“El ganador del premio recibe una pequeña escultura en bronce y un premio individual de 10.000 euros. También puede presentar una propuesta de proyecto de un máximo de 100.000 euros en apoyo de su trabajo como defensor o defensora de los derechos humanos”.

En la víspera de recibir el prestigioso Premio, Oliva fue escoltada por personal del Ministerio de Exteriores en la sede de los grupos de trabajo de la ONU en Ginebra y en la sede de la Unión Europea UE, en Bruselas y durante una semana sostuvo reuniones oficiales con instituciones de gobiernos y representantes de ONGs internacionales que trabajan el tema de los derechos humanos.

Oliva fue seleccionada por un jurado independiente presidido por la periodista Cisca Dresselhuys, que se encargó de seleccionar a tres finalistas de los que el gobierno holandés elige al ganador. Este año, 78 mujeres y 96 hombres fueron candidatos a recibir el premio, entre periodistas, músicos, catedráticos, líderes espirituales, abogados y escritores, provenientes de diferentes partes del mundo.

Oliva cerró su discurso con una petición, “que me acompañen con aplausos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos pasadas y recientes, cuyas familias sienten que este reconocimiento de ustedes a mi persona con en el Tulipán de hoy, reivindica a sus seres queridos”.

La misma inconstitucionalidad del golpe de Estado vive Honduras todavía

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. 11 Diciembre de 2010. Honduras vive todavía la misma inconstitucionalidad del golpe de Estado y el régimen mantiene un discurso que difiere de acciones concretas, concluyó, este viernes, la Misión de Alto Nivel de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en un informe de 16 puntos, luego de concluir su visita de cuatro días en Honduras.

La Comisión de la CIJ manifiesta en el documento, que la tesis constitucionalista sostenida hasta ahora, no puede justificar un golpe de Estado; y que con profunda preocupación ha constatado que son pocos los resultados que en la práctica muestra la restitución del orden constitucional en su sentido pleno.

La Misión de Alto Nivel observa que el discurso de sendos titulares del Ejecutivo y del Legislativo, difiere de sus hechos concretos. Que debe procesarse a los que participaron en el Golpe. Como también que la amnistía se aplica a los delitos y a los delincuentes y no puede darse para crímenes de lesa humanidad.

Cuestiona, por ejemplo, que Porfirio Lobo haya remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIH) el mismo informe levantado por la Corte Suprema, en vez de emitir el suyo propio en el que debía manifestar su desacuerdo, o promover una discusión, sobre el despido de los jueces. Lo que no constituye intervención de poderes.

El Magistrado del Tribunal Supremo Español, José Antonio Martín, refirió que en el informe, que contiene 16 apartados y recomendaciones sobre la situación en Honduras, destacan que han encontrado que la CSJ está impregnada de una “extrema politización”.

Martín resaltó que “en cualquier país del mundo sacar a un presidente [de la nación] a punta de pistola, de su sitio, es un golpe de Estado. Llámesele como se le quiera llamar y la comunidad internacional lo ha comprendido así”.

En el caso de Honduras, lo estableció también la clausula democrática Iberoamericana, que no permitió la participación de la representacion estatal, recordó.

Señaló que la situación de la Corte ha sido no ubicarse al lado de la democracia, contra el Golpe, sino la de perseguir a quienes hicieron una actividad de compromiso democrático: “Ponerse del lado de la democracia, en ningún lugar del mundo es nunca una actividad partidista”.

Y “si un funcionario del Estado no se pone de lado de la democracia, en un Golpe, de alguna manera o está participando, o lo está consintiendo y siendo cómplice”, analizó respecto al despido por la Corte, de varios jueces entre ellos Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez, Ramón Barrios y la Magistrada Tirza Flores, que participaron en movilizaciones populares de oposición y resistencia al Golpe.

