Cuando las estadísticas tienen cara y nombre, y la justicia pierde

Que Honduras es el país más violento del mundo es una afirmación que ya no nos asusta. Que cada día mueren 20 personas de manera violenta es una cifra que ya ni siquiera nos alarma. Que los sectores más golpeados por la violencia son las mujeres, los niños y los jóvenes menores de 23 años ya es parte de nuestra normalidad.

No obstante, cuando esas estadísticas adquieren la cara y el nombre de alguien con historias y con familias que conocemos, entonces la violencia logra otra dimensión y la tragedia muda de las cifras se convierte en un grito desesperado.

La semana pasada, entre las 20 víctimas diarias de la violencia apareció el nombre de Mireya Mendoza, una mujer joven, madre, amiga, compañera, jueza de sentencia en la ciudad de El Progreso, una profesional con una trayectoria intachable y miembro de la junta directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia, organización hermana y parte de la Convergencia por los Derechos Humanos.

El asesinato de Mireya no sólo golpea a su familia y amistades, también es un golpe para la democracia. Como señaló Tirza Flores en su reciente testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, “Esta irreparable pérdida nos llena de profunda preocupación y pone en evidencia nuevamente la profunda crisis de seguridad que actualmente enfrentamos, en donde la vida de los seres humanos no tiene ningún valor, ni siquiera tratándose de una mujer valiente y comprometida con el fortalecimiento del Estado de Derecho, como es el caso de esta colega jueza”.

No sólo la judicatura está de luto. Toda Honduras perdió violentamente a una de sus mejores mujeres y a una de sus mejores juezas. Apropiándonos de las palabras de la Asociación de Jueces por la Democracia a la que Mireya pertenecía, decimos que “Un hecho como el acontecido, la muerte de una juzgadora en el altar de la justicia, debería conmocionar a todo el país. Todas y todos nos deberíamos indignar y hacer escuchar nuestra voz de repudio. Es hora de decir: ¡Basta ya! No más impunidad”.

CEJIL Condena Asesinato de Jueza Hondureña y Exige Investigación

San José, 29 de julio de 2013.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, quien se desempeñaba como jueza del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso en Honduras, y además ocupaba el cargo de Pro Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

La jueza Mendoza fue asesinada el pasado 24 de julio de 2013, alrededor del medio día, mientras conducía su vehículo particular y sujetos desconocidos le dispararon en aproximadamente veinte ocasiones.

El asesinato de la jueza no ha sido el único contra operadores de justicia en este país. En el año 2010, también fue asesinada la jueza Olga Mariné Laguna y el 27 de mayo de 2011, fue asesinado Raúl Enrique Reyes Carbajal, coordinador en Honduras de la Fiscalía en Puerto Cortes, quien días antes de asumir este cargo se habría desempeñado como fiscal contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año de 2011 cuando publicó su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos,manifestó su preocupación por la cifra de 22 jueces hondureños que señalaron encontrarse amenazados de muerte por conocer de casos delicados relacionados con el crimen organizado, grupos juveniles o pandillas.

Adicionalmente, resulta preocupante el contexto de impunidad que prevalece en Honduras. Al respecto, recientemente, el ex Fiscal General de la República, Luis Rubí, declaró ante el Congreso Nacional que el 80% de los homicidios cometidos en el país quedan en la impunidad por la falta de capacidad de los órganos de investigación.

No obstante, el Estado de Honduras tiene el deber jurídico de investigar las afectaciones al derecho a la vida. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben “iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva (…) por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, enjuiciamiento ycastigo de todos los responsables de los hechos”.

El asesinato de la jueza Mendoza es de suma preocupación por el inevitable efecto amedrentador en todas aquellas personas comprometidas con la búsqueda de la justicia. Si no se investiga y sanciona a la totalidad de los responsables –tanto materiales como intelectuales–, el Estado estaría tolerando estos actos y con ello se intimidaría la labor independiente e imparcial de jueces y otros operadores de justicia” declaró Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado a las autoridades hondureñas para que asignen todos los recursos que sean necesarios con el objetivo de investigar efectivamente el asesinato de la jueza Mireya Mendoza y sancionar a los responsables. A la vez, instamos a las autoridades a crear un mecanismo de protección para operadores de justicia que tenga como objetivo la prevención de este tipo de hechos y la garantía plena de la independencia judicial.

Contacto en Costa Rica:

Marcia Aguiluz

Directora del Programa para Centroamérica y México

Tel. (506) 2280-7473 / 7608

Guerra de cifras, luto en las calles

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hasta el 30 de mayo de este año se registraron 2973 homicidios, de los cuales el 90% fueron cometidos con arma de fuego.

Con estos datos, el promedio de asesinatos en el país es de 595 mensuales, lo cual implica que cada día mueren violentamente 20 personas; en otras palabras, cada hora y veinte minutos una persona es asesinada. Cortés y Francisco Morazán son los departamentos más violentos con 904 y 725 homicidios, respectivamente.

Y como es de esperarse, uno de los sectores más golpeados por esta violencia son las mujeres, debido a que se registra la muerte violenta de una mujer o un femicidio cada 14 horas.

Pese a la contundencia de los datos aportados por el Observatorio, el presidente Lobo y el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, se empecinan en su discurso que la violencia ha disminuido.

