Durante más de 6 meses el pueblo hondureño en resistencia democrática ha sufrido la violencia de las armas que el General Romeo Vásquez Velásquez ha puesto al servicio de los sectores que idearon y ejecutaron el golpe de Estado.
En el marco de dicha violencia, militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos que son consideradas crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.
Por ello, Micheletti, Romeo Vásquez y otros altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto enfrentan una seria denuncia ante la oficinal del Fiscal de la Corte Penal Internacional que actualmente está siendo valorada.
Una de las condiciones para que este tribunal Internacional actúe es que el Estado hondureño no tenga voluntad o capacidad para perseguir a las personas denunciadas. Evidentemente, cuando todo el sistema de justicia hondureño está involucrado en el más alto nivel jerárquico en el golpe de Estado, no puede existir ni capacidad ni voluntad.
A ello se suma el anuncio por parte del congreso nacional de la posible aprobación de una ley de amnistía para intentar limpiar el expediente criminal de los involucrados en el golpe de Estado.
Sin embargo, los golpistas deben saber que una ley de esta clase jamás puede servir para dejar sin castigo a los violadores de los derechos humanos pues al hacerlo, se estaría contraviniendo el derecho internacional y activando automáticamente la competencia de la Corte Penal Internacional para perseguir a estos criminales.
La justicia penal internacional camina despacio pero avanza firme en la lucha contra la impunidad, y por eso el pueblo hondureño en resistencia, tarde o temprano podrá ver a Micheletti, a Romeo Vásquez y a otros de sus victimarios pagando por todos sus crímenes.
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