Martín puntualizó que toda actividad hay que enmarcarla en la situación que se estaba viviendo en Honduras, y en el caso de los magistrados despedidos se violó su derecho a reunirse, a manifestar su oposición a un golpe de Estado, yo diría, que, era no sólo su derecho, sino como dirigentes es una obligación”.

Afirmó que es un “mal síntoma” que los nombramientos de los jueces lleve a que los candidatos tengan que “tocar puertas para que les nombren en la Corte”, y que tiene que hacerse con transparencia, en audiencias públicas y sea un organismo distinto el que elija.

“Es alarmante el grado de violencia política y de violencia social. Indica que no funcionan los resortes de mantenimientos del orden social y democrático. Lo que no quizá no es de ahora, sino de siempre y ahora se manifiestan de forma más llamativa”, explicó.

Y agregó que hay que modificar la formación y la selección de la Policía. Algunos jueces se quejan de que no pueden resolver porque no tienen pruebas y hay fallas de los investigadores y otras veces, es de los dos.

Cuestionó que el retorno a la institucionalidad no se hace más sólo con elecciones: “La democracia no es votar cada cuatro años, es un sistema de valores y de principios que si no cumplen con esta función, no cumplen el mandato dado por los votantes”.

El Comisionado de derechos humanos rebajado de categoría por ONU

El magistrado español cuestionó que el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, haya, negativamente, avalado el Golpe, por lo que fue evaluado “rebajado” de categoría de la “A”, a la “B”, por el propio sistema de Naciones Unidas (ONU).

“Tiene que reflexionar [el Comisionado], porque ya no es una opinión de un grupo de juristas, que tiene un reconocido prestigio desde 1952, es la de un organismo internacional ”.

Ley antiterrorista es peligro para la práctica democrática de las ONG.

Martín considera que la ley antiterrorista es una especie de ley ómnibus porque mete muchas cosas a la vez, narcotráfico, agentes encubiertos, para llegar al final a algo que se podía hacer sin la ley, que era sólo la fiscalización de los bienes que proceden del delito de narcotráfico, luego aparece una ley de financiación de ONG.

La normativa relacionada con las ONG, puede llevar a disolver una organización de derechos humanos “no está suficientemente clara”. Es peligroso para la propia práctica democrática de las organizaciones, valoró.

Sobre la proliferación de grupos armados y narcotráfico.

Martín refirió el cambio internacional de enfoque sobre la lucha contra el narcotráfico, con voces que comienzan a pedir una revisión total del sistema de persecución penal y se habla de una posible despenalización de cierto trafico de drogas, como en Estados Unidos el de la mariguana o hachís por sus cualidades terapéuticas.

La Misión de Alto Nivel mantendrá contacto con los organismos contactados y regresará a Honduras, probablemente, entre marzo abril para verificar los posibles avances.

La delegación CIJ ingresó al país el lunes 06 de diciembre de 2010, con el propósito principal de evaluar la situación de la “Independencia Judicial en Honduras”. Pero, al final no pudo reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, como antes habían acordado.

Fue integrada por el Magistrado del Tribunal Supremo Español, José Antonio Martín Pallín; el ex Magistrado del Tribunal de Casación Francia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Philippe Texier.

Además del jurista brasileño, ex ministro de Justicia del Estado de Sao Paulo, Belisario Dos Santos; y el experto en derechos humanos Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena.

La Misión sostuvo reuniones con diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales; con defensores de derechos humanos; con dirigentes sociales y comunitarios nacionales e internacionales; organismos intergubernamentales.

A más de entrevistarse con jueces, el Fiscal General, la Fiscal de Derechos Humanos, miembros del Legislativo y con el titular del Ejecutivo, Porfirio Lobo.

CODEH acusa al terrateniente Miguel Facusse por el asesinato de 14 campesinos

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa 10 de diciembre de 2010. El Presidente del Comité para la defensa de los Derechos Humanos en Honduras CODEH, Andrés Pavón, acusó penalmente al terrateniente Miguel Facusse, por el asesinato de 14 campesinos en la zona del Valle del Bajo Aguán.

