Los peligros del derecho penal del enemigo

La Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos establecen unos estándares mínimos para que el Estado haga uso de diferentes herramientas compatibles con la democracia con el fin de reducir la violencia y la criminalidad.

Tales estándares son el norte que debe guiar las acciones de las autoridades públicas pues colocan a la persona humana, su dignidad y sus derechos en el centro de su protección.

En este sentido, los derechos y libertades fundamentales constituyen el coto vedado, el límite y el vínculo que el Estado no puede violentar si desea revestirse de legitimidad frente a la ciudadanía y la comunidad internacional.

Por ello es que el derecho penal refleja el nivel de respeto estatal por los derechos humanos y la efectividad de los estándares mínimos establecidos en las normas constitucionales e internacionales, los cuales permiten un equilibrio entre los derechos de las víctimas atacados por el delito y los derechos de los victimarios que lo comete.

Sin embargo, cuando el miedo a la violencia y la criminalidad se apodera de la sociedad, a quienes gobiernan les resulta muy rentable electoralmente adoptar medidas populistas encaminadas a la reducción de las libertades y al aumento desproporcionado de las penas.

De esta manera se le hace creer a la población que para reducir la violencia hay que ver a los delincuentes como enemigos que no pueden ser tratados como personas, sino que se debe neutralizar su peligrosidad mediante un derecho penal más duro y segregarlos como si fueran un virus al que hay que eliminar de la sociedad.

En esta lógica deben entenderse las reformas penales propuestas por el gobierno nacionalista, las cuales representan un retroceso democrático peligroso que va a colocar en mayor riesgo los derechos y libertades de la ciudadanía.

Y lo peor de todo es que no servirán para reducir los altos índices de criminalidad como lo ha demostrado la ineficacia de otras medidas parecidas implementadas por el gobierno, ya que, como lo señala la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la lucha contra el crimen solo será efectiva si se implementan “políticas sociales y de prevención que aborden de manera integral la mitigación de los problemas estructurales que generan conflictividad en la sociedad en el país”.