El
informe de Global Witness corrobora lo que viven los defensores y defensoras de
derechos humanos en general y los del medio ambiente en particular, que “no hay
ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las
empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.
Aunque
el caso de Berta Cáceres es el más emblemático, Global Witness denuncia que desde 2010 han sido asesinadas más
de 120 personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la
agricultura en sus territorios, y muchas otras han sido amenazadas, atacadas o
encarceladas. Los responsables son las fuerzas de seguridad del Estado,
guardias de seguridad privada o asesinos a sueldo.
Como
casi siempre ocurre, la violencia que provoca este tipo de proyectos
extractivos vincula a las élites ricas y poderosas del país, quienes están
implicadas en “acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para
imponer proyectos y acallar a la oposición”. Y no puede faltar el
financiamiento estadounidense a las fuerzas policiales y militares “que son
responsables de algunos de los peores ataques”.
La
respuesta del gobierno a través de dos secretarios de Estado y otros
funcionarios, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la clase
política implicada era la de esperar en un contexto de autoritarismo: ataques,
insultos, amenazas, desacreditación y anuncios de interposición de acusaciones
penales. Tampoco podía faltar la campaña de odio en las redes sociales por
grupos anónimos.
La
gravedad de la situación es tal que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Honduras tuvo que rescatar -literalmente- a
los representantes de Global Witness de una televisora en donde participaron en
un programa que más parecía una trampa mediática llena de hienas intentando
acabar infructuosamente con su presa.
Pese
a las denuncias de violencia y corrupción que involucran a importantes sectores
empresariales y políticos del país, solamente la Oficina del Alto Comisionado y
de la MACCIH anunciaron el inicio de investigaciones al respecto; mientras
tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público
volvieron a quedarse callados evidenciando una vez más su papel cómplice.
La
diferencia entre un gobierno democrático y un gobierno autoritario es que
frente a este informe el primero anunciaría una investigación independiente,
imparcial y efectiva sobre los hechos denunciados, mientras que el segundo
actuaría con violencia, discriminación y desacreditación contra quienes lo
publican.
Es
claro que el gobierno de Honduras ha vuelto a mostrar su verdadera cara
autoritaria y que no está dispuesto a admitir ninguna crítica, disenso u
oposición.
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