La acción fue presentada ante el Ministerio Público (MP), en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y en momentos en que Honduras vive una de sus peores crisis en materia de protección de los derechos civiles y políticos, como consecuencia directa del golpe de Estado.

La denuncia tiene como objetivo también denunciar al empresario ante la Organización Mundial del Comercio OMC, ante el Fondo Monetario Internacional FMI y ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde el empresario ha obtenido créditos en los que el aval es el Estado de Honduras.

De acuerdo con el escrito presentado al que tuvo acceso la Red Morazánica de Información, “la búsqueda de justicia motiva hoy al CODEH a solicitar requerimiento fiscal en contra del terrateniente Miguel Facusse”.

La acusación es por el asesinato de Melvin Enrique Larios, Oscar José Rodríguez Valdez, asesinados el 10 de septiembre del año 2009, Juan Ramón Mejía (enero 2010), Feliciano Santos (febrero 2010), José Leonel Álvarez Guerra (abril 2010), Oscar Geovany Ramírez (junio 2010), Víctor Manuel Mata Oliva, Sergio Magdiel Amaya y Rodving Omar Villegas asesinados el 17 de agosto de este año.

La lista continúa con Teodoro Acosta, Ignacio Reyes, Raúl Castillo, Siríaco de Jesús Muñoz Aguilar y José Luis Sauceda Pastrana, asesinados el pasado 15 de noviembre de este año.

De acuerdo con el texto presentado por Pavón, “Facusse ha concentrado una cantidad de hombres armados, dirigidos por militares en condición de retiro, cantidad de hombres armados que demuestran la desproporcionalidad en relación a lo que deberían cuidar para prevenir robos y otros actos que conllevan la perdida de maquinaria de trajo”.

Campesinos fueron asesinados en sus fincas

Según la información ofrecida por el CODEH, el último asesinato de campesinos, no ocurrió en tierras en tierras del terrateniente Miguel Facusse como se ha querido dar a entender por parte de la policía y algunos medios de comunicación.

Según Pavón “La masacre de cinco campesinos”, el pasado 15 de noviembre, ocurrió en tierras propiedad de los mismos labradores de la tierra, cuando los hombres armados del terrateniente salieron de las fincas del empresario, montaron una emboscada y los asesinaron en su propia tierra.

De acuerdo con Pavón, en el asesinato de campesinos en el Valle del Aguan se han podido observar tres figuras especiales, “el asesinato por sicariato, crímenes por odio y crímenes con premeditación o masacres planificadas”.

El CODEH es del criterio que el ataque contra los campesinos en la “Hacienda el Tumbador” fue realizado por el terrateniente “bajo una tesis del sicario, que la mejor defensa es el ataque”.

La organización aclaró que en el conflicto por la tenencia de la tierra no se han registrado enfrentamientos como ha expresado la policía, “lo que habido son masacres de campesinos”, prueba de ello es que solo se registra un policía muerto.

Pavón denunció que la única arma en poder de la policía, que supuestamente era propiedad de los campesinos asesinados, un fusil Ak-47, le fue entregado a la policía, por los guardias de Miguel Facusse y cuando se le consultó a la policía cual era el nombre de la persona que la había entregado, estos respondieron que en el Aguán no se pregunta nada.

Facusse es un poderoso empresario que pretende apropiarse de grandes extensiones de tierra, que según el Instituto Nacional Agrario INA, son tierras fiscales propiedad del Estado de Honduras, destinadas para fines de Reforma Agraria después de haber sido compradas a particulares.

Wikileaks y la libertad de expresión. Preguntas y respuestas

La controversia internacional sobre la publicación por Wikileaks de cables diplomáticos estadounidenses continúa. En los últimos días, Paypal, Visa y Mastercard han impedido a sus usuarios hacer donaciones a Wikileaks, alegando que el sitio podría estar teniendo una conducta ilegal. Amnistía Internacional examina algunas de las cuestiones de derechos humanos en juego.

