El pasado 3 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Como era de esperarse, la radiografía sobre el país refleja una situación verdaderamente grave en materia de impunidad y corrupción.
En relación con la impunidad, la CIDH constató que en el país existe una impunidad estructural: cuando se trata de delitos contra la población en general, 9 de cada 10 delitos quedan impunes, y cuando se trata de delitos contra las personas defensoras de derechos humanos, el 97% queda impune.
Sin embargo, cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios y funcionarias del Estado, y miembros de las fuerzas de seguridad pública, la impunidad es prácticamente absoluta. En otras palabras, los policías y militares actúan impunemente en contra de la población.
Con respecto a la corrupción, la CIDH refleja en su informe que los graves actos de corrupción representan uno de los mayores factores que impiden el uso de recursos disponibles para la garantía de los derechos humanos, sobretodo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En este sentido, no se puede desvincular la endémica corrupción que sufrimos con lo que la CIDH cataloga como una situación preocupante de pobreza, desigualdad y exclusión social, lo que ha convertido a Honduras en uno de los países más desiguales de la región centroamericana.
Sin duda alguna, la prevalencia de la impunidad y la corrupción en gran medida tiene que ver con la ausencia de suficientes garantías de independencia de los tribunales, la cual continúa prevaleciendo debido al excesivo control que ejerce el presidente de la Corte Suprema de Justicia tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas.
En relación con la impunidad, la CIDH constató que en el país existe una impunidad estructural: cuando se trata de delitos contra la población en general, 9 de cada 10 delitos quedan impunes, y cuando se trata de delitos contra las personas defensoras de derechos humanos, el 97% queda impune.
Sin embargo, cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios y funcionarias del Estado, y miembros de las fuerzas de seguridad pública, la impunidad es prácticamente absoluta. En otras palabras, los policías y militares actúan impunemente en contra de la población.
Con respecto a la corrupción, la CIDH refleja en su informe que los graves actos de corrupción representan uno de los mayores factores que impiden el uso de recursos disponibles para la garantía de los derechos humanos, sobretodo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En este sentido, no se puede desvincular la endémica corrupción que sufrimos con lo que la CIDH cataloga como una situación preocupante de pobreza, desigualdad y exclusión social, lo que ha convertido a Honduras en uno de los países más desiguales de la región centroamericana.
Sin duda alguna, la prevalencia de la impunidad y la corrupción en gran medida tiene que ver con la ausencia de suficientes garantías de independencia de los tribunales, la cual continúa prevaleciendo debido al excesivo control que ejerce el presidente de la Corte Suprema de Justicia tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas.
Como lo señala la CIDH, esta falta de independencia judicial genera la
existencia de “una ‘justicia selectiva’ que, por un lado, actúa de manera
tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos
humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo en algunos casos los
intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y
empresarial”.
Esta “justicia
selectiva” es lo que explica dos cosas: por un lado, que las personas
defensoras de los derechos humanos y los bienes comunes sean criminalizadas y
sujetas a procesos penales por un Ministerio Público y un Poder Judicial que
actúan ágilmente; y, por otro, que los Hernández y otras personas corruptas,
violadoras a derechos humanos y narcotraficantes hayan actuado y actúen con
tanta impunidad.
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