¿A quiénes dio la razón la sentencia contra Tony Hernández?

Le dio la razón al pueblo hondureño que desde hace mucho sabe que vivimos en un narco Estado, como lo refleja el último sondeo de opinión pública del ERIC-SJ en el que más del 70% de la población señaló creer que el narcotráfico tiene cooptadas todas las instituciones del Estado.

Le dio la razón al general Julián Arístides González y al experto en seguridad Alfredo Landaverde, dos valientes zares antidrogas que fueron asesinados por denunciar la penetración del narcotráfico en todas las estructuras del Estado.

Le dio la razón al general de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, quien capturó a los narcotraficantes Valle Valle y Don H, en coordinación con la DEA, pero sin informar a sus superiores de la Secretaría de Seguridad, y como premio, fue separado de la Policía Nacional a petición de la Comisión Depuradora.

Le dio la razón al capitán del ejército Santos Orellana quien tuvo la valentía de denunciar que Tony Hernández estaba involucrado en el tráfico de drogas, así como el actual ministro de Defensa, el general Fredy Díaz Zelaya. Por hacerlo, recibió como premio la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas.

Le dio la razón al COFADEH y a otras organizaciones de derechos humanos que desde los años 80 vienen denunciando que los militares solo sirven para reprimir y violar los derechos y libertades de la población, y plantean que es una necesidad urgente su desaparición para el bien del país.

Le dio la razón a las organizaciones y personas que desde Estados Unidos visitan y monitorean solidariamente nuestro país para acompañar nuestras luchas por la democracia, y denunciar la hipocresía del Departamento de Estado y de la Embajada de Estados Unidos que apoya a esta narcodictadura.

Fuente:  https://wp.radioprogresohn.net/a-quienes-dio-la-razon-la-sentencia-contra-tony-hernandez/

¿Para qué ha servido el todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad?

Un elemento que caracteriza al Estado de derecho y revitaliza una sociedad democrática es el principio de separación de poderes, el cual exige la existencia de un control real entre los diversos órganos y la racionalización del poder para impedir abusos de quienes lo ejercen.

Lo que busca es evitar la concentración del poder mediante un sistema de equilibrios y controles mutuos entre los poderes del Estado. Solo cuando estos poderes se limitan recíprocamente es posible llevar a buen término la finalidad misma del Estado de derecho, es decir, el pleno desarrollo de la dignidad humana.

No obstante, como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Honduras existe un órgano -el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad-, a través del cual se ha promovido una creciente concentración de poder del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial.

En este sentido, este Consejo está conformado por el Presidente de la República, quien lo preside, así como por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, y el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Especial que lo crea, el Consejo es “el máximo órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de Seguridad, Defensa Nacional e Inteligencia”.

Para ello, el Consejo Nacional cuenta con una Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia que, en teoría, recaba y le ofrece información precisa y confidencial sobre narcotráfico y criminalidad organizada, y con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, que constituye su brazo armado y operativo en la lucha contra el crimen organizado.

El juicio en Estados Unidos contra Tony Hernández por narcotráfico confirma dos cosas: primero, que los miembros del todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad son cómplices de las actividades criminales del hermano presidencial, a quien nunca investigaron ni detuvieron.

Segundo, que la activación del Consejo Nacional solo ha servido para concentrar todo su poderío en materia policial, militar, de investigación e inteligencia en manos de Juan Orlando Hernández, gracias a lo cual ha podido violar la Constitución, reelegirse ilegalmente, ordenar la comisión de violaciones a derechos humanos y cometer graves actos de corrupción con total impunidad.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/para-que-ha-servido-el-todopoderoso-consejo-nacional-de-defensa-y-seguridad/

Honduras a la luz del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El pasado 3 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Como era de esperarse, la radiografía sobre el país refleja una situación verdaderamente grave en materia de impunidad y corrupción.

En relación con la impunidad, la CIDH constató que en el país existe una impunidad estructural: cuando se trata de delitos contra la población en general, 9 de cada 10 delitos quedan impunes, y cuando se trata de delitos contra las personas defensoras de derechos humanos, el 97% queda impune.

Sin embargo, cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios y funcionarias del Estado, y miembros de las fuerzas de seguridad pública, la impunidad es prácticamente absoluta. En otras palabras, los policías y militares actúan impunemente en contra de la población.

Con respecto a la corrupción, la CIDH refleja en su informe que los graves actos de corrupción representan uno de los mayores factores que impiden el uso de recursos disponibles para la garantía de los derechos humanos, sobretodo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En este sentido, no se puede desvincular la endémica corrupción que sufrimos con lo que la CIDH cataloga como una situación preocupante de pobreza, desigualdad y exclusión social, lo que ha convertido a Honduras en uno de los países más desiguales de la región centroamericana.

