Los acontecimientos de la última semana han puesto al descubierto, una vez más, la grave situación que atraviesa el país, en gran medida por una institucionalidad colapsada debido a su incapacidad para resolver los grandes problemas de la población como la pobreza, la inseguridad, el desempleo y la impunidad.
Por un lado, el asesinato del hijo del ex director de la Policía, Ricardo Ramírez Del Cid, destituido 5 días después del asesinato del periodista Alfredo Villatoro, ha hecho que salgan a la luz las luchas sangrientas de poder entre los bandos enfrentados dentro de la institución policial. El primero ha acusado directamente al actual director de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla de tener responsabilidad en la muerte de su hijo, junto con algunos mandos de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, circula en las redes sociales un video que muestra como el Tigre Bonilla planificaba junto con un grupo de militares una operación para capturar al ex presidente Zelaya costara lo que costara, evidenciando su participación y apoyo al gobierno de facto.
Mientras se libra esta lucha intestina entre los altos mandos policiales, un diario de la capital reveló un video en el que se ve cómo un grupo de sicarios asesinan en plena calle a dos estudiantes, el cual inexplicablemente se mantuvo en secreto por la Policía Nacional ya que ni siquiera informó a la fiscalía sobre este nuevo hecho violento.
Y para rematar, un informe de la embajada de Estados Unidos reveló que el Ministerio Público no asume su papel de líder en las investigaciones y que su mala relación con la policía alimenta el desorden, la inacción y la descoordinación, lo cual debilita el trabajo de esa institución estatal en perjuicio de la población.
En otras palabras, el Ministerio Público y la Policía Nacional, instituciones llamadas a tutelar los derechos de los hondureños y hondureñas, son parte de los graves problemas de inseguridad e impunidad que nos azotan con mayor crudeza desde el golpe de Estado de 2009. Por ello no es de extrañar que en Honduras estén 2 de las 5 ciudades más violentas del planeta y que el Estado haya fracasado rotundamente en garantizar seguridad humana como lo exige la Constitución de la República.
Si la ciudadanía sigue pasiva y asumiendo un papel de simple espectadora ante el descalabro institucional, ambiental, económico, cultural y social, seguiremos cayendo en el abismo del desgobierno, de la violencia, de la corrupción y de la concentración de poder en pocas manos, lo cual a la larga nos afecta a todos y todas, particularmente a nuestra niñez y juventud.