¿Sería el enjuiciamiento de Julian Assange por publicar documentos del gobierno de Estados Unidos una violación del derecho a la libertad de expresión?

El gobierno de Estados Unidos viene indicando desde julio de 2010 que está llevando a cabo una investigación judicial sobre las acciones de Wikileaks y su fundador, Julian Assange, por distribuir documentos secretos. Diversas figuras políticas estadounidenses han pedido el procesamiento penal de Julian Assange.

Según Amnistía Internacional, los procedimientos penales que tengan por objeto castigar a un particular por comunicar indicios de violaciones de derechos humanos no están justificados jamás. Lo mismo cabe decir en el caso de la información sobre una amplia variedad de otras cuestiones de interés público.

Como mínimo, un número considerable de los documentos publicados por Wikileaks parecen pertenecer a estas categorías, por lo que todo enjuiciamiento basado total o parcialmente en esos documentos en particular sería incompatible con la libertad de expresión.

La libertad de expresión es un derecho humano internacionalmente reconocido que limita el poder del Estado para prohibir recibir y publicar información. Es al Estado al que corresponde demostrar que toda restricción que imponga es necesaria y proporcionada y no amenaza el derecho mismo a la libertad de expresión.

No tenemos conocimiento de que se hayan entablado acciones judiciales contra Julian Assange por publicar los documentos. Por consiguiente, Amnistía Internacional no está en condiciones de opinar específicamente sobre una posible causa contra él, pues no hay acusaciones formales sobre las que opinar.

¿Constituiría la injerencia en los pagos a Wikileaks por medio de donaciones en línea una violación del derecho a la libertad de expresión?

En los últimos días, Paypal, Visa y Mastercard han eliminado la posibilidad de que sus usuarios hagan donaciones en línea a Wikileaks, alegando que el sitio realiza o podría estar realizando actividades ilegales. Se ha especulado que esta restricción se ha debido a presiones del gobierno de Estados Unidos.

Amnistía Internacional no tiene información que confirme o refute estas especulaciones, pero insiste en que los gobiernos no pueden eludir su obligación de respetar el derecho a la libertad de expresión intentando hacer indirectamente lo que tienen prohibido hacer directamente. Y también las empresas deben garantizar, como mínimo, que sus acciones respetan los derechos humanos.

¿Constituiría el enjuiciamiento de empleados del gobierno de Estados Unidos que facilitaran documentos a Wikileaks una violación del derecho a la libertad de expresión?

El soldado estadounidense Bradley Manning se encuentra actualmente detenido por cargos entre los que figura la filtración de información sobre la defensa nacional.

Aunque los empleados de un gobierno tienen derecho a la libertad de expresión, tienen también deberes derivados de su condición de empleados del gobierno, por lo que éste tiene mayor libertad para imponerles restricciones de la que tendría en el caso de los particulares que reciban o publiquen información.

No obstante, Amnistía Internacional consideraría motivo de preocupación que un gobierno intentara castigar a una persona que, por razones de conciencia y de manera responsable, hubiera publicado información con el convencimiento razonable de que esa información era prueba de violaciones de derechos humanos que el gobierno intentaba mantener en secreto para impedir que el público conociera la verdad sobre ellas.

¿Es legítimo que los gobiernos intenten proteger la confidencialidad de sus conversaciones y negociaciones diplomáticas si creen que es en bien de sus intereses nacionales?

Los gobiernos pueden, por supuesto, intentar en general proteger la confidencialidad de sus comunicaciones por medios técnicos o imponiendo obligaciones a sus empleados; sin embargo, no es legítimo que se acojan a conceptos de seguridad nacional o intereses nacionales para justificar la ocultación de indicios de abusos contra los derechos humanos.

Asimismo, una vez que la información llega a manos de particulares, los Estados no pueden acogerse a ideas muy generales del interés nacional para justificar medidas de coacción tomadas con objeto de impedir la revelación o el examen públicos de esa información.

