1) Logros y
desafíos: Introducción: La Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz
y la Justicia (APJ), ha realizado durante esta semana, su sexta visita a Honduras,
desde el año 2013; al igual que en las ocasiones anteriores, nos hemos reunido
con altas funcionarios del Estado, operadores de justicia, dirigentes de la
sociedad civil y de la comunidad internacional. Desde nuestra visita en
diciembre de 2014 hasta ahora, constatamos que ha habido algunos avances en el
fortalecimiento del sistema de investigación criminal, como la creación de la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la consolidación de la Agencia
Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público (MP), así como
la iniciativa de instalar una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (MACCIH), con el acompañamiento de la Organización de
Estados Americanos OEA). Sin embargo, vemos con preocupación que pese a la
reducción de la tasa de homicidios, la situación de inseguridad y los niveles
de impunidad en el país siguen siendo alarmantes, que el proceso de depuración
policial se encuentra estancado y que la Policía Nacional no contempla una
reestructuración institucional de su alto mando que responda al perfil de
policía comunitario que sale graduado del Instituto Tecnológico Policial (ITP).
2) Depuración:
Hace un año manifestamos nuestra preocupación porque el proceso de depuración
policial era un fracaso, lo cual reafirmamos en esta visita, ya que tres años
después y pese a las declaraciones de compromiso y manifestaciones de voluntad
política por parte de las altas autoridades policiales y de la Secretaría de
Seguridad, las mismas no se han traducido en acciones contundentes para
impulsar un efectivo proceso de investigación, evaluación y acción
disciplinaria que permita limpiar a la institución policial de los miembros y
redes internas vinculadas con el crimen y el delito. Tal cual ha sido consenso
en el discurso oficial y en el clamor popular, la depuración policial en
Honduras, es una tarea inconclusa que solamente podrá concluirse si se
investiga, juzga y sanciona a los oficiales y agentes de escala básica que
hayan cometido faltas, delitos, crímenes y otros actos ilícitos.
3) Educación
policial: Vemos en términos positivos el proceso de reforma integral del
sistema de educación policial que incluye, entre otras cosas, la graduación de
1,564 policías bajo una nueva curricula enfocada en la seguridad comunitaria y
el respeto a los derechos humanos; la creación de cuatro nuevos centros de
formación policial que fortalecerán la formación inicial, la formación
continua, la capacitación y perfeccionamiento, y la formación de formadores; y
la proyección de formación de policías para obtener en el año 2019 una relación
de 1 policía por cada 402 habitantes. Sin embargo, lamentamos que la reforma
del sistema de educación contrasta con los obstáculos y el estancamiento en la
depuración policial, lo cual representa una grave amenaza a la consolidación de
una nueva generación de policías que en el día a día deberá enfrentarse a una
estructura institucional jerárquica, militarizada y deslegitimada. Los procesos
de modernización en la formación de los nuevos agentes de escala básica de la Policía
Nacional, debe –obligatoriamente- ser complementados por otros que actualicen y
orienten la conducta de los altos oficiales a los nuevos estándares y
exigencias en donde se le de privilegio al enfoque comunitario y de respeto a
los derechos humanos. Los avances mostrados en la formación de nuevos agentes
policiales, contrasta con la falta de transparencia, flexibilidad y evaluación
en las prácticas cotidianas policiales, aspectos que son fundamentales no solo
para una policía comunitaria exitosa, sino también para contar con una policía
orientada a los problemas de inseguridad en vez de su propia estructura.
