Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 11 de junio 2010. El Legislativo hondureño aprobó, ayer, un decreto en el que ordena que el Ejército asista a la Policía, para “frenar la violencia que vive el país”, pese a la preocupación manifiesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque en Honduras los militares realizan tareas de seguridad.
El nuevo decreto establece que Las Fuerzas Armadas deberán poner “el personal idóneo necesario a la disposición de la Policía”, a fin de que esta cumpla de manera “eficiente” el mantenimiento del orden público.
La “mayor presencia de militares será en el interior del país”, pues alegan que es allí donde esa Secretaría tiene “menos recurso humano y logístico”, según fue informado por un vocero policial a los medios.
A pesar de que, para crear el decreto, aducen el aumento de la violencia observada por organismos de derechos humanos, el Legislativo ignoró al principal organismo regional en esa materia, que “reitera su preocupación por la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ciudadana…”, según observó en la visita reciente al país.
Y que, en su entendido, “las mismas deben ser ejecutadas a través de las fuerzas civiles de seguridad”, según el informe publicado el lunes 7 de junio, sobre su última visita a Honduras, realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
El nuevo decreto legislativo es igual al Decreto Ejecutivo PCM-014-2010, publicado en La Gaceta el 14 de mayo de 2010, sobre el cual la CIDH, observa “con especial preocupación”, se haya aprobado, instruyendo a la Secretaría de Defensa a cooperar con “el personal y medios estrictamente necesarios de la Fuerzas Armadas”.
Con el fin de que la Policía Nacional “cumpla de manera eficiente y oportuna las funciones para el restablecimiento de la paz, la prevención, control y combate del delito”, dice el Informe.
“Al respecto, la Comisión insta a las autoridades de Honduras a revisar el contenido del referido decreto, y a adecuarlo, conforme a los estándares internacionales que rigen en la materia”, especifica lo observado por la CIDH.
Lo que causa preocupación es que, justo en el interior del país, en la zona del Bajo Aguán, los campesinos, que han realizado varias toma de recuperación de tierras, se defienden de los terratenientes que los acosan con la intervención de fuerzas militares, y “el conflicto experimentó una agudización por la militarización de la zona”, de acuerdo al informe de la misma CIDH.
La Constitución hondureña, rota por un golpe de Estado, cuya vigencia ha sido forzada por los grupos golpistas en el poder, no prevé tales tareas a las Fuerzas Armadas.
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