El derecho internacional de los derechos humanos permite a los Estados restringir la libertad de expresión sólo por motivos especificados y estrechamente aplicados, a saber: la seguridad nacional, el orden público la salud o la moral públicas o la protección de los derechos y la reputación de los demás. Sin embargo, incluso cuando pueda ser aplicable uno de estos motivos, los Estados no tienen carta blanca para mantener la información en secreto ni para castigar a nadie por publicarla, declarándola sin más material “clasificado” o alegando que es necesario restringirla por motivos de “seguridad nacional; el Estado debe demostrar que las restricciones particulares que imponga son necesarias y proporcionales a la amenaza específica que, en su opinión, las justifica.

¿No le preocupa a Amnistía Internacional el daño que la información filtrada podría causar a algunas personas?

Amnistía Internacional ha pedido continuamente a Wikileaks que haga todo lo posible para garantizar que la publicación de los documentos no entraña para ninguna persona mayor riesgo de sufrir violencia u otros abusos contra los derechos humanos, por permitir, por ejemplo, identificarla como fuente de los documentos.

No obstante, es preciso distinguir este tipo de riesgo del riesgo de que las autoridades públicas se encuentren en una situación embarazosa o tengan que responder a peticiones de rendición de cuentas por el hecho de que los documentos saquen a la luz su participación en abusos contra los derechos humanos u otras formas de conducta indebida.

¿Contienen los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks información importante en materia de derechos humanos?

Algunos de los documentos del Departamento de Estado publicados confirman violaciones de derechos humanos que ha expuesto ya Amnistía Internacional públicamente o proporcionan más datos sobre ellas. Por ejemplo:

El cable de febrero de 2007 donde se habla de la oposición estadounidense a la posible decisión de las autoridades alemanas de dictar órdenes de detención internacional contra 13 agentes de la CIA presuntamente implicados en la entrega extraordinaria y desaparición forzada de Khaled el-Masri guarda relación con varios informes de Amnistía Internacional, el más reciente de los cuales es Open Secret: Mounting Evidence of Europe’s Complicity in Rendition and Secret Detention (15 de noviembre de 2010).

El cable de enero de 2010 donde se informa de una reunión del presidente de Yemen con militares estadounidenses corrobora las conclusiones a que había llegado ya Amnistía Internacional sobre el aparente uso de un misil de crucero estadounidense en un ataque del 17 de diciembre de 2009 contra la comunidad de Al Ma'jalah, en la zona de Abyan del sur de Yemen. Amnistía Internacional había pedido al gobierno de Estados Unidos que revelara su participación en el incidente, aún cuando el gobierno yemení afirmara que había efectuado el ataque él solo.

Las publicaciones anteriores de Wikileaks sobre las guerras de Afganistán e Irak confirmaron información que habíamos recibido de otras fuentes. Amnistía Internacional continuará valorando y citando la información de los documentos de Wikileaks relativa a cuestiones de derechos humanos, junto con la de las muchas otras fuentes.

¿Tienen los intentos de extraditar a Julian Assange a Suecia por delitos sexuales una motivación política?

Se ha informado de que los cargos a que se enfrenta Julian Assange en Suecia no guardan relación con la publicación de Wikileaks. Se ha especulado que las autoridades de Suecia o de otras partes no están llevando el caso de manera normal, sino que el modo de tratarlo es consecuencia de un hostigamiento más general a Julian Assange por las acciones de Wikileaks. Sin embargo, Amnistía Internacional no tiene información que nos permita confirmar o descartar tales especulaciones.

Como en otras causas penales, debe respetarse el debido proceso. Amnistía Internacional estará muy atenta a la marcha de la causa.

¿Cuál es la postura de Amnistía Internacional sobre la última publicación de documentos de Wikileaks?

Amnistía Internacional acoge con satisfacción los esfuerzos por hacer de dominio público la información sobre abusos contra los derechos humanos. Wikileaks ha anunciado públicamente que en las próximas semanas o meses va a ir publicando gradualmente millares de documentos, y Amnistía Internacional estudiará detenidamente todos los que parezcan guardar relación con abusos contra los derechos humanos.