Sin duda alguna, la prevalencia de la impunidad y la corrupción en gran medida tiene que ver con la ausencia de suficientes garantías de independencia de los tribunales, la cual continúa prevaleciendo debido al excesivo control que ejerce el presidente de la Corte Suprema de Justicia tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas.

Como lo señala la CIDH, esta falta de independencia judicial genera la existencia de “una ‘justicia selectiva’ que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo en algunos casos los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial”.

Esta “justicia selectiva” es lo que explica dos cosas: por un lado, que las personas defensoras de los derechos humanos y los bienes comunes sean criminalizadas y sujetas a procesos penales por un Ministerio Público y un Poder Judicial que actúan ágilmente; y, por otro, que los Hernández y otras personas corruptas, violadoras a derechos humanos y narcotraficantes hayan actuado y actúen con tanta impunidad.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/honduras-a-la-luz-del-informe-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/

Ineptos y con dinero

Los militares son incapaces de proteger los bosques, lo cual se refleja en la grave deforestación que sufre el país, y son ineptos para cumplir su principal obligación de cuidar las fronteras, ya que según la Agencia estadunidense de Administración para el Control de Drogas (DEA)​, el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa primero por territorio hondureño.

A pesar de su ineptitud o supuesta complicidad frente a la deforestación y el tráfico de drogas, los militares son premiados por el régimen de facto de Juan Orlando Hernández con enormes recursos que desvían los limitados fondos públicos que deben fortalecer los organismos profesionales de la seguridad ciudadana y que precarizan otras partidas importantes como salud y educación.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Suecia, la inversión militar en Honduras supera la de 46 países del mundo: es mayor que la de 8 países de América, 6 de Europa, 5 de Asia, 2 de Oceanía y 25 de África.

En Centroamérica, Honduras también es el país con mayor inversión militar, la cual alcanza los 364 millones de dólares. Le siguen Guatemala con 284 millones, El Salvador con 247, Nicaragua con 83.9 y Belice con 22.8 millones. La diferencia es indudablemente abismal y refleja la locura armamentista de la dictadura hondureña.

Si Honduras no es un país en guerra y los militares han demostrado que solo son eficaces para dar golpes de Estado, avalar fraudes electorales y violar sistemáticamente los derechos humanos, está claro que el régimen les otorga tantos recursos para comprar sus voluntades y que cumplan con su papel de perros guardianes de la dictadura.

Insistimos que cuando llegue el tiempo de la nueva Honduras, las Fuerzas Armadas deben desaparecer del panorama nacional para convertir la inversión militar en inversión de salud, educación, desarrollo sostenible y humano.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/ineptos-y-con-dinero/

Masacres y populismo de seguridad

“Un lugar de violencia terrible, una perenne y oscura guerra civil, la enésima de una tierra que no para nunca de sangrar”. Esta descripción que Roberto Saviano realiza sobre México en su libro “Cómo la cocaína gobierna el mundo”, fácilmente podría ser un retrato de Honduras, en donde hasta la fecha 50 masacres han sido registradas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En tales masacres, 175 personas murieron violentamente. En comparación con el mismo periodo de 2018 cuando se registraron 32 masacres que dejaron 106 víctimas, el incremento es de un 53% en el promedio de matanzas y un 62% en el número de muertes.

Mientras el país se desangra a ritmo de masacres, se sigue apelando a políticas de seguridad populistas que históricamente han resultado ineficaces para solucionar los problemas de criminalidad, ya que no es con más cárceles ni con más penas ni con más armas y militares en las calles como se va resolver a largo plazo el fenómeno de la violencia cuyas raíces apuntan a un sistema que promueve la desigualdad y el despojo.

Si existiera un interés legítimo en reducir drásticamente con la violencia y la criminalidad, se reconocería que, como lo señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, las “distintas amenazas a la seguridad ciudadana deben ser atendidas mediante respuestas diferenciadas que tomen en cuenta su nivel de organización y los espacios en los que estas operan: el hogar, la escuela o el ámbito público”.

Esto implica reconocer que la violencia no se reduce a un problema de seguridad pública, sino que está asociada con múltiples factores de desigualdad social, económica, ambiental y política, y que se sustenta en estructuras de desigualdad y despojo que afectan los derechos humanos de las personas más pobres.

Está claro que en Honduras el régimen necesita de la violencia para justificar la militarización y el control de la ciudadanía a través de un derecho penal que convierte a la oposición política y social en enemiga, y para garantizar la imposición del modelo extractivo y la impunidad de sus vínculos con el narcotráfico.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/masacres-y-populismo-de-seguridad/