Reformas penales, democracia y tiranía

La democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos son elementos esenciales para legitimar o deslegitimar las acciones u omisiones de las autoridades. Entre ellos mantienen una relación íntima que le permite a cada uno definirse, completarse y adquirir sentido en función de los otros.

El Estado de derecho es un sistema político basado en el monopolio estatal del uso de la fuerza, con el objetivo de suprimir o al menos disminuir la violencia en las relaciones interpersonales.

La democracia es una técnica de convivencia orientada a la solución no violenta de los conflictos. Por tanto, en un Estado democrático de derecho no debería existir otra violencia legal que aquella mínima necesaria para prevenir formas de violencia ilegales más graves y vejatorias.

Por su parte, los derechos humanos son instrumentos fundamentales para protegernos del uso abusivo y negligente del poder, y su inclusión en la norma más suprema de la nación, es decir, la Constitución, condicionan las decisiones públicas y favorecen el desarrollo pacífico de las transformaciones sociales e institucionales.

En este sentido, la democracia legitima el cambio a través del disenso mediante la reducción de la violencia y la limitación del poder absoluto, y garantiza las luchas por los derechos humanos, los cuales a su vez garantizan la democracia.

Consecuentemente, la exigencia ciudadana de sus derechos constituye una forma de democracia directa que se desarrolla paralelamente a la institucional y representativa, permitiendo que el debate político también salga de las paredes del Congreso Nacional, y que la participación de los titulares de los derechos se vuelva más directa.

Las recién aprobadas reformas penales que criminalizan la protesta social y pacífica, y cercenan libertades fundamentales como la libertad de expresión, son un ejemplo del deterioro y desmantelamiento de los principios más básico de la democracia y del Estado de derecho.

Asimismo, la discrecionalidad que tales reformas le dan a policías, militares, fiscales, jueces y juezas para señalar como terroristas a quienes colectivamente ejercen la defensa de sus derechos en los espacios públicos, solo nos confirma la consolidación de un régimen autoritario, tiránico y fascista que utiliza el derecho penal como instrumento de terror y de control social.

Sin duda alguna, con estas reformas se pretende reducir al mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública, y transformar completamente nuestra débil e incipiente democracia en oligarquía y en tiranía de una minoría.