4)
Investigación
criminal: Valoramos positivamente la creación de la DPI y la dotación de
recursos humanos y logísticos para fortalecer la investigación criminal. En
este sentido, aplaudimos las detenciones de líderes de redes criminales en los
últimos tres meses, la elaboración y pronta aprobación de un Manual Único de
Investigación Criminal que armonizará los mecanismos y protocolos de todos los
actores involucrados en la investigación en el país, y fortalecerá la
coordinación interinstitucional, así como la dotación de modernos laboratorios
criminalísticos móviles y de recurso humano capacitado y comprometido. No
obstante, nos preocupa la falta de equipos criminalísticos individuales, de
materiales básicos como hisopos y sobres de manila que en lo cotidiano son tan
útiles, y sobre todo, la ausencia de un plan estratégico de mediano y largo
plazo que garantice la continuidad y sostenibilidad financiera de la gestión
institucional. El fortalecimiento de la investigación criminal también debe
mejorar los mecanismos de colaboración con la ciudadanía para que la policía
investigue los delitos que más afectan a la sociedad.
5) Elección
de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): Vemos como una
oportunidad histórica para la sociedad hondureña la elección de la nueva Corte
Suprema de Justicia (CSJ), que estará en funciones durante este gobierno, el
próximo y el subsiguiente. Teniendo en cuenta que la existencia de un Poder Judicial
competente, independiente e imparcial constituye un elemento esencial para el
fortalecimiento de la Democracia y del Estado de Derecho, exhortamos a la Junta
Nominadora y al Congreso Nacional a realizar una elección basada en las mejores
capacidades técnicas, integridad moral y experiencia de los candidatos y
candidatas propuestas, y que no sea –como en el pasado- una elección marcada
por la influencia partidaria, o de los grupos de poder político, económico o
criminal en el país. También esperamos que se aproveche este proceso de
selección para hacer públicas las opiniones de los candidatos y candidatas
sobre cuestiones constitucionales fundamentales, como los límites del poder del
Estado y los derechos humanos, y para buscar consenso con el fin de aprobar una
Ley de Audiencias Públicas que uniformice y transparente los procesos de
selección de todos los altos funcionarios del Estado.
6) MACCIH:
Exhortamos al gobierno de Honduras a instalar la Misión de Apoyo contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y garantizar que esta sea un
ente con carácter internacional, autónomo, independiente financieramente y con
facultades para escoger e investigar todos los crímenes de alto impacto, y
patrones de actuación ilícita y redes corruptas que operan en el país; autorizar
a que tenga facultades para recibir denuncias –de la ciudadanía- actos al
margen de la Ley que pudieran ser investigados y judicializados; acompañar y
asesorar técnicamente a las fiscalías especiales del MP y demás instituciones
del sector seguridad y justicia; ampliar la capacidad investigativa de estas
instituciones; y proponer reformas políticas para fortalecer el sistema de
justicia nacional. La MACCIH solamente podrá colaborar con la institucionalidad
estatal que opera justicia y aplica la Ley, si cuenta con un mandato claramente
definido, facultades para actuar con independencia y rinda cuentas de sus
actuaciones a la población.
7) Índice
APJ: Valoramos positivamente la disponibilidad de las autoridades
hondureñas de sumarse al esfuerzo de construcción e implementación del Índice
de la APJ “Midiendo el progreso del sistema de seguridad y justicia”, cuyo
objetivo es detectar las buenas prácticas, los obstáculos y los desafíos que se
deben enfrentar y superar para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema
de justicia y seguridad. Esperamos que este índice contribuya a optimizar los
esfuerzos del Estado para hacer más transparentes sus propios programas, entre
los cuales esta como caso emblemático la gestión financiera y operativa de la Tasa
de Seguridad. Asimismo, instamos a que la Secretaría de Seguridad implemente lo
antes posible el Plan de Mejoras presentado en torno a las falencias y
debilidades mostradas en el más reciente informe de línea base del Convenio
suscrito entre las autoridades gubernamentales, Transparencia Internacional
(TI) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
8) Cambios
institucionales: Anhelamos que se pueda aprovechar la coyuntura del inicio
de un nuevo ciclo político en el año 2016, para profundizar en los cambios
institucionales que den respuesta a las demandas ciudadanas de un Estado
transparente, capaz, eficiente y confiable que se necesita para poner fin a la
impunidad.
Tegucigalpa, MDC - 18 de diciembre de 2015.
COMISIÓN
MULTINACIONAL DE LA ALIANZA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA (APJ)
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