La semana
anterior, la Pastoral Social Caritas presentó una investigación sobre la
capacidad de gestión y eficiencia de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos,
realizada durante los meses de octubre de 2012 y abril de 2013, la cual además
fue incluida como anexo en el informe de la Comisión Interventora al Ministerio
Público.
Algunos de
los hallazgos de esta investigación revelan la poca eficiencia de esta
fiscalía, debido, entre otras cosas, a la falta de personal suficiente y
adecuado, a la escasez de recursos logísticos como vehículos, equipo técnico, a
la falta de una unidad de análisis y de investigación independiente, lo cual
confirma la evidente ausencia de voluntad política de la Fiscalía General con la defensa
y protección de los derechos humanos.
Teniendo en cuenta que entre 2011 y 2012 la
Fiscalía Especial de Derechos Humanos recibió 1257 denuncias, en esos mismos
años sólo presentó 39 requerimientos fiscales, es decir, apenas un 4.6% de
requerimientos en relación con las denuncias recibidas. Estas cifras
constituyen sin duda alguna una muestra del bajo rendimiento de esta Fiscalía
Especial y del limitado respaldo recibido por las más altas autoridades del
Ministerio Público.
Frente a
estas graves falencias, la investigación recomienda adoptar medidas concretas
para fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos,
lo cual implica dotarla de suficientes
recursos humanos, económicos, logísticos y científicos que le permita realizar
el procesamiento adecuado de toda prueba, científica y de otra índole, con la
finalidad de esclarecer las violaciones a derechos humanos.
Los
hallazgos de esta investigación ratifican que el Estado de Honduras tiene una deuda
histórica con las víctimas de violaciones a derechos humanos ya que en las
últimas tres décadas el sistema de justicia no ha mostrado suficiente capacidad
ni voluntad política para enfrentar los dos eventos más críticos de nuestra
frágil historia democrática: La implementación de la doctrina de seguridad
nacional en los años 80 y el golpe de Estado de 2009.
Por ello, es fundamental
que la sociedad civil en general y las organizaciones de derechos humanos en
particular, hagamos una lectura positiva de los cambios que se están realizando
en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, promover su fortalecimiento,
asumirla como nuestra principal aliada y suscitar los espacios necesarios que
permitan la definición de
estrategias conjuntas, la priorización de objetivos comunes y una mejor
coordinación de acciones que redunde en una mayor protección de los derechos
humanos de la población.
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