Lobo Sosa incluso se ha atrevido a señalar que durante 9 días no se ha reportado ningún homicidio; mientras que el “Tigre” Bonilla rechaza que en el país mueran violentamente 20 personas diarias, pero ninguno de los dos aporta pruebas concretas como sí lo hace el Observatorio de la universidad para sustentar científicamente sus informaciones.

Lo que está claro es que ante el total fracaso de las medidas adoptadas por las autoridades civiles y policiales frente al fenómeno de la violencia, ahora mejor han optado por la negación, mientras en las calles diariamente mueren decenas de personas que engrosan unas estadísticas que nos enlutan y nos convierten en una sociedad fallida.

¿Hacia el retorno de una práctica inhumana?

Durante los últimos dos años la Fiscalía Especial de Derechos Humanos ha recibido 16 denuncias por el delito de desaparición forzada. La propia Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, al concluir su visita oficial a Honduras del 7 al 14 de febrero de 2012, denunció que se están cometiendo desapariciones forzadas en el país.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la gravedad de este delito radica en que constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos que el Estado de Honduras está obligado a respetar y garantizar. En primer lugar, el secuestro de una persona es un caso de privación arbitraria de libertad que vulnera, además, el derecho a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su detención.

En segundo lugar, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y de su derecho al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

En tercer lugar, los testimonios de las víctimas que han recuperado su libertad demuestran que también se ven sometidas a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes.

Y en cuarto lugar, la práctica de desapariciones ha implicado con frecuencia la ejecución de las víctimas, en secreto y sin juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron.

Lastimosamente, las desapariciones no son una novedad en el país. De hecho, el Estado de Honduras fue el país que inauguró la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al ser encontrado responsable por la desaparición forzada de Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz, dos de los 184 casos de desaparecidos durante los años 80 y que pese a haber sido documentados por el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, liderado por Leo Valladares Lanza, ninguno ha sido investigado diligentemente y no se ha producido ninguna sentencia condenatoria.

Las heridas abiertas por la impunidad de la década de los años 80 continúa siendo una afrenta a la conciencia de la humanidad y de las víctimas, ya que no sólo produce la desaparición momentánea o permanente, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor. Aunque aproximadamente 27 oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron procesados penalmente por estos hechos, ninguno ha sido condenado y muchos de sus procesos terminaron en sobreseimientos definitivos.

Y esas heridas se mantienen sangrando particularmente para las familias de las víctimas que terminan convertidas también en víctimas en tanto que sufren continuamente la angustia y el dolor de no saber dónde está y qué le pasó a su familiar, quiénes son los responsables de su desaparición y particularmente, preguntándose si está vivo o muerto Mientras no se encuentra su cuerpo, como dice Benedetti, viven “buscándose / buscándonos” porque “nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores sobrevivientes o responsos”.

La desaparición temporal y el asesinato del periodista Aníbal Barrow es un ejemplo reciente de ello, pues independientemente que su desaparición y asesinato hayan sido cometidos por agentes estatales o por particulares, si el Estado hondureño no investiga diligentemente ni sanciona a todos los responsables intelectuales y materiales de tales hechos y de los restantes que han quedado en total impunidad, debemos reconocer que nos enfrentamos al terrible retorno de una práctica inhumana.

Hacia dónde va el Ministerio Público

Finalmente, el Fiscal General Luis Rubí y el Fiscal General Adjunto Roy Urtecho, tuvieron la poca vergüenza que les quedaba para aceptar obligadamente renunciar de sus cargos después de ser interpelados en el Congreso Nacional y confirmar lo que la sociedad en su conjunto ya sabía: Que el Ministerio Público se ha convertido en un nido de corrupción, incompetencia e ineficiencia.

Ante esta situación, el Ministerio Público quedará bajo la dirección única de la Comisión Interventora a la que se la ha ampliado el plazo original de su actuación y que durante su gestión reconocemos ha realizado dos movimientos simbólicos en dos de las fiscalías especiales más importantes: La Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en las que cuales ha nombrado a dos fiscales con demostrado compromiso con la ciudadanía.

Sin embargo, con la renuncia del fiscal general y su adjunto se presentan varios escenarios que pueden definir el camino que seguirá el Ministerio Público en los próximos años. En primer lugar, que el Congreso Nacional extienda el plazo de la Comisión Interventora hasta marzo de 2014 que es cuando finalizaba el período ordinario de los fiscales “renunciados”.

En segundo lugar, que el Congreso Nacional nombre a un fiscal y su adjunto para finalizar el período de Rubí y Urtecho; y en tercer lugar, adelantar la elección de las autoridades del Ministerio Público. Evidentemente estas dos últimas son altamente peligrosas teniendo en cuenta que en el congreso hay una mayoría clara del oficialismo y sería muy fácil nombrar a personas cercanas a su entorno para cerrar el control de todo el sistema de justicia.

Y aunque la extensión del plazo de la Comisión Interventora tampoco es ideal, al menos podría darnos más tiempo a la sociedad civil para preparar una estrategia que nos garantice las condiciones mínimas para incidir en la elección del próximo fiscal y su adjunto bajo los parámetros de idoneidad, capacidad, tecnicidad, independencia y transparencia.

El proceso positivo de elección de la fiscal Claudia Paz y Paz en Guatemala debería servirnos de espejo para tener un poco de esperanza y optimismo.