La democracia, el Estado
de derecho y los derechos humanos son elementos esenciales para legitimar o
deslegitimar las acciones u omisiones de las autoridades. Entre ellos mantienen
una relación íntima que le permite a cada uno definirse, completarse y adquirir
sentido en función de los otros.
El Estado de derecho es un sistema político basado en el monopolio estatal
del uso de la fuerza, con el objetivo de suprimir o al menos disminuir la
violencia en las relaciones interpersonales.
La democracia es una técnica de convivencia
orientada a la solución no violenta de los conflictos. Por tanto, en un Estado
democrático de derecho no debería existir otra violencia legal que aquella
mínima necesaria para prevenir formas de violencia ilegales más graves y
vejatorias.
Por su parte, los derechos humanos son instrumentos
fundamentales para protegernos del uso abusivo y negligente del poder, y su inclusión
en la norma más suprema de la nación, es decir, la Constitución, condicionan
las decisiones públicas y favorecen el desarrollo pacífico de las
transformaciones sociales e institucionales.
En este sentido, la democracia legitima el cambio a
través del disenso mediante la reducción de la violencia y la limitación del
poder absoluto, y garantiza las luchas por los derechos humanos, los cuales a
su vez garantizan la democracia.
Consecuentemente, la exigencia ciudadana de sus
derechos constituye una forma de democracia directa que se desarrolla
paralelamente a la institucional y representativa, permitiendo que el debate
político también salga de las paredes del Congreso Nacional, y que la
participación de los titulares de los derechos se vuelva más directa.
Las recién aprobadas reformas penales que criminalizan
la protesta social y pacífica, y cercenan libertades fundamentales como la
libertad de expresión, son un ejemplo del deterioro y desmantelamiento de los
principios más básico de la democracia y del Estado de derecho.
Asimismo, la discrecionalidad que tales reformas le
dan a policías, militares, fiscales, jueces y juezas para señalar como terroristas a
quienes colectivamente ejercen la defensa de sus derechos en los espacios
públicos, solo nos confirma la consolidación de un régimen autoritario,
tiránico y fascista que utiliza el derecho penal como instrumento de terror y
de control social.
Sin
duda alguna, con estas reformas se pretende reducir al mínimo la presión de los
sectores sociales y la crítica pública, y transformar completamente nuestra
débil e incipiente democracia en oligarquía y en tiranía de una minoría.
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