Aunque no todos los documentos que ha publicado de momento Wikileaks tratan de abusos contra los derechos humanos, nos gustaría poner de relieve que la libertad de expresión incluye el derecho a recibir y difundir toda clase de información, con excepciones estrechamente definidas.

Fuentes: http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/wikileaks-y-la-libertad-de-expresion-preguntas-y-respuestas/?origen=fbk

Denuncian a funcionarios y empresarios hondureños por desenfrenada corrupción

NOTA DE PRENSA
En la víspera del día internacional contra la corrupción, el MADJ y la Red departamental en defensa de los recursos naturales de Atlántida presentan denuncia.

Tegucigalpa, 8 de diciembre 2010.

Ante la Fiscalía General de la República, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y la Red departamental en defensa de los Recursos Naturales del departamento de Atlántida, denuncian formalmente la conducta de funcionarios públicos por la supuesta comisión de los delitos contra el ambiente y la salud de poblaciones del Atlántico hondureño.

Animados por el interés colectivo de la preservación de los recursos naturales, como patrimonio del Estado y del pueblo de Honduras los denunciantes documentan una serie de hechos que desde el Estado lesionan a la población, en el afán de cumplir el decreto legislativo 70-2007, que contiene la denominada “Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables”.

A la fecha, en Atlántida se gestan 24 proyectos hidroeléctricos convirtiéndolo en el departamento con más proyectos de este tipo. Desde hace varios años se valoraba la posibilidad de un proyecto hidroeléctrico en el río Cangrejal más algún otro de menor envergadura, pero no fue sino después del golpe de Estado del 2009 que el concesionamiento de ríos se multiplica en proporciones percibidas como intolerables por las comunidades afectadas.

Los denunciantes aseguran que los proyectos hidroeléctricos aprobados por el Estado de Honduras en el departamento de Atlántida se caracterizan por la falta de acceso por parte de la población a los correspondientes estudios de impacto ambiental, lo que hace suponer que dichos estudios no existen y que han sido dispensados ilegalmente por parte de los funcionarios del Estado encargados de exigirlos.

Agregan que varios de los proyectos están afincados en zonas declaradas como protegidas o de reserva, mientras que gran parte de las aguas concesionadas para explotación comercial han sido declaradas por el mismo Estado hondureño como exclusivas para consumo humano.

Las irregularidades crecen al encontrar que algunos proyectos se desarrollarán en pueblos o comunidades garífunas, sin ningún respeto a los derechos y disposiciones que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Un grupo de pobladores de la zona que llegaron a esta capital para entregar la denuncia, confirmaron que han sufrido asedio y persecución por su oposición a los proyectos hidroeléctricos en los actuales términos.

El presidente de la Red, Manuel López indica que los empresarios generadores de los proyectos, “nos quisieron engañar al utilizar inconsultamente nuestras firmas para presentarlas ante las instituciones del Estado como muestra de un falso acuerdo de las comunidades con los proyectos”.

Por su parte el abogado Martín Fernández, miembro del MADJ, asegura que esta denuncia la presentan para que el Ministerio Público, adopte las medidas necesarias para prevenir y detener la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas e inicie una investigación para deducir las responsabilidades correspondientes a los responsables de tales actos y omisiones.

Puntalmente los pobladores también denuncian a los empresarios Fredy Nasser, Jeison Hawit, Ochoa Cantero, Elsia Paz, Roberto Nuñez, Salomon López, Emin Abufele y otros.

La denuncia también se presentó ante organismos internacionales de crédito que financian varios proyectos hidroeléctricos con el aval del Estado y ante la sede de las Naciones Unidas acreditada en Tegucigalpa.

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN PROCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
# Proyectos
1 Proyecto Hidroeléctrico Naranjo
2 Proyecto Hidroeléctrico Mezapa de Tela
3 Proyecto Hidroeléctrico San Alejo
4 Proyecto Hidroeléctrico Mezapa del Leán
5 Proyecto Hidroeléctrico Mezapita
6 Proyecto Hidroeléctrico Jilamito
7 Proyecto Hidroeléctrico Los Laureles
8 Proyecto Hidroeléctrico San Juancito
9 Proyecto Hidroeléctrico Cuyamel II
10 Proyecto Hidroeléctrico Las Matarras
11 Proyecto Hidroeléctrico Mangungo
12 Proyecto Hidroeléctrico One One
13 Proyecto Hidroeléctrico Sambo Creek
14 Proyecto Hidroeléctrico Cangrejal
15 Proyecto Hidroeléctrico Santiago
16 Proyecto Hidroeléctrico Coloradito
17 Proyecto Hidroeléctrico Bulgaria
18 Proyecto Hidroeléctrico Corinto
19 Proyecto Hidroeléctrico jimerito
20 Proyecto Hidroeléctrico Bonito
21 Proyecto Hidroeléctrico Perla
22 Proyecto Hidroeléctrico La Ausencia
23 Proyecto hidroeléctrico Los Inocentes
24 Proyecto Hidroeléctrico Río plátano

“Corte Suprema de Honduras: de golpe en golpe”

Así se titula un artículo que acaba de publicar la prestigiosa revista española "Debate".

Su autor es nada más y nada menos que el internacionalmente reconocido magistrado del Tribunal Supremo de España, Perfecto Andrés Ibáñez, quien además es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos y autor de numerosos libros y artículos de obligada referencia para los estudiosos del derecho, la democracia, el Estado de derecho y la independencia judicial.

En este artículo, Ibáñez analiza la injustificada destitución de los jueces Ramón Barrios, Luis Chévez de la Rocha y Guillermo López Lone, y de la magistrada Tirza Flores, cuya intachable trayectoria y su posición constitucional frente al golpe de Estado, les permite gozar de merecido prestigio dentro y fuera del país.

Para el magistrado español, las resoluciones de la Corte Suprema que destituyen a estos funcionarios judiciales se caracterizan por su falta de sustancia jurídica de calidad y por una sobreabundancia de tópicos autoritarios propios de las altas magistraturas de la edad media. De esta manera, la Corte Suprema hondureña ratificó una vez más su opción por situarse del lado de quienes violan la Constitución y los derechos humanos.

Ante estos despidos, Ibáñez se pregunta, “¿Sabe la Corte Suprema de Honduras que sus destituidos gozan de la admiración y el respeto de miles de colegas de varios continentes, expresado en multitud de encuentros con ellos y escritos de adhesión? ¿Se ha dado ya por enterada la Corte Suprema de Honduras de que la importante asociación alemana Juristas Demócratas ha otorgado a Tirza Flores Lanza, por su modo de ejercer la jurisdicción y por su arrojo, el premio «Hans Litten», instituido en memoria de un abogado asesinado por los nazis en un campo de exterminio?”

“¿Son conscientes los integrantes de la Corte Suprema de Honduras del nivel en que está hoy el prestigio de la institución, precisamente por su ejecutoria? ¿Saben los integrantes de la Corte Suprema de Honduras hasta qué punto profundizan con estas resoluciones el abismo de deslegitimación en el que, de forma suicida, decidieron precipitarse aquel aciago día 28 de junio de 2009?”

El 28 de junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad histórica de haber estado a la altura de su papel de defensa de los derechos humanos, de la democracia y el Estado de derecho pero lamentablemente la dejó pasar; y en el caso de los jueces Barrios, Chévez y López, y la magistrada Flores, el más alto órgano de justicia les negó “los valores de la jurisdicción a los que tendría que servir”.

Por ello, para el magistrado español Perfecto Andrés Ibáñez, la Corte Suprema hondureña está en una “triste deriva” que la “lleva de golpe